Diputado asegura que el juicio político es un clamor ciudadano y responsabiliza a Mazzoleni
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El diputado Jorge Brítez manifestó que sus colegas en la Cámara Baja no pueden ignorar el clamor de la ciudadanía respecto al pedido de juicio político contra el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y el vicepresidente Hugo Velázquez.
El legislador apuntó contra el exministro de Salud Pública Julio Mazzoleni argumentando que fue el gran responsable de la situación no solo sanitaria, sino política.
“Yo me mantengo a favor del juicio político a los dos. Ellos supuestamente se concentraron en que iban a dar prioridad a la salud, al final no pusieron ni lo uno, tampoco lo otro. No priorizaron la salud, la economía y al final nos quedamos sin el pan y sin la torta. Acá no se puede ignorar el clamor popular, al final la gente que debía ser dotada de insumos y medicamentos por el tema del COVID, ellos sin trabajo, sin sustento deben vender lo poco que tienen para llevarle medicamentos a sus familiares”, manifestó.
La presentación del libelo acusatorio contra Abdo y Velázquez se realizará mañana en la Cámara de Diputados. Foto: Archivo.
Por otra parte, el parlamentario manifestó que tiene un gran afecto hacia el jefe de Estado, pero lamentó que el colorado no haya dado respuestas a los requerimientos de la ciudadanía en materia sanitaria y económica.
“Esto explotó en el Ineram, en el IPS y en distintas ciudades. Yo tengo un cariño por Mario Abdo Benítez y me apena todo lo que le está ocurriendo, yo siento mucho, él se aisló del pueblo y le responsabilizo a Mazzoleni, que le metió en una burbuja al presidente”, mencionó en comunicación con la radio 1.020 AM.
La bancada del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) de la Cámara Baja presentó ayer el libelo acusatorio para el juicio político a Abdo Benítez y Velázquez, por la crisis social, económica y sanitaria que se vive a raíz de la pandemia. El escrito será presentado mañana ante el pleno de la Cámara de Diputados, teniendo como eje principal la denuncia de mal desempeño de funciones.
Chantaje de transportistas “no puede quedar como si nada”, afirma diputado
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A pesar del acuerdo al que llegó el Gobierno con un sector de transportistas, el Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam), el diputado Alejandro Aguilera sostiene que ya no se debe tolerar este tipo de chantaje. El legislador lamentó que esta presión, iniciada ayer sábado tuvo como consecuencia la falta de un servicio básico para la ciudadanía.
“Valoro que el Gobierno haya acordado con los transportistas para levantar la medida y normalizar el servicio, ya que la ciudadanía tampoco podía seguir soportando las consecuencias de las reguladas. Pero lo que ocurrió este fin de semana no puede pasar como si nada, miles de paraguayos fueron perjudicados, tuvieron dificultades para ir a trabajar, estudiar, cumplir con sus actividades diarias y eso no puede volver a pasar”, expresó en nota para La Nación/Nación Media.
Para el diputado, “el Estado no puede mostrarse débil a este tipo de presiones, estamos hablando de un servicio esencial, donde además existen subsidios públicos, lo que implica que estos transportistas no pueden estar sometiéndole a la población a estos chantajes”.
En este sentido, Aguilera sostiene que se debe aplicar medidas administrativas a sectores que pretendan chantajear al Gobierno. “Así como se alcanzó el acuerdo también es fundamental que el Gobierno actúe con firmeza, que establezca controles a sus itinerarios si cumplen o no cumplen y también, si vuelven a hacer esto yo creo que hay que abrirles un sumario administrativo a estas empresas y que inclusive sean pasibles de que se les quite su itinerario”, afirmó.
Finalmente, el diputado ratificó que estos sectores ya “no pueden estar sometiéndonos eternamente a un chantaje más todavía cuando se trata de un servicio público tan importante”.
