El diputado colorado Ramón Romero Roa defendió la decisión tomada por la jueza Hilda Vallejo, quien ordenó la prisión preventiva para tres de los cinco jóvenes imputados por la quema del Colorado Róga. Foto: Archivo.
Quema de la ANR: “Están presos por hechos vandálicos y atropello a la casa partidaria”, dice diputado
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A través de su red social Twitter, el diputado colorado Ramón Romero Roa defendió la decisión tomada por la jueza Hilda Vallejo, quien ordenó la prisión preventiva para tres de los cinco jóvenes imputados por la quema de la sede de la ANR (Asociación Nacional Republicana).
El legislador argumentó que estos jóvenes no se van presos simplemente por manifestarse, sino por cometer hechos vandálicos como fue la quema y el atropello a la casa partidaria.
“No se van presos por manifestarse. Hay miles que hicieron (manifestarse) y están libres sin ningún problema. Están presos (estos jóvenes) por hechos vandálicos como la quema y el atropello a la casa partidaria”, expresó el diputado.
Las declaraciones de Romero Roa van dirigidas a los internautas que manifestaron su desacuerdo hacia la decisión tomada por la jueza Hilda Vallejo. Varios comentarios en la redes sociales hacen alusión a que los tres jóvenes: Luis Trinidad, Pedro Areco y Vivian Genes irán presos simplemente por manifestarse.
La decisión –de dictar la prisión preventiva– fue dada a conocer este martes durante la audiencia de imposición de medidas cautelares para las cinco personas imputadas en el marco del caso que investiga la quema de Colorado Róga (sede de la ANR), hecho registrado el 17 de marzo. Además de la orden de prisión, la magistrada Vallejo declaró en rebeldía a Arnaldo Martínez y Enrique Agüero, quienes no se presentaron a la audiencia.
Imputación
Estos cinco jóvenes están imputados por supuestos hechos punibles de perturbación de la paz pública, producción de riesgos comunes, daño a cosas de interés común y daño a obras construidas o medios técnicos de trabajo.
La imputación fue generada por la presunta participación en el incendio de la sede de Colorado Róga, ocurrido el pasado 17 de marzo, tras el rechazo de la propuesta de juicio político al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y al vicepresidente Hugo Velázquez, planteada por la oposición.
Directivo de empresa de seguridad va a prisión por faltante millonario
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El juez de Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, decretó la prisión preventiva de Fabricio Martín Martínez Appleyard, directivo de la firma Grupo Seguridad y Respuesta (GSR Security), en el Centro Nacional de Prevenidos (exTacumbú).
Asimismo, el magistrado recalificó la conducta del imputado y excluyó el hecho punible de hurto agravado. Con la resolución del juez Estigarribia, el imputado fue procesado por apropiación y frustración de la persecución y ejecución penal.
Martínez Appleyard presentó ayer un cheque por G. 3.090 millones para reparar el supuesto perjuicio patrimonial. Sin embargo, el juez señaló que todavía no está acreditada la devolución efectiva del dinero, ya que no se verificó la disponibilidad de los fondos. Por ello, la presentación del cheque no fue suficiente para descartar los riesgos procesales y evitar la prisión preventiva.
De acuerdo con la carpeta fiscal, los registros contables y los documentos de tesorería, al 3 de noviembre se encontraban depositados en su bóveda principal aproximadamente G. 18.102 millones y USD 189.396, pertenecientes a ambas entidades.
Según la hipótesis de los investigadores, el 3 de noviembre pasado el imputado habría dispuesto el retiro anticipado de funcionarios administrativos y la desconexión de las cámaras de seguridad ubicadas en los sectores de tesorería, bóveda principal y salida de vehículos transportadores de valores.
Luego, el investigado habría realizado el traslado de dinero en efectivo desde la bóveda hasta un vehículo blindado de la propia empresa. Los registros del sistema de posicionamiento global (GPS) permitieron identificar el desplazamiento del móvil hasta un inmueble ubicado en el barrio Trinidad de Asunción.
