“El deseo final es llegar a una audiencia de juicio oral y público”, manifestó la fiscal de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, Silvia González, tras urgir a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) destrabar el caso judicial donde exministro del Interior (2008-2011) y actual senador del Partido Democrático Progresista (PDP), Rafael Filizzola, es investigado por la sobrefacturación de G. 1.200 millones en la construcción de las denominadas “comisarías de oro”.

“Queremos que un tribunal de sentencia valore todos los elementos de prueba. El Ministerio Público ha comunicado a la sala penal de la Corte la situación en la que se encuentra la causa y estamos solicitando a la Sala Penal que arbitre las medidas para que se proceda a la integración de la cámara a fin de que se pueda estudiar el recurso de apelación que hemos planteado", indicó González en el programa “La Caja Negra” de Unicanal.

El proceso judicial se viene alargando hace más de 10 años debido a la mina de chicanas que interpuso Filizzola. El 15 de octubre de 2010, el dirigente opositor, en su carácter de ministro del Interior, durante el gobierno de Fernando Lugo, aprobó el llamado a la licitación para la construcción de baños sociales y 24 celdas en las comisarías del área metropolitana, sin que exista una necesidad, un pedido de los responsables de las áreas afectadas y un estudio técnico previo que avale la construcción de las mismas.

“Esta es una causa ya iniciada en el 2013 y la acusación fue presentada en diciembre del 2014. Desde la etapa intermedia estamos todavía trabados sin poder avanzar o concluir definitivamente esa causa, el tiempo transcurrido es muy importante", puntualizó la agente.

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Igualmente, aprobó el pliego de bases y condiciones y dispone que el pago sea efectuado en su totalidad con fondos del Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2010, a sabiendas de que las obras no serían recepcionadas para el último día hábil del periodo fiscal 2010.

“Ya se debe definir esta causa, principalmente por el tiempo transcurrido, la sociedad también está interesada ya que el Estado paraguayo ha abonado montos importantes y es por eso que debemos brindarles una respuesta", manifestó González.

La fiscal siguió argumentando que “el Ministerio Público se opuso a la prescripción, como representantes de la sociedad instamos a que esto tenga un cierre, lo ideal es que se haga un análisis correspondiente para poder transparentar toda la gestión realizada dentro de la causa”.

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• AFP

Policías antimotines se enfrentaron ayer sábado en Bolivia con manifestantes para abrir carreteras y permitir el paso de alimentos, medicinas y combustibles a la ciudad de La Paz, bloqueadas desde hace tres semanas por protestas contra el gobierno.

Los agentes, que iniciaron el operativo a primera hora de la mañana, lanzaron gases lacrimógenos cuando grupos de manifestantes con hondas y petardos intentaron retomar puntos de bloqueo en la ciudad de El Alto (oeste), vecina a La Paz, y en la carretera hacia Oruro (sur), según imágenes de medios locales.

En El Alto, manifestantes mantienen al menos dos autopistas tomadas, y se retiraron de otra importante vía donde los vehículos pasan entre los escombros que dejaron, constató la AFP.

Los manifestantes piden la renuncia del presidente centro derechista Rodrigo Paz, con seis meses en el poder, pero las protestas de campesinos, obreros, mineros, maestros y transportistas iniciaron hace tres semanas con reclamos de alzas salariales, combustibles de calidad y estabilización de la economía.

“Tengo fe de que a partir de este corredor humanitario ya se levanten los bloqueos (...). Pensamos que las demandas (sociales) de estos sectores son válidas y es por eso que el diálogo es el mejor camino”, dijo Mauricio Zamora, ministro de Obras Públicas, al inicio del operativo a la televisora Unitel.

Maquinaria pesada del gobierno, resguardada por contingentes de policías, remueve los montículos de tierra, rocas y otros objetos que obstruyen las autopistas, donde se forman largas filas de vehículos varados.

Al menos 57 puntos de bloqueo se registran en seis de los nueve departamentos del país, según la estatal Administradora Boliviana de Carreteras. En La Paz, los precios de los alimentos se dispararon. Largas filas de espera se forman en las gasolineras y faltan medicamentos en los hospitales.

El gobierno se ha visto obligado a organizar vuelos desde Santa Cruz (este) y Cochabamba (centro) para abastecer de carnes y vegetales a la ciudad altiplánica. Bolivia atraviesa su crisis económica más grave en cuatro décadas por falta de dólares. La inflación interanual fue de 14 % en abril.

El senador Patrick Kemper comenzó a mover su estructura política en la Capital impulsando candidaturas con perfil de gestión y propuestas enfocadas en tecnología y modernización municipal. Uno de los nombres que recibe un fuerte apoyo del senador colorado es “Tino” Ayala, quien se postula como concejal por la lista 2P, opción 3 del movimiento Honor Colorado, para la Junta Municipal de Asunción.

