Una empresa habría perpetrado una estafa millonaria al Instituto de Previsión Social (IPS) durante la pandemia de Covid-19, inscribiendo a personas como supuestos trabajadores para luego cesarlas en un breve lapso y así acceder a la compensación por cesación laboral. El perjuicio económico supera los G. 1.200 millones, de acuerdo con la fiscal Teresa Sosa.

Según la investigación, se comprobó la inexistencia real de la firma y se constató que las personas involucradas facilitaron sus datos personales para recibir el beneficio, sin haber prestado ningún servicio efectivo. “El perjuicio para el IPS es más de G. 1.200 millones”, explicó la representante del Ministerio Público en comunicación con la 1020 AM.

El dueño de la empresa, Julio Ramírez Domínguez, fue imputado por estafa y declaración falsa, mientras que los trabajadores vinculados al esquema afrontan procesos por estafa. En total, 67 personas quedaron imputadas tras las diligencias fiscales.

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La fiscal Sosa precisó que, desde el inicio de las indagatorias, algunos de los citados a declarar colaboraron con la causa, proporcionando datos clave para esclarecer el modus operandi de la organización. Incluso, varios de ellos procedieron a devolver el dinero indebidamente percibido, lo que permitió reducir el alcance del perjuicio.

De las 84 personas inicialmente investigadas, 67 fueron procesadas judicialmente y el resto quedó fuera de imputación por haber aportado información y reparado el daño ocasionado. La investigación sigue abierta para determinar si existieron otros responsables o ramificaciones de este esquema fraudulento.

Este caso pone nuevamente en evidencia la vulnerabilidad de los sistemas de control en época de crisis sanitaria, en la que se registraron múltiples intentos de fraude vinculados a los beneficios estatales. El Ministerio Público continuará con las diligencias para esclarecer completamente lo sucedido y garantizar que el dinero público sea recuperado.

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La ministra de Trabajo, Mónica Recalde, aclaró sobre todos los puntos cuestionados por gremios de choferes en el marco del proyecto de ley de Reforma Integral del Transporte Público, que se encuentra en el Congreso Nacional a iniciativa del Poder Ejecutivo. La ministra señaló que todas las garantías fueron previstas e incluidas en el documento.

Uno de los principales puntos que causa discrepancias entre representantes del Ejecutivo y los diferentes gremios de choferes, es tanto la huelga como el paro, sobre esta cuestión, Recalde señaló que se puso en mesa de diálogo. Asimismo, sostuvo que la huelga y el paro están garantizados por la propia Constitución Nacional.

“Ahí hay una discusión con los trabajadores con respecto al servicio imprescindible, cómo nosotros protegemos este servicio de transporte público para toda la ciudadanía y cómo se podría contraponer con respecto al derecho a la huelga”, indicó durante su participación en el programa Fuego Cruzado del canal GEN.

Refirió que desde el Ministerio de Trabajo no se ve una contraposición, “al contrario, consideramos que esta modificación que ha presentado el senador (Natalicio) Chase, justamente a pedido de los trabajadores, establece que las situaciones de huelga y paro deben ser garantizadas, pero que también se exige un funcionamiento mínimo cuando existe una huelga general de transporte”.

Otro punto en discusión es la definición de servicio imprescindible, donde fue incluido por una comisión del Senado, en el artículo 20 que, en caso de paro o huelga, este no debe exceder el 30 %, y entre el 70 a 60 % debe estar operativo para garantizar el servicio a la ciudadanía.

“Hay que diferenciar, en cuanto una línea de transporte o una concesionaria, ya sea por trabajadores o por paro, esto está garantizado el derecho a huelga porque lo que el Estado pretende garantizar es que la movilidad ciudadana esté protegida”, explicó.

En lo que respecta a la situación de los trabajadores, también cuestionado por los gremios, se incluyó entre las modificaciones, se incorporó en el artículo 39, la sustitución del empleador como se establece en el Código de Trabajo.

“Está taxativamente establecido que un operador de servicio que sustituya a otro, deberá incorporar a los conductores de buses que hayan prestado servicios por al menos en los dos últimos años y que queden cesados del operador anterior. Le obliga a la nueva línea, a la nueva operadora absorber al plantel completo”, aseveró.

El presidente de la Federación de Trabajadores de Transporte, Juan Godoy, quien también participó del programa Fuego Cruzado, expuso sobre los cuestionamientos y sus argumentaciones para este reclamo. Uno de las principales preocupaciones es la situación en que quedarán los trabajadores choferes con la creación de nuevos consorcios de empresas.

