El senador Sergio Godoy recalcó la necesidad de legislar a favor de sancionar el delito de lesión de confianza cometido por funcionarios públicos y accionistas de empresas que ganan licitaciones e incumplen con los contratos. Con el reinicio del periodo parlamentario se enfocará en agilizar el tratamiento.
Godoy mencionó que ya hay un proyecto para sancionar a los accionistas de firmas contratistas, ya que con la legislación actual “al final lo que hacen es crear otra empresa y nunca se los sanciona”. La propuesta tuvo aprobación del Senado con una precisión, y ahora está en la Cámara de Diputados donde espera sea aprobada para subsanar esa situación.
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Por otra parte, busca que en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) se logre limitar las actuaciones de oficio que en el pasado se utilizaron de forma desmedida, lo que también provocaron algunas irregularidades, sostuvo.
“Nos centramos en la arbitrariedad que en el pasado se cometió vinculado al poder de actuar de oficio, entonces se limita para actuar en casos excepcionales, donde no se actúa por algún que otro motivo con la necesidad del voto absoluto de los miembros”, indicó. De esta manera se pretende dar el rango de ley a normativas ya establecidas.
Por último, también apunta a ciertos temas del Código Penal, pese a que existe una comisión encargada de la Reforma del Código Penal, lo que podría llevar más tiempo. Confesó que le llama la atención la falta de castigos a funcionarios que cometieron un daño patrimonial.
Así es que para agilizar una pequeña modificación pretende hacer una revisión con los penalistas, ya que “el sentido común dice que deben ser castigado”, agregó.
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Fiscalía imputa a Santiago Peña y requiere su prisión preventiva
La Fiscalía requiere la prisión preventiva del expresidente de la República, Santiago Peña, al ser imputado por lesión de confianza y administración en provecho propio, en calidad de autor. Además, decreta la inhibición general de enajenar y gravar sus bienes, en el marco de la causa judicial ueno bank.
También solicita la identificación e inmovilización de sus cuentas bancarias, depósitos e inversiones, así como la localización de sus bienes y derechos patrimoniales.
La imputación contra Peña quien se expone a una pena de hasta 15 años de cárcel, fue impulsada por los agentes fiscales Elena Fiore, Christian Benítez, Silvia González Véster y Ruth Benítez. La medida surgió luego de la declaración indagatoria por tres horas al economista, quien fue destituido ayer viernes de forma unánime por el Congreso Nacional vía juicio político.
El proceso de investigación apunta a establecer si existieron decisiones o gestiones desde el Ejecutivo que incidieron en la canalización de recursos estatales hacia el banco, cuyos directivos Juan Manuel Gustale Cardoni, Federico Miguel Vázquez Villasanti, Diana Leticia Mongelós González, Julio Daniel Rey Fernández, Mariana Torres Rubiani, Alejandro Gómez Abente, Diego Fernando Duarte Schussmuller y Miguel Ángel Almada se encuentran imputados por lesión de confianza, conducta indebida en situaciones de crisis, tentativa de estafa y violación de la obligación de llevar libros de comercio.
Se busca a la vez determinar si esas actuaciones habrían generado beneficios indebidos para intereses particulares. El otro eje de la investigación se centra en los créditos que la entidad bancaria habría concedido a sociedades vinculadas a su propio grupo económico, mientras recibía y administraba fondos de entes públicos y previsionales.
La Fiscalía busca determinar si existió un manejo irregular de esos recursos y si las operaciones crediticias se realizaron en condiciones que pudieron comprometer los intereses patrimoniales involucrados.
Parte del acta de imputación menciona que “Santiago Peña, en ejercicio de la presidencia de la República, habría intervenido en el proceso mediante el cual organismos y entidades del Estado habrían colocado, renovado y mantenido importantes sumas de dinero en ueno bank S.A., entidad con la cual habría mantenido una relación económica y corporativa previa y directa”.
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El documento agrega que “pese a esa vinculación, durante su administración se habría producido un incremento y una concentración relevante de fondos públicos y previsionales en ueno bank S.A., provenientes, entre otras entidades, del IPS, Itaipú Binacional, Yacyretá, ANDE, la Caja de Jubilados y Pensionados de la ANDE, la Caja Bancaria y Cajubi. Al mes de setiembre del 2026, dichos fondos habrían alcanzado, según cifras preliminares de la Dirección Nacional del Tesoro Público, G.3.608.550.782.201 y USD 233.400.495″.
