Los medios de comunicación alia­dos del anterior presidente de la República, Mario Abdo Benítez, ignoran intencionalmente la his­tórica deuda que dejó esa administración al actual gobierno con las corporaciones via­leras, a razón de obras ejecutadas sin garan­tías reales de pago. Las rutas construidas de manera desordenada y sin previsibili­dad presupuestaria tenían un motivo pode­roso: comprar asfalto de la empresa que es propiedad del entonces jefe de Estado, cuyo patrimonio tuvo un sideral crecimiento, a la par que aumentaban los compromisos impagos con las constructoras. El respon­sable que actuó de intermediario en esa deshonesta práctica y, por tanto, cómplice de los procedimientos corruptos en perjui­cio del Estado y a favor de su jefe es el exmi­nistro de Obras Públicas y Comunicaciones Arnoldo Wiens, actual precandidato presi­dencial por el movimiento interno Colo­rado Añetete, del partido fundado por el general Bernardino Caballero.

El informe de la Contraloría General de la República sobre las deudas contraí­das durante su paso destructivo por el MOPC es bien explícito e irrefutable. Ade­más, cuando Wiens renunció como minis­tro y asumió en su reemplazo el ingeniero Rodolfo Segovia, este se comprometió a pagar la deuda que superaba los 300 millo­nes de dólares por obras que su antecesor “se encargó de licitar sin contar con finan­ciación”. Claramente, esto prueba la gra­vosa carga dejada por Wins a Segovia.

El entrecomillado corresponde a una información publicada por los diarios Abc y Última Hora el 16 de agosto de 2022. Luego, estos medios borraron de su memo­ria lo que ellos mismos habían denunciado. Es la vieja estrategia de olvidar el pasado de desmadres administrativos para car­gar en el presente toda la responsabilidad al gobierno de turno. Se apela a la repetida creencia de que –como mínimo– somos un pueblo sin memoria. De cretinos, diría un conocido intelectual del liberalismo paraguayo. Que una información nueva, aviesamente manipulada, puede enterrar la anterior. Menosprecian la capacidad del ciudadano de verificar los datos que actualmente están a la distancia de tan solo una tecla.

En plena campaña para los comicios inter­nos de la Asociación Nacional Republi­cana, que tendrán lugar en diciembre de 2027, el expastor evangélico sufre de una conveniente amnesia. Hace días reprochó al gobierno de Santiago Peña de no “hon­rar las deudas” del Estado con las empre­sas constructoras de rutas, pero oculta maliciosamente que el responsable de ese desequilibrio presupuestario es él mismo. Su cinismo solo es comparable con su des­medida ambición de poder, al cual pre­tende llegar sin considerar la licitud de los medios ni la honradez del discurso. Miente sabiendo que miente, lo que agrava la inmo­ralidad de sus intenciones. Tal vez sea hora de que lea el libro que él había escrito años atrás sobre la corrupción y los cristianos. Porque, como fariseo impenitente, está haciendo totalmente al revés de lo que pre­dicaba en dicha obra. Es bueno para dar consejos, pero no para cumplirlos. Condi­ción que desnuda lo que será su gobierno si, por desgracia para la República, llegara a sentarse en el Palacio de López. Cual Fausto de Goethe, es capaz de pactar con Mefistófeles para llegar a su objetivo. No es un hombre de fiar. Su deliberado intento de enrostrar a sus enemigos políticos los males que él había ocasionado solamente evidencia su comportamiento hipócrita, desleal y artero.

Arnoldo Wiens ya ha demostrado que es un mal administrador. Un administrador des­honesto que se pasó congraciándose con un patrón de turno. Sin ninguna muestra de autonomía ni solvencia moral. Es, por tanto, servil, rastrero y obsecuente. Solo es apto para recibir y cumplir órdenes. Porque las cumple a rajatabla, sin importar las nor­mas legales al ejecutarlas. Hoy trata de ins­talar en la conciencia de la gente –con bur­das patrañas– que los malos son los otros. Su falta de carácter le impidió oponerse a la destrucción del metrobús, hecho por el cual está enfrentado una denuncia penal del Ministerio Público. Y, para trabar o dilatar el proceso, tiene a su servicio a una gavilla de abogados chicaneros.

Se debería exigir una completa auditoría de la gestión de Arnoldo Wiens al frente del Ministerio de Obras Públicas y Comu­nicaciones y auditar la calidad de todas las obras realizadas en ese periodo, como la ruta 19 (Villeta-Alberdi-Pilar), que ya está destrozada a pocos años de su habilitación. Wiens no puede evadir su responsabili­dad en las graves irregularidades cometi­das durante el gobierno más corrupto del periodo democrático, a cargo de su patrón, Mario Abdo Benítez.

