El desafío será encontrar un equilibrio entre las inversiones, gastos y evitar aumentar la deuda pública, buscando atraer más inversiones inteligentes.

Así lo expresó a La Nación/Nación Media, Felipe González Soley, nuevo viceministro de Economía y Planificación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Explicó que nuestro país viene de unos cinco años marcados por eventos extraordinarios, como pandemia y sequías, lo que exigió políticas contracíclicas con niveles de inversión altos.

“Ahora estamos ajustando todo para volver a niveles sostenibles, pero sin frenar las inversiones que el país necesita. Por eso se modernizó la Ley de APP (Asociación Público-Privada), para atraer inversión privada en infraestructura”, precisó el viceministro a LN.

Además, mencionó que el acuerdo con Itaipú para el periodo 2024-2026 prevé un presupuesto dirigido a obras (cerca de USD 600 millones) que no pasan por el presupuesto y que benefician directamente a la infraestructura del país.

Por ende, afirmó que una estrategia del MEF es usar este tipo de mecanismo alternativo para inversión, de modo a que el presupuesto público se enfoque en los sectores prioritarios como salud, educación, seguridad y desarrollo social.

En conferencia de prensa, ministros del Gobierno del Paraguay expresaron su profundo repudio ante el asesinato de la adolescente María Fernanda Benítez, de 17 años, ocurrido en la ciudad de Coronel Oviedo. Uno de los voceros fue el ministro de la Niñez y Adolescencia, Walter Gutiérrez, quien transmitió el mensaje oficial del Ejecutivo.

“Hacemos un llamado a la ciudadanía para que acompañe con responsabilidad el desarrollo de la investigación, evitando cualquier acción que pueda obstruir el trabajo de la Justicia, es fundamental permitir que los procesos avancen con el rigor técnico y jurídico que este tipo de situación requiere”, manifestó.

Gutiérrez calificó el hecho como un “crimen aberrante que enluta a todo el país”, y aseguró que esta tragedia no solo conmociona a la sociedad paraguaya, sino que también interpela a todas las instituciones del Estado, que tienen la responsabilidad de garantizar la protección de niños, niñas y adolescentes.

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En nombre del Gobierno, el ministro expresó solidaridad con la familia de María Fernanda, con sus seres queridos y con la comunidad educativa del Colegio Nacional Pedro P. Peña. “Acompañamos su legítimo clamor por justicia. Su voz, nacida del dolor, representa un llamado colectivo a actuar con decisión, empatía y compromiso”, manifestó.

Asimismo, extendió el compromiso a redoblar esfuerzos interinstitucionales para construir un país más seguro, justo y libre de violencia. Aseguró que el Ministerio Público y el Poder Judicial se han comprometido a trabajar con celeridad y transparencia en la investigación y juzgamiento del caso, “asegurando una respuesta firme y ejemplar, acorde al derecho vigente y a la gravedad de los hechos”, sostuvo.

Finalmente, se hizo un llamado a la ciudadanía para acompañar con responsabilidad el desarrollo de la investigación, evitando cualquier acción que pueda obstaculizar el trabajo de la Justicia. “Justicia para María Fernanda no es solo una exigencia: es un mensaje claro y urgente. En Paraguay, nunca más una niña debe perder la vida a causa de hechos de violencia”, concluyó el ministro.

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La conferencia fue brindada desde Mburuvicha Róga, luego de una reunión con el presidente en ejercicio, el vicepresidente Pedro Alliana, quien convocó también a Luis Ramírez, ministro de Educación y Ciencias (MEC); Enrique Riera, del Ministerio del Interior; Gustavo Villate, ministro de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic); César Diesel y María Carolina Llanes de la Corte Suprema de Justicia; la fiscal adjunta Patria Rivarola y Yolanda Gómez, ministra sustituta del Ministerio de la Mujer.

• Por Lourdes Torres, lourdes.torres@nacionmedia.com.

Apostado a un costado de la fangosa vía que alguna vez fue una carretera, están aguardando Lucio, Juan y Andrés, embarrados hasta las rodillas, apoyado sobre sus biciclos. A lo lejos se oye el típico ruido de un helicóptero, que pertenece a las Fuerzas Armadas y que está llegando a la comunidad de ex Obraje San Carlos, en el departamento de Alto Paraguay, con la asistencia humanitaria que brinda el Gobierno nacional.