La imputación también menciona que al 30 de septiembre de 2026, el patrimonio de ueno bank ascendía a G. 2.525.148 millones, de acuerdo con el balance publicado por la entidad.
El documento menciona además que “durante casi los dos primeros años de su mandato presidencial, Santiago Peña habría mantenido simultáneamente su condición de presidente de la República y una participación accionaria y relación corporativa en ueno Holding S.A.E.C.A., sociedad vinculada a ueno bank dentro del mismo grupo empresarial”.
La imputación manifiesta también que “considerando la situación patrimonial del banco, Santiago Peña habría intervenido públicamente para sostener la confianza en la entidad en tres momentos diferentes”. Cabe recordar que el pasado 3 de noviembre el Banco Central del Paraguay (BCP) dispuso por unanimidad el procedimiento de resolución y disolución del banco tras detectarse que su índice de solvencia cayó por debajo del 50 % del mínimo requerido por ley.
“De esta manera, pese a la existencia de informes técnicos que advertían sobre irregularidades en las operaciones crediticias, posibles excesos regulatorios y riesgos para la situación patrimonial de ueno bank S.A., Santiago Peña habría continuado respaldando públicamente la situación financiera de dicha entidad, sin que se haya tomado medidas precautorias con relación a los fondos públicos allí colocados”, expresa.
Los hechos investigados se sustentan en denuncias presentadas el 5 de noviembre de 2026 por parlamentarios de la oposición, entre ellos Yolanda Paredes, Rafael Filizzola, Lucía Mendoza, Esperanza Martínez, Rubén Velázquez, Ignacio Iramain, Johanna Ortega y Ever Villalba.
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Leite plantea la creación de una comisión bicameral para investigar el caso ueno
Paralelamente a las indagaciones que realiza el Ministerio del Interior sobre la causa ueno bank, el senador Gustavo Leite plantea la creación de una comisión bicameral en el Congreso Nacional para indagar la crisis financiera que afectó a tres millones de paraguayos luego de la intervención y disolución de la entidad bancaria.
A la vez el legislador afirmó que la comisión bicameral también tendrá como finalidad investigar sobre las deudas contraídas con proveedores sin la autorización del Congreso Nacional. “Tenemos que dejar que el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, haga su trabajo y ya adelantó que la semana que viene voy a presentar a mis colegas la propuesta de crear una comisión bicameral especial para investigar el caso del banco ueno y para investigar la deuda; para mi gusto, espuria de los proveedores que se tomaron sin consentimiento del Congreso”, dijo a los medios de comunicación.
Las afirmaciones de Leite surgieron tras la destitución vía juicio político del exjefe de Estado, Santiago Peña, y la asunción de Pedro Alliana como mandatario y de su excolega Antonio Barrios como vicepresidente de la República.
“Este país utilizó la Constitución Nacional y la ley para sacar encima a un presidente que incumplió y traicionó al pueblo. Le dimos el derecho a la defensa, le escuchamos a sus abogados y abramos en consecuencia con lo que el pueblo paraguayo pedía”, refirió.
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Agregó que “Paraguay ha dado una lección al mundo tras resolver la crisis institucional por la vía pacífica y de la Constitución Nacional”. Leite a la vez expresó su respaldo a la propuesta de Alliana consistente en la presentación de un proyecto de ley para recortar los gastos superfluos en el Estado.
“Estoy de acuerdo con su idea, tendrá todo nuestro apoyo, hay que cortar los gastos, hay que poner medicamentos en las manos de la gente, doctores que atiendan a los paraguayos con calidez y calidad. Nosotros haremos todo de nuestro alcance para que no falte plata. Celebro que él escuche lo que el pueblo paraguayo clama”, comentó.
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Realizaron controles para detectar diabetes en el Palacio de Justicia
Desde la Corte Suprema de Justicia, este jueves informaron sobre una jornada de detección y prevención de la diabetes que se desarrolló en el Palacio de Justicia de Asunción, con atención dirigida a funcionarios y usuarios de justicia. La actividad se extendió hasta las 12:00 y formó parte de las acciones de concienciación por el Día Mundial de la Diabetes, que se recuerda cada 14 de noviembre.
