El presidente del Partido Patria Querida, el exsenador Stephan Rasmussen, confirmó que durante la Asamblea Extraordinaria Nacional de la nucleación política resolvieron delegar a la Conducción Ejecutiva la facultad de aprobar el acompañamiento a alianzas y concertaciones electorales para las Elecciones Municipales 2026.

Asimismo, señaló que se resolvió delegar a la Conducción Ejecutiva la facultad de aprobar el acompañamiento a candidaturas no electas en internas del partido, candidaturas independientes o de otros partidos o movimientos políticos de la oposición, informó a La Nación/Nación Media.

Explicó que todo esto, atendiendo que la idea es lograr que la oposición unida pueda lograr conquistar la mayor cantidad de distritos posible, llegando con una candidatura única a intendente, así como concretar listas únicas para la junta municipal.

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Resaltó que están bien encaminados, trabajando fuertemente por la unidad para Asunción, buscando concretar un candidato único a intendente para las Municipales 2026. Al respecto, precisó que hasta ahora son cuatro precandidatos, que son Álvaro Grau, por PPQ; Soledad Núñez, Agustín Saguier del PLRA, y Joana Ortega por País Solidario.

“Estamos en conversación entre los cuatro sectores, y también para presentar una lista única a Junta Municipal, entre otros sectores, como el PDP, el PRF, el Encuentro Nacional, y demás, entonces estamos bastante bien encaminados”, acotó.

Señaló que por ahora la discusión se está centrando en la metodología de medición de mejor perfil entre los cuatro candidatos.

“No va a ser una decisión, digamos que sea solamente en cuatro paredes, y se está definiendo la opción de medición, ya sea encuesta o por urna delivery, pero un poco las conversaciones están en que podamos ya medir este año, o a principio del año que viene, y ya tengamos un candidato unido a la oposición que pueda hacer campaña desde principio de año hasta octubre, que son las generales, ahora eso está muy bien encaminado también”, remarcó.

Señaló que están en muy buenos términos de diálogos para buscar nuevamente un candidato único para Encarnación. Recordó que la semana pasada estuvieron por la capital de Itapúa, ya trabajando en la búsqueda de un candidato único a intendencia, a fin de mantener a la oposición como gobierno municipal, ahora que concluye el mandato del intendente Luis Yd que es del PPQ, luego de dos periodos consecutivos.

“También estamos en buenos términos con la gente de Ciudad del Este, con la gente de Yo Creo, también tenemos muy buena conversación con el sector Eduardo de Nakayama, Esperanza Martínez, País Solidario de Yohana Ortega, también con Kathya González y Raúl Benítez. Estamos un poco con el PDP, con Desirée, con Rafa Filizzola, estamos conversando con todo y en muy buenos términos”, acotó.

Resaltó que dentro de PPQ están trabajando bastante bien con un solo equipo, todos juntos. Aseguró que dentro de la nucleación política no hay grandes problemas.

“Estamos bien y ahora, de hecho, hicimos un mapeo de todo el país, y seguramente nos vamos a presentar en cerca de 100 distritos a nivel país, en algunos casos para Junta Municipal e Intendencia; en otros casos solamente para Junta Municipal. En todos los distritos estamos conversando con los otros sectores de la oposición para llegar unidos y para que no se disperse el voto, lo que está muy bien encaminado”, concluyó.

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El analista político y extitular del Partido Patria Querida (PPQ), Mario Paz Castaing, indicó que se encuentra a favor de que la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, sea indagado mediante una intervención.

“No voy a defenderlo por una cuestión meramente política, tiene que defenderse. Si Prieto cometió errores debe ser verificado y tendrá que asumir la responsabilidad del caso“, afirmó en una entrevista con la 1330 AM.

De esta manera Paz Castaing, rechazó el discurso esgrimido por el líder del movimiento Yo Creo y sus correligionarios opositores, consistente en sostener que el solicitud de intervención por parte de la Contraloría General de la República, obedece a una persecución política por parte del oficialismo colorado.

“Si en Ciudad del Este también se falló, si existen irregularidades tiene que ser investigado. Si Miguel Prieto supera y avanza sobre todas estas cuestiones de manera institucional, será mucho más creíble y confiable su liderazgo político”, sostuvo.

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Asimismo siguió sosteniendo que “la vara tiene que ser para todos, si vamos a aplicar el concepto de irregularidad. Cuando se falla hay que someterse, para eso están los organismos, los controles, que hacen a la institucionalidad de un país”.

