Paraguay figura entre los países de América Latina y el Caribe con mayor proporción de trabajadores domésticos, una actividad que continúa marcada por la precariedad, la informalidad y la desigualdad de género, según un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), revelado este martes por la agencia RT, que expone las dificultades que enfrenta el sector pese a los compromisos internacionales para garantizar sus derechos.

De acuerdo con el documento La situación del trabajo doméstico en 2025: 15 años después del Convenio número 189, Paraguay ocupa el segundo lugar en la región, con una tasa del 7,6 % de trabajadores domésticos respecto del empleo total. Solo Trinidad y Tobago supera esa proporción, con el 8,4 %, mientras que Colombia se ubica en tercer lugar, con el 6,9 %.

La lista de países con mayor presencia de esta actividad continúa con Argentina, que registra el 6,4 %; República Dominicana, con el 6,3 %; Jamaica, con el 5,8 %; El Salvador y Brasil, ambos con el 5,6 %; y Costa Rica y Uruguay, con el 5,2 %.

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Más allá de las cifras, el informe pone el foco en las condiciones en que se desarrolla el trabajo doméstico remunerado, que comprende tareas fundamentales para el funcionamiento de los hogares, como:

• la limpieza
• la preparación de alimentos
• y el cuidado de niños, personas mayores y personas con discapacidad.

La actividad continúa siendo predominantemente femenina. Según la OIT, las mujeres representan el 88,6 % de quienes trabajan en este sector, una realidad que evidencia cómo las tareas vinculadas al cuidado y al mantenimiento de los hogares siguen recayendo principalmente sobre ellas.

A esta desigualdad se suma un elevado nivel de informalidad. El organismo internacional estima que el 75,1 % de los trabajadores domésticos se encuentra en esa situación, lo que supone importantes dificultades para acceder a contratos laborales, seguridad social y otros derechos reconocidos por la legislación.

En América Latina y el Caribe se calcula que existen unos 15 millones de trabajadores domésticos, equivalentes al 18,6 % del total mundial. Pese a la importancia de esta fuerza laboral, sus integrantes continúan enfrentando obstáculos para obtener condiciones de empleo dignas y una protección adecuada.

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El Subcomité para la Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas (SPT) inició su agenda de trabajo en Paraguay con una reunión con autoridades y representantes del Poder Ejecutivo. El encuentro se llevó a cabo en la sede de la Cancillería Nacional y estuvo presidido por el viceministro de Relaciones Exteriores, Víctor Verdún.

La visita se enmarca en las visitas periódicas programadas y en las funciones establecidas en el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura (OPCAT), aprobado por Ley N.º 2754/2005. Es la tercera vez que visita el país después de 16 años, de la última vez que fue en el 2010.

Esta visita se extenderá hasta el próximo martes 3 de noviembre y durante los próximos días, los integrantes del Subcomité seguirán manteniendo reuniones con autoridades nacionales y visitarán lugares de privación de libertad, con el objetivo de evaluar las condiciones de detención y verificar el respeto de las garantías y los derechos de las personas privadas de libertad.

En virtud del Protocolo Facultativo, el SPT tiene como fin hacer seguimiento del estado de los lugares que se encuentren bajo su normativa a fin de examinar las condiciones físicas, sanitarias y legales en las que se encuentran.

La verificación de los centros de reclusión se realizará con el objetivo de constatar el estado de las cárceles y otros lugares de detención y evaluar el cumplimiento de las recomendaciones formuladas en la última visita de 2010.

De acuerdo al comunicado, el SPT señaló que retorna al país con el objetivo de “evaluar las medidas tomadas por las autoridades para reforzar las salvaguardas contra la tortura” y para examinar su impacto en la protección de las personas detenidas.

Además, la delegación mantendrán reuniones con las autoridades paraguayas, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) y otros actores para evaluar los avances logrados en la prevención de la tortura a través de medidas legislativas, políticas y administrativas y de otro tipo.

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Una delegación de expertos del Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura (SPT) inició ayer su tercera visita oficial a Paraguay, la cual se extenderá hasta el próximo 3 de noviembre. El objetivo principal de la misión internacional es evaluar las condiciones de detención, verificar el respeto de las garantías fundamentales de las personas privadas de libertad y constatar el cumplimiento de las recomendaciones que el organismo multilateral había formulado al Estado paraguayo durante su última inspección en 2010.

