España afronta este miércoles una huelga general convocada ante una ola de indignación por la crisis de la vivienda y el poder adquisitivo, temas álgidos a poco más de dos semanas de las elecciones generales en las que Pedro Sánchez se juega la reelección.

Catorce años después de la última protesta similar en la cuarta economía de la zona euro, los observadores estarán atentos al seguimiento del paro en la industria y los servicios, especialmente en el transporte público, donde no obstante se garantizarán servicios mínimos.

También se seguirá de cerca la magnitud de las manifestaciones previstas, sobre todo las de la tarde en Madrid y Barcelona, que podrían servir de barómetro del descontento social de cara a los comicios del 29 de noviembre.

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Los principales sindicatos del país llamaron a esta huelga siguiendo la estela de las protestas por el acceso a la vivienda. El detonante fue el desalojo forzoso de su apartamento en septiembre de Maricarmen Abascal, una jubilada madrileña de 87 años que falleció pocos días después.

“Es una huelga del pueblo. Yo creo que es la primera vez en muchísimo tiempo que de donde ha salido la convocatoria es desde las mismas calles”, se congratuló el domingo en la radio pública Valeria Racu, portavoz del Sindicato de Inquilinas, asociación clave detrás de la movilización.

De hecho, las protestas, que incluyeron una acampada que por cinco semanas ocupó la céntrica Puerta del Sol en Madrid, dieron pie a la convocatoria de las próximas elecciones generales. Al fracasar en validar un paquete de medidas sobre la vivienda en el Parlamento, el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, adelantó los comicios previstos inicialmente para 2027.

De todas maneras, el Gobierno de izquierda tiene previsto hacer aprobar el jueves, un día después de la huelga, parte de esas medidas en la Diputación Permanente, un órgano que hace las funciones de Parlamento, disuelto por la convocatoria electoral.

“Esta no es una huelga contra nadie, sino a favor de dar respuestas comunes por parte de todas las administraciones a un problema real que existe, que es el del acceso a la vivienda”, aseveró Sánchez el domingo al diario La Vanguardia.

Recordando los avances sociales logrados en España en décadas pasadas cuando “la gente dijo ¡basta! y se organizó y salió a la calle e hizo huelgas”, Sánchez llamó el lunes en la red social X a “proteger” lo logrado. La paralización de actividades, rechazada por la patronal que la ha calificado de protesta “electoral”, ha sido criticada por la derecha y la extrema derecha.

“No la hagan. No la hicieron en ocho años de Gobierno. No la hagan ahora” antes de las elecciones “o ligarán su imagen a Pedro Sánchez para siempre”, advirtió a los sindicatos la semana pasada en un mitin el líder del Partido Popular (PP, derecha), Alberto Núñez Feijóo.

El jefe del PP, partido favorito para ganar las elecciones según las encuestas, calificó de “grave error” continuar con la huelga “69 muertos después”, en referencia a los fallecidos en una colisión de trenes en el centro del país a finales de octubre, un hecho que estremeció la campaña.

“Deberían tener un mínimo de vergüenza” los sindicatos “de corte marxista” y suspender la paralización, pero de no hacerlo “tomaremos nota”, advirtió Santiago Abascal, líder de la extrema derecha, cuyo apoyo podría ser necesario para formar gobierno si la derecha queda lejos de la mayoría absoluta, tal y como señalan los sondeos.

“Somos conscientes de que es un paro un tanto excepcional”, pero “el gran objetivo es promover una gran movilización social y un sentido común sobre el tema de la vivienda”, se defendió el lunes en el medio digital eldiario.es Unai Sordo, secretario general de uno de los principales sindicatos, Comisiones Obreras (CCOO).

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El salario bruto español alcanza una media de unos 2.460 euros mensuales en 14 pagas, mientras que el alquiler de un apartamento de 50 m2 en Madrid costaba 1.170 euros al mes de media en octubre, según el portal Idealista. Esto supone casi la mitad del salario bruto promedio, una proporción muy alejada del 30% que suelen recomendar los organismos públicos y los profesionales de la vivienda.

Fuente: AFP

Miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay harán una manifestación pacífica este miércoles en reclamo a los fondos institucionales depositados en Ueno Bank. La convocatoria es para las 9:00 frente al Congreso Nacional.

El llamado fue hecho a todas las compañías, unidades y destacamentos de todo el país, y de manera especial del departamento Central y capital. Los rescatistas se declararon en estado de alerta tras la retención de los fondos institucionales de la entidad depositados en el banco en quiebra.