No obstante, Paz Castaing dijo que la Contraloría no cuenta con facultades para requerir la intervención de municipios. “Los pasos que se deben dar deben ser institucionales. Yo no sé hasta que punto un contralor tiene el derecho de pedir la intervención”, comentó.

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Sindicatos de funcionarios del Ministerio Público emitieron este miércoles un comunicado rechazando el planteamiento de juicio político contra el fiscal general del Estado (FGE), Emiliano Rolón Fernández, que es propiciado en la Cámara de Diputados. Alegan que la institución es constantemente blanco de hostigamiento y persecución sistemática.

“El Frente Unido conformado por 8 gremios de funcionarios organizados del Ministerio Público, rechaza el constante hostigamiento y persecución sistemática al que intentan someter no solo a la gestión de la fiscalía general del Estado, sino también a todo el Ministerio Público”, indica.

Asimismo el comunicado refiere que “manifestamos nuestra preocupación ante las acciones con las cuales son utilizadas instituciones constitucionales como es el juicio político. Nos preocupa que esta figura legal sea utilizada en muchas ocasiones para intentar presionar, amedrentar o coaccionar a autoridades, sin las debidas justificaciones jurídicas y/o presupuestos establecidos en la ley, mecanismos utilizados como modus operandi”.

El pedido de juicio político contra Rolón Fernández, es impulsado por la defensa legal de la familia del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes Batista. Entre los argumentos esgrimidos contra el fiscal general figura la pérdida de legitimidad y confianza en su gestión por la falta de resultado en casos de corrupción, crimen organizado y violaciones de derechos fundamentales.

Alegan que el Ministerio Público realizó una investigación deficiente, parcial y negligente para el esclarecimiento de la muerte del parlamentario. “Más grave nos resulta aún que esta figura y otros recursos sean utilizados con el solo fin de presionar a operadores de justicia y autoridades en el marco de investigaciones penales sobre el crimen organizado y narcotráfico, puesto que el cumplimiento de la labor del Ministerio Público es la investigación de las mismas”, indican.

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El comunicado agrega que “en muchas ocasiones, articulaciones solapadas solo buscan frenar estás pesquisas, sobre todo cuando involucran a altos objetivos con vínculos extensivos, cuando la obligación no solo parte de los operadores de justicia, sino de todas y cada una de las autoridades que conforman el Estado paraguayo, sin embargo, la misión constitucional recae en los agentes fiscales, y en la persona que ocupe la fiscalía general del Estado”.

Finalmente los gremios sostienen que “no olvidamos que la lucha contra estos esquemas de crimen organizado, narcotráfico y corrupción pública ha costado la vida de un compañero de trabajo Marcelo Pecci, de otros cientos de ciudadanos, por lo que a la vez hacemos propicia la ocasión para también recordar la necesidad de seguir impulsando y abonando los recursos como Estado para que esos hechos no queden en la impunidad”.

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A tempranas horas de este martes, el presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre, rechazó la intención de someter a un juicio político al fiscal general del Estado (FGE), Emiliano Rolón Fernández. Latorre aclaró que esta es una postura personal y que el pedido será debatido en la bancada de Honor Colorado.

El presidente del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, también expresó su rechazo al requerimiento. Agregó que el enjuiciamiento contará con el apoyo de los legisladores opositores y de la disidencia colorada, que valiéndose del caso Lalo Gomes buscan un titular del Ministerio Público que responda a sus interés.

“No estoy a favor de los juicios políticos. En el periodo anterior sufrimos eso cuando estaba como diputado, pasamos cuatro, cinco juicios políticos contra la exfiscal general, Sandra Quiñonez. Acá la idea es poner a un fiscal a medida. Yo no creo que esto se apruebe en Diputados”, dijo.

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Hizo lo propio el diputado Rodrigo Gamarra, asegurando que la solicitud será profundamente debatida dentro de la bancada.

Gamarra precisó que altos referentes de Honor Colorado ya sentaron su postura en rechazo al planteamiento impulsado por la familia del fallecido dirigente político de Amambay, Eulalio “Lalo” Gomes Batista.

“Hay algunos que ya hicieron público su posicionamiento, pidiendo la destitución del fiscal y otros que piensan distinto. Cuando llegue el pedido de juicio al seno de la bancada se tomará con la seriedad debida que corresponde, será analizado profundamente dentro de la bancada y del movimiento Honor Colorado. Nosotros no somos una isla, tenemos una conducción y esto será analizado detenidamente con todos los actores”, sostuvo Gamarra a la 1020 AM.

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