“Primeramente, cuestionamos a división de las empresas, una empresa va constar de tres empresas, y ahí están los trabajadores, ¿a quién le pertenecen los trabajadores?, al dueño del vehículo, al dueño del patio de estacionamiento, o al dueño del patio de servicio de estacionamiento. Todavía no se especificó ese tema”, apuntó.

Mientras que el secretario de Educación de la Federación de Trabajadores de Transporte, Hugo Zayas, señaló que no están de acuerdo con el porcentaje de operatividad en los casos de huelga y paro. “A nosotros no se nos dijo en ningún momento, nosotros pedimos un mínimo, ellos están pidiendo que el 70 % trabaje, entonces no es una huelga. Una resolución no está sobre la Constitución Nacional”, sentenció.

El exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, acusado por lesión de confianza deberá comparecer los días 30 de setiembre, 1 y 2 de octubre ante el juez de Delitos Económicos Humberto Otazú para la audiencia preliminar en el caso conocido como “Tajy”

En la referida diligencia judicial se definirá si el acusado al igual que otros procesados enfrentará un juicio oral así como pidió el representante del Ministerio Público.

La audiencia fijada por el juez Otazú es bajo apercibimiento de ley a fin de que los procesados se abstengan de plantear chicanas para suspender la diligencia judicial.

Esta acción se fijó a pedido de los fiscales Silvio Corbeta, Yeimy Adle y Verónica Valdez, teniendo en cuenta que la citación es bajo apercibimiento para el exjefe comunal que fue destituido por la Cámara de Diputados el pasado 19 de agosto.

En el caso como “Tajy” figuran como acusados el exjefe comunal Miguel Prieto, el exdirector de Administración y Finanzas de la comuna, Francisco Raimundo Arrúa Álvarez y otras ocho personas. El Ministerio Público les atribuye la comisión de los hechos punibles de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.

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La acusación sostiene que en fecha 11 de junio del año 2020 se efectuó un pago irregular por Gs. 306.188.500 a favor de la firma proveedora Tajy, por mercaderías inexistentes.

Asimismo, Prieto está acusado en otro proceso penal por lesión de confianza en el caso conocido como “Tía Chela”. El magistrado Otazú igualmente deberá fijar la fecha para el desarrollo de la audiencia preliminar del segundo proceso del exjefe comunal de Ciudad del Este.

Días la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, integrada por los ministros Manuel Ramírez Candia, Eugenio Jiménez y César Garay, declaró inadmisible la apelación presentada por la defensa del exintendente, con lo que se destrabó la chicana presentada.

También semanas atrás Prieto fue imputado por tercera vez. La Fiscalía sostiene que se tiene un perjuicio de más de G. 300 millones.

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El proyecto de reforma de transporte público establece un servicio para los ciudadanos en caso de que los transportistas tomen alguna medida de fuerza y vayan a paro.

El viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, explicó que en la ley de reforma se incorporó una medida que precautela el derecho a la huelga, pero también que respeta el derecho a la movilidad de los ciudadanos.

Según mencionó, durante el tratamiento del proyecto en las comisiones del Senado se solicitó incluir un porcentaje para servicio mínimo de cobertura en casos de huelga. En horario pico, el funcionamiento del transporte público debe ser del 70% y en los demás horarios deberá alcanzar 60 %.

El presidente de la Junta de Gobierno, Horacio Cartes, recordó la historia y la trayectoria de la agrupación política durante el acto central de la celebración de los 138 años de la Asociación Nacional Republicana (ANR) – Partido Colorado, que se desarrolló en el Parque “Gral. Bernardino Caballero” de Asunción, con la presencia de las autoridades partidarias y nacionales.

“Hoy celebramos con orgullo los 138 años de vida gloriosa de nuestro querido Partido Colorado. Una historia marcada por luchas, sacrificios y victorias que nos dieron identidad como Nación”, expresó el exmandatario durante el acto central.

Así también, destacó el rol actual que tiene el partido en la sociedad. “El Partido Colorado no es solo una gran maquinaria electoral, como algunos quieren reducirlo. Es, ante todo, una comunidad viva de valores, de servicio y de compromiso con la patria. Desde nuestras bases, desde cada seccional y cada dirigente, este partido está presente en la vida de la gente, construyendo futuro y esperanza”, afirmó.

El viceministro de micro, pequeñas, y medianas empresas (mipymes), Gustavo Giménez, habló sobre los beneficios del programa Jepytaso para el sector y los productores, destacando que se tendrán beneficios para su inscripción en las instituciones y municipios, así como el acceso a financiamiento, como una continuidad de la Ley de Mipymes.

