Durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, la administración del IPS exoneró el pago de sumas millonarias a la empresa de su familia política. Los documentos sobre el cobro del Instituto de Previsión Social (IPS) a la empresa hotelera muestran una verdad irrefutable: la exoneración de multas e intereses millonarios por parte del ente, pese a litigios ganados. En la administración de Jorge Brítez la situación se revirtió y de G. 5.557 millones “arreglados” en la era Abdo se logró ingresar G. 9.391 millones a las arcas de la institución.

Los hechos son muy claros y hablan por sí solos, pese al redireccio­namiento de cuestionamientos que se quiere hacer del sonado caso del Consorcio Hotelero Sudamericano SA, propiedad de la familia política del expre­sidente de la República Mario Abdo Benítez, que arrastraba multimillonarias deudas con el Instituto de Previsión Social (IPS) en concepto de aporte obrero patronal.

Después de un largo litigio por el cobro de la mencionada deuda y pese a los juicios ganados para cobro de capital, intereses y multas, por una resolución de fecha 6 de diciembre de 2018, el entonces Consejo de Adminis­tración perdonó estas obligacio­nes a la empresa de la familia de la esposa de Abdo Benítez. Con esta decisión, el monto a perci­bir por la previsional se redujo a G. 5.557 millones, con facilida­des de pago en cómodas cuotas para la firma deudora que apro­vechó sus privilegios al punto de incumplir hasta lo acordado. La situación mencionada cambió en el 2024 cuando la Dirección Jurídica de la previsional veri­ficó el incumplimiento y exigió el pago correspondiente por medio de ejecución de cobro, logrando así el IPS cobrar en una primera instancia la suma de G. 7.500 millones y posterior­mente la suma de G. 1.891 millo­nes, sumando así un ingreso total de G. 9.391 millones a las arcas de la institución.

Se impulsó igualmente una causa penal por evasión, habiéndose verificado que se descontaba a los empleados, pero no se aportaba al IPS, pri­vando así el Consorcio, familia política de Abdo Benítez, a sus trabajadores de las prestacio­nes médicas y del derecho a la jubilación, pese a los descuentos que les realizaban en concepto de seguridad social.

Así, surgió un primer acuerdo con la empresa Consorcio Hotelero en 2018 con el com­promiso de cancelar la deuda a noviembre de ese año, pero esto iba atado a millonaria exone­ración de G. 5.224 millones, es decir, casi el 50 % de la deuda, incluso de obligaciones que ver­saban al año 2003. Por si fuera poco, desde noviembre del 2018 hasta el inicio de la ejecución en febrero de 2024, el Consorcio Hotelero no cumplió con nin­gún punto del acuerdo homolo­gado, pese a todos los beneficios. Con la actual administración se revirtió la concesión que le dieron en el gobierno ante­rior a la empresa de la familia política de Abdo Benítez y el IPS logró el cobro de G. 7.500 millones inicialmente y luego, en el primer semestre de 2025, se canceló el total adeudado a la fecha de pago, lo que llevó a que en menos de un año se cobre la suma de más de G. 9.391 millo­nes a favor de los asegurados. Es importante remarcar que, si es que se aceptaba el acuerdo ante­rior del 2018, IPS iba a tener G. 1.900 millones menos en recur­sos y deja en evidencia a quienes intentaron sacrificar los dere­chos de los asegurados con rega­lías que constituyen un saqueo a la previsional.

Además del pago de millonarias multas e intereses, el Consorcio fue obligado a pagar las costas del juicio, decisión judicial uti­lizada como revancha mediá­tica del abdismo y redireccionó el tema colocando en centro de escándalos al exdirector jurí­dico y su equipo. Los tiroteos mediáticos ignoran que el pro­pio Consorcio realizó propues­tas de pago, e incluso de dación en pago de inmuebles, que fue­ron rechazadas por no ser con­venientes a los intereses del IPS. La empresa tuvo que asu­mir lo que correspondía, el pago del capital que adeudaban con intereses. En la misma pro­puesta presentada, solicitaron el pago del 5% (mínimo legal) a los abogados, todo ello abo­nado y pagado por el Consorcio. Si el propio Consorcio moroso planteó este pago, conforme a las costas que veía venir y con­siderando todo el regateo a la previsional para esquivar deu­das históricas, ¿que presunción puede haber sobre su sorpresiva iniciativa de cubrir los gastos que conlleva cualquier juicio?

Los costos que recayeron en la parte perdidosa, ejecuta­dos conforme a propuesta de la misma en el marco de la Ley, se convirtió en gigantesca cam­paña mediática con medias verdades. La prensa sangra por la herida de la empresa de la familia política de Abdo Bení­tez antes que defender el interés de los asegurados e IPS.

Un proyecto de investigación presenta aprendizajes sobre cómo las comunidades educativas respondieron a la crisis sanitaria y qué estrategias pueden fortalecer la resiliencia del sistema educativo frente a futuros riesgos.

El estudio, denominado “Educación y participación ciudadana en la gestión y reducción de riesgos de desastres en el Área Metropolitana de Asunción y Bajo Chaco: el caso de los Comités Educativos Institucionales para la Gestión del Riesgo (CEIGR) en la pandemia de la covid-19”, analizó el funcionamiento de estos comités en 25 instituciones educativas, con el objetivo de comprender cómo se tomaron decisiones y qué mecanismos permitieron sostener la continuidad educativa en un contexto de emergencia.

Entre los principales hallazgos se destaca el papel de la coordinación interinstitucional durante la pandemia. En el ámbito educativo, el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) brindó acompañamiento a las instituciones a través de guías prácticas y capacitaciones orientadas a la gestión del riesgo en las escuelas.

