Este martes 1 de julio se instalan las nuevas mesas directivas en la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados para el período 2025 – 2026. La elección de las autoridades ya se realizó meses atrás y en la fecha se oficializa un nuevo período. La instalación se realiza previo al informe de gestión del presidente Santiago Peña ante el Congreso Nacional, que se llevará a cabo hoy, a las 20:00.

En la Cámara de Senadores asumirá por segundo período consecutivo el senador Basilio Núñez. El legislador fue electo en diciembre por el pleno por dos períodos, por lo que quedará en la presidencia hasta el 2027.

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Para la vicepresidencia primera fue electo el senador Ramón Retamozo y para la vicepresidencia segunda el senador Dionisio Amarilla, como secretarios parlamentarios de la Cámara Alta fueron electos Patrick Kemper, Hermelinda Alvarenga y Lizarella Valiente.

En la Cámara de Diputados, el actual presidente Raúl Latorre también fue reelecto en marzo de este año y quedará al mando de la institución hasta el 1 de julio del 2026, siendo su tercer período. Como vicepresidente primero fue electo el diputado Hugo Meza, como vicepresidente segundo el diputado Jorge Ávalos Mariño.

Una vez instaladas las nuevas autoridades de ambas cámaras recibirán en una sesión conjunta el segundo informe anual del presidente de la República, Santiago Peña.

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La causa que inves­tiga la filtración de documentos y fal­seamiento de información de Seprelad tropieza nue­vamente con una paraliza­ción. Los exministros del gobierno de Mario Abdo Benítez acusados por aso­ciación criminal, usurpa­ción de funciones públicas, denuncia falsa y revelación de secretos de servicio en el marco del proceso penal conocido como filtración de información de Sepre­lad (Secretaría Nacional de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes) siguen presentando incidentes dilatorios, a los efectos de evitar que el presente caso pueda avanzar.

Ahora los defensores de los acusados Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carlos Arregui y Daniel Farías presentaron una apela­ción general ante la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, en el que cues­tionan la resolución del tri­bunal de alzada que ratificó la imposición de costas del juicio a cada uno de los pro­cesados en el presente caso.

Debido a la nueva chicana, el expediente tendrá que ser elevado a la Sala Penal de la Corte, instancia que deberá estudiar la apela­ción de la defensa de los acusados y destrabar el proceso penal de los exmi­nistros de Abdo.

Hay que recordar que lasemana pasada nada más el Tribunal de Apelación inte­grado por los jueces María Belén Agüero, Bibiana Benítez y Arnaldo Fleitas destrabó el proceso penal rechazando una chicana presentada por René Fer­nández, Arnaldo Giuzzio, Carlos Arregui y Daniel Farías, excercanos cola­boradores de Abdo Benítez.

Al destrabarse el caso en esa instancia, la jueza penal de Garantías Cynthia Lovera tenía que resolver los doce incidentes plan­teados en marzo de 2024 cuando se daba inicio al presente proceso penal contra los exfuncionarios.

La Fiscalía presentó en su escrito de acusación un total de 206 elementos de pruebas, entre ellos, tes­timonios, documentos y pericias que sustentan la responsabilidad de los acu­sados.

En marzo de este año, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia inte­grada por los ministros César Diesel, Manuel Ramírez Candia y Gustavo Santander había rechazado dos chicanas presentadas por el abogado Enrique Kronawetter, defensor de Daniel Farías.

En aquella oportunidad los ministros de la Corte men­cionaron que “la utilización de resortes procesales y la enunciación de agravios ‘in abstracto’ como en el pre­sente caso representa una inconducta procesal de las defensas, dirigidos en difi­cultar el normal desarrollo de la administración de jus­ticia y se aparta de la buena fe que impone el Artículo n.º 112 del Código Procesal Penal”, señala la resolución de la Corte.

De la misma manera, los altos magistrados mencio­naron en su resolución que el ejercicio del derecho debe ajustarse a los parámetros orientadores del proceso penal hacia una adecuada administración de justicia.

Con la advertencia hecha ya en marzo de este año, ahora los ministros de la Corte ya pueden inclusive, aplicar la sanción disciplinaria a los acusados así como a cada uno de sus abogados.

El presidente del Congreso Nacional, el senador Basilio Núñez, hizo un balance de su gestión en el primer año al frente del Poder Legislativo, que se cumple este martes 1 de julio, siendo un cargo que ocupará hasta el 2027. El legislador destacó la reestructuración de recursos humanos, el diálogo cercano con el Poder Ejecutivo y la celeridad para aprobar proyectos que benefician a la ciudadanía.

“Creo que en este un año cumplimos con la ciudadanía en el sentido que cambiamos varios paradigmas en el Senado, y conste que estoy hablando de una Cámara donde es la primera vez que estoy, en el periodo anterior fui diputado. Creo que lo más importante es la aprobación de las leyes que benefician al ciudadano”, refirió el legislador, este lunes, en estudios de Nación Media, a través del programa “Arriba hoy”, emitido por GEN y Universo 970 AM.

Citó entre los principales proyectos aprobados la ley de pensión universal para el adulto mayor, la ley de cuidados paliativos, también la ley de fusión del Registro Único Nacional. “Lo más importante es la celeridad, ningún proyecto de ley que venga del Ejecutivo fue rechazado, y tengo que destacar el periodo que también estuvo el senador Silvio Ovelar, y este periodo que está concluyendo hoy”, aseveró.