Latorre fustiga a transportistas por castigar a la ciudadanía
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El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, fustigó la medida adoptada por el sector transportista que deja sin servicio a los usuarios, en plena Semana Santa. El congresista pidió a los empresarios dejar de castigar a la ciudadanía.
“Dejar a la gente sin transporte no es la manera de solucionar los conflictos”, cuestionó el parlamentario a través de una publicación en X”.
Lamentó que una vez más la ciudadanía esté sufriendo las consecuencias de un paro de transporte.
“No más huelgas de transporte, el bienestar de las familias paraguayas debe ser el fin de todas nuestras acciones, dejen de usarlas como rehenes para sus objetivos”, cuestionó en alusión a la medida adoptada por el Centro de Empresarios del Transporte de Pasajeros del Area Metropolitana (Cetrapam).
César Ruiz Díaz, presidente de Cetrapam, argumentó la falta de pago del subsidio estatal y el escaso stock de combustible que supuestamente inciden en la suspensión del servicio.
El transportista mencionó que el Gobierno ofreció pagar 3,6 millones de dólares como compensación, pero que esta cifra no corresponde y fue rechazada previamente tanto por el Consejo Asesor de Tarifas como por el Ministerio de Economía.
Por su parte, el Gobierno analiza coordinar acciones de contingencia ante el paro de buses que seguirá hasta el lunes.
La medida contempla el despliegue de buses con servicio gratuito para los usuarios, a fin de sostener la cobertura en los principales corredores, conforme se anunció desde el Viceministerio de Transporte.
Diputado destaca los avances contra la pobreza y pide consolidar resultados
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El diputado colorado Carlos Núñez Salinas destacó que Paraguay está logrando avances reales en la reducción de la pobreza. No obstante, indicó que ahora toca consolidarlos para que estos resultados no sean temporales, sino el inicio de un cambio duradero y definitivo para el país.
En comunicación con La Nación/Nación Media, el legislador, que se encuentra en la fecha por Panamá participando de la asamblea de Parlatino, celebró el avance alcanzado por el gobierno de Santiago Peña, resaltando que ha sido el fruto de políticas públicas concretas e instó a proteger y profundizar con reformas estructurales que permitan a las familias salir de la pobreza de manera definitiva.
“El desafío es transformar la asistencia en autonomía económica; hacerlo garantizará que estos resultados no sean temporales, sino el inicio de un cambio duradero para el Paraguay”, expresó. “Es un logro que merece reconocimiento: transferencias y políticas focalizadas han protegido a miles de familias en un contexto internacional complejo”.
El legislador colorado se refirió a los datos publicado este viernes, por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en la cual muestran una mejora concreta: la pobreza ha disminuido y, que, según el Gobierno, más de 239.000 personas no habrían caído en pobreza gracias a programas como Tekoporã y Hambre Cero.
No obstante, reconoció que se debe ser realistas, ya que cerca de 985.000 compatriotas aún siguen en situación de pobreza y 147.000 en pobreza extrema. Explicó que la dependencia de transferencias sociales deja avances sensibles, pero potencialmente frágiles frente a presiones fiscales y choques externos.
“Por eso la prioridad ahora debe ser convertir ese alivio inmediato en oportunidades sostenibles: más empleo formal, capacitación vinculada a demanda productiva, mayor acceso a educación y salud de calidad, y políticas que fomenten inversión y resiliencia ante crisis climáticas y externas”, concluyó.
Giuzzio suprimió controles pese a alertas de acción narco en puertos
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Los informes de la Unidad de Investigación Sensitiva (SIU) concernientes al operativo A Ultranza Py revelan datos que expone una suerte de complicidad que compromete seriamente al gobierno de Mario Abdo Benítez en torno a cómo operaba la estructura criminal liderada por Sebastián Marset. Las autoridades tenían los reportes precisos, la ruta, las pistas, los centros de acopio, hasta una alerta de bloques de criminales conformados por empresarios asociados al uruguayo preso hoy en Estados Unidos para envío de cocaína. Pero Arnaldo Giuzzio, entonces titular de la Senad, antes que reforzar los controles cerró las bases de la Dirección de Investigación Aérea Fluvial y Terrestre (DIAFT), la entidad que reportó estos datos.
