El dirigente liberal Iván Airaldi señaló que le llamó la atención la magnitud del evento de la oficialización de una simple candidatura a la concejalía de Miguel Prieto, que claramente fue muy costoso y se realizó este sábado pasado en el Anfiteatro del Lago de la República en Ciudad del Este.

En conversación con La Nación/Nación Media, Airaldi indicó que el evento contó con importantes números artísticos, la movilización de una gran cantidad de vehículos (buses) para el traslado de la gente, lo que significó una cuantiosa inversión.

Señaló que lo mínimo que espera es que los organismos de control de financiamiento político de la Justicia Electoral, así como de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), lleven adelante la fiscalización correspondiente para saber cómo se está financiando esta campaña del exintendente esteño, destituido por corrupción en agosto de 2025.

“Siempre sostuve que Miguel Prieto no representa ningún cambio; los mismos hechos de corrupción. Inclusive ahora me llama la atención la magnitud del evento, porque fue un evento costoso. Muchos vehículos estaban llevando y trayendo gente, en ómnibus, también los artistas. Me gustaría realmente saber cuánto es lo que va a declarar él en su gasto de campaña y cómo justifica esa inversión", expresó.

Airaldi señaló que la manera en cómo se organizó el acto político parecería que se oficializaba alguna candidatura para la presidencia de la República, o de alguna senaduría; pero se trató de la postulación a la Junta Municipal. “Es necesario saber si es que no hay narcotraficantes financiando esta campaña, porque para eso justamente se creó la ley que controla el financiamiento político, porque este acto político realmente fue algo muy grande; para una simple candidatura a concejalía en Ciudad del Este”, agregó.

El dirigente liberal se refirió a la situación actual del Partido Liberal en el Alto Paraná, y sobre todo en Ciudad del Este, lamentando que lo está viendo en una situación anímica muy “raquítica”, políticamente hablando, porque justamente Miguel Prieto se dedicó a debilitar al PLRA.

“Miguel Prieto se encargó de destruir, debilitar al PLRA, en su máxima expresión, dividiendo al partido, dividiendo las fuerzas de los líderes con prebendas, con cupos de trabajo, haciendo que el peor enemigo hoy, de un liberal en Ciudad del Este, sea otro liberal. Agregado a eso la penosa situación de la renuncia de Payo Cuba, que podría ayudar, porque todo ayuda en esta situación en la cual hoy se encuentra el PLRA, todo ayuda”, explicó.

Airaldi comentó que, si bien se habla mucho de la carrera presidencial de Miguel Prieto, a su criterio personal, hacer esa carrera implica entrar en “ligas mayores”. Refirió que Prieto ya demostró en tres ocasiones que tiene arrastre en Ciudad del Este, pero de ahí no pasa ya que está muy limitado a la capital altoparanaense.

“Esto quedó demostrado cuando perdió la gobernación departamental y, para llegar a la carrera presidencial, uno tiene etapas políticas que cumplir; sería la concejalía, la intendencia, la gobernación y luego uno puede postularse a esos cargos. Pero con lo que yo veo y su estrategia política está muy equivocada”, cuestionó.

Airaldi recordó que Prieto perdió recientemente la puja por la candidatura de Johanna Ortega a la intendencia de Asunción. Indicó que en están en puertas de las municipales, donde se estará viendo su fuerza electoral nacional, ya que Prieto está lanzando varias candidaturas en algunos distritos de Alto Paraná, ya sea en Presidente Franco y en Minga Guazú, así como en otros departamentos del país.

“Vamos a ver cuál de esas candidaturas llega a ocupar un cargo, cuáles llegan a ganar una intendencia o a ganar una concejalía con el apoyo de Miguel Prieto. Eso es lo que va a determinar si tienes o no posibilidades de ser candidato a presidente de la República que pueda competir y pelear”, concluyó.

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El fiscal general del Estado (FGE), Emiliano Rolón, confirmó que el Ministerio Público abrió una carpeta fiscal contra Javier “Chaqueñito” Vera a raíz de la difusión de presuntos audios atribuidos al senador, que lo involucrarían en delitos como abuso sexual en menores.

“Desde la tarde del jueves tenemos una carpeta fiscal abierta tras un informe policial. Las dimensiones iniciales como la recopilación de información, grabaciones, entre otros, están en plena marcha“, afirmó a la 1000 AM. Rolón detalló que el caso recae sobre la agente fiscal Adriana Soledad González.

