El abogado Robín Miranda presentó esta mañana a miembros de la Cámara de Senadores un anteproyecto de ley que plantea la financiación e indemnización de enfermos de COVID-19. Miranda es el precursor del primer amparo judicial que obligó al Estado a hacerse cargo de los gastos hospitalarios de una paciente internada en un sanatorio privado.
Según explicó el profesional en leyes, se pretende crear un fondo mediante el redireccionamiento de recursos del Presupuesto General de la Nación (PGN). “Es hora también de ser más atrevido y decir al presidente de la República que distribuyamos el presupuesto. Necesitamos sacar un porcentaje de Obras, un porcentaje de los royalties de Itaipú, un porcentaje de ese dinero que va distribuido a los municipios y también de los bonos”, dijo el abogado.
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En ese sentido, Miranda aseveró que se necesita una ley integral y que dirija y establezca de dónde saldrá el dinero para financiar e indemnizar a los enfermos de COVID-19. “No se necesita una ley que diga simplemente vamos ayudarles y vamos a entregar los medicamentos. El paraguayo no necesita solo medicamentos, está llorando por una cama de terapia intensiva, la gente se está muriendo en la calle por falta de oxígeno”, indicó.
El letrado insistió que se necesita dar garantía a los hospitales privados que están invirtiendo en el país, y que el Estado les asegure que se realizarán esos pagos para que los ciudadanos puedan ser atendidos en los sanatorios privados.
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Por último, el abogado Robín Miranda instó a sus colegas y a los gremios a ponerse al servicio de la ciudadanía y a ayudar a ese prójimo a través de amparos judiciales. “Solo los amparos podrán presionar que esta ley sea afectiva, de lo contrario el Poder Judicial seguirá cargándose y nosotros vamos a encargarnos de presentar esos amparos para que cubran todo el dinero gastado por el ciudadano”, puntualizó.
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Legisladores abren diálogo para analizar alternativas ante deudas
La diputada Cristina Villalba, presidenta de la Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja, indicó que lo primero que se debe conocer es cuánto es el monto real de estas deudas.
Desde el Poder Legislativo apuntan a abrir el diálogo para buscar posibles alternativas ante la deuda del Gobierno con empresas proveedoras del Estado, como son las firmas constructoras y las farmacéuticas, planteándose una ampliación en el Presupuesto General de la Nación (PGN). Se estima que la deuda acumulada superaría los USD 1.000 millones. La diputada Cristina Villalba, presidenta de la Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja, indicó a La Nación/Nación Media que lo primero que se debe conocer es cuánto es el monto real de estas deudas.
“Nosotros tenemos que sentarnos primero a hablar con las respectivas ministras de carteras, ver realmente la deuda que existe, porque nosotros estamos entrando ahora en abril, mayo, y ya se pueden presentar las ampliaciones presupuestarias”, manifestó. Apuntó a un proyecto que amplíe el presupuesto del Ministerio de Salud y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) de ser necesario. “Para hacer las ampliaciones presupuestarias podemos ir viendo con el Ministerio de Economía cuánto tenemos la disponibilidad y para ver cuánto todavía tenemos disponible el PGN para ellos y si va faltar vemos una ampliación presupuestaria o también se puede hacer una modificación del presupuesto”, explicó.
CONVOCATORIA AL MEF
Villalba adelantó que la comisión asesora también convocará al ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, para analizar esta situación. “Ya hemos conversado en la Comisión de Presupuesto, este martes o el otro martes está previsto la ida del ministro de Economía y vamos a abordar con él cuánto es lo que disponemos, cuánto es lo que falta y cuál sería el mecanismo para poder ver las partidas presupuestarias para ir ajustando, no en forma completa, pero sí en forma gradual”, detalló.
Por otra parte, sostuvo que, desde la Cámara de Diputados, el espíritu es de seguir apoyando la administración del presidente Santiago Peña. “El Gobierno de Paraguay sabe que tenemos la muy buena predisposición para poder ayudar. Nosotros estamos abiertos al diálogo, nosotros sí queremos reunirnos en forma institucional, tanto con los ministros de carteras como con las empresas afectadas, en este caso las vialeras y farmacéuticas”, sentenció.
Se reconoció el problema y se planteó un plan de corrección
El diputado Rodrigo Gamarra sostiene que este es un problema que el país viene arrastrando desde hace años.
