El presidente de la República, Santiago Peña, respondió a las críticas y cuestionamientos sobre el acuerdo de Paraguay con los Estados Unidos sobre el Estatuto de las Fuerzas (SOFA, por sus siglas en inglés), críticas que se dan desde el sector opositor. El Ejecutivo ya promulgó este acuerdo tras la ratificación de ambas Cámaras del Congreso.

“Este no es solamente un problema local, es regional y mundial, los gobierno llamados progresistas o socialistas, o de izquierda, se han caracterizado por debilitar los organismos de seguridad, esto es lo que ha ocurrido en muchos países de América Latina y del mundo, y nosotros tomamos una decisión en agosto del 2023, que el Paraguay sea un lugar seguro”, refirió el presidente en conversación con los medios de prensa este jueves.

Sostuvo además que “esos gobiernos progresistas, socialistas no quieren un gobierno fuerte, no quieren un gobierno seguro, porque realmente ahí es donde ellos se benefician y nosotros hemos tomado la decisión de enfrentar eso, políticamente creo que ellos han revelado bastante bien su intención, tener un Paraguay débil, un país vulnerable, que sea un caldo de cultivo para el crimen organizado”.

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Por otra parte, el presidente se refirió a la esencia y el objetivo de este acuerdo con los Estados Unidos. “Al crimen organizado no lo vamos a enfrentar si no es con gobiernos organizados y con gobiernos que se organizan entre otros gobiernos, si nosotros vemos lo que está haciendo el gobierno americano en su combate con el crimen organizado en el Caribe y la intervención que hizo en el caso de Venezuela, tenemos que saber que ellos no van a dudar en enfrentar al crimen organizado”, apuntó.

Indicó además que Paraguay, de acuerdo a lo que muestran las estadísticas, comparando con otros países es un país relativamente seguro, pero aun así está expuesto a grandes amenazas.

“Tenemos la ventaja de estar al lado de un país gran que es el Brasil, con una economía importante, pero también estamos al lado del país que tiene los grupos más importantes en materia de crimen organizado, el Primer Comando de la Capital, el Comando Vermelho, que nosotros, bajo nuestro Gobierno ya lo designamos como organizaciones criminales”, explicó.

Aseguró que con este tipo de acuerdo, Paraguay se prepara para el futuro en el marco de la lucha contra el crimen organizado transnacional. “El crimen organizado no va a desaparecer de la noche a la mañana, la pregunta es, ¿dónde se van a ir a buscar, a ubicar? Y nosotros queremos enviar la señal inequívoca que Paraguay no le va a dar la bienvenida, que nosotros estamos luchando contra el crimen organizado, que nosotros tenemos nuestro desafío interno, pero también nos estamos preparando externamente para lo que va a venir para el futuro y para eso”, sentenció.

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El presidente de la República, Santiago Peña, destacó el trabajo que realizaron los legisladores con el tratamiento del proyecto de reforma de la caja fiscal, impulsado por el Poder Ejecutivo, propuesta que abrió el debate a una problemática que por años fue postergada. Señaló que no se trata de una solución permanente, pero que desde el Gobierno seguirán trabajando sobre la reforma.

“Creo que la conclusión es, número uno, instalamos el debate, esto ha sido ampliamente debatido, ha sido analizado. Número dos, ¿se resuelve todo el problema? no se resuelve todo el problema, nosotros tenemos que seguir trabajando sobre esto”, expresó en conversación con los medios de comunicación.

Agregó que “la versión de la Cámara de Diputados es una versión que resuelve de manera más importante el problema, la versión de la Cámara de Senadores resuelve de menor manera, pero creo ha habido un avance importante en esta discusión”.

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Indicó que actualmente existen tres versiones del proyecto de reforma, la remitida por el Poder Ejecutivo al Congreso, la versión aprobada por la Cámara de Diputados y la versión modificada por el Senado, al respecto, el presidente fue consultado acerca de cual versión es la que estaría aceptando y señaló que el objetivo es seguir trabajando por la reforma.

“Indistintamente que se apruebe la versión de Diputados o Senadores lo que nosotros necesitamos el día de mañana u hoy mismo, es poder continuar con este debate. Yo quiero que la discusión termine de la mejor manera, nosotros entendemos los reclamos de los diferentes sectores, de los magistrados, de los docentes, de los policías y militares”, expresó.

