Tras dos días de huelga nacional, docentes anunciaron que desde este jueves retomarán las clases y que recién la semana que viene volverán a las calles cuando trate de nuevo la reforma de Caja Fiscal por los Diputados. Este miércoles, la Cámara de Senadores aprobó con modificaciones el proyecto de ley.

Según Gabriel Espínola, representante de la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay - Auténtica (OTEP-A), la manifestación fue hasta hoy miércoles y como la Cámara de Diputados confirmó que no sesionarán este jueves volverán a clases.

“La movilización fue declarada por dos días y culminó hoy. Mañana jueves volvemos a la actividad normal en las instituciones educativas de la República”, confirmó Espínola, en entrevista con la 1080 AM.

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Afirmó que se tiene previsto volver a las manifestaciones el próximo martes, 17 de marzo, día en se tiene prevista la sesión de los Diputados para tratar la ley que plantea la reforma de la Caja fiscal. Esta ya contaba con media sanción en la Cámara Baja para la considerar las modificaciones.

“Vamos a retomar las movilizaciones el próximo martes teniendo en cuenta que ese día sesiona la Cámara de Diputados. Vemos una incidencia con las manifestaciones de manera favorable. Veremos que decisión vamos a tomar con relación al aumento del 19 % en el aporte jubilatorio ya que es perjudicial”, puntualizó.

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Durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, la administración del IPS exoneró el pago de sumas millonarias a la empresa de su familia política. Los documentos sobre el cobro del Instituto de Previsión Social (IPS) a la empresa hotelera muestran una verdad irrefutable: la exoneración de multas e intereses millonarios por parte del ente, pese a litigios ganados. En la administración de Jorge Brítez la situación se revirtió y de G. 5.557 millones “arreglados” en la era Abdo se logró ingresar G. 9.391 millones a las arcas de la institución.

Los hechos son muy claros y hablan por sí solos, pese al redireccio­namiento de cuestionamientos que se quiere hacer del sonado caso del Consorcio Hotelero Sudamericano SA, propiedad de la familia política del expre­sidente de la República Mario Abdo Benítez, que arrastraba multimillonarias deudas con el Instituto de Previsión Social (IPS) en concepto de aporte obrero patronal.

Después de un largo litigio por el cobro de la mencionada deuda y pese a los juicios ganados para cobro de capital, intereses y multas, por una resolución de fecha 6 de diciembre de 2018, el entonces Consejo de Adminis­tración perdonó estas obligacio­nes a la empresa de la familia de la esposa de Abdo Benítez. Con esta decisión, el monto a perci­bir por la previsional se redujo a G. 5.557 millones, con facilida­des de pago en cómodas cuotas para la firma deudora que apro­vechó sus privilegios al punto de incumplir hasta lo acordado. La situación mencionada cambió en el 2024 cuando la Dirección Jurídica de la previsional veri­ficó el incumplimiento y exigió el pago correspondiente por medio de ejecución de cobro, logrando así el IPS cobrar en una primera instancia la suma de G. 7.500 millones y posterior­mente la suma de G. 1.891 millo­nes, sumando así un ingreso total de G. 9.391 millones a las arcas de la institución.

Se impulsó igualmente una causa penal por evasión, habiéndose verificado que se descontaba a los empleados, pero no se aportaba al IPS, pri­vando así el Consorcio, familia política de Abdo Benítez, a sus trabajadores de las prestacio­nes médicas y del derecho a la jubilación, pese a los descuentos que les realizaban en concepto de seguridad social.

Así, surgió un primer acuerdo con la empresa Consorcio Hotelero en 2018 con el com­promiso de cancelar la deuda a noviembre de ese año, pero esto iba atado a millonaria exone­ración de G. 5.224 millones, es decir, casi el 50 % de la deuda, incluso de obligaciones que ver­saban al año 2003. Por si fuera poco, desde noviembre del 2018 hasta el inicio de la ejecución en febrero de 2024, el Consorcio Hotelero no cumplió con nin­gún punto del acuerdo homolo­gado, pese a todos los beneficios. Con la actual administración se revirtió la concesión que le dieron en el gobierno ante­rior a la empresa de la familia política de Abdo Benítez y el IPS logró el cobro de G. 7.500 millones inicialmente y luego, en el primer semestre de 2025, se canceló el total adeudado a la fecha de pago, lo que llevó a que en menos de un año se cobre la suma de más de G. 9.391 millo­nes a favor de los asegurados. Es importante remarcar que, si es que se aceptaba el acuerdo ante­rior del 2018, IPS iba a tener G. 1.900 millones menos en recur­sos y deja en evidencia a quienes intentaron sacrificar los dere­chos de los asegurados con rega­lías que constituyen un saqueo a la previsional.

