El proyecto de resolución para conformar una mesa receptora de denuncias ciudadanas, principalmente contra la fiscala general del Estado, la doctora Sandra Quiñónez, no prosperó en la Comisión Permanente del Congreso la semana anterior, atendiendo que no se lograron los votos necesarios para la convocatoria a la Cámara de Diputados para tratar la iniciativa de un sector de la oposición.
El planteamiento de crear la mesa de denuncia tiene como principal objetivo impulsar un juicio político contra la fiscala general del Estado.
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Detrás de Efraín Alegre
El mencionado proyecto surgió a partir de que fuera decretada la prisión preventiva del presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Efraín Alegre, imputado y recluido por la producción de documentos no auténticos, producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso.
Pero también fue un punto de inflexión para que aparezcan muestras de apoyo de diversos gremios de productores y de abogados, así como grupos de colonos o vecinos asociados que en sus manifestaciones destacan la labor desarrollada por el Ministerio Público, en la persona de su titular, la doctora Sandra Quiñónez, así como de los fiscales adjuntos, agentes fiscales o funcionarios de la Fiscalía General del Estado.
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Delincuentes perjudicados
“Sabemos y entendemos las consecuencias que trae consigo el hacer frente a este tipo de delincuentes, que sabemos se mueven en diferentes ámbitos y cuentan con un buen caudal de dinero, que hoy se ven perjudicados por la labor y la gestión de la titular del Ministerio Público”, expresa una parte de los varios comunicados en apoyo a la gestión de Quiñónez.
Todos coinciden que se ha instalado una campaña de desinformación carente de fundamentos, de manera de amilanar en el ánimo de quien está al frente del Ministerio Público. Los manifiestos corresponden a organizaciones de ciudadanos del departamento de Alto Paraná, entre ellas tres comisiones vecinales y una organización de carácter religioso.
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Gremio del sector telecomunicaciones apoya gestión de Borgognon al frente de Copaco
El Sindicato Nacional de Telecomunicaciones (Sinattel) respalda la gestión de la Ing. Natalia Borgognon al frente de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco), y manifiesta el apoyo a su continuidad en la institución.
Este respaldo se fundamenta en los avances alcanzados durante su gestión, especialmente en materia de estabilidad laboral y cumplimiento de las obligaciones con los trabajadores, afirmó el secretario general del sindicato Alejandro Villamayor.
En efecto, destacó la regularización de los salarios, una reivindicación histórica y fundamental para devolver tranquilidad y previsibilidad a las familias de los funcionarios.
Asimismo, ante las versiones y cuestionamientos relacionados con la empresa Nubicon, “consideramos importante aclarar que Copaco le otorgó el mismo tratamiento comercial que a cualquier otro operador de telecomunicaciones, mediante el alquiler de espacios en sus torres de infraestructura”, señaló. Se trata de una actividad comercial legítima que forma parte de los servicios que la empresa ofrece a distintos operadores del sector, recordó.
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Explicó que como organización sindical, entiende que Copaco necesita estabilidad institucional, continuidad en las políticas de recuperación y una administración comprometida con el fortalecimiento de la empresa estatal.
“Nuestra posición es clara: defender a Copaco es defender sus fuentes de trabajo, su patrimonio, su infraestructura y su futuro como empresa estratégica del Estado paraguayo”, manifestó Villamayor.
Por ello, Sinattel ratifica su respaldo a la gestión de la la presidenta y considera que su continuidad puede contribuir a consolidar los avances obtenidos y profundizar el proceso de recuperación y fortalecimiento de Copaco.
Finalmente dijo que la institución necesita estabilidad, compromiso y trabajo, afirmando que los avances deben continuar en beneficio de sus trabajadores y de toda la ciudadanía paraguaya.
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Caso Ueno: Fiscalía imputa por asociación criminal a Peña y cinco autoridades del BCP
La Fiscalía formuló este viernes 13 de noviembre una nueva imputación por el supuesto hecho punible de asociación criminal contra el expresidente de la República Santiago Peña y cinco autoridades y exautoridades del Banco Central del Paraguay (BCP), en el marco de la investigación por las presuntas irregularidades financieras que derivaron en el colapso de Ueno Bank.
El Acta de Imputación N.º 9, correspondiente a la causa penal N.º 92/2026, sostiene que los investigados habrían integrado una estructura organizada y jerárquica dentro del aparato estatal para favorecer los intereses del conglomerado empresarial Grupo Vázquez, controlador de la entidad bancaria.
La nueva imputación alcanza a Santiago Peña Palacios, expresidente de la República; Carlos Carvallo Spalding, expresidente del BCP; Holger Insfrán Ibarrola, exsuperintendente de Bancos; y los exdirectores Marco Aurelio González Maldonado, Liana Emilce Caballero Krauze y Miguel Ángel Mora.