El senador Kemper comenzó a trabajar para posicionar su espacio político y ganar peso en Asunción, así como ampliar su estructura de base con miras a las elecciones municipales, apostando por dirigentes jóvenes y perfiles vinculados a la gestión pública y la modernización del Estado.

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Uno de esos jóvenes que impulsa el senador es Constantino “Tino” Ayala, director de Fiscalización en la Municipalidad de Asunción, quien se diferencia con un discurso centrado en innovación tecnológica y modernización de servicios municipales.

Entre las propuestas que impulsa Tino Ayala figuran la implementación de una aplicación municipal con inteligencia artificial para gestionar reclamos ciudadanos en tiempo real, la digitalización de trámites y expedientes bajo el concepto “cero papeles”, semáforos inteligentes adaptativos y sistemas de iluminación solar LED para plazas y espacios públicos.

Cabe señalar que, desde la Dirección de Fiscalización Municipal, Ayala ha promovido el uso de bodycams en procedimientos de control, como herramienta orientada a fortalecer la transparencia y el registro de intervenciones.

Al respecto, el senador Kemper, destacó que el objetivo es instalar nuevos referentes con presencia territorial y perfil técnico dentro del oficialismo colorado capitalino. “Hay una oportunidad real para una nueva generación de liderazgo en Asunción. El momento político favorece perfiles como el de Tino: jóvenes con experiencia real en gestión pública y territorial”, expresó el senador.

Por otro lado, el senador Kemper se refirió a la candidatura de Camilo Pérez a la Intendencia de Asunción por la Lista 2 del movimiento Honor Colorado, resaltando que representa una esperanza de gestión y resultado para la ciudadanía.

“El pueblo colorado y la ciudadanía sabe que el perfil de Camilo Pérez es el que Asunción necesita para que vuelvan las grandes obras y soluciones a los problemas de la ciudad. Es una persona exitosa, de gestión y de resultados medibles, por lo que tenemos una gran espectativa y confianza en lograr la victoria”, finalizó.

Asimismo, el director del Registro Civil, Maxi Ayala, agregó que la candidatura de Tino representa a un gran sector de la ciudadanía y eso se nota en los recorridos por los barrios, con los vecinos.

“Tino es una persona preparada, con un proyecto serio, con un equipo solvente y sobre todo propuestas realizables que marcan una línea hacia una Asunción más moderna, más eficiente y más transparente. Es un joven con muchas ganas y con experiencia en gestión con resultados, y eso es lo que busca el ciudadano asunceno: ser escuchado y representado con candidatos frescos con nuevas ideas y mucha gestión”, finalizó.

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Miles de trabajadores marchan este viernes en la capital política de Bolivia para exigir la renuncia del presidente centroderechista Rodrigo Paz, arrinconado por una ola de protestas pese a sus anuncios de que escuchará los reclamos sociales, constató la AFP.

“¡Que renuncie, carajo!”, grita la muchedumbre de campesinos, obreros, mineros, transportistas y maestros que paralizan las calles de La Paz, sede de gobierno aislada desde hace tres semanas por bloqueos de carreteras que han provocado escasez de alimentos, combustibles y medicinas.

Con apenas seis meses en el poder, Paz encara la peor crisis económica del país andino desde la década de 1980, con una inflación de 14 % interanual registrada en abril.

“Seis meses de gobierno y no ha podido solucionar lo básico, los precios de la canasta familiar. Tenemos que elegir entre comprar carne o comprar leche”, dice en la marcha Melina Apaza, de 50 años, de la región minera de Oruro (sur).

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Ataviados con cascos o ponchos, los manifestantes, muchos de los cuales ondean banderas indígenas, avanzan entre el ruido de petardos hacia el centro de la ciudad.

Los accesos a la plaza de armas, frente al palacio de gobierno, están resguardado con rejas y vigilados por cientos de policías antimotines.

Muchos negocios cerraron sus puertas y los vendedores ambulantes recogieron su mercadería por temor a saqueos.

En medio de la convulsión social, el gobierno anunció esta semana que reorganizaría su gabinete con funcionarios con “capacidad de escucha”. En su primer cambio, nombró a un nuevo ministro de Trabajo.

Los reclamos iniciales de aumentos salariales, combustibles de calidad y la estabilización de la economía se radicalizaron con el pasar de los días.

Ahora los manifestantes piden la salida del mandatario, que puso fin a 20 años de gobiernos socialistas liderados por Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025).

Medio centenar de bloqueos se registran en las vías del país este viernes, según datos oficiales. El gobierno reportó que cuatro personas murieron al no poder llegar de emergencia a centros médicos.

• Fuente: AFP

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