A través de una nota remitida al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, la Asociación de Propietarios de Complejos Deportivos del Paraguay solicitó la autorización del Ejecutivo para volver a operar a partir del lunes 5 de abril.
Exponen que la organización incluye en su mayoría a empresas del tipo pymes y mipymes, cuyo rubro es la práctica deportiva como parte de su principal actividad.
Te puede interesar: Ejecutivo debe expedirse sobre medidas restrictivas que rigen hasta mañana
“Las actividades que se desarrollan en nuestros locales constituyen para nuestros asociados una actividad económica. Es decir realizamos inversiones, somos fuente de trabajo y ofrecemos a nuestros clientes espacios para desarrollar deportes”, menciona la misiva. Así también, explica que desde el inicio de las medidas de restricción fueron relegados en su actividad laboral hasta noviembre del año pasado, fecha en que volvieron a reactivar varios rubros.
“De nuevo en diciembre nos volvieron a limitar para volver en enero y por tercera vez nos volvieron a cerrar desde el jueves 20 de marzo del corriente año”, señala. Por otro lado, menciona que en todo este proceso el rubro fue considerado como una actividad de alto riesgo “cosa que nunca llegamos a entender”, indica.
Asegura que en todo este largo proceso más del 30% de los asociados se vieron obligados a cerrar sus empresas, lo que derivó en despido masivo de personal, ante la imposibilidad de seguir honrando los compromisos asumidos en cuanto a salarios y alquileres.
“Expresamos la intención de volver a operar desde el lunes 5 de abril cumpliendo todas las medidas del protocolo aprobado por el Ministerio de Salud para nuestro sector. Consideramos imposible seguir sin trabajar, ya que es nuestra única fuente de ingreso”, acota el gremio al indicar que se pone a disposición del Gobierno para hallar un consenso.
Leé también: Bloqueo de rutas: Capeco rechaza nuevas movilizaciones anunciadas para el lunes
Dejanos tu comentario
Juicio a Prieto: la defensa se opone a la inclusión testifical del titular de la DNCP
La Fiscalía pidió este lunes la inclusión de la declaración del titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la apertura del juicio al exintendente esteño Miguel Prieto, en el marco de la causa Tía Chela, y que fue rechazada por la defensa de los once acusados en el caso que juzga un presunto desvío de G. 2.130 millones en compra de kits durante la pandemia. Además del eventual testimonio de Agustín Encina, de DNCP, el Ministerio Público solicitó que se introduzca en la carpeta el pedido que se había realizado en la etapa de incidentes, que es el cambio de marcas de los productos y mercaderías licitadas.
El fiscal Silvio Corbeta presentó informes obtenidos de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), la Contraloría General de la República (CGR) y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (Dnit) sobre la adquisición de productos del kit de alimentos, pero los abogados defensores, tanto de Prieto como de los demás acusados, se opusieron a la inclusión probatoria.
Podés leer: Tribunal inició el juicio de Prieto y sancionó a un abogado por chicanear
“Consideramos importante introducir este testimonio, así como los pedidos de informe, debido a que no existe ninguna constancia en la carpeta fiscal de que esta nota haya sido tenida en cuenta por parte de la Dnit, de la Contraloría General de la República y de la DNCP en la conclusión de sus respectivos informes para, para la determinación de uno de los elementos de tipo de lesión de confianza que es el perjuicio patrimonial”, argumentó el fiscal Corbeta.
Mientras tanto, la defensa argumentó que el incidente presentado por el Ministerio Público no hace parte de una prueba nueva y que la nota referida al cambio de marcas de productos ya se encuentran en la carpeta de investigación. Afirmaron que no se oponen a la inclusión de nuevos elementos probatorios y los pedidos de informes, pero sí a la testifical del director de la DNCP.
Por otra parte, la defensa también solicitó la inclusión de más de 120 testigos, como también la autorización de la transmisión en vivo de la audiencia a través de las redes sociales que responde a Miguel Prieto, bajo el argumento que se trata de una figura política y aspirante a la presidencia de la República.
La audiencia fue a un cuarto intermedio y se retoma a las 13:00 de esta jornada, informaron.
Te puede interesar: Contralor califica al IPS como la institución más desordenada del Estado
Dejanos tu comentario
Tía Chela: Miguel Prieto a juicio oral por corrupción con kits de alimentos que ocasionó millonario perjuicio a la comuna de CDE
Tras varias chicanas rechazadas en todas las instancias y nuevos intentos de seguir dilatando el inicio del juicio oral y público, este lunes el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, debe responder ante la Justicia por el supuesto mega negociado en la compra de kits de alimentos para familias vulnerables durante la pandemia del covid-19, en el caso conocido como “Tía Chela”. El perjuicio patrimonial sostenido por el Ministerio Público supera la millonaria suma de G. 2.130.036.016. La audiencia oral comenzará a las 08:00.