Durante la jornada se realizaron controles de presión arterial, medición de signos vitales y evaluaciones para identificar factores de riesgo asociados a esta enfermedad crónica. La iniciativa contó con el acompañamiento de la Dirección General de Capital Humano y el apoyo de varias organizaciones vinculadas a la atención de pacientes con diabetes.
La doctora Luz Vázquez explicó que en Paraguay aproximadamente el 10,7 % de la población vive con diabetes, por lo que consideró fundamental reforzar los controles y la educación para evitar nuevos casos y prevenir complicaciones.
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En particular, señaló que la diabetes tipo 2 puede prevenirse en muchos casos mediante cambios en el estilo de vida. Por ese motivo, las evaluaciones también apuntaron a identificar a personas con sedentarismo, sobrepeso y obesidad, condiciones que aumentan el riesgo de desarrollar la enfermedad.
La jornada fue organizada en conjunto con:
- la Fundación Paraguaya de Diabetes (Fupadi)
- con el respaldo de la Red Integral de Atención a la Diabetes
- el Instituto de Previsión Social (IPS)
- la Sociedad Paraguaya de Diabetes
- y la Sociedad de Endocrinología.
- También participaron las integrantes de Fupadi, Elizabeth Cáceres, Rosa Rolón y Danna Marabel.
Las actividades preventivas continuarán este viernes 6 de noviembre en la sede de la Dirección del Registro de Automotores (DRA), mientras que el jueves 12 están previstas en el Registro Unificado Nacional (RUN).
Atención médica en el Palacio
Por otra parte, también informaron que la División de Asistencia Médica del Poder Judicial cuenta con profesionales disponibles para atender a funcionarios y usuarios de justicia de lunes a viernes, de 7:00 a 18:00, en la planta baja del Palacio de Justicia de Asunción.
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Denuncian penalmente al titular del Indert por perjuicio millonario en cobro de tierras
El abogado Weldon Walter Black Zaldívar denunció penalmente a Francisco Ruiz Díaz, titular del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), por el cobro irregular de tierras en el Chaco dentro de tres juicios ejecutivos.
Según la denuncia, las demandas se habrían cerrado mediante un aparente arreglo que generó un perjuicio patrimonial al Estado.
La acción legal señala presuntas irregularidades en procesos judiciales tramitados para el cobro de deudas por tierras adjudicadas en el distrito de Bahía Negra, Departamento de Alto Paraguay, en el Chaco.
Los tres juicios ejecutivos fueron promovidos por el Indert en contra de Ángel David Bobadilla Rivas, Sergio Miguel Morán Barrios y Mario Alejandro Olmedo Urquhart.
El reclamo judicial inicial ascendía a cerca de G. 6.228 millones, cifra que incluía las cuotas vencidas, así como los intereses moratorios y punitorios.
Sin embargo, de acuerdo con el denunciante, en esa instancia comenzaron las anomalías: se habrían exonerado los intereses hasta en un 65 % “sin sustento en la ley”, lo que provocó —solo en ese concepto— un perjuicio patrimonial de más de G. 1.000 millones.
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Además, supuestamente se abonaron los gastos judiciales de forma directa con fondos públicos de la institución, sin una regulación judicial previa y sin exigir posteriormente el reembolso a los demandados.
Entre las irregularidades citadas, también se menciona el pago de honorarios al oficial de justicia Osvaldo Maldonado por un total de G. 155 millones (equivalente al 2,5 %), a pesar de que la tasa establecida habitualmente es del 1 %. La denuncia subraya que dicho desembolso se gestionó como «prioridad», sin concurso ni competencia.
El abogado Black Zaldívar sostiene que existió una condonación ilegal de los intereses que el Indert debía percibir, un monto que calificó como una pérdida efectiva para el Estado, sumada a los gastos judiciales no devueltos por los demandados.
El profesional concluyó que la institución no aplicó la ley y se extralimitó en sus facultades legales al dar por finiquitados los juicios.
El denunciante no determinó un valor cerrado del daño total y solicitó a la Fiscalía que lo cuantifique, incluyendo los gastos judiciales ocasionados sin devolución (notificaciones, viáticos y traslados), el dinero descontado de los intereses y otros detalles del proceso.
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