El interventor de la Municipalidad de Asunción, Carlos Pereira adoptó las primeras medidas en el inicio de la intervención, separando de sus cargos a Nelson Mora, jefe de Gabinete de la comuna de Asunción, y de Fernando Chávez, actual director de Finanzas.

Igualmente, Pereira pidió el cambio de otros dos funcionarios cuyos nombres se daría a conocer en las próximas horas.

El presidente de la Junta Municipal de Asunción, Luis Bello afirmó que desde el cuerpo legislativo municipal están trabajando con absoluta normalidad y a disposición del interventor Carlos Pereira, quien este martes tomó la administración de la comuna de Asunción.

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En comunicación con La Nación/Nación Media, Bello confirmó que en la fecha ya mantuvo una primera reunión con el interventor Carlos Pereira y acordaron que el próximo vienes tendrán una reunión, en horario a confirmar, con los demás miembros de la Junta Municipal.

Carlos Pereira inició su trabajo de intervención en la municipalidad de Asunción, desde las 9:00 de este martes. Pereira asumió la intervención con la presencia del ministro del Interior Enrique Riera, así como del propio jefe comunal Óscar Rodríguez.

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• Por Nadia Denis (nadia.denis@nacionmedia.com).

El pedido del Poder Ejecutivo para intervenir las municipalidades de Asunción y Ciudad del Este, en proceso en la Cámara de Diputados, generó gran revuelo político y ambos intendentes, y sus respectivos aliados, han salido a defender su gestión, pero, cuáles son los motivos por los cuales se puede solicitar la intervención.

En conversación entre La Nación/Nación Media y el abogado Ricardo Preda, explicó que la existencia de un hecho punible o un indicio del mismo no es el único causal para una intervención; la sospecha de malos manejos administrativos, que no constituyan un delito, también pueden requerir la medida constitucional de la intervención.

“Por ejemplo, si yo utilizo un rubro en otro, es decir, dinero que está para construcciones para pagar salarios de los funcionarios, eso propiamente no es un delito porque no hay un perjuicio patrimonial, pero es una mala administración porque estoy usando incorrectamente los rubros”, detalló.

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Hay un extenso listado de cuestiones que no corresponden a un delito como tal, pero sí habla de una mala gestión del administrador de gastos. Por citar algunos: falta de rendición de cuentas, desorganización en los registros contables y administrativos, inadecuado manejo de bienes patrimoniales, falta de respuesta a requerimientos de órganos de control, entre otros.

“Los defensores de uno de los intendentes, decía que ‘acá no hay perjuicio patrimonial’, yo desconozco porque no profundicé ninguno de los dos casos y no sé si es el caso, pero si una municipalidad paga todo con cheques al portador, eso es una mala administración, no necesariamente es un perjuicio patrimonial porque de por ahí se pagaron deudas que eran reales, pero no está bien que se pague de esa manera porque eso es poco transparente”, sostuvo.

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La intervención es una herramienta que está presente en el artículo n.° 165 de la Constitución y que está regulada por la ley n.° 317/1994. En estas normativas, se menciona la atribución de la Contraloría para cursar la solicitud de las intervenciones, mediante el Ministerio del Interior (Poder Ejecutivo), así como de las Juntas Municipales.

La Cámara de Diputados conformó dos comisiones especiales para investigar los motivos del pedido de intervención y que deberán emitir un dictamen en un plazo no mayor a 15 días hábiles a partir de su instalación. Posteriormente, el pleno deberá tratar este punto y definir si presta el acuerdo al Poder Ejecutivo para intervenir la municipalidad.

En caso de aprobarse la intervención, el Ejecutivo deberá designar a un interventor que tiene un plazo de 90 días, con posibilidad de prórroga, y deberá realizar una auditoría administrativa, financiera y legal de la gestión del intendente suspendido. Finalizado este trabajo, deberá remitir un informe recomendando la restitución o destitución del intendente

¿Pero, si el intendente renuncia, sigue en pie la intervención? No, si la renuncia presentada por el jefe comunal es aceptada por la Junta Municipal, la intervención queda sin efecto, no obstante, si existen presunciones de hechos punibles, el Ministerio Público tiene atribuciones para investigar.

“El hecho de que se le destituya o renuncie no cambia en absoluto de que el Ministerio Público va a estar obligado a perseguir esos delitos. Desde el punto de vista de los malos manejos que no constituyan hechos punibles que generan algún tipo de responsabilidad, igual la Municipalidad va a poder reclamar a esa autoridad que hizo incorrectamente, hay acciones civiles establecidas si hay algún perjuicio causado por el administrador, pero que no constituya hechos punibles”, puntualizó Preda a LN.