Además de Prieto —quien cuenta con otras dos acusaciones por negociados y centenares de denuncias en trámite—, deberán estar sentados en el banquillo de los acusados: Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la Unidad Operativa de Contrataciones; Sebastián Martínez Insfrán, director de Desarrollo Social; José Félix Cáceres Galeano, jefe de Desarrollo Comunitario.
La lista de acusados sigue con: Julián Benítez Gamarra, jefe de Almacenes; Francisco Arrúa Álvarez, director de Administración y Finanzas; Higinio Ramón Acuña, jefe de Adquisición y Suministros; Cirle Alcaraz Ramírez, encargado de Órdenes de Pago; Nelson Segovia Acevedo, tesorero; Fermín Ávalos Britos, propietario de Tía Chela SRL; y Emili Vanessa Florentín Páez, propietaria de la firma Vanemi SA.
El Tribunal de Sentencia que tendrá a su cargo juzgar a Prieto y a los demás procesados está conformado por los jueces Ana Rodríguez, Karina Cáceres y Yolanda Morel. Por su parte, el fiscal del caso es Silvio Corbeta, quien tendrá que sostener la acusación. El representante del Ministerio Público cuenta con sobrados elementos probatorios para demostrar la gravísima responsabilidad de Prieto y de cada uno de los procesados en el presente caso.
En el juicio, la Fiscalía sostendrá la acusación en la cual se menciona que Prieto causó un perjuicio patrimonial de G. 2.130.036.016. Para el Ministerio Público, el exintendente encabezó un esquema de corrupción que se instaló en el municipio y estuvo conformado por funcionarios a su cargo, quienes habrían operado para el desvío de recursos municipales.
Esquema delictivo
El 25 de marzo del año 2020, en plena pandemia, el intendente opositor Miguel Prieto anunciaba con bombos y platillos en sus redes sociales que estaba distribuyendo víveres a las comunidades carenciadas. Según explicó a la Contraloría General de la República, estos víveres los adquirió a través de una contratación de urgencia a la firma Tía Chela SRL. El inconveniente es que, según los papeles, este contrato con la empresa de víveres se concretó recién el 27 de marzo del 2020, pero Miguel Prieto ya estaba publicando los videos jactándose de la entrega el 25 de marzo; es decir, dos días antes.
Curiosamente, el 27 de marzo de 2020, el mismo día que la municipalidad firmaba el contrato con Tía Chela SRL, se producía la primera entrega de 15.000 kits de los 25.000 que debían proveerse, y se elaboraba la factura de crédito. Es decir, la licitación se encontraba apenas en proceso, pero dos días antes, Miguel Prieto ya estaba haciendo pública la entrega de alimentos, exhibiendo incluso canastas en sus videos.
El Ministerio Público llegó a la conclusión de que Miguel Prieto se aprovechó de su cargo de ordenador de gastos para hacer uso y abuso de los recursos, comprando kits de alimentos que, en realidad, no fueron proveídos por Tía Chela SRL.
Podes leer: Tía Chela: juicio a Miguel Prieto y otros acusados se iniciará este lunes
Otros casos de Prieto
Prieto deberá enfrentar otro juicio oral por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, tras un perjuicio patrimonial estimado en más de 300 millones de guaraníes. Así lo resolvió en su momento el juez Penal de Garantías, Humberto Otazú, quien elevó a juicio oral y público el “Caso Tajy”.
Igualmente, el exjefe comunal de Ciudad del Este, Miguel Prieto, soporta un tercer caso penal junto a otras 10 personas por la presunta comisión del hecho punible de lesión de confianza, en una investigación vinculada al uso de fondos municipales destinados a obras en el Hospital Regional de la capital de Alto Paraná.
En el presente proceso penal, siete de los once imputados ya admitieron los hechos de corrupción cometidos por Prieto y otros, lo que robustece la teoría del Ministerio Público en la causa contra el exintendente de Ciudad del Este. El perjuicio patrimonial en este tercer proceso sería de G. 757 millones, en el marco de trabajos que no se realizaron correctamente en el Hospital Regional de Ciudad del Este entre diciembre de 2019 y agosto de 2022.
Dejanos tu comentario
Peña revela que Abdo condicionó la unidad colorada para frenar su candidatura presidencial
El jefe de Estado, Santiago Peña, reveló que el exmandatario y líder del movimiento Colorado Añetete, Mario Abdo Benítez, condicionó la unidad colorada a que desista de sus aspiraciones presidenciales en las elecciones generales del 2023, pretendiendo que se limite a pugnar por un cargo distrital.
“El planteamiento dentro de la operación Cicatriz y luego Concordia era en capital, que yo sea candidato a intendente en Asunción, ese fue el planteamiento formal y concreto por parte del expresidente Mario Abdo, a lo cual yo me negué”, refirió el mandatario a la 780 AM.