El diputado Rodrigo Gamarra se refirió al problema que enfrenta el gobierno con las deudas, principalmente a proveedores farmacéuticos y obras. Sostiene que este es un problema que el país viene arrastrando desde hace años y el actual gobierno heredó varias de esas deudas.
“Lo primero que hay que decir con claridad es que este no es un problema nuevo, es un problema estructural que Paraguay arrastra hace años. De hecho, al inicio de este gobierno, desde el Congreso ya se había acompañado un proceso para honrar deudas acumuladas de administraciones anteriores por montos muy importantes. Pretender instalar que esto apareció ahora es faltar a la verdad”, señaló para La Nación.
ESTE GOBIERNO HIZO ALGO DISTINTO
Agregó que en la actualidad “este gobierno hizo algo distinto: reconocer el problema y poner sobre la mesa un plan concreto de solución. Hoy hay un compromiso claro de ordenar las cuentas, establecer un cronograma de pagos y dar previsibilidad a los proveedores”. Aseguró además que existe una decisión política de fondo: “pagar las deudas sin subir impuestos y sin trasladar este problema al próximo gobierno, eso es responsabilidad, no improvisación”, expresó.
Mientras tanto, aseguró que su postura no es defensa a los retrasos de las deudas, ya que esta no es la situación ideal, pero también hay que entender el contexto real: “el Estado no puede detenerse mientras ordena sus compromisos”, y “el desafío no es elegir a quién pagar, sino sostener el funcionamiento de los servicios y al mismo tiempo normalizar gradualmente la deuda”.
ATACAN SIN PROPONER SOLUCIONES
Por otra parte, cuestionó a los que solo atacan sin proponer soluciones concretas. “Gobernar no es teoría (como dictan muchos que nunca ganaron nada y no administraron ni un almacén). Es administrar realidades complejas, ingresos que dependen de variables externas, como el comercio o el tipo de cambio, y gastos rígidos en guaraníes que no pueden detenerse de un día para otro”, refirió
Finalmente, aseguró que desde el Congreso Nacional la intención es seguir apoyando al Gobierno. “Desde el Parlamento, nuestro rol no es agravar la situación con discursos alarmistas o simplificaciones oportunistas, sino acompañar soluciones: generar herramientas financieras, facilitar acuerdos y garantizar que este proceso de normalización se cumpla porque al final, es fácil hablar y hacer ruido, lo difícil es sentarse y solucionar el problema”, puntualizó.
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Paraguay: histórica emisión de bonos en guaraníes profundiza la desdolarización de la deuda
Paraguay vuelve a marcar un hito en los mercados internacionales al concretar una histórica colocación de bonos soberanos en guaraníes, por un monto equivalente a USD 1.000 millones, a un plazo de 12 años y con una tasa de interés de 8,5 %.
Se trata de la tercera emisión de títulos en moneda local en el mercado internacional, alcanzando un total de Gs. 6.506.960.000.000 (USD 1.000 millones). Paralelamente, el gobierno realizó la reapertura de un bono en dólares estadounidenses por USD 300 millones, con vencimiento en 2055, ampliando la curva de deuda externa.
La colocación en guaraníes recibió ofertas por alrededor de USD 1.500 millones, 1,5 veces superior al monto emitido, con la participación de 64 inversionistas internacionales. En tanto, el tramo en dólares registró una demanda 6,3 veces mayor a lo ofertado, alcanzando USD 1.890 millones y sumando 65 inversores.
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Estos niveles de sobredemanda reflejan el fuerte interés global por los títulos paraguayos, especialmente tras la consolidación del doble grado de inversión.
Desde el punto de vista económico, el dato más relevante es que, por primera vez, el déficit fiscal autorizado en el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2026, equivalente al 1,5 % del producto interno bruto (PIB), podrá financiarse íntegramente en moneda local. Esto reduce la exposición cambiaria y fortalece la sostenibilidad de la deuda pública.
El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Carlos Fernández Valdovinos, destacó que la elevada demanda permitió extender el plazo promedio de la deuda y conseguir tasas competitivas, incluso inferiores a las observadas en colocaciones locales recientes.
