El presidente del Congreso, Óscar Salomón, es cuestionado por el aumento salarial de G. 12.000 millones para funcionarios de la Cámara de Senadores, a lo que debe sumarse la reciente adjudicación de G. 39.000 millones de la licitación del software para cambiar básicamente el sistema de votación de los senadores y dejar de utilizar las tarjetas roja, amarilla y verde. La licitación fue cancelada por incidentes, en diciembre pasado, y finalmente ayer la aprobaron.

Equipar una cama de la unidad de terapia intensiva (UTI) cuesta unos US$ 45.000. Salomón logró que el día de ayer la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) autorice la adjudicación de unos G. 39.000 millones a la empresa Gallery SA. Este monto en dólares, equivale a unos US$ 5.900.000, a una tasa de cambio de G. 7000. Realizando los cálculos con estos US$ 5 millones se podrían equipar 131 camas de UTI para luchar contra el COVID-19.

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El hecho trascendió a conocimiento público, ya que Contrataciones Públicas había rechazado y recomendado la suspensión de la licitación. Llamativamente, fue suspendido por el propio Óscar Salomón en diciembre del año pasado. Posteriormente, el 5 de febrero, la DNCP emitió el dictamen de rechazo a la protesta promovida por una de las empresas participantes de dicha licitación.

La adjudicación fue realizada en diciembre del año pasado a la empresa Gallery SRL, en plena crisis sanitaria y económica por el COVID-19, por un valor de G. 3.891.204.641 para la realización de las sesiones virtuales en la Cámara Alta. De acuerdo con la página de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), a cargo de Pablo Seitz, fue beneficiada la empresa Gallery SRL. Esta última ganó a pesar de haber presentado la propuesta más cara.

En diciembre pasado, el senador del Partido Hagamos, Gilberto “Tony” Apuril salió al paso de las declaraciones de Óscar Salomón al aclarar que su participación en la licitación y adjudicación para la compra del sistema informático para las sesiones virtuales, registro de quórum y votación, fue solo una asesoría técnica para la recomendación de las necesidades que debe cubrir el sistema informático.

Apuril afirma que no fue partícipe en la elección de la compra en particular. Insistió que sus recomendaciones fueron netamente técnicas y no cree que existan amaños en la licitación y adjudicación.

En su momento, Salomón se deslindó de la responsabilidad sobre la sospechosa adjudicación de G. 3.900 millones a una empresa para la compra de equipos en plena pandemia del COVID-19. Dijo que él firmó el documento con la recomendación de Apuril y del encargado del sistema, Ricardo Onieva. En diciembre, explicó también que desconocía la recomendación de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

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