El caso tomó estado público cuando Vera presentó una denuncia ante la Policía Nacional alegando ser víctima de sextorsión mediante audios que le fueron atribuidos, donde se hace mención a la petición de “menores y vírgenes” para encuentros sexuales.

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El parlamentario, quien ayer había anunciado que presentará este viernes su renuncia al cargo, pero que luego desistió de su promesa; afirmó que los audios fueron generados supuestamente con inteligencia artificial con la finalidad de dañar su imagen y forzar su salida.

“La reacción de la Fiscalía ocurre cuando la improbación toma algún curso. A nosotros nos parece una situación sumamente grave la perspectiva de abuso de un menor, son circunstancia de lesa humanidad, es por eso que tomamos las cartas. El pronóstico jurídico del caso naturalmente surgirá con el cúmulo de informaciones. También hay una denuncia formulada por el propio senador", afirmó Rolón.

Chaqueñito refirió en su denuncia que el 19 de marzo, a las 19:43, recibió varios mensajes desde un número de teléfono que, según fuentes de consulta, pertenecería a una persona de nombre Rodolfo Acosta, en donde le advertía que había recibido en el celular diversos audios comprometedores y que los iba remitir a los medios de comunicación para su difusión.

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El fiscal general del Estado (FGE), Emiliano Rolón, confirmó que su institución requerirá la extradición del narco uruguayo Sebastián Marset, imputado en Paraguay por tráfico internacional de estupefacientes, asociación criminal y lavado de dinero en el marco del operativo A Ultranza, lanzado en febrero de 2022.

“Una vez que tengamos la confirmación oficial, activaremos la petición de extradición y prisión preventiva, que es el mecanismo correcto para ejercer nuestra potestad como nación con respecto a este procesado. Lo haremos con toda seguridad, es el camino de la ley, del estado de derecho“, dijo Rolón a la 730 AM.

El titular del Ministerio Público acotó: “la determinación le corresponderá a los organismos de Bolivia que decidirán a que solicitud darán el trámite. Nuestra postura es la reclamación como país que inició el trámite, lo mismo pasó con la señora Gianina García Troche (pareja de Marset), donde se iniciaron dos casos de pedidos de extradición una paraguaya y otra boliviana, pero la justicia española le dio prevalencia a nuestra petición porque fue la primera en tramitarse y fue la que cumplió con todos los requisitos", puntualizó.

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De acuerdo al acta de imputación fiscal, Marset es considerado uno de los líderes de una estructura criminal dedicada al envío de cocaína a Europa y el posterior lavado de activos entre el 2020 y 2021.

Se le atribuye haber agrupado a diversas organizaciones nacionales e internacionales para trabajar coordinadamente en la introducción de cocaína a Paraguay desde Bolivia y su posterior envío a Europa y África.

Era el encargado de pactar con los grupos criminales extranjeros que recibían la droga en el exterior. Organizaba y supervisaba todas las etapas, desde la introducción de la sustancia hasta la creación de esquemas para introducir las ganancias ilícitas en el sistema financiero paraguayo.

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El Tribunal de Apelación Penal Especializado en Deli­tos Económicos, Anticorrup­ción y Crimen Organizado, Primera Sala, integrado por Gustavo Amarilla, Claudia Criscioni y Silvana Luraghi, ratificó la desestimación de la denuncia en contra de Hora­cio Cartes por supuesto enri­quecimiento ilícito y otros delitos al declararse inad­misible el recurso de apela­ción general presentado por el exministro Arnaldo Giuzzio Benítez contra la desestima­ción dictada por el juez de Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia.

La decisión fue adoptada por unanimidad al conside­rar que el apelante no cuenta con legitimación activa para impugnar la resolución, ya que la normativa procesal establece que únicamente la víctima tiene derecho a apelar este tipo de decisiones, con­dición que no se verifica en el caso analizado.

El tribunal sostuvo que, si bien en determinadas situa­ciones el denunciante y la víc­tima pueden coincidir en una misma persona, esa circuns­tancia no se configura en este proceso. Además, señaló que en su presentación el propio recurrente no hizo referen­cia a una eventual calidad de víctima, lo que constituye un obstáculo legal para que la ins­tancia superior revise la causa.

En consecuencia, la resolu­ción emitida por el Juzgado Penal de Garantías Especiali­zado en Delitos Económicos y Anticorrupción queda firme, al no cumplirse con los requi­sitos previstos en el artículo 68, inciso 5, del Código Pro­cesal Penal.

La disposición ordena además el registro y resguardo del documento en el sistema electrónico del Poder Judicial, conforme a la normativa vigente.