Detalló que, finalizadas las elecciones municipales del 2021, nuevamente surgió la propuesta por parte del abdismo de construir una candidatura de consenso bajo la operación de la Concordia colorada, lanzada entre 2019 y 2020 que consistió en el aglutinamiento de los principales movimientos internos de la centenaria agrupación.
“Hubo nuevamente un planteamiento, un intento, nunca fue tan formal de tratar de construir una candidatura en común dentro de la figura de la Concordia, pero había una sola condición: cualquier candidato, menos Santiago Peña. La negociación la llevaba a cabo José Alberto Alderete”, refirió.
Peña señaló que el intento de Abdo Benítez para sacarlo de la carrera presidencial tuvo como objetivo las pretensiones electoralistas de su entonces vicepresidente de la República y líder del movimiento Fuerza Republicana, Hugo Velázquez. “En ese entonces, Velázquez ya había lanzado, previo a las elecciones municipales, su candidatura y bajo ninguna circunstancia estaba en condiciones en ese momento de bajar su candidatura”, comentó.
Agregó que la unidad partidaria, de acuerdo al condicionamiento de Abdo Benítez, solo se podría dar “sobre la base de una candidatura de Hugo Velázquez para la presidencia y Pedro Alliana para la vicepresidencia de la República. En un momento de idas y venidas de algunos rumores, Alliana salió y dijo que él bajo ninguna circunstancia sería candidato a vicepresidente si no es por una chapa de Honor Colorado”.
Dejanos tu comentario
Experto urge crear un Ministerio de Energía: “Debemos pensar el ámbito energético como un todo”
El especialista en política energética Victorio Oxilia destacó la decisión del gobierno de Santiago Peña en reactivar la Mesa Energética Nacional con la finalidad de definir el futuro energético del Paraguay y el establecimiento de criterios claros para la atracción de industrias. El doctor (PhD) en energía también insistió en la creación de un Ministerio de Energía y la instalación de una gabinete de emergencia para evitar una futura crisis de desabastecimiento.
“Me parece muy prometedor que se haya reunido, su reinstalación me parece muy positivo porque estamos en un momento en el que tenemos que ver y entender antes que nada que significa esta crisis energética del que se está hablando cada vez más. A la vez, es necesario la creación de un gabinete de emergencia para la toma de decisiones”, comentó este lunes al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
“El trabajo más importante ahora es enfocarnos en la Mesa Energética Nacional en este juego, pero también necesitamos tener un Ministerio de Energía que sea el reactor de la política energética, que ve todas las áreas o sectores de la energía, no solo la eléctrica, sino también, por ejemplo, la de hidrocarburos, biocombustible, biomasa, entre otros. Debemos pensar en el ámbito energético como un todo y si no tenemos eso, entonces es muy poco lo que podemos hacer”, refirió.
Lea también: Repudian entreguismo al prietismo en CDE: “Su bandera está manchada de corrupción”
Las afirmaciones de Oxilia surgieron en el marco de la firma entre Estados Unidos y Paraguay del Memorando de Entendimiento (MOU) relativo a la cooperación nuclear civil estratégica, el pasado 4 de agosto en Washington, por el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, y el canciller paraguayo, Rubén Ramírez, con la presencia del vicepresidente Pedro Alliana.
“Esto no se trata de una solución en el corto o mediano plazo (ante la futura crisis energética). Estuve viendo en los medios de comunicación declaraciones muy irresponsables de que tendríamos energía nuclear en los próximos 5 años y esto es un gran desconocimiento técnico y de política nuclear”, refirió y agregó que Argentina y Brasil son actualmente los países que cuentan con los programas de tecnología nuclear más avanzados de América Latina.
“Estos países que tienen desarrollo tecnológico nuclear y reactores nucleares funcionando, comenzaron a hablar y tener convenios de cooperación tecnológica a finales de los años 1960 y 1970. En el caso de Argentina se establecieron convenios con Alemania mientras que Brasil lo hizo también con Alemania y Estados Unidos″, comentó detallando el proceso de desarrollo que llevó a ambas naciones para la ejecución y la puesta en práctica de sus centro nucleares.
La Mesa Energética es un mecanismo de coordinación creado en 2012 para articular políticas entre instituciones del sector energético, que está conformada por el presidente de la República, Santiago Peña, autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación de Paraguay (Mitic), la Cancillería, el Viceministerio de Minas y Energía, Petróleos Paraguayos (Petropar), el Instituto Forestal Nacional (Infona). También la integran la Administración Nacional de Electricidad (Ande) las entidades binacionales Yacyretá e Itaipú, la Asesoría Jurídica y la Unidad de Gestión de la Presidencia.