Caso Ueno Bank: juez ordenó la prisión preventiva para el director jurídico del BCP
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El juez Osmar Legal decretó la prisión preventiva por 15 días en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional de Aldo Javier Rodríguez González, director de la Unidad Jurídica del Banco Central del Paraguay (BCP), por presunta lesión de confianza, producción inmediata y uso de documentos públicos de contenido falso, y asociación criminal. La resolución del citado magistrado se dio luego de la audiencia de imposición de medidas cautelares.
Asimismo, el magistrado hizo lugar a la inhibición general de gravar y vender contra el director jurídico del BCP, a fin de que no pueda disponer de sus bienes mientras se tramita el proceso penal en su contra. Además, dictó el embargo de todo el dinero que posea en bancos, entidades financieras y cooperativas, así como de aquellos fondos que pudieran estar en poder de terceros.
Según la Fiscalía, Rodríguez habría intervenido en la modificación de un informe técnico de la Superintendencia de Bancos que fue remitido al Senado en octubre de 2026, en respuesta a un pedido de informes sobre operaciones vinculadas a Ueno Bank. El documento original contenía observaciones sobre una presunta financiación indirecta de USD 74,4 millones mediante la compra de cartera por parte de Vinanzas S. A., además de advertencias sobre la situación financiera de la entidad. Sin embargo, los investigadores sostienen que en la versión enviada al Congreso se eliminaron aspectos técnicos relevantes y se incorporaron afirmaciones que no figuraban en el informe inicial.
La imputación señala que Rodríguez habría coordinado las modificaciones con el entonces presidente del BCP, Carlos Carvallo Spalding; el miembro del Directorio Marco Aurelio González Maldonado y el superintendente de Bancos, Holger Insfrán.
Entre los elementos mencionados figuran correos electrónicos de los días 5 y 6 de octubre, reuniones internas y su participación en la presentación del documento ante el Senado el 9 de octubre. La Fiscalía considera que estas actuaciones habrían contribuido a ocultar información sobre la situación de Ueno Bank, que ingresó en un procedimiento de resolución el 2 de noviembre de 2026.
Amplían imputación contra Peña y más directores de BCP van a prisión
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El exmandatario afronta los hechos punibles de lesión de confianza, administración en provecho propio y ahora asociación criminal; toda la cúpula anterior del BCP cayó.
La Fiscalía formuló ayer una nueva imputación por el supuesto hecho punible de asociación criminal contra el expresidente de la República Santiago Peña y cinco exautoridades del Banco Central del Paraguay (BCP), en el marco de la investigación por las presuntas irregularidades financieras que derivaron en el colapso de Ueno Bank.
En una improvisada rueda de prensa, al agente Christian Benítez, uno de los fiscales de la causa, confirmó la ampliación de la imputación contra Peña y Carlos Carvallo, expresidente del BCP, por el hecho punible de asociación criminal. También fueron imputados por este mismo hecho los exintegrantes del directorio del BCP: Marco Aurelio González, Liana Caballero y Miguel Mora. El fiscal señaló que además de asociación criminal, uno de los exdirectivos fue imputado por producción mediata de documentos públicos de contenido falso, uso de documentos públicos de contenido falso, lesión de confianza y asociación criminal. Se refería al exdirector Marco Aurelio González, que fue nombrado en el cargo por el expresidente. Al ser consultado sobre la expectativa de pena para Santiago Peña, el agente recordó que sigue siendo 15 años y que esto no se modifica por haber agregado el hecho punible de asociación criminal.
CONTINUIDAD DE OPERACIONES
La imputación atribuye a Liana Caballero, Miguel Ángel Mora y Marco Aurelio González presuntas omisiones en sus deberes de control como integrantes del directorio del Banco Central. Según la Fiscalía, los tres habrían conocido las alertas relacionadas con el deterioro patrimonial de Ueno Bank desde junio de 2026, sin impulsar oportunamente las medidas previstas en la legislación bancaria. El acta señala que, pese a los informes técnicos disponibles, el directorio se habría limitado a disponer la apertura de un sumario administrativo, sin ordenar la suspensión preventiva de determinadas operaciones. En particular, la Fiscalía atribuye a Marco Aurelio González una presunta participación directa en la modificación de un informe institucional remitido al Senado, que habría omitido observaciones técnicas relevantes.