En el caso de los tres exintegrantes del directorio, la Fiscalía también atribuye otros hechos punibles relacionados con presuntas omisiones de supervisión y el manejo de documentos oficiales.
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Peña habría encabezado la presunta estructura criminal
Según la hipótesis del Ministerio Público, Santiago Peña habría utilizado su posición como presidente de la República para colocar y mantener en cargos estratégicos a personas de su confianza o con vínculos corporativos previos.
Los investigadores sostienen que estas designaciones habrían permitido establecer un esquema de protección institucional para Ueno Bank, mediante la participación de autoridades encargadas de regular y supervisar el sistema financiero.
La Fiscalía señala que Peña habría actuado como jefe de la presunta organización, mientras que los demás integrantes habrían cumplido funciones específicas desde sus respectivas responsabilidades públicas.
En ese contexto, el documento menciona la designación de Carlos Carvallo, expresidente de financiera ueno, como titular del BCP, además de la permanencia de Holger Insfrán en la Superintendencia de Bancos y la actuación de los tres integrantes del directorio. La imputación sostiene que el objetivo de la presunta estructura habría sido subordinar los mecanismos de control financiero a los intereses particulares del Grupo Vázquez.
Reuniones reservadas con Miguel Vázquez en Mburuvicha Róga
Otro de los aspectos centrales del acta fiscal es la presunta relación entre el expresidente Peña y Federico Miguel Vázquez Villasanti, principal referente del conglomerado empresarial. Los investigadores sostienen que ambos habrían mantenido reuniones reservadas en Mburuvicha Róga para coordinar necesidades e intereses del grupo financiero.
De acuerdo con la imputación, Peña habría impartido directivas destinadas a evitar la intervención de Ueno Bank y frenar las alertas públicas relacionadas con su situación de insolvencia.
El documento también menciona el presunto hallazgo y entrega de USD 200.000 en efectivo, distribuidos en sobres dentro de la residencia presidencial, como parte de las contraprestaciones ilícitas que la Fiscalía atribuye al exmandatario. Estas afirmaciones forman parte de la hipótesis fiscal y deberán ser acreditadas durante el proceso penal.
Carvallo habría ocultado información sobre la insolvencia
La imputación también señala a Carlos Carvallo Spalding, expresidente del Banco Central, como uno de los presuntos responsables de impedir la aplicación oportuna de los mecanismos regulatorios. Según el Ministerio Público, Carvallo habría paralizado procedimientos de regularización y suscrito documentación dirigida al Congreso Nacional que no reflejaba íntegramente las advertencias técnicas sobre la situación financiera de Ueno Bank.
En particular, se cuestiona la Nota BCP/P N.º 016/2026, remitida a la Cámara de Senadores, cuyo contenido habría omitido información relevante sobre operaciones financieras investigadas. La Fiscalía sostiene que estas actuaciones habrían contribuido a mantener la operación del banco sin restricciones, pese a los informes que advertían sobre su deterioro patrimonial.
En cuanto a Holger Insfrán, la Fiscalía sostiene que habría utilizado su posición al frente de la Superintendencia de Bancos para evitar la aplicación de medidas correctivas. Entre los hechos investigados figura la venta de una cartera crediticia de Ueno Bank a Vinanzas S.A. por USD 74,4 millones, operación que, según los informes técnicos, habría sido financiada indirectamente con recursos del propio banco.
El Ministerio Público también cuestiona el tratamiento dado a un informe elaborado por el exgerente de Supervisión Fernando Rivarola, fechado el 10 de julio de 2026, que advertía sobre presuntas irregularidades en esa operación. De acuerdo con la hipótesis fiscal, la falta de aplicación de sanciones y medidas preventivas habría permitido que la entidad continuara captando fondos del público.
Exdirectivos del BCP habrían permitido continuidad de operaciones
La imputación atribuye a Liana Caballero, Miguel Ángel Mora y Marco Aurelio González presuntas omisiones en sus deberes de control como integrantes del directorio del Banco Central. Según la Fiscalía, los tres habrían conocido las alertas relacionadas con el deterioro patrimonial de Ueno Bank desde junio de 2026, sin impulsar oportunamente las medidas previstas en la legislación bancaria.
El acta señala que, pese a los informes técnicos disponibles, el directorio se habría limitado a disponer la apertura de un sumario administrativo, sin ordenar la suspensión preventiva de determinadas operaciones. En particular, la Fiscalía atribuye a Marco Aurelio González una presunta participación directa en la modificación de un informe institucional remitido al Senado, que habría omitido observaciones técnicas relevantes.
Respecto de Liana Caballero, sostiene que habría recibido una versión del documento cuestionado sin promover posteriormente una rectificación oficial. En cuanto a Miguel Ángel Mora, los investigadores señalan que habría presidido interinamente una sesión del directorio en la que no se impulsaron medidas más restrictivas contra la entidad financiera.