Ubicado a unos 750 kilómetros de Asunción, esta comunidad, al igual que otras más en el Chaco, han sido afectadas por las constantes lluvias e inundaciones que han dejado caminos intransitables dejando a cientos de miles de familias en condiciones de vulnerabilidad y aisladas sin la posibilidad de conseguir para sus sustentos.

Esta situación de emergencia en el Chaco se ha activado desde el pasado 12 de marzo, cuando la Secretaría Nacional de Emergencia comenzó a brindar asistencia por las inundaciones, comenzando por el departamento de Boquerón. Posteriormente, en los primeros días de abril se registró una importante caída de lluvia en el departamento de Alto Paraguay y, últimamente, esta situación alcanzó al departamento de Presidente Hayes.

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El ministro de la SEN, Arsenio Zárate, destacó durante una charla con La Nación/Nación Media que, a la fecha, esta ayuda humanitaria se está haciendo llegar por todos los medios posible, teniendo en cuenta que hasta hoy existen problemas de conectividad.

“Continuamos con la dificultad de llegar por tierra con la ayuda humanitaria. Quiero resaltar que esta dificultad se está superando gracias a la ayuda de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, quienes han puesto a disposición de la SEN sus respectivas aeronaves”, remarcó.

El secretario de Estado informó que se ha brindado asistencia humanitaria a unas 30.250 familias chaqueñas, entregando unos 720.000 kilos de alimentos no perecederos hasta la fecha.

Destacó que inicialmente se ha estimado una asistencia a 38.000 familias que estarían necesitando la asistencia del Estado, por lo que por ahora estarían faltando llegar a unas 8.000 familias para llegar a cumplir con la primera ronda de asistencia.

“Seguimos asistiendo, en el departamento de Boquerón llegamos a la población que requiera de asistencia del Estado paraguayo. También tenemos noticias que en Toro Pampa y María Auxiliadora, así como ex Obraje San Carlos, estaban con una necesidad imperiosa de asistencia del Estado, por lo que también ya hemos llevado asistencia”, expresó Zárate.

El ministro informó que persisten las dificultades con la conectividad terrestre prácticamente en todo el departamento de Alto Paraguay, por lo que seguirán utilizando los helicópteros de las Fuerzas Aéreas para acompañar el trabajo de la Secretaría de Emergencia Nacional.

“Ojalá en el futuro no tengamos lluvias tan intensas para que podamos restablecer la conectividad de las rutas y caminos, trabajando de manera coordinada con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, Gobernación, autoridades municipales y las comisiones de caminos que también nos están ayudando para restablecer la conectividad”, precisó.

En cuanto a las previsiones sobre el clima durante el invierno, el ministro señaló que por estadísticas que maneja la SEN, de acuerdo a los datos que brinda la Dirección de Meteorología e Hidrología, se sabe que el periodo de lluvias abarca desde finales de octubre y principio de noviembre hasta los primeros días de mayo del año siguiente.

Mientras que, para junio, indicó que esperan que la cantidad de lluvia que pudiera precipitarse en la región Occidental no supere los 20 milímetros, cuanto menos; esta condición se mantiene de vuelta hasta finales de octubre.

“Ahora arranca la temporada de frío, se viene las heladas, y a partir de agosto puede aparecer otro fenómeno que son los incendios forestales. El Chaco siempre tiene sus bemoles”, acotó.

Por otra parte, el ministro de la SEN indicó que constantemente están monitoreando el comportamiento del río Paraguay, sobre todo en lo que respecta al aumento de la cota del cauce hídrico.

Expresó que la actual crecida que se está observando es producto de la gran cantidad de lluvia que cayó en el Chaco, y que -tarde o temprano- termina desembocando en el río Paraguay, por el declive que tiene ese territorio.

“Es efecto de esas grandes lluvias en el Chaco, es lo que estamos viendo la crecida, sobre todo en el área de Asunción y la bahía, con un repunte importante, recuperando su nivel normal, lo que a su vez está facilitando la navegabilidad de nuestros ríos. Esto nos permite un ahorro importante al comercio interno e internacional; ya que prácticamente el 90 % de las importaciones y exportaciones son a través de la hidrovía”, precisó.

