El ataque fue durante protestas contra el gobierno de Mario Abdo Benítez, en marzo de 2021.

La Sala Penal de la Corte declaró inadmisible el recurso extraordinario de casación presentado por una de las defensas de los acusa­dos y ratificó la resolución de la Cámara de Apelación, que ordenó un nuevo juicio oral y público para tres procesa­dos por la quema de parte de la sede de la ANR.

Esta causa, conocida como “quema de Colorado Róga”, ocurrió en medio de las protestas contra el gobierno del entonces pre­sidente Mario Abdo Bení­tez en marzo de 2021.

Los ministros votaron por la inadmisibilidad de la casación planteada por la defensa del acusado Pedro Areco, argumentando que no cumple con los requisi­tos establecidos en el Código de Procedimientos Penales, al no ser su objeto una reso­lución que ponga fin al pro­ceso.

Días atrás, el Tribunal de Sentencia pospuso el inicio del nuevo juicio oral para los cuatro acusados a fin de esperar la resolución de la Corte y así llevar adelante el juzgamiento de Pedro Areco, Enrique Agüero, Arnaldo Martínez y Vivian Genes.

Ahora, la presidenta del Tri­bunal de Sentencia, Lourdes Garcete, deberá informar a las partes el día y la hora del inicio de la audiencia oral.

El ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera, acudió este martes ante la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado, presidida por Silvio “Beto” Ovelar. Lo hizo con el fin de exponer los planes de acción que impulsará su cartera en este segundo tiempo del mandato del presidente Santiago Peña, para saldar las millonarias deudas acumuladas con las proveedoras del Estado.

“La ley de responsabilidad fiscal lo que ha permitido en este proceso es dar credibilidad a las finanzas públicas y eso se traduce en resultados que son visibles, como los (dos) grados de inversión. Acá lo que tenemos que ser es responsables en administrar y gestionar las deudas que tenemos”, dijo a los medios de comunicación.

Las afirmaciones de Lovera surgieron al ser consultado sobre el proyecto de ley impulsado desde Diputados, el cual plantea elevar el déficit fiscal del 1, 5 % al 2,5 % del Producto Interno Bruto (PIB). “No es una iniciativa del Ejecutivo, no fuimos consultados y evidentemente no acompañamos ese proyecto“, sentenció.

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El proyecto para flexibilizar el déficit fiscal según la exposición de motivos responde a una desaceleración en los ingresos tributarios, evidenciada en el primer trimestre del año, lo que ha reducido el margen financiero del gobierno. Se detalla que será “transitorio, acotado y necesario” para evitar la acumulación de pasivos y sostener la actividad económica.

“Lo que hacemos ahora es discutir con los sectores afectados, el pasado sábado nos reunimos con las vialeras y esta semana nos reuniremos con las farmacéuticas, se está agotando todas las herramientas posibles para poder llegar a acuerdos de pagos, que nos permitan no afectar de manera significativa la expectativa de resultados que tenemos en el corto y mediano plazo”, comentó Lovera.

El alto funcionario de Estado acotó: “Estamos trabajando en un plan de pagos para este año, en base al flujo que esperamos de los ingresos, tuvimos un incremento en el mes de marzo y tenemos una perspectiva positiva para este mes“.

Detalló que mantenerse dicha perspectiva positiva, se tendrá la posibilidad de pagar montos superiores a los inicialmente acordados que eran de 40 millones de dólares mensuales provenientes del Presupuesto General.

A inicios de marzo, las deudas con el sector de las farmacéuticas superaban los USD 700 millones, mientras que con las constructoras el monto era de USD 360 millones. “Estamos viendo la forma de ir cancelando las deudas de tal manera a no realizar una carga inmediata de ese requerimiento en este ejercicio fiscal 2026 (elevar tope). Vamos a seguir revisando que gastos en el sector público podemos o debemos priorizar“, manifestó.

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El encargado de Negocios de los Estados Unidos, Robert Alter, acudió este lunes al Congreso Nacional con el fin de solicitar una mayor cooperación en materia legislativa en la lucha contra el crimen organizado transnacional y el terrorismo para consolidar la seguridad hemisférica.

“Con Paraguay compartimos valores democráticos e intereses nacionales; se está fortaleciendo y llevando a cabo entre los dos países todo un horizonte de alianza estratégica en materia de seguridad y oportunidades económicas para los dos pueblos”, comentó a los medios de comunicación.

Las afirmaciones de Alter surgen tras mantener un encuentro con el senador opositor Eduardo Nakayama, con quien dialogó en torno a los beneficios que otorgará a Paraguay el acuerdo de Estatuto de las Fuerzas (SOFA).

“Conversamos sobre la importancia del acuerdo y el marco jurídico que nos da para fortalecer la colaboración en seguridad entre los dos países. Acá la intención es hacer más y mejor. Tenemos una excelente colaboración entre las fuerzas de seguridad de ambos países y el acuerdo SOFA nos da un marco jurídico para facilitar la llegada de las capacitaciones, ejercicios conjuntos para que las fuerzas de ambos países tengan niveles de profesionalismo fuertes y efectivo”, refirió.

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El acuerdo fue promulgado el pasado 11 de marzo por el presidente de la República, Santiago Peña. “La intención es fortalecer a ambos países para defender sus soberanías. El acuerdo habla de inmunidades, no impunidades, existe una gran diferencia entre las dos cosas”, refirió Alter.

Por su parte, Nakayama detalló que “hablamos sobre la seguridad hemisférica y uno de los principales flagelos que tenemos como América Latina es el crimen organizado y el terrorismo. Hablamos también sobre la ciberseguridad, ya que existen ataques constantes, avanzados y difíciles de evitar que requieren de mejores capacidades. El convenio SOFA permitirá tener una mayor flexibilidad y movilidad a la hora de responder a las amenazas que se tienen”.

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El Ministerio Público presentó un urgimiento a la Cámara de Apelación para que resuelva la recusación contra el juez Humberto Otazú, que fue planteada por la defensa del exministro de Obras Públicas de Mario Abdo Benítez, Arnoldo Wiens, en la causa en la que es investigado por supuesta lesión de confianza.

El presente caso está sin magistrado hace dos meses por la falta de determinación de los integrantes del Tribunal de Apelación de Delitos Económicos, segunda sala.

Los fiscales Yeimy Adle, Giovanni Grisetti y Nathalia Silva señalaron que en la misma fecha en que presentaron la recusación contra el citado magistrado, los representantes de legales de Wiens también plantearon un recurso de reposición con apelación en subsidio en contra de la admisión de la imputación, que hasta la fecha está pendiente.

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El juez Otazú había admitido la imputación presen­tada contra el exministro de Obras Públicas por el pre­sunto delito de lesión de con­fianza. Wiens es investigado por un presunto perjuicio patrimonial de más de G. 14.955 millones a las obras del Metrobus.

Según la imputación, no cum­plió con lo recomendado por la Procuraduría General de la República, que indicó que se debía realizar un informe técnico previo a la demolición de las obras, que costaron al Estado G. 6.924.624.006.

Esta construcción consistía en estaciones del tramo 3 del corredor central del Bus de Tránsito Rápido (BTR) sobre la ruta PY02 Mariscal Esti­garribia, entre San Lorenzo y Fernando de la Mora. Las estructuras fueron demoli­das durante su administra­ción.

Se menciona además que pagó G. 8.030.693.029 para la rehabilitación del tránsito en la zona afectada, gasto que no estaba previsto.

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