La comitiva internacional, que arribó al país para desarrollar una intensa agenda de actividades, mantendrá reuniones con altas autoridades nacionales, referentes del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) y organizaciones de la sociedad civil. Las labores se encuadran estrictamente en las funciones dispuestas por el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura (OPCAT), instrumento internacional aprobado e incorporado a la legislación paraguaya mediante la Ley n.º 2754/2005.

Durante los diez días de trabajo en territorio nacional, los comisionados internacionales cuentan con el pleno acceso a recintos de encierro bajo la jurisdicción del Estado, incluyendo penales, comisaría, centros educativos de menores y hospitales psiquiátricos. La comitiva está facultada para realizar visitas sin previo aviso y llevar a cabo entrevistas confidenciales con los internos y con los funcionarios de los establecimientos, a fin de examinar de manera directa las condiciones físicas, sanitarias y legales en las que se encuentran los reclusos.

Respecto al propósito de la misión, el jefe de la delegación del SPT, Marco Feoli Villalobos, destacó que la presencia de la ONU en el país constituye una oportunidad estratégica para fortalecer las salvaguardas legales en el sistema penitenciario. “Nuestro objetivo es contribuir a un esfuerzo compartido para prevenir la tortura y proteger los derechos de las personas privadas de su libertad en entornos tan diversos como hospitales psiquiátricos, centros estatales de detención juvenil e instituciones penales”, remarcó el vocero internacional.

Por su parte, la presidenta del estamento de las Naciones Unidas, María Luisa Romero, subrayó la relevancia de mantener la vigilancia independiente en la región pese a los desafíos presupuestarios globales. “A través de nuestras visitas y la interacción directa con los Estados, ayudamos a fortalecer las medidas de protección contra la tortura y a traducir la prevención en acciones concretas”, puntualizó la alta representante del organismo multilateral.

Tras la culminación de los recorridos por los diferentes establecimientos del país, el SPT elaborará un informe final de carácter confidencial con observaciones y recomendaciones que será remitido formalmente al Gobierno paraguayo. Las autoridades locales evaluarán la eventual publicación del documento, tal como ocurrió de manera transparente tras las inspecciones previas desarrolladas por el organismo en los años 2009 y 2010.

El director de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes), José Duarte, indicó que se remitirá a las instituciones correspondientes el informe con que cuenta sobre títulos irregulares que se habían identificado en su momento. Señaló que se encontraron más de 100.000 títulos irregulares en una investigación realizada por la institución.

“El informe de Contraloría que se da en el marco de la comisión del Senado que investiga los títulos falsos y la detección de estos más de 1.000 títulos es un informe parcial de Contraloría, nosotros este año hicimos un informe técnico que hemos publicado, salió en los medios de prensa, cruzando el catastro de carreras del Cones, el registro de títulos del MEC y las carreras acreditadas que están en el buscador de la Aneaes”, indicó a la 1020 AM.

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Agregó que esta investigación se ha evidenciado que “en los últimos tres años se han registrados más de 100.000 títulos procedentes de carreras no acreditadas, esto de por sí no significa que esos 100.000 títulos tengan que estar sospechados, pero estoy seguro que en ese universo si existe una investigación se va a encontrar una situación más grave”.

Este informe será remitido a las instituciones pertinentes, de acuerdo con Duarte, con el fin de contribuir a las investigaciones que se están realizando en este momento. “Nosotros vamos a presentar a los órganos correspondientes este informe que fue elaborado por la Aneaes, por sus técnicos, vamos a poner a disposición de los órganos correspondientes, estamos analizando jurídicamente el término más adecuado”, detalló.

Así también, el director de la Aneaes indicó que la Contraloría ya cuenta con este informe y que muchas de las cuestiones que irá sacando la institución contralora se nutre de este reporte. “Nosotros hemos pedido por nota a la Contraloría el inicio de una investigación profunda porque venimos sacando diferentes documentos sobre carreras habilitadas, acreditadas y también la inscripción de títulos que evidencian una situación de mucha informalidad que aún persiste en la educación superior”, indicó.

Por otra parte, Duarte lamentó esta situación de títulos universitarios irregulares y aseguró que esto impacta en la credibilidad del país. “Estamos ante una situación grave, el valor del diploma, el valor de la educación superior, la credibilidad del país es lo que está en juego de fondo ante el inmenso desafío que tenemos en materia de desarrollo, de fortalecimiento del capital humano, de puesta en valor de nuestra población en sus cualificaciones”, sentenció.

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