El defensor del Pueblo, Miguel Godoy, manifestó este miércoles encontrarse arrepentido por el exabrupto cometido ayer durante su intervención en el motín registrado en la penitenciaría de Tacumbú. Foto: Néstor Soto.
Godoy afirma que como abogado ganará “diez veces más” que como defensor del Pueblo
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El defensor del Pueblo, Miguel Godoy, manifestó este miércoles encontrarse arrepentido por el exabrupto cometido ayer durante su intervención en el motín registrado en la penitenciaría de Tacumbú. El abogado increpó a la ministra de Justicia, Cecilia Pérez, en pleno proceso de arduo trabajo para pedirle su renuncia. El funcionario, además, fue ampliamente criticado por la ciudadanía en redes sociales, luego de ser acusado de “figureti” y de realizar comentarios misóginos en contra de la ministra.
“Mis disculpas públicas a la señora ministra, no estuve bien. La muerte de los presos me llevó al exabrupto. No volverá a pasar. Estoy arrepentido y reconozco mi error”, declaró el defensor del Pueblo, este miércoles, a través de su cuenta de Facebook. Miguel Godoy fue duramente cuestionado en redes sociales por su prepotencia y forma de intervenir durante el grave motín que se desarrollaba en el penal. Una gran mayoría exigió su inmediata destitución.
En otro posteo realizado por el abogado, aseguró que fue hasta el lugar para tranquilizar a los presos. Mencionó que trabajó arduamente en tiempos de pandemia y afirmó que “nunca en la vida tocó dinero del Estado”. “Vivo en un casa hipotecada. Si tengo que irme, lo haré sabiendo que no me traicioné”, dijo.
Por otra parte, se retractó del pedido realizado ayer y señaló que la ministra Cecilia Pérez debe continuar en el cargo para solucionar los problemas estructurales. “Quizás me asusté por lo ocurrido. No quiero que la gente muera y si me toca irme, me voy, pero no por ladrón. En mi profesión puedo ganar diez veces más, de hambre no me voy a morir”, concluyó el abogado.
Apoyo a la ministra
Las redes sociales nuevamente sirvieron para que algunas autoridades políticas, así como la ciudadanía en general, puedan expresar su apoyo a la gestión de la ministra de Justicia, Cecilia Pérez, ante el amotinamiento registrado esta tarde en la penitenciaría de Tacumbú, que arrojó como resultado 6 fallecidos hasta el momento, a la par también se realizaron duras críticas contra el defensor del Pueblo, Miguel Ángel Godoy.
“Loable labor de la ministra”, indicó el diputado Carlos Rejala. Mientras que otras personas resaltaron la preparación con la que cuenta la funcionaria de Estado para ocupar el cargo dentro del gobierno del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, alegando que no se trata de una “hurrera” más.
El día en que la violencia se convirtió en horror en el penal de San Pedro
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Por Sara Valenzuela
Todo hacía suponer que esa tarde del 16 de junio de 2019, hace seis años, sería tan apacible como las anteriores, pero el destino tenía reservada una espantosa sorpresa. El sol rojo del ocaso se hizo eco de la sangrienta noticia: un violento enfrentamiento se había desatado entre clanes rivales en el interior de la penitanciaria de San Pedro. La sorpresa paralizó a los paraguayos, que en muchos casos accedieron a través de redes sociales y WhatsApp a imágenes que eran difundidas por los mismos reos de lo que era una terrible matanza a puertas cerradas.
Un enfrentamiento entre internos pertenecientes al grupo criminal brasileño Primer Comando Capital (PCC) y el Clan Rotela era la primera información que surgía al mediodía de aquel domingo, pero minutos después fotografías y videos confirmaban que el motín había escalado de manera mortal.
El infierno se instaló en el penal de San Pedro; las primeras imágenes mostraban peleas cuerpo a cuerpo con armas blancas de fabricación casera, hombres ensangrentados, cuerpos apilados y un macabro juego con cabezas, esto seguido de incendios: fuego provocado en el interior de las celdas para quemar a otros reos.
El contenido de aquellas imágenes se logró confirmar más de tres horas después de que el enfrentamiento hubiera iniciado y convirtiera el penal de San Pedro en tierra de nadie, ya que los custodios se vieron sobrepasados y solo podían aguardar a la respuesta conjunta de los equipos tácticos policiales y militares que buscaban la manera de ingresar con la menor cantidad de bajas posible.