El pleno de la Cámara de Senadores aprobó un cuarto intermedio de la sesión ordinaria de este miércoles para desarrollar la sesión extraordinaria y tratar las modificaciones del proyecto de reforma de la Caja Fiscal, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.

Las argumentaciones y la presentación de los cambios está a cargo del presidente de la Comisión de Hacienda, el senador Silvio Ovelar, cuyas modificaciones se toman como texto base para el tratamiento en el pleno.

“Este es, sin lugar a dudas, uno de los proyectos más importantes que nos toca analizar y que puede definir el futuro y la sostenibilidad del Estado, y de uno de los grupos más importantes y numerosos de la Caja Fiscal, afecta a alrededor de 150.000 aportantes, distribuidos entre docentes universitarios, magisterio nacional, magistrados judiciales, policías y militares, y en el que claramente resalta la cantidad de maestros, que representa alrededor del 34 % de aportantes de la Caja Fiscal”, señaló en su presentación el legislador.

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El senador Ovelar expresó que “al debatir este tipo de proyectos es casi imposible llegar a un acuerdo total, debido a que se trata de intereses contrapuestos, por un lado el interés de los sectores afectados y por el otro del Estado en su carácter de administrador del fondo”.

El proyecto presentado por el Poder Ejecutivo y desarrollado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) “está basado en la sostenibilidad, la equidad y la suficiencia en el sentido de apuntar a una viabilidad financiera, condiciones de accesos justos y beneficios proporcionales al esfuerzo de cada trabajador, y al aseguramiento de que los beneficios previsionales permita una vida digna durante la vejez”, de acuerdo a la exposición del Senador Ovelar.

El ordenamiento del acceso a la jubilación estableciendo una edad mínima de acceso a sectores que hoy no la tienen, como son docentes universitarios, magisterio nacional, magistrados judiciales, policías y militares; además de las reglas de acceso gradual a la jubilación.

La alineación entre aporte y beneficio en un ajuste del aporte obrero patronal, que permitirá el sostenimiento de la Caja Fiscal en el tiempo con una cierta solvencia.

La corrección de inequidades históricas como la eliminación de la equiparación de policías y militares y una base de cálculo homogéneo promediando los últimos cinco años de aporte.

Reglas claras y previsibles con mecanismos uniformes de actualización de haberes en base al 25 % del salario mínimo al monto resultante de la actualización.

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Durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, la administración del IPS exoneró el pago de sumas millonarias a la empresa de su familia política. Los documentos sobre el cobro del Instituto de Previsión Social (IPS) a la empresa hotelera muestran una verdad irrefutable: la exoneración de multas e intereses millonarios por parte del ente, pese a litigios ganados. En la administración de Jorge Brítez la situación se revirtió y de G. 5.557 millones “arreglados” en la era Abdo se logró ingresar G. 9.391 millones a las arcas de la institución.

Los hechos son muy claros y hablan por sí solos, pese al redireccio­namiento de cuestionamientos que se quiere hacer del sonado caso del Consorcio Hotelero Sudamericano SA, propiedad de la familia política del expre­sidente de la República Mario Abdo Benítez, que arrastraba multimillonarias deudas con el Instituto de Previsión Social (IPS) en concepto de aporte obrero patronal.

Después de un largo litigio por el cobro de la mencionada deuda y pese a los juicios ganados para cobro de capital, intereses y multas, por una resolución de fecha 6 de diciembre de 2018, el entonces Consejo de Adminis­tración perdonó estas obligacio­nes a la empresa de la familia de la esposa de Abdo Benítez. Con esta decisión, el monto a perci­bir por la previsional se redujo a G. 5.557 millones, con facilida­des de pago en cómodas cuotas para la firma deudora que apro­vechó sus privilegios al punto de incumplir hasta lo acordado. La situación mencionada cambió en el 2024 cuando la Dirección Jurídica de la previsional veri­ficó el incumplimiento y exigió el pago correspondiente por medio de ejecución de cobro, logrando así el IPS cobrar en una primera instancia la suma de G. 7.500 millones y posterior­mente la suma de G. 1.891 millo­nes, sumando así un ingreso total de G. 9.391 millones a las arcas de la institución.

Se impulsó igualmente una causa penal por evasión, habiéndose verificado que se descontaba a los empleados, pero no se aportaba al IPS, pri­vando así el Consorcio, familia política de Abdo Benítez, a sus trabajadores de las prestacio­nes médicas y del derecho a la jubilación, pese a los descuentos que les realizaban en concepto de seguridad social.