Agregó que el Gobierno está realizando una ambiciosa apuesta. “Queremos que Paraguay sea un país próspero, desarrollado y tenemos que enfrentar estos problemas, un país grande no se construye simplemente mirando otro lado, es enfrentando los problemas”, expresó.

Así también, destacó que esta iniciativa tuvo un amplio debate, tanto en la Cámara Baja como en el Senado, con todos los sectores afectados. “Creo que se ha hablado muchísimo, se ha intentado en esta discusión tratar de sacar el foco de lo que es verdaderamente importante y tratar de ver si esto puede generar un quiebre, una fisura dentro del Gobierno”, indicó el mandatario.

Igualmente, valoró el trabajo de los legisladores, tanto en la Cámara Baja como en la Cámara Alta. “Quiero formalmente y oficialmente decir que yo valoro y agradezco el coraje de los legisladores, de diputados y senadores que han enfrentado este problema, y en una negociación donde ninguna de las partes sale del todo satisfecha, creo que es una buena negociación, todos de alguna manera pudieron plasmar sus deseos, sus intenciones y tenemos que seguir discutiendo”, expuso Peña.

Finalmente, concluyó “quiero dejar muy claro, indistintamente la versión que sea aprobada y que llegue a mi mesa para ser promulgada, el debate debe continuar y tenemos que hablar de una manera amplia del déficit de la caja fiscal y tenemos que hablar también de la seguridad social en general del Paraguay, que sigue siendo hoy probablemente el talón de Aquiles para el futuro del Paraguay”.

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El presidente de la República, Santiago Peña, informó que mantuvo una conversación con el embajador Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos (USTR), con quien abordó sobre tarifas y contingentes comerciales en el marco de las relaciones entre Paraguay y el gobierno estadounidense.

“Trabajando en las relaciones comerciales entre Paraguay y EE. UU. conversé con el embajador Jamieson Greer, representante comercial estadounidense (USTR), sobre el marco de nuestro vínculo bilateral. Marcamos pautas claras para profundizar los mecanismos de tarifas y contingentes comerciales”, expuso Peña en su cuenta de X.

Por otra parte, el mandatario paraguayo se reunió con la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar. Como presidente pro tempore del Mercado Común del Sur (Mercosur), Peña recibió la solicitud de la adhesión del país en el bloque regional.

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Detalló que abordaron sobre “el desarrollo de un programa de acercamiento entre Paraguay y los países del Caribe, poniendo especial énfasis en el intercambio de alimentos, productos industriales y la consolidación de una estrategia de cooperación para el desarrollo conjunto. Seguimos conectando a nuestro país con el mundo”.

Los encuentros que mantuvo el presidente Peña se dan en el marco de su visita oficial a los Estados Unidos, donde participó de la cumbre “Escudo de las Américas”, una coalición encabezada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con el objetivo de establecer una lucha anticarteles.

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La violencia sexual no termina con la agresión, sino cuando las víctimas encuentran puertas cerradas en el sistema de salud. Así lo advierte Karla Gutiérrez, gestora de Asuntos Humanitarios de Médicos Sin Fronteras (MSF) en México, quien sostiene que la falta de atención médica oportuna y libre de estigma prolonga el sufrimiento de las personas sobrevivientes. Desde su experiencia en proyectos de MSF en México, alerta que miles de víctimas enfrentan barreras para recibir asistencia dentro de las primeras 72 horas, un periodo clave para prevenir infecciones, embarazos no deseados y reducir el impacto del trauma. En el marco del Día Internacional de la Mujer, la especialista insiste en que garantizar atención digna y permanente es una responsabilidad urgente de los Estados.

Por años he escuchado historias que empiezan con una frase que se repite como un eco: “No sabía a dónde ir” o “tenía mucho miedo de decir lo que me hicieron”.

Como trabajadora humanitaria en Médicos Sin Fronteras (MSF), he acompañado a mujeres, niñas, adolescentes, hombres y personas LGBTQI+ que han sobrevivido a la violencia sexual. He aprendido que la violencia no termina cuando ocurre la agresión: continúa cuando el Estado no garantiza las condiciones y los recursos necesarios para asegurar una atención médica oportuna, integral, de calidad, confidencial y libre de estigma para todas las personas sobrevivientes a este tipo de violencia. Continúa cuando una puerta está cerrada, cuando un servicio no funciona de noche o cuando vives lejos y no tienes un lugar cercano para pedir ayuda. Pasa, a su vez, cuando un servidor público en una ventanilla duda del testimonio, juzga o cuestiona a la persona sobreviviente.