“Nos permitirá primero que nada darles acceso sin costo para la formalización, a las microempresas en particular. Vamos a darles con Jepytaso la oportunidad de que posteriormente a que se formalicen puedan recibir un crédito con condiciones sumamente favorables e inéditas en el sistema financiero”, explicó a Así son las cosas, emitido por Universo 970 AM/Nación Media.

El programa contará con hasta G. 1.500 millones de disponibilidades de crédito, 36 meses de plazo para productos de capital operativo e inclusive tres años de gracia para aquellos que sean de inversión y hasta 7 años de plazo. “Van a ser productos que van a tener tasas controladas, plazos favorables. También va dirigido a los productores”, comentó.

El director de Itaipú, Justo Zacarías, informó este jueves que la puesta en marcha del plan piloto de la planta solar flotante de Itaipú, localizada en el embalse del lado paraguayo, será el próximo mes de octubre. Detalló que la iniciativa genera un gran interés por parte de las autoridades brasileñas de la entidad binacional.

“Está en fase de finalización. Tengo la manifestación por parte de los compañeros de la margen izquierda de que es positivo y coincidente el interés de explorar con mucha fuerza la posibilidad de generar energía solar desde paneles en el lago Itaipú”, indicó a “Así son las cosas” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El pasado 9 de setiembre comenzó la instalación del primer segmento o conjunto de flotadores de la futura planta solar. En esta oportunidad, se realizó el lanzamiento de 132 paneles solares bifaciales de 705 vatios (W) en la margen derecha. Mientras que las obras civiles y el tendido de cables de media tensión que conectarán el sistema flotante con la sala de celdas se encuentran ya en estadios avanzados.

Un juez del supremo brasileño advirtió este miércoles contra un juicio “político” a Jair Bolsonaro y votó por absolver de golpismo al expresidente, lo que deja el marcador 2-1 por una condena. Para una absolución o condena, es necesaria una mayoría simple de tres de cinco votos. El líder ultraderechista está acusado de haber liderado una organización criminal armada para tratar de aferrarse al poder tras perder las elecciones en 2022 contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Bolsonaro, de 70 años y juzgado junto a siete excolaboradores y jefes militares, puede enfrentar una pena de más de 40 años de prisión. Luiz Fux fue el tercer juez en votar durante las audiencias del supremo, previstas hasta el viernes y retransmitidas en vivo al país. Expuso su voto durante más de trece horas.

Fux se pronunció por la absolución del expresidente y otros cinco acusados. Pero culpabilizó al excandidato a vice de Bolsonaro, el general Walter Braga Netto, y a su ex mano derecha y delator en el juicio, el teniente Mauro Cid, por intento de abolición del Estado democrático de derecho.

La Coordinadora de Víctimas de la Mafia de los Pagarés emitió un duro comunicado en el que califican de insuficientes las medidas adoptadas por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) respecto al escándalo, pese a que las auditorías confirmaron la existencia del esquema.

El pronunciamiento, dado a conocer tras la sesión plenaria, señala que los resultados de las auditorías son una prueba irrefutable de la mafia que afecta a miles de personas en todo el país. No obstante, la Coordinadora considera que las acciones posteriores de la Corte Suprema “carecen de efectividad” y no responden a la magnitud del problema.

En el documento, las víctimas reprochan que la Acordada 1800 “no es aplicada con la rigurosidad que merece” y lamentan la “interpretación escueta” de la Constitución por parte de la máxima instancia judicial, al declararse incapaz de resolver el problema de forma inmediata. “Dentro de ese supuesto criterio de objetividad solo se evidencia indolencia e indiferencia. La CSJ no ha movido un dedo para gerenciar presupuestos y recursos”, sostiene el texto.

”Esto se debe aprobar en una convención y no a lo mbarete”, señaló Iván Airaldi, dirigente político de CDE, a Arriba Hoy de GEN/Universo970 AM.

El dirigente y precandidato a intendente de Ciudad del Este por el Partido Liberal Radical Auténtico, Iván Airaldi confirmó que a la fecha no han tenido ninguna respuesta al urgimiento que hicieron de convocar a elecciones municipales en su distrito, tras la destitución del exintendente Miguel Prieto.

Ante esta falta de respuesta por parte del titular del Directorio partidario Hugo Fleitas, y del Tribunal Electoral Independiente; la dirigencia liberal esteña anunció que presentarán una acción de amparo constitucional ante la máxima autoridad electoral que es el Tribunal Superior de Justicia Electoral.