La orden, oficializada a través de la Citación n.° 28/2026 firmada por el comandante nacional, Marco A. Almada Altamirano, exige la asistencia de la mayor cantidad de personal disponible. Los mismos deberán vestir el uniforme de faena y los comandantes de cada cuartel coordinarán de forma obligatoria el despliegue logístico de los móviles de emergencia que acompañarán la protesta, señala el mandato de la máxima autoridad de la agrupación humanitaria.

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La intervención dispuesta por el Banco Central del Paraguay (BCP) a Ueno Bank dejó inmovilizados más de G. 2.000 millones pertenecientes a la institución. Dichos recursos corresponden en su gran mayoría a lo recaudado durante la última Colecta Nacional 2026 y a las reservas operativas de diversos cuarteles de todo el territorio nacional.

Los rescatistas están más que preocupados debido a que según los mismos esta situación pone en riesgo crítico la operatividad diaria de las compañías, afectando el suministro de combustible, el mantenimiento de los carros hidrantes y la compra de equipos de protección esenciales para responder a las emergencias ciudadanas.

A través de la medida de fuerza, los amarillos buscan presionar por una intermediación política o el desbloqueo urgente de sus recursos, argumentando que la burocracia financiera no puede poner en peligro la seguridad y la vida de la población paraguaya.

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Funcionarios de la empresa Itti, del Grupo Vázquez, se manifiestan este lunes frente al Ministerio del Trabajo a los efectos de tratar de conversar con las autoridades para exigir el respeto y cumplimiento de sus derechos laborales.

Gran cantidad de personas afectadas por el cierre de empresas asociadas se acercaron hasta la oficina pública en busca de orientación y respuestas sobre su futuro como empleados cesados.

“Venimos a reivindicar nuestros derechos porque actualmente no tenemos un norte, no tenemos claridad sobre nuestro futuro laboral, y eso es lo que venimos a exigir, que también sean escuchadas nuestras necesidades de cobertura de parte del gobierno”, expresó Verónica Barrios, colaboradora de Itti en contacto con el programa Arriba Hoy de canal GEN y Universo 970AAM.

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Añadió que muchas familias paraguayas se quedaron en la calle a raíz de esta situación. “Nosotros queremos que se cumplan nuestros derechos laborales. Nosotros no podemos estar en esta incertidumbre de no saber qué va a pasar de nosotros”, indicó.

Asimismo, mencionó que ninguna autoridad se comunicó con ellos hasta el momento. “Oficialmente, no tenemos una comunicación clara de cuál va a ser nuestro futuro laboral. Por eso, estamos pidiendo que nos puedan ayudar, que nosotros también podamos ser amparados bajo la Ley del BCP”, apuntó.

Señaló que son aproximadamente 1.600 los colaboradores afectados. “Hay compañeros que no cobraron su último salario, hay compañeros en Argentina que fueron cesados y en otros países donde no tienen representación. O sea, el impacto es enorme”, subrayó.

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Paralelamente a las indagaciones que realiza el Ministerio del Interior sobre la causa ueno bank, el senador Gustavo Leite plantea la creación de una comisión bicameral en el Congreso Nacional para indagar la crisis financiera que afectó a tres millones de paraguayos luego de la intervención y disolución de la entidad bancaria.

A la vez el legislador afirmó que la comisión bicameral también tendrá como finalidad investigar sobre las deudas contraídas con proveedores sin la autorización del Congreso Nacional. “Tenemos que dejar que el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, haga su trabajo y ya adelantó que la semana que viene voy a presentar a mis colegas la propuesta de crear una comisión bicameral especial para investigar el caso del banco ueno y para investigar la deuda; para mi gusto, espuria de los proveedores que se tomaron sin consentimiento del Congreso”, dijo a los medios de comunicación.

Las afirmaciones de Leite surgieron tras la destitución vía juicio político del exjefe de Estado, Santiago Peña, y la asunción de Pedro Alliana como mandatario y de su excolega Antonio Barrios como vicepresidente de la República.

“Este país utilizó la Constitución Nacional y la ley para sacar encima a un presidente que incumplió y traicionó al pueblo. Le dimos el derecho a la defensa, le escuchamos a sus abogados y abramos en consecuencia con lo que el pueblo paraguayo pedía”, refirió.

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Agregó que “Paraguay ha dado una lección al mundo tras resolver la crisis institucional por la vía pacífica y de la Constitución Nacional”. Leite a la vez expresó su respaldo a la propuesta de Alliana consistente en la presentación de un proyecto de ley para recortar los gastos superfluos en el Estado.

“Estoy de acuerdo con su idea, tendrá todo nuestro apoyo, hay que cortar los gastos, hay que poner medicamentos en las manos de la gente, doctores que atiendan a los paraguayos con calidez y calidad. Nosotros haremos todo de nuestro alcance para que no falte plata. Celebro que él escuche lo que el pueblo paraguayo clama”, comentó.

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