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Así también, destacó el fuerte acompañamiento que se dio al Poder Ejecutivo en todos los proyectos de ley que remitió al Congreso. “A diferencia de países vecinos, vemos que no se da ese tratamiento, esa celeridad de proyectos de leyes que verdaderamente nos beneficien”, resaltó Núñez.

Otro de los aspectos recalcados por el titular legislativo, es la apertura de diálogo entre el presidente de la República, Santiago Peña, y los legisladores de todos los sectores políticos. “Tengo que destacar también el diálogo que se trató de instalar y se instala entre sectores de la oposición, aliada, la no aliada, para mí es un hecho histórico, estoy hace más de 20 años en política, de que líderes y vicelíderes de bancadas acudan a Mburuvicha Róga a conversar con el presidente de la República”, mencionó.

Además, indicó que esto habla mucho de la democracia y también de la apertura del mandatario, como del Congreso Nacional. “Para mí el hecho trascendental de esa capacidad, que de alguna forma pusimos en diálogo. En un gobierno donde queremos instalar la gobernabilidad hay que conversar con todos los sectores y es lo que hicimos”, indicó.

Por otra parte, Núñez citó como factor importante la reestructuración de los recursos humanos en la institución legislativa. “El Senado y el Congreso tenían 300 direcciones, hoy bajamos al 50 %, con una restructuración donde trabajaron varios colegas senadores, trabajamos con el Ministerio de Economía y Finanzas”, detalló.

Resaltó que el pleno había aprobado por mayoría un nuevo organigrama laboral de diferenciación en categorías, ya que, en periodos anteriores, la mayoría de los que ingresaban en las funciones, en el Senado, ingresaban como directores.

“Esa restructuración costó porque en periodos anteriores, ¿qué hacían los colegas senadores o la clase política? Venían a pedir trabajo, entraba al Congreso y directamente tenía que ser director, porque al ser director cobraba una bonificación y una gratificación, no había ordenanza, todos eran directores. Ahora establecimos una diferencia”, sentenció.

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Diputados de diferentes signos políticos plantean que, más allá de acciones punitivas, se deben buscar alternativas que sean preventivas, educativas y restaurativas ante episodios de violencia en vínculos afectivos entre adolescentes y jóvenes.

Por ello se presentó el proyecto de ley “que establece emergencia educativa y social ante la violencia en las relaciones adolescentes; y establece mecanismos urgentes de prevención a través de talleres educativos y campañas formativas con enfoque de igualdad y salud mental”.

La iniciativa que fue enviada a consideración de las comisiones asesoras, que, de acuerdo a la exposición de motivos, la idea es declarar una emergencia educativa y social, en todo el territorio nacional, ante el incremento de casos de violencia en las relaciones afectivas entre adolescentes y jóvenes, sería por el término de doce meses.

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La iniciativa pretende que todas las instituciones educativas, públicas y privadas, de nivel inicial, escolar básica y educación media, implementen talleres y espacios educativos obligatorios, con una frecuencia mínima de una hora semanal.

Menciona que tiene como objetivo la identificación temprana de señales de violencia; la promoción de relaciones afectivas sanas; el fortalecimiento de la autoestima; y la deconstrucción de prácticas machistas y conductas de control, según dice el documento.

La normativa establece que la dirección institucional, en coordinación con los equipos técnicos del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), sea responsable de garantizar la realización efectiva de estos talleres, y de mantener registros actualizados sobre los temas desarrollados, la participación estudiantil y las necesidades detectadas.

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“La violencia en relaciones tempranas, a menudo invisibilizada por el entorno familiar y social, se presenta cada vez con mayor intensidad y frecuencia, con patrones que replican el machismo, el control, la posesividad, la dependencia emocional y la normalización del maltrato físico, psicológico o sexual", explica parte del documento.

Asimismo, señala que esta problemática se ve amplificada por la influencia de las redes sociales, la falta de educación afectiva y la ausencia de referentes institucionales preparados para identificar y acompañar situaciones de riesgo.

Argumenta que, en la actualidad, niñas y adolescentes son víctimas de múltiples formas de violencia; celos obsesivos disfrazados de afecto; aislamiento de su círculo de apoyo; vigilancia digital; amenazas; chantajes emocionales; y abusos que van progresivamente hasta llegar a desenlaces fatales, lamentablemente.

Sostiene que esos hechos no solo afectan la integridad física de las víctimas, sino que deterioran gravemente la salud mental; la autoestima; el rendimiento académico; y el futuro desarrollo personal de los jóvenes.

Los legisladores lamentan que si bien existen marcos normativos como la Ley “De Protección Integral a las Mujeres”; el “Código de la Niñez y la Adolescencia”; y la propia Carta Magna, que en su artículo 48 garantiza la igualdad entre hombres y mujeres, “no haya sido suficiente”.

Finalmente, manifiestan que se hace imprescindible un abordaje preventivo, educativo y transversal desde los primeros años de formación escolar, donde se forjan los primeros vínculos afectivos.

“La intervención debe ser temprana, constante y coordinada entre las instituciones responsables: MEC; Salud Pública; Niñez y la Adolescencia; y el Ministerio de la Mujer, para garantizar que la educación, la igualdad, el respeto mutuo, el reconocimiento de las señales de alerta y el autocuidado afectivo, se conviertan en parte esencial del desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes”, refiere el texto.