El presidente del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, anunció este martes que se encuentra trabajando junto con otros colegas en la elaboración de un anteproyecto de ley que plantea el control y la regulación de la Inteligencia Artificial (IA).

“Terminaremos esta semana la propuesta, es importante destacar que países como Estados Unidos, China, Canadá y los que integran la Unión Europea han establecido leyes para la regulación y control de la inteligencia artificial. También estuve indagando que un proyecto similar en Brasil ya cuenta con media sanción de Diputados, entonces nosotros no podemos quedarnos atrás”, indicó a los medios de comunicación.

Núñez detalló que se ocuparán de velar para que la iniciativa reúna y preserve principios como la privacidad, responsabilidad, seguridad, transparencia, control humano de la tecnología, responsabilidad profesional y respeto a los valores humanos.

“Una ley de inteligencia artificial para el Paraguay, será trascendental, teniendo en cuenta que meses atrás tuvimos denuncias por espionaje. Sabemos también que mediante la inteligencia artificial hasta una entrevista, la voz puede ser modificada, entonces urge una normativa”, comentó.

Leé también: Gobierno alcanza récord histórico en entrega de muebles escolares con apoyo de Itaipú

El senador reiteró que se necesitan reglas básicas para la utilización de esta herramienta. “Debe existir una utilización responsable”, puntualizó.

Actualmente, se ha profundizado también el debate sobre la regulación de esta tecnología que brinda varios beneficios, pero a la vez su utilización presenta varios riesgos.

A finales del año 2023, los senadores opositores Yolanda Paredes y José Oviedo ya habían planteado impulsar una iniciativa que legisle el uso de la inteligencia artificial. En esa ocasión se concretó audiencias públicas con expertos en la materia, sin embargo, no se concretó mayores avances.

Te puede interesar: La escuela no es el motivo para el cambio de una ley, explicó el ministro Luis Ramírez

El contralor general de la República, Camilo Benítez, acudió este martes ante el Senado con la finalidad de profundizar sobre el informe emitido por su institución en torno a la ejecución del programa Hambre Cero en las escuelas. Durante la ocasión requirió al Congreso Nacional mayor presupuesto para garantizar los procesos de fiscalización.

“Que alguien te esté permanentemente vigilando hace que uno tenga la obligación mayor de comportarse de manera más decorosa. Nosotros estamos destinando mucho dinero en viáticos para hacer estos recorridos en el interior del país. Le ruego que nos siga apoyando desde el Congreso con la aprobación de recursos, la idea que tengo yo es que las fiscalizaciones se hagan todo el día del año escolar in situ de manera sorpresiva y aleatoria, solo que nuestro presupuesto ejecutado nos alcanza para unos meses más, después probablemente vamos a tener que solicitar una ampliación”, indicó.

El titular de la Contraloría fue convocado ante la Comisión de Cuentas y Control de la Cámara Alta, tras exponer la existencia de algunas irregularidades en un informe de monitoreo al programa Hambre Cero. El documento fue elaborado luego de realizar una fiscalización a un total de 350 escuelas.

“Este es el primer corte del año que realizamos, hemos encontrado aspectos tanto positivos y negativos. Entre los puntos positivos, vemos una mayor asistencia escolar, una satisfacción generalizada de la sociedad en cuanto a la política de distribución de la alimentación escolar, vemos mucho contento en toda la región especialmente en el interior del país”, dijo.

Leé también: Peña se reunió con secretario de la ONU y ratificó su compromiso con la defensa de la paz

En cuanto a las observaciones negativas, Benítez detalló que el punto central sigue siendo la falta de infraestructuras. “Existe una enorme falta de infraestructura, la mayoría de las escuelas no tienen comedores, vemos falta de utensilios, platos y cubiertos, esto se tiene que corregir inmediatamente”, puntualizó.

Benítez agregó que otra deficiencia es el faltante de alimentos, esto debido a la desactualización del Registro Único del Estudiante (RUE). Igualmente requirió el correcto funcionamiento del Sistema Integrado de Alimentación Escolar.

“Si es que esto funciona nos ayudará mucho a nosotros porque obliga a los directores de todos los colegios a que carguen la información completa día a día sobre la cantidad de niños que consumieron los alimentos y la calidad del servicio, pero esto no está funcionando”, comentó.