La operación también marca un avance decisivo en el proceso de desdolarización de la deuda pública. Parte de los recursos se destinarán a sustituir vencimientos en dólares previstos para 2027 y 2031 por bonos en guaraníes con vencimiento en 2038. Con esta estrategia, la proporción de deuda en moneda local alcanza un máximo histórico de 22 % del total.
Grado de inversión
Cabe recordar que, en diciembre de 2025, Standard and Poor’s mejoró la calificación país a BBB- con perspectiva estable, logrando Paraguay su segundo grado de inversión, otorgado primeramente por Moody’s Ratings en julio de 2024. En octubre de 2025, Fitch Ratings mejoró la perspectiva de la calificación de estable a positiva, reafirmando la calificación en BB+.
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Gobierno aprueba Plan Financiero 2026 para la ejecución del Presupuesto
El Poder Ejecutivo aprobó el Plan Financiero 2026 mediante el Decreto n.º 5443, estableciendo las normas y procedimientos para la ejecución del Presupuesto General de la Nación (PGN), aprobado por la Ley n.º 7609/2025. El instrumento, elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), define la planificación, distribución y control de los recursos públicos durante el ejercicio fiscal.
Desde el MEF señalan que la medida aporta previsibilidad al flujo de pagos del Estado, especialmente para proveedores, contratistas y sectores que dependen de la inversión pública, al ordenar la asignación de cuotas presupuestarias y la programación de caja de los organismos estatales. Esto permite proyectar mejor la ejecución de contratos, servicios y obras vinculadas al sector público.
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El Plan Financiero establece los requisitos para la ejecución de bienes y servicios necesarios para el funcionamiento estatal y la atención a la ciudadanía, en línea con las políticas económicas y fiscales impulsadas por el MEF. Además, fija límites al gasto y asegura la disponibilidad de fondos para el funcionamiento institucional y el cumplimiento de metas gubernamentales.
La normativa también contempla mecanismos de ajuste en la programación de ingresos y gastos, así como la posibilidad de modificar el plan cuando las condiciones económicas lo requieran, con el objetivo de sostener una ejecución presupuestaria equilibrada y acorde a la capacidad fiscal.
Finalmente, el MEF resalta que de esta forma el Gobierno busca fortalecer la eficiencia, la previsibilidad y la transparencia en la administración de los recursos públicos, factores que influyen en la estabilidad económica y la confianza del sector privado.
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En enero, Itaipú transfirió cerca de USD 36 millones al Estado paraguayo
En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Anexo C del Tratado, Itaipú Binacional remesó cerca de USD 36 millones al Estado paraguayo durante el primer mes de 2026.
Los recursos corresponden a royalties, compensación por cesión de energía y pagos a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), y constituyen una fuente clave de financiamiento para obras públicas, programas sociales e inversiones en el sistema eléctrico.
En enero el Tesoro recibió USD 21 millones en concepto de royalties, mientras que USD 13 millones fueron transferidos por cesión de energía. A su vez, la ANDE recibió USD 1,6 millones como resarcimiento por las cargas de administración y supervisión.
El impacto fiscal de estas transferencias es relevante. Una parte de los royalties se destina a financiar gastos del Presupuesto General de la Nación (PGN), mientras que otra porción significativa es canalizada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) hacia gobernaciones y municipios, fortaleciendo la ejecución de obras y servicios en el interior del país.
En el caso de la compensación por cesión de energía, los fondos se incorporan al Fondo Nacional de Alimentación Escolar (Fonae) y, además, un porcentaje se distribuye a gobiernos locales, ampliando el alcance territorial del beneficio.
Para la ANDE, los desembolsos representan ingresos previsibles que permiten sostener planes de inversión y mantenimiento. Contar con recursos asegurados es clave para avanzar en la mejora de la calidad del servicio eléctrico, reducir pérdidas y acompañar la expansión de la demanda en todo el territorio nacional, un factor determinante para la competitividad económica.
Más allá del aporte financiero, Itaipú mantiene un desempeño operativo sólido en la generación de energía y cumple en tiempo y forma con sus compromisos financieros. Esta combinación se traduce en una inyección económica directa para el Estado y los gobiernos subnacionales, con efectos multiplicadores sobre la inversión pública, la ejecución de programas sociales y la infraestructura básica.
En un contexto de necesidades fiscales y de inversión, las transferencias de Itaipú siguen siendo un pilar del financiamiento público.
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