En este proceso, los supervisores educativos cumplieron un rol fundamental como vínculo entre las autoridades educativas y las comunidades escolares.

Los resultados muestran que las decisiones tomadas durante la pandemia fueron mayoritariamente colectivas y participativas, lo que contribuyó a fortalecer la autonomía de las comunidades educativas. El proyecto propone recomendaciones estratégicas orientadas a fortalecer el sistema educativo

El comité político del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) autorizó a su presidente, Hugo Fleitas, para solicitar al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) la prórroga de 15 días de las auditorías que se están ejecutando a las máquinas de votación.

El motivo planteado en la nota remitida por la nucleación política explica que buscan una mejor coordinación con los demás partidos de la oposición y plantear algunas consideraciones a las autoridades electorales.

A través de sus redes sociales, el titular del PLRA informó que este lunes se llevó a cabo una reunión del Comité Político del PLRA con la presencia de la vicepresidenta Alba Talavera, el diputado Antonio Buzarquis, el senador Ever Villalba y técnicos designados por el partido para la auditoría de las máquinas.

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Señaló que durante esta reunión se resolvió solicitar al TSJE la prórroga por dos semanas de la auditoría de las máquinas de votación a fin de coordinar mejor las acciones con los demás partidos de la oposición.

“La intención es despejar las dudas existentes con relación a las máquinas solicitando, entre otras cosas, actas de todo el trabajo realizado. Desde hace aproximadamente dos años conformamos un equipo jurídico/técnico para garantizar la transparencia de las elecciones municipales”, precisó Fleitas en su posteo en redes sociales.

Vale señalar que conforme al cronograma electoral, la Justicia Electoral, está llevando adelante el proceso de auditoría de las máquinas de votación con miras a las próximas elecciones municipales, fijadas para el mes de octubre. De este modo buscan asegurar la transparencia y correcto funcionamiento de los comicios para la renovación de autoridades municipales en todo el país.

Este trabajo se realiza en conjunto con los representantes técnicos de las organizaciones políticas. Además, la dirección de TIC, junto con la dirección de Recursos Electorales y Logística Electoral, realiza el relevamiento de datos, incluyendo pruebas de conectividad, georreferenciación e infraestructura de los locales de votación.

La propuesta de prórroga planteada por el PLRA se fundamenta en la necesidad de contar con un plazo mínimo adicional que le permita coordinar con los demás partidos y nucleaciones que conforman la mesa política que aglutina a este sector, de tal modo que puedan coordinar acciones técnicas y de fiscalización entre todos los partidos y actores políticos interesados, a fin de asegurar una participación plural y organizada.

Aclaran finalmente que la petición no persigue obstaculizar el cronograma electoral, sino por el contrario, robustecer la legitimidad del proceso de auditoría mediante una coordinación mínima indispensable entre las diferentes fuerzas políticas, asegurando que el control sea efectivo, compresible y verificable.

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El ingeniero José Tomás Rivarola, excoordinador del proyecto Metrobús, expresó su satisfacción en torno a la decisión del Ministerio Público de impulsar una investigación contra el exministro abdista de Obras Públicas, Arnoldo Wiens, por lesión de confianza y daño a obras construidas. Agregó que el expresidente Mario Abdo Benítez no puede evadir su responsabilidad en el fallido proyecto vial.

“Me da satisfacción que el exministro Wiens sea al menos investigado. La gente no lleva en cuenta que el gobierno de Horacio Cartes y la gestión de Ramón Jiménez Gaona dejaron un proyecto en marcha, con problemas severos, no vamos a decir que todo era perfecto, pero tenían soluciones. Se entregó un proyecto con financiamiento asegurado. Una decisión de este tipo (suspender las obras), un ministro de Obras Públicas no toma si no tiene al menos la anuencia y condescendencia del presidente de la República“, afirmó Rivarola sobre la implicancia de Abdo, ayer domingo en el programa “Cara o cruz” de Unicanal.

“La ideología política no formaba parte del proyecto Metrobús, hasta que llegó el gobierno de Mario Abdo Benítez. Esta actitud del gobierno del señor Abdo condenó a cientos de miles de personas a vivir peor. Creo que es de justicia que la historial real se conozca y que los responsables sean investigados, acá no no hay nadie que este por arriba de las leyes, no debe haber nadie“, refirió el ingeniero.

El acta de imputación fiscal refiere que Wiens, al asumir el cargo de ministro de Obras Públicas en agosto del año 2018, tenía la obligación de resguardar el patrimonio estatal y garantizar la continuidad de las obras del Metrobús, adjudicadas a la firma portuguesa Mota Engil.

Señala también que, antes de la administración de Wiens, el proyecto del Metrobús registraba un avance físico del 40 %. En ese contexto se habían construido seis estaciones, por las cuales el Estado paraguayo pagó la suma de G. 6.924.624.006. Por otro lado, el MOPC, bajo la gestión de Wiens, desembolsó G. 8.030.693.029 para la rehabilitación del tránsito en la zona afectada, mediante obras no contempladas en el contrato y la demolición de lo ya construido.

“Personalmente me generaba una angustia que las acciones del ministro Wiens no se investigaran cuando yo sabía exactamente lo que ocurrió. Fue en el gobierno de Mario Abdo Benítez que se decidió evitar que en el Paraguay exista un sistema de transporte mejor. El interventor de la obra en su informe final dictaminó que la obra debía continuar, era categórico. El Metrobús inició ya en el gobierno de Fernando Lugo, siguió con Federico Franco, luego Horacio Cartes y finalmente Mario Abdo, a través de Wiens, fue el que liquidó y mató este proyecto", sentenció.

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