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Señaló que, de acuerdo a los reportes que reciben de la zona del Brasil, donde nace el río Paraguay, no pasa de 3 centímetros de subida del río. “En el sector del Pantanal, conforme a los datos que manejamos no existen lluvias importantes, por lo que por ahora se podría decir, que no se tendría una crecida importante del río en la zona de Asunción y alrededores en las próximas semanas”, agregó.

Respecto a las familias que hoy se están viendo obligadas a abandonar sus viviendas precarias, es porque prácticamente se han instalado en el cauce natural del río, y que con esta pequeña crecida que se está dando el río está buscando su cauce natural, obligando a todo los que se hayan instalado ahí a abandonar el sitio.

“Por la larga sequía que hemos tenido, no solo este año, sino que de por lo menos 3 años que estamos teniendo, es que varias personas fueron y se instalaron prácticamente en el cauce del río, entonces con la primera crecida están expulsando nuevamente a esa gente de ese lugar. Son aproximadamente entre 45 a 50 familias que hasta la fecha fueron afectadas y que están siendo atendidas por la Municipalidad de Asunción y una parte por la SEN”, precisó.

El diputado Roberto González presentó esta semana un proyecto de ley que busca modificar seis artículos de la ley que establece la pensión universal para adultos mayores, con el objetivo de extender este beneficio a las personas con discapacidad severa, independientemente a su edad.

La iniciativa plantea modificar los artículos 3°, 7°, 8°, 10, 12 y 17 de la Ley N° 7322/2024, ‘Que establece la pensión universal para las personas adultas mayores y dispone beneficios de acceso e inclusión’”.

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La propuesta legislativa surge como respuesta a lo que el parlamentario considera una “omisión significativa” en la ley original, que dejó desprotegida a una población vulnerable que enfrenta barreras importantes para su inclusión social y económica.

Según la exposición de motivos la Ley 7322/2024 nació con el propósito de otorgar un ingreso económico mensual equivalente al 25% del salario mínimo, a personas vulnerables que, por su edad o condición física, no pueden acceder al mundo laboral.

“La mencionada ley no contempla a personas con discapacidad severa de cualquier edad, dejando desprotegida a una población vulnerable que aparte de las carencias y dolencias físicas, debe sobrellevar costosos tratamientos médicos”, argumenta el diputado en su escrito de presentación.

Agrega que el proyecto encuentra sustento en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, ratificada por Paraguay, que en su artículo 28 establece el derecho de las personas con discapacidad a un nivel de vida adecuado, incluyendo acceso a protección social.

Refiere, igualmente, que el documento se apoya en el artículo 25 de la Constitución Nacional, que reconoce específicamente los derechos de las personas con discapacidad, y busca garantizar el principio de vida digna consagrado en la Carta Magna.

Algunas de las modificaciones incluyen la incorporación de las personas con discapacidad severa certificadas por la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Sinadis), como beneficiarias de la pensión mensual no menor al 25% del salario mínimo, independientemente a la edad.

Además, crea el “Fondo de Pensión a Personas con Discapacidad Severa” como complemento al fondo existente para adultos mayores. Así como establece que el Ministerio de Economía y Finanzas debe crear un objeto de gasto específico para el pago de pensiones tanto a adultos mayores como a personas con discapacidad severa.

Mantiene las mismas restricciones para acceder al beneficio, excluyendo a quienes reciban remuneraciones del sector público o privado, contribuyan al Impuesto a la Renta o posean más de 30 cabezas de ganado.

González argumenta finalmente que la medida no solo promoverá la inclusión social, sino que también aliviaría la carga económica de las familias que cuidan personas con discapacidad severa.

Es importante mencionar que también existe otro proyecto que persigue el mismo fin, que fuera presentado por un grupo de legisladores de la Cámara de Diputados.

Se trata del proyecto de ley “Que modifica el artículo 3º de la Ley N° 7322/2024 ‘Que establece la pensión universal para las personas adultas mayores y dispone beneficios de acceso e inclusión’”.

Este proyecto establece que las personas con discapacidad severa, constatadas y certificadas por la Sinadis, podrán acogerse a los beneficios de la presente ley a los sesenta años de edad.

Por otro lado, estipula y aclara que para acogerse a este beneficio bastará que el postulante tenga un grado de discapacidad igual o superior al 50% (cincuenta por ciento).

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