Señaló también otro aspecto negativo se centra en la existencia de empresas que no proporcionan a tiempo sus insumos para la preparación del almuerzo escolar. “Esto amerita una sanción, no queremos que esto se normalice”, sentenció.

Te puede interesar: Titular de la SEN se reunirá con autoridades del Chaco para coordinar uso de G. 15.000 millones

El titular del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, confirmó que el próximo lunes 28 de abril mantendrá un encuentro con los familiares del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes Batista. La reunión fue requerida por el abogado Óscar Tuma.

“Yo no estoy cerrado para recibir a la viuda, a la hija y a otros familiares de Gomes. Nosotros tenemos una política de puertas abiertas en el Congreso Nacional y también desde la presidencia del Senado”, indicó Núñez a los medios de comunicación.

El encuentro está fijado para las 9:00. Tuma indicó que el requerimiento surge con la finalidad de informar sobre “el irregular apoderamiento de bienes del legislador fallecido por parte de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados, sin orden judicial de comiso ni procedimiento legal alguno”.

Asimismo, a través de sus redes sociales oficiales, el abogado mencionó que “la familia de Lalo Gomes exige el respeto a los derechos de sucesión y al debido proceso”.

Leé también: Nuevo Liberalismo apela fallo del TSJE que impide avance de internas

Gomes Batista falleció en la madrugada del lunes 19 de agosto del 2024 durante un allanamiento en su vivienda en el marco del operativo Pavo Real II. El procedimiento estuvo a cargo de agentes de la Unidad de Inteligencia Sensible (SIU) de la Policía, de la Fuerza de Operaciones Policiales Especiales (FOPE) y fiscales.

El parlamentario, su hijo Alexandre Rodrigues Gomes, Óscar Daniel Cabreira Pinazo y otros fueron imputados por supuestos vínculos con el lavado de activos provenientes del narcotráfico y asociación criminal.

La imputación fiscal sostiene que tanto Eulalio Gomes y su descendiente habrían brindado auxilio económico a la red del narcotraficante brasileño Jarvis Chimenes Pavão a través de una aparente simulación de compra de una de sus estancias.

Te puede interesar: Adiós al papa: “Le transmitimos en oración el cariño que siempre le tendrá el Paraguay”

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó la recu­sación contra el fiscal gene­ral del Estado (FGE), Emi­liano Rolón, planteada por la defensa de los exminis­tros del gobierno de Mario Abdo Benítez, sindicados de cometer terrorismo de Estado y persecución polí­tica mediante la instrumen­talización de las instituciones públicas como la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).

Mediante las chicanas impul­sadas apuntaban a bastar­dear la causa penal con la finalidad de buscar impuni­dad. Los abogados sostuvie­ron en sus recusaciones que el titular del Ministerio Público ha demostrado un actuar ses­gado, adoptando posiciones que favorecen a una de las partes y su actuación en la conformación de equipos de trabajo.

Mientras que la Sala Penal de la máxima instancia judi­cial, conformada por César Diesel, Gustavo Santander Dans, Manuel Ramírez Can­dia, entiende que los argu­mentos esgrimidos por los letrados no constituyen moti­vos válidos para separar de la causa a Rolón.

Mediante esta decisión, Rolón podrá analizar la recu­sación pendiente impulsada también por los abogados abdistas contra la fiscala adjunta Matilde Moreno, que a su vez debe estudiar otras recusaciones contra los fis­cales inferiores. Cabe recor­dar que la audiencia prelimi­nar para los procesados sigue pendiente.

Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Car­men Pereira, Daniel Alberto Farías, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene fueron acusados por el Ministerio Público por los hechos punibles de revelación de secretos de servicio, reve­lación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, induc­ción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho puni­ble, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.

Mientras que Abdo Benítez y el diputado Mauricio Espí­nola poseen fueros. La causa judicial surgió tras la denuncia formal por persecución polí­tica de la cual fue víctima el expresidente de la República, Horacio Cartes, desde el año 2018, y que se acentuó en el marco de los comicios inter­nos del Partido Colorado en el año 2022 y en las elecciones generales del año 2023.