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Captación de depósitos pese a advertencias
El Ministerio Público sostiene que la presunta actuación coordinada de los investigados permitió que Ueno Bank continuara operando entre junio y octubre de 2026, pese a las observaciones sobre su solvencia. En ese periodo, la entidad habría desarrollado campañas comerciales para atraer nuevos depósitos y certificados de depósito de ahorro, incluyendo promociones con reintegros del 50 %.
La Fiscalía considera que la continuidad de estas operaciones habría incrementado la exposición del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) y comprometido recursos públicos y previsionales. El acta señala que, al 30 de septiembre de 2026, los fondos públicos depositados en la entidad ascendían a aproximadamente G. 3,6 billones y USD 233,4 millones.
La situación desembocó en el procedimiento de resolución dispuesto por el BCP el 2 de noviembre, luego de constatarse que la solvencia del banco había caído por debajo del límite establecido por la normativa.
Prisión para González y arresto domiciliario para Caballero y Mora
La nueva imputación también contiene solicitudes de medidas cautelares contra los exintegrantes del directorio del BCP. El Ministerio Público requirió la prisión preventiva de Marco Aurelio González Maldonado, mientras que para Liana Caballero Krauze y Miguel Ángel Mora solicitó arresto domiciliario.
Asimismo, pidió la inhibición general de vender y gravar bienes de los tres imputados y la identificación de sus cuentas, depósitos, inversiones y otros activos financieros, a fin de determinar eventuales medidas de inmovilización.
Nueva dimensión en la investigación
La imputación por asociación criminal representa una ampliación de la investigación que inicialmente apuntaba a presuntas irregularidades financieras, omisiones de supervisión y decisiones administrativas relacionadas con ueno bank.
Ahora, el Ministerio Público sostiene la hipótesis de que los hechos no habrían respondido únicamente a actuaciones individuales, sino a una presunta organización que habría funcionado mediante una división de tareas entre autoridades del Poder Ejecutivo y del Banco Central. La Fiscalía atribuye a Santiago Peña el supuesto liderazgo político de esa estructura y a las autoridades del BCP la presunta utilización de sus cargos para favorecer la continuidad operativa del banco.
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Alto Paraná: dirigentes colorados respaldan la gestión del director de Itaipú
Un grupo de presidentes de seccionales, convencionales y autoridades comunales del departamento de Alto Paraná dio a conocer un manifiesto de respaldo a la gestión del director paraguayo de Itaipú Binacional, Justo Zacarías.
La demostración de apoyo se da en medio de los cuestionamientos por los fondos públicos de Itaipú depositados en Ueno Bank, entidad que fue intervenida por el Banco Central del Paraguay (BCP) y que se encuentra en proceso de resolución. La binacional presentó una denuncia penal contra directivos del banco para buscar recuperar esos recursos.
Los dirigentes de Ciudad del Este, Hernandarias, Minga Guazú y otros distritos del departamento de Alto Paraná resaltaron la apertura al diálogo de Zacarías y afirmaron que seguirán trabajando junto a él por el desarrollo de la región.
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Paraguay Business Week 2026
Zacarías Irún dio la bienvenida este miércoles al vicepresidente de la República, Antonio Barrios, quien se trasladó hasta la ciudad de Hernandarias para participar de la apertura del Paraguay Business Week (PBW) 2026.
El director general paraguayo de Itaipú junto a otras autoridades de la Binacional, recibieron en el aeropuerto de la Entidad a la comitiva de la Vicepresidencia.
El Paraguay Business Week arranca hoy miércoles, 11 de noviembre y culmina el viernes 13 de noviembre, en el Centro TASK del Parque Tecnológico Itaipú - Paraguay (PTI-PY), situado en Hernandarias.
Este evento es impulsado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), a través de REDIEX, y cuenta con el apoyo de la entidad binacional.
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Ministerio Público advierte sobre suplantación de identidad de agente fiscal en WhatsApp
El Ministerio Público informa que personas aún no identificadas estarían utilizando, sin autorización, una fotografía de perfil de la agente fiscal Ingrid Cubilla en una cuenta de WhatsApp asociada al número 0985 126 358, desde la cual solicitan transferencias de dinero bajo la promesa de recuperar el acceso a cuentas de la aplicación.
La fiscala Cubilla presentó una denuncia penal para que se investiguen los hechos y se identifique a los responsables de la utilización indebida de su imagen. La institución aclara que el número telefónico señalado no corresponde a la agente fiscal y advierte sobre posibles intentos de estafa mediante la suplantación de identidad.
Asimismo, recomienda no realizar transferencias de dinero ante este tipo de solicitudes, no compartir información personal ni códigos de verificación y comprobar la autenticidad de los mensajes antes de responder.
El Ministerio Público insta a extremar las precauciones frente a posibles maniobras fraudulentas realizadas a través de aplicaciones de mensajería instantánea.
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