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En América Latina, sobrevivir a una agresión sexual no garantiza recibir atención médica inmediata. Lo vemos en nuestros proyectos en Ciudad de México, Tapachula, en Ciudad Juárez, entre otros. La violencia ocurre en el tránsito migratorio, pero también dentro de las relaciones de pareja, en el núcleo familiar, en espacios cotidianos que deberían ser seguros. No distingue edad, estatus migratorio o situación económica, pero sí hace que las vulnerabilidades de las víctimas sean más profundas y los efectos devastadores. Y cuando el sistema falla, la violencia se prolonga y se hace más intensa. En todos nuestros proyectos activos durante 2025, los equipos de MSF atendieron a mujeres horas, días o meses después de haber sido agredidas, temerosas de solicitar los servicios médicos por miedo a ser señaladas o juzgadas. Vimos a niñas y adolescentes violentadas en espacios donde deberían estar seguras; a mujeres que fueron agredidas una y otra vez por “el amor de su vida”. Hemos acompañado a mujeres que cruzaron fronteras huyendo de situaciones que ponían en riesgo sus vidas en sus lugares de origen y que, adicionalmente, tuvieron que enfrentar múltiples formas de violencia y contextos simultáneos de desprotección. Cada historia es distinta, pero todas comparten algo: la urgencia de ser atendidas.

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Existe una ventana crítica de atención después de una agresión sexual. 72 horas que pueden marcar la diferencia entre prevenir o no una infección por VIH y hepatitis (accediendo a profilaxis posexposición), 120 horas que te permitirán acceder o no a anticoncepción de emergencia para evitar un embarazo no deseado, y hasta seis meses para evitar, diagnosticar y curar enfermedades de transmisión sexual como sífilis. Lamentablemente, solo una minoría logra llegar a las atenciones médicas dentro del plazo inicial de 72 horas.

En 2025, en las actividades de MSF que comprendían proyectos también en Reynosa, Matamoros y Coatzacoalcos, además del Centro de Atención Integral (CAI), Tapachula, CDMX y Ciudad Juárez, atendimos a 261 casos de personas sobrevivientes de violencia sexual. Sin embargo, solo 23 casos, es decir, el 8,8%, fueron atendidos durante las 72 horas posteriores a la agresión.

Perder esta ventana no es un descuido individual, es parte de una falla estructural que se demuestra cuando los servicios no están disponibles las 24 horas, cuando no hay personal capacitado, especializado y sensibilizado para atender este tipo de casos o cuando la atención está fragmentada entre salud, protección y justicia.

La violencia sexual es una urgencia médica. Y como toda urgencia, no puede esperar a que amanezca, no puede depender del turno de alguien más, no puede quedar sujeta a prejuicios. La atención oportuna no sólo previene infecciones, enfermedades o embarazos no deseados, sino también reduce el impacto del trauma, evita nuevas formas de violencia y salva vidas.

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Mi trabajo me ha permitido ser testigo de la importancia de una atención digna. Cuando una persona sobreviviente es recibida sin preguntas que juzgan, cuando se le explica cada procedimiento con respeto, cuando puede decidir sobre su propio cuerpo, algo cambia. En medio del dolor, recupera una parte de su autonomía, recupera un poco de poder.

Pero también he visto lo contrario, he visto cómo el estigma hiere por segunda vez, cómo la desconfianza institucional hace que muchas personas nunca regresen a solicitar servicios públicos, cómo el silencio se convierte en la única opción cuando el sistema no escucha, cuando no te quedan alternativas. Los 261 casos detectados por MSF, por supuesto, son tan sólo una fracción de una realidad más amplia, pero revela las fallas que deben ser atendidas con urgencia: acceso tardío a una respuesta médica y brechas en la respuesta institucional.

Este 8 de marzo no quiero hablar solo de cifras, quiero hablar de responsabilidad. Necesitamos que ese garantice una atención médica oportuna en casos de violencia sexual, con servicios disponibles las 24 horas, insumos médicos esenciales asegurados y personal capacitado en protocolos clínicos sensibles, con enfoque centrado en la persona sobreviviente, con una oferta de servicios que responda a las distintas necesidades, realidades y contextos de las personas que se enfrentan a la violencia sexual.

No garantizar una atención eficaz, integral y de calidad también constituye la cadena de violencia que viven las personas sobrevivientes.