El mismo informe de inteligencia de la Unidad de Investigación Sensitiva (SIU) que inició en noviembre del 2019, hace referencia a los datos que se habían recabado con el operativo de ARAI II, iniciado en mayo del 2018 y que en ese momento ya había alertado al esquema criminal liderado por Sebastián Marset, dedicado al tráfico internacional de drogas que ingresaban a nuestro territorio vía aérea desde Bolivia y eran enviadas en contenedores desde los puertos.
Es por eso que, las primeras páginas del reporte de SIU de A Ultranza Py menciona que ya tenían identificadas a cada una de las personas involucradas en la estructura de Marset, incluso la alianza con otras organizaciones delictivas, las rutas, las pistas, las estancias, los centros de acopios y hasta los bloques que operaban en los puertos desde donde salían las cargas contaminadas.
En este informe se detalla cómo operaba la organización que encabezaba Marset
LA COOPERACIÓN CON MARSET
Araí II ya había interceptado comunicaciones, ejecutado vigilancias de inteligencia, seguimientos, identificación de las pistas y ahí proviene la base de datos que fueron ampliados para la gran operación A Ultranza Py. Este hilo no es solamente una cronología de los hechos considerando la frustración como la injerencia que sufrieron las investigaciones en una abierta cooperación del gobierno de Mario Abdo Benítez, principalmente a través de su ex ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Arnaldo Giuzzio.
Claramente el informe SIU de A Ultranza Py especifica su hipótesis con los datos preliminares de ARAI II. Y aquí aparece el elemento clave de cómo obró el gobierno de Abdo en favor de la estructura criminal de Marset y sus aliados. ARAI II es un trabajo de inteligencia que proviene de la Dirección de Investigación Área Fluvial y Terrestre (DIAFT) que, Giuzzio cerró en mayo del 2020, precisamente después de que esta unidad reportara el circuito del ilícito de la organización Marset.
El informe de SIU A Ultranza Py, claramente hace la observación proveniente de ARA II a cargo de la DIAFT en la que se identifica a la organización de Marset, la de sus aliados, las ubicaciones de las pistas, los depósitos y la logística en el Chaco, la ruta que sigue el tránsito de la mercancía para ser acopiada en grandes centros de distribución en el departamento Central y un dato clave en la exportación de cocaína desde Paraguay.
Desde Senad se advertían de las conductas delictivas asociadas al tráfico internacional de drogas
Textualmente, en la página 17 de las 503 del informe SIU en el marco del operativo ARAI II elaborado por la DIAFT señala, “la etapa de exportación de la droga, en la que estaría interviniendo otro bloque criminal conformado por grupos de empresarios dedicados al comercio internacional, quienes haciendo uso de su logística empresarial y asociados al esquema criminal de Sebastián Marset Cabrera, organizan envíos de mercaderías ilícitas de exportación por medio de contenedores, entre las cuales se trafican grandes cargamentos de clorhidrato de cocaína empleando distintos métodos de ocultamiento. Estas exportaciones de sustancias ilícitas parten desde puertos ubicados en la República del Paraguay y transitan a través de las rutas fluviales y marítimas internacionales, desde Sudamérica hasta otros continentes del hemisferio”.
DIAFT alertó de la alianza de grupos empresariales con Marset y Giuzzio cerró esta unidad de inteligencia, retiró de los puertos a los agentes de investigación. Giuzzio no solamente desmanteló las bases de inteligencia de la Senad en los puertos privados sino, a juzgar por las toneladas de cocaína que salieron de Paraguay hacia Europa entre el 2020 y el 2022, puede deducirse que cooperó con el narco exportación de la estructura Marset y que todavía es un capítulo pendiente de las investigaciones concernientes a la logística delictiva desarrollada en nuestro país durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.