En la actualidad, existe un cambio histórico en el abordaje del tema de titulación para las mujeres rurales con el actual Gobierno. Bajo el mandato de Santiago Peña, el 56 % de los 9.000 títulos de tierra entregados son para mujeres, frente a un promedio del 28 % en gobiernos anteriores.

La ministra de la Mujer, Cynthia Figueredo, destacó en conversación con La Nación/Nación Media el gran trabajo que se está desarrollando a través del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) mediante la titulación masiva de tierras en favor de la mujer rural.

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Indicó que esto ayuda al empoderamiento de la mujer, que a su vez, brinda garantías para el bienestar de la familia, ya que se sabe que el 40 % de la población rural está a cargo de las mujeres jefas de hogar.

Esta política de titulación de inmuebles a favor de las mujeres rurales ha permitido la promoción de las mujeres al acceso de las tierras con el interés a cero por ciento, con una financiación hasta 15 años de plazo, cuando anteriormente eran solo de 10 años.

“Con este incentivo para las mujeres, aseguramos el empoderamiento de las mujeres. El acceso a la tierra hace que ellas puedan asegurar un techo que a su vez brinda un techo seguro, una vida digna a sus hijos, así como alimentación segura, educación segura. Todo esto va generando una cadena de buena vida, sobre todo para la ciudadanía rural”, enfatizó.

Hace unos días el presidente Santiago Peña entregó al titular del Congreso Nacional el proyecto de Ley que ampliar a 25 años el plazo de financiación para los inmuebles rurales, en favor de las jefas de hogar.

La ministra Figueredo resaltó que junto con el Indert están desarrollando un protocolo contra la violencia; de tal modo que las mujeres que acceden a un título de su inmueble patrimonial igualmente estén protegidas. Sumado a lo que es la capacitación en lo que son la prevención contra la violencia.

Asimismo, están trabajando en todo lo que es el sistema del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), así como con la mesa interinstitucional que está compuesta por 33 instituciones del Estado, de tal forma a poder articular las acciones como ente rector de las políticas de mujeres rurales y sobre todo con las mujeres del campo.

Después de 12 años de vigencia de la Ley, el año pasado en octubre, con la lectura del noveno informe, se conformó por primera vez la Red de Mujeres Rurales en el Paraguay.

“Esto es un avance que nos marca la política de mujeres rurales y su conformación hace que todas las mujeres organizadas de todas las zonas del país puedan comenzar a trabajar articuladamente con las diferentes instituciones, y con las diferentes acciones que vienen realizando las instituciones con las mujeres”, remarcó.

Entrega de títulos en el gobierno de Santiago Peña

• 56 % de los 9.000 títulos entregados son para las mujeres
• Frente a un promedio del 28 % en gobiernos anteriores.
• 40 % de la población rural está a cargo de las mujeres jefas de hogar.
• La política a favor de las mujeres aplica la tasa de 0 % en las cuotas de los lotes, con financiación de hasta 15 años.

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El gobierno del mandatario estadounidense, Donald Trump, tomó la decisión de levantar las sanciones aplicadas contra Antal Rogán. El jefe de gabinete del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, fue acusado de corrupción durante la administración de Joe Biden.

Según las publicaciones de medios internacionales, la decisión fue comunicada por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, tras mantener una comunicación telefónica con el ministro húngaro de Exteriores, Péter Szijjártó.

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A principios de enero, el anterior gobierno de Joe Biden impuso sanciones económicas a Antal Rogán, jefe de gabinete de Orbán, “por su implicación en corrupción”, según un comunicado del Departamento del Tesoro de entonces.

Rogán, que controla los servicios de inteligencia y comunicaciones, había sido acusado de “orquestar tramas de corrupción para controlar sectores estratégicos de la economía húngara y desviar ingresos hacia sí mismo y los leales a su partido político”, añadió el Tesoro.

En un comunicado del Departamento de Estado, el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, informó ayer martes de la decisión de retirar a Rogán de la lista negra en una llamada a su homólogo húngaro, Peter Szijjarto, “señalando que mantener esta designación es incompatible con los intereses de la política exterior estadounidense”.

Hungría, con 9,6 millones de habitantes, ocupa el último lugar entre los 27 países de la Unión Europea según la ONG Transparencia Internacional, en medio de sospechas de malversación que han llevado a la congelación de miles de millones de euros en fondos europeos. Orbán, en el poder en 2010, es uno de los pocos líderes europeos cercanos a Trump.

Fuente: AFP

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