Aquel día, 10 personas privadas de su libertad fallecieron, y 11 resultaron gravemente heridas. De aquellas 10 personas, 5 fueron decapitadas con armas blancas tipo machetes, 3 fueron quemadas vivas en sus celdas, una recibió un disparo y la última falleció camino al hospital debido a las múltiples heridas que tenía.
Estos homicidios fueron parte del terrible acto de venganza del grupo criminal brasileño Primeiro Comando da Capital (PCC), afincado en las cárceles paraguayas en aquel momento con fuerte poderío económico y apoyo logístico, contra el clan enemigo, buscando así dejar un mensaje claro de poderío.
El comunicador Mario Luiz Ledezma. Foto: Gentileza
El comunicador Mario Luiz Ledezma, quien en aquel momento se desempeñaba como camarógrafo de un medio local, recordó en conversación con La Nación/Nación Media que aquel 16 se preparaba para compartir con su familia la celebración del Día del Padre cuando recibió la llamada, debiendo abandonar a sus seres queridos para acudir a informar.
“Cuando llegamos ya había efectivos policiales que custodiaban el lugar, y también ya estaban familiares de las personas privadas de libertad que llegaron hasta el lugar para solicitar información sobre sus familiares porque muchos se enteraron de lo que estaba pasando adentro y la magnitud de los hechos. Estaban desesperados por saber si sus familiares estaban bien”, comentó Ledezma.
El mismo reconoció que cuanto más pasaban los minutos y luego horas, la preocupación de los familiares crecía, pero también la de los pobladores de todo San Pedro, ya que los mismos temían que los reos lograsen escapar o que la situación saliera de control y que aumente el número de víctimas.
“Muchas personas estaban con miedo y no solo por los reos, sino porque aquel día había muchas personas que fueron hasta el penal en día de visita por el Día del Padre y se temía que no pudieran salir. Entre esas personas estaban personas que nosotros conocíamos, que eran de la zona, porque es una penitenciaria en la que hay muchos sanpedranos también y, lógicamente, toda la comunidad estaba pendiente”, relató Mario Luis.
En vilo
De esta forma, una ciudad considerada como tranquila y sin mayores episodios de violencia se vio completamente consternada ante las diversas posibilidades críticas que se podían dar, en medio de una ola de información macabra y lamentable que solo tardó minutos en llegar prácticamente a todos.
“Hubo una conmoción total cuando empezaron a llegar las primeras informaciones, porque si bien la penitenciaria se había construido alejada del casco urbano, ya para aquel entonces había nuevos asentamientos que rodeaban la zona”, recalcó Mario Ledezma.
El comunicador destacó además que tras este impactante suceso, la propia comunidad sanpedrana se manifestó en varias ocasiones exigiendo que la seguridad del lugar sea reforzada y que los controles se vuelvan más estrictos para garantizar no solo la seguridad de los reos, sino la de todos los ciudadanos.
En total fueron 24 los acusados por las decapitaciones ocurridas en el penal de San Pedro. Foto: Lorenzo Agüero.
Tras la tragedia, las investigaciones iniciaron inmediatamente, de manera que las destituciones, sumarios administrativos y juicios llegaron por añadidura. Desde el Ministerio de Justicia también se trabajó en un protocolo de respuesta para esta situación, lo que originó planes de seguridad más estrictos y un modelo de descongestión carcelaria.
En total fueron 24 los acusados por las decapitaciones ocurridas en el penal de San Pedro. Del total de acusados, 14 participaron presencialmente del juicio, mientras que otros 10 lo hicieron vía telemática desde el Centro de Rehabilitación Social de Encarnación y desde la Penitenciaría Regional de Concepción.
Detienen a policía que intentó introducir casi 500 gramos marihuana al penal de Tacumbú
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Este miércoles, la Policía Nacional logró detener a un agente de sus filas que intentó meter cerca de medio kilo de droga al penal de Tacumbú, se presume que sería para la comercialización entre los reos. El hombre fue descubierto por agentes penitenciaros que realizaban el cateo correspondiente.
Según el comisario Alberto Morínigo, jefe de la Comisaría 4ta de la ciudad de Asunción, se trata de un agente de la Agrupación Especializada de la Policía Nacional, quien llevaba un total de 440 gramos de marihuana ocultos entre su campera. Hasta el momento se desconoce con qué finalidad.