Además del pago de millonarias multas e intereses, el Consorcio fue obligado a pagar las costas del juicio, decisión judicial uti­lizada como revancha mediá­tica del abdismo y redireccionó el tema colocando en centro de escándalos al exdirector jurí­dico y su equipo. Los tiroteos mediáticos ignoran que el pro­pio Consorcio realizó propues­tas de pago, e incluso de dación en pago de inmuebles, que fue­ron rechazadas por no ser con­venientes a los intereses del IPS. La empresa tuvo que asu­mir lo que correspondía, el pago del capital que adeudaban con intereses. En la misma pro­puesta presentada, solicitaron el pago del 5% (mínimo legal) a los abogados, todo ello abo­nado y pagado por el Consorcio. Si el propio Consorcio moroso planteó este pago, conforme a las costas que veía venir y con­siderando todo el regateo a la previsional para esquivar deu­das históricas, ¿que presunción puede haber sobre su sorpresiva iniciativa de cubrir los gastos que conlleva cualquier juicio?

Los costos que recayeron en la parte perdidosa, ejecuta­dos conforme a propuesta de la misma en el marco de la Ley, se convirtió en gigantesca cam­paña mediática con medias verdades. La prensa sangra por la herida de la empresa de la familia política de Abdo Bení­tez antes que defender el interés de los asegurados e IPS.

El expresidente de la República y actual titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes, reanudó sus actividades partidarias tras haber recibido el alta médica el pasado 2 de marzo. El exmandatario había padecido una crisis hipertensiva que motivó a que sea internado de urgencias en un sanatorio de Asunción.

“Hoy en mi residencia tuve una reunión de trabajo con el presidente de la República, Santiago Peña, y el vicepresidente Pedro Alliana. Dos grandes compañeros de camino. Estoy seguro que seguiremos dando mucho por el país”, manifestó el líder de los colorados a través de sus redes sociales oficiales.

Del encuentro participaron el senador y médico de cabecera del exmandatario, Antonio Barrios; el asesor político de la presidencia, José Alberto Alderete y el director de gabinete de la ANR, Eduardo González.

“Nos alegra verlo con esa fortaleza que siempre lo caracteriza. Su energía y determinación siguen siendo un ejemplo para todos los que creemos en un Paraguay que avanza con trabajo y convicción”, afirmó Peña.

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Tras su internación y alta médica, Cartes lanzó un comunicado agradeciendo a todos los que le enviaron buenos augurios en el transcurso de su internación, a la par de destacar la atención brindada por el plantel médico.

“Sentir el respaldo y la calidez de tanta gente me llena de fuerzas para seguir adelante. En los momentos de dificultad, es donde uno realmente valora la solidaridad y la fe que nos une como paraguayos”, dijo.

Cartes acotó: “Me llegaron al corazón todos sus mensajes y, sobre todo, sus oraciones. Saber que se tomaron un tiempo para pedir por mi salud me dio una fuerza especial en estos días. Sentir ese cariño tan de cerca es lo que realmente ayuda a recuperarse”.

También había agregado que “a Dios: Gracias, Señor, por el don de la vida y por renovar mis fuerzas bajo tu voluntad. A mi familia: Gracias por estar ahí siempre, cuidándome y dándome el apoyo que necesitaba en estos momentos. A mis correligionarios, correligionarias, gracias por tanto amor al Partido Colorado, institución que nos une y motiva”.

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El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, sostuvo que hasta el momento no se convocará a una sesión extraordinaria para este jueves 12 de marzo para tratar el proyecto de reforma de la Caja Fiscal, de aprobarse mañana las modificaciones planteadas en el Senado. La Cámara Baja aprobó su versión el 5 de febrero, que generó rechazo en gremios de trabajadores públicos.

“Este es un cuerpo colegiado y depende de las decisiones de los colegas, pero si la pregunta es si hoy tenemos pensado una sesión para el jueves, la respuesta es no”, aseveró Latorre, este martes, en conversación con los medios de prensa antes del inicio de la sesión ordinaria.

Expuso que probablemente, de aprobarse las modificaciones en el Senado, debe pasar nuevamente por un análisis y un debate en Diputados para sancionar la versión Senado o que Diputados se ratifique en su versión inicial.

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“No se conversó (sobre una convocatoria extraordinaria para el jueves), nosotros estamos siguiendo los acontecimientos en el Senado. Veamos qué es lo que acontece mañana en el Senado, yo sé que mis colegas han iniciado conversaciones, van a tener otra ronda de conversaciones con los gremios, van a tener otra ronda de conversaciones con los técnicos para asumir una posición finalmente”, señaló el titular legislativo.

Latorre cuestionó que en su momento no se haya acordado con las mismas modificaciones en la Cámara Baja. “Nosotros entendemos la importancia y la necesidad de avanzar con una reforma de la Caja Fiscal; no obstante, tuvimos una serie de conversaciones con los gremios y los diputados estaban con la intención de acompañar un planteamiento específico, que es muy similar a lo que se va a aprobar, pero los técnicos vinieron a decir a la Cámara de Diputados que si se aprobaban esas condiciones la reforma básicamente no servía para nada”, refirió.

Afirmó que todos estos cambios se hubieran permitido en la Cámara Baja al momento del tratamiento del proyecto. “Conversaremos con los gremios, conversaremos con los técnicos, estamos en el espíritu de avanzar con la reforma, pero también entendemos con claridad el valor sensible y fundamental que ejercen tanto los docentes, como los militares y policías. Lamento mucho este cambio de posición, porque lo que está pasando ahora en el Senado, si se aprueba mañana, eso debió pasar en Diputados”, sentenció.

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