Así, surgió un primer acuerdo con la empresa Consorcio Hotelero en 2018 con el com­promiso de cancelar la deuda a noviembre de ese año, pero esto iba atado a millonaria exone­ración de G. 5.224 millones, es decir, casi el 50 % de la deuda, incluso de obligaciones que ver­saban al año 2003. Por si fuera poco, desde noviembre del 2018 hasta el inicio de la ejecución en febrero de 2024, el Consorcio Hotelero no cumplió con nin­gún punto del acuerdo homolo­gado, pese a todos los beneficios. Con la actual administración se revirtió la concesión que le dieron en el gobierno ante­rior a la empresa de la familia política de Abdo Benítez y el IPS logró el cobro de G. 7.500 millones inicialmente y luego, en el primer semestre de 2025, se canceló el total adeudado a la fecha de pago, lo que llevó a que en menos de un año se cobre la suma de más de G. 9.391 millo­nes a favor de los asegurados. Es importante remarcar que, si es que se aceptaba el acuerdo ante­rior del 2018, IPS iba a tener G. 1.900 millones menos en recur­sos y deja en evidencia a quienes intentaron sacrificar los dere­chos de los asegurados con rega­lías que constituyen un saqueo a la previsional.

Además del pago de millonarias multas e intereses, el Consorcio fue obligado a pagar las costas del juicio, decisión judicial uti­lizada como revancha mediá­tica del abdismo y redireccionó el tema colocando en centro de escándalos al exdirector jurí­dico y su equipo. Los tiroteos mediáticos ignoran que el pro­pio Consorcio realizó propues­tas de pago, e incluso de dación en pago de inmuebles, que fue­ron rechazadas por no ser con­venientes a los intereses del IPS. La empresa tuvo que asu­mir lo que correspondía, el pago del capital que adeudaban con intereses. En la misma pro­puesta presentada, solicitaron el pago del 5% (mínimo legal) a los abogados, todo ello abo­nado y pagado por el Consorcio. Si el propio Consorcio moroso planteó este pago, conforme a las costas que veía venir y con­siderando todo el regateo a la previsional para esquivar deu­das históricas, ¿que presunción puede haber sobre su sorpresiva iniciativa de cubrir los gastos que conlleva cualquier juicio?

Los costos que recayeron en la parte perdidosa, ejecuta­dos conforme a propuesta de la misma en el marco de la Ley, se convirtió en gigantesca cam­paña mediática con medias verdades. La prensa sangra por la herida de la empresa de la familia política de Abdo Bení­tez antes que defender el interés de los asegurados e IPS.

La Cámara de Diputados incluyó en el orden del día de la sesión ordina­ria del próximo martes el pro­yecto de ley “Acuerdo entre el Gobierno de la República del Paraguay y el Gobierno de los Estados Unidos de América relativo al estatuto de las fuer­zas”, o acuerdo SOFA, que ya cuenta con la aprobación del Senado.

La mesa directiva de Diputa­dos se reunió la semana ante­rior con el encargado de nego­cios de la Embajada de los Estados Unidos, Robert Alter, quien realizó las explicaciones y respondió a las dudas sobre los alcances del acuerdo con los Estados Unidos y Para­guay, relativo al Estatuto de las Fuerzas (SOFA, por sus siglas en inglés).

Tras esta reunión, los diputa­dos acordaron tratar y aprobar el acuerdo de cooperación mili­tar. El documento fue suscrito el 15 de diciembre de 2025 en Washington entre Paraguay y Estados Unidos, que establece las condiciones bajo las cua­les el personal militar y civil estadounidense podrá operar temporalmente en territorio paraguayo.

Este acuerdo tiene como obje­tivo principal potenciar la lucha contra el crimen orga­nizado transnacional en Para­guay, permitiendo potenciar las fuerzas de combate a tra­vés de una cooperación tec­nológica, de capacitación y recursos. El tratado establece de manera clara y precisa las condiciones jurídicas aplica­bles al personal militar y civil de los Estados que participe en territorio paraguayo en acti­vidades de cooperación, previamente acordadas a través de las autoridades de Defensa Nacional.

También se estable­cen los términos en que estas personas podrán abarcar el entrenamiento conjunto de las fuerzas de seguridad, la asistencia militar, el fortale­cimiento de las capacidades de defensa nacional y otras acciones mutuamente con­sensuadas, siempre en bene­ficio directo de la seguridad y el bienestar de la ciudadanía paraguaya.