“Esta persona ingresó al servicio y pasó por los retenes, donde fue verificado por agentes penitenciarios y policiales, quienes pudieron constatar que llevaba una sustancia, que luego se puedo comprobar que era marihuana”, detalló Morínigo, en el programa “Cuenta Final” de canal Gen y Universo 970/Nación Media.
Expresó que hasta el momento el detenido se llamó a silencio y que desconocen si este cargamento tenía como destino una persona en común o era para comercializarlo entre los internos. Remarcó que el control se realiza a cualquier persona que ingrese al penal, sin distinción.
“Nosotros estamos luchado contra este flagelo y no podemos ser nosotros los vinculados a esta situación. Es un suboficial ayudante de cuatro años de antigüedad y será investigado por asuntos internos, en este caso es muy seguro que se le dé la baja. No es la primera vez ni la última que pasa esto”, puntualizó.
Paraguay toma visibilidad internacional en DD. HH., resalta defensor del Pueblo
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El defensor del Pueblo, Rafael Ávila, destacó la elección de Paraguay como miembro de la Alianza Global de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI). Detalló que esta designación se concretó durante la realización de la asamblea de la Red de Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de Derechos Humanos del Continente Americano.
El evento fue desarrollado el pasado mes de abril en Panamá. “Esto da visibilidad al Paraguay, nos ubica en un plano muy importante. Esta es la institución mayor en todo lo referente a derechos humanos”, indicó Ávila, este lunes, en una entrevista con el programa “Arriba hoy”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Ávila manifestó que la designación de Paraguay fue por mayoría absoluta. Señaló que el espacio fue disputado contra Uruguay. “Nuestro país estará presente en las decisiones que se tomen en la Ganhri junto a otros 118 países integrantes, tendremos voz y voto”, puntualizó.
Asimismo, siguió refiriendo que “Paraguay presentó su postulación al quedar el cargo vacantey al tener categoría A, puede optar por ese lugar. Hablamos con todos los países, presentamos nuestras propuestas. En la votación ganamos con 14 votos contra 2. La designación es por 3 años".
Mafia de los pagarés
Por otra parte, el funcionario se refirió sobre la habilitación de un formulario en su institución para que las víctimas de la llamada “mafia de los pagarés” puedan realizar sus denuncias. Detalló que en total registraron 245 denuncias que ya fueron remitidas al Ministerio de la Defensa Pública.
“Depuramos las denuncias para hacer el seguimiento y garantizar que los casos presentados sean realmente vinculados a la mafia de los pagarés”, comentó.
Las víctimas del esquema pueden recurrir hasta la institución a realizar sus denuncias o completar el formulario que se encuentra disponible en la página web de la institución y en todas sus redes sociales oficiales.
Plantean penas de hasta 15 años contra cómplices de fugas masivas de reclusos
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Con el fin de endurecer las penas contra quienes faciliten o colaboren en la fuga de reclusos, especialmente, cuando se trate de funcionarios públicos o personal penitenciario, y cuando las fugas sean colectivas, en la Cámara de Diputados se presentó el proyecto de ley que establece la modificación y ampliación del artículo 294 de la normativa 1160/97, Código Penal Paraguayo.
La iniciativa establece tres modificaciones principales: por un lado, mantiene la pena base de hasta 3 años o multa para quien libere, induzca o apoye la fuga de un interno. Por otro lado, aumenta la pena para los funcionarios públicos o el personal penitenciario obligados a evitar evasiones, elevándola de “hasta 7 años” (como contempla la ley actual) a un rango de “4 a 10 años” de privación de libertad.
Por último, el proyecto de ley que se encuentra en su primer trámite constitucional, introduce un nuevo agravante para los casos de “fuga masiva”, estipulando una pena de entre 5 y 15 años cuando se libere a más de un interno.
Se estudia el 8 de abril
La iniciativa presentada por el diputado Yamil Esgaib figura entre los puntos más resaltantes que deben ser evaluados por la cámara en su sesión ordinaria del próximo martes 8 de abril. El documento ya fue girado para sus correspondientes dictámenes a las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Asuntos Económicos y Financieros, de Legislación y Codificación, de Justicia, Trabajo y Previsión Social y de Reestructuración y Modernización del Estado, para sus dictámenes.