PRISIÓN PREVENTIVA
Por otra parte, el juez penal de Garantías Humberto Otazú decretó la prisión preventiva de los tres exintegrantes del directorio de la banca matriz que fueron detenidos ayer viernes. La medida afecta a Marcos González, Miguel Mora y Liana Caballero, quienes deberán permanecer bajo custodia policial durante los próximos 15 días, conforme a lo dispuesto por el magistrado.
En el caso de González y Mora, el juez ordenó su reclusión en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional, donde permanecerán durante ese periodo. Mientras que Liana Caballero fue destinada al Departamento Judicial Femenino de la Policía Nacional, también por un plazo de 15 días. La resolución judicial establece así medidas de prisión preventiva para los tres exdirectivos, mientras avanza el proceso penal y se desarrollan las diligencias vinculadas a la causa.
“Hechos determinan la calificación”
FRANCISCO CABRERA - Agente fiscal
El fiscal Francisco Cabrera sostuvo ayer que el proceso que investiga la caída de Ueno Bank debe partir de la reconstrucción de los hechos y que, a medida que avance la investigación, se podrán determinar las figuras penales que correspondan. En ese sentido, señaló que las calificaciones jurídicas pueden ampliarse o modificarse en función de los elementos que vayan surgiendo durante las diligencias.
“Son los hechos los que determinan la calificación, no al revés. El hecho de que encuentres elementos es lo que te permite realizar una calificación y no el hecho de calificar primero es lo que te permite realizar actos investigativos”, sostuvo el agente.
Agregó que “no existe una limitación; al contrario, primero hay que hacer una investigación, determinar los hechos y eso va a ser lo que va a permitir realizar una calificación. La calificación es el resultado final de la investigación, no al revés, no es el inicio de la investigación”, destacó el agente del Ministerio Público.
NUEVA ADMISIÓN DE JUEZ
El juez penal Humberto Otazú admitió la imputación por asociación criminal contra el expresidente Santiago Peña, en el marco de las investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público por el caso Ueno Bank. Con esta decisión, el exmandatario suma un nuevo cargo a los que ya le habían sido atribuidos al inicio de la pesquisa. Los primeros hechos punibles imputados fueron lesión de confianza, producción mediata de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio.
La admisión de la figura de asociación criminal marca un endurecimiento de la causa, ya que este tipo penal supone que los hechos investigados no habrían sido acciones aisladas, sino parte de un esquema en el que habrían participado varias personas. El proceso continúa en su etapa inicial, mientras el Ministerio Público avanza con la recolección de evidencias y la defensa del expresidente podrá presentar sus descargos ante los nuevos cargos.
El juez interino Osmar Legal decretó la prisión preventiva de César Manuel Astigarraga Lambaré, extitular de itti S.A.E.C.A. y presidente de Grupo M S.A. Foto: Gentileza
Juez ordenó prisión para extitular de itti y exmano derecha de Miguel Vázquez
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El juez interino Osmar Legal decretó la prisión preventiva de César Manuel Astigarraga Lambaré, extitular de itti S.A.E.C.A. y presidente de Grupo M S.A., imputado por las presuntas operaciones irregulares que derivaron en el colapso de Ueno Bank, en la misma causa que el exCEO de la entidad, Miguel Vázquez.
Legal resolvió que el imputado guarde reclusión donde la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios (Institutos Penales) decida y ordenó que no comparta sector ni alojamiento con los demás coimputados.
La defensa había ofrecido dos inmuebles como garantía para solicitar el arresto domiciliario con tobillera electrónica. Sin embargo, el juzgado consideró que la caución era insuficiente debido a que no se presentaron documentos que acreditaran la titularidad de los bienes ni la inexistencia de gravámenes o restricciones.
El magistrado también tuvo en cuenta que el procesado declaró percibir ingresos mensuales aproximados de G. 150 millones. Señaló que, por la complejidad de los hechos, la magnitud económica de las operaciones y los valores patrimoniales involucrados, se requiere información registral actualizada para verificar la disponibilidad efectiva de los inmuebles ofrecidos.
La resolución fundamenta la prisión preventiva en el peligro de fuga y en la necesidad de asegurar el sometimiento del imputado al proceso. Astigarraga se presentó este jueves ante la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, luego de que la Fiscalía ordenara su detención y modificara su requerimiento inicial de medidas alternativas para solicitar la prisión preventiva.