El presidente del Tribunal de Conducta del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Enrico Sachero, sostuvo que el órgano volverá a sesionar el próximo jueves 26 de junio con la finalidad de reactivar el juzgamiento del titular de la agrupación opositora, Hugo Fleitas, denunciado por sus correligionarios de la disidencia por mala gestión e irregularidades en su administración.

El proceso será retomado tras levantarse la recusación que pesaba sobre sus miembros titulares y suplentes, promovida por Fleitas el pasado 21 de enero. “Todos los denunciantes se habían ratificado en las acusaciones, luego se había corrido traslado al presidente para que ejerza su defensa, así lo hizo y de paso nos recusó a los 10 integrantes del tribunal. Finalmente el directorio del PLRA rechazó la recusación para que siga el proceso“, indicó Sachero en una entre.vista con el diario La Nación/Nación Media.

Fleitas, a través de sus abogados, recusó a los miembros del Tribunal de Conducta, indicando que los mismos incurren en un conflicto de intereses y dependencia laboral con los denunciantes. Los representantes legales del exgobernador de Cordillera manifestaron que el presidente del PLRA no es miembro del directorio y, en consecuencia, no puede ser juzgado por el Tribunal de Conducta por la competencia estatutaria.

“Tenemos pensado reunirnos el jueves de la próxima semana para dar entrada a la resolución del directorio del PLRA. De esta manera el juez instructor, que es la doctora Carolina Ferreira, seguirá el proceso hasta la etapa conclusiva donde el pleno del tribunal resolverá si corresponde la sanción o el sobreseimiento a Fleitas”, afirmó Sachero.

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En el requerimiento de recusación, los abogados de Fleitas habían mencionado también que la competencia del Tribunal de Conducta está claramente definida en el estatuto y cualquier actuación fuera de esos límites no son más que actos de atropello a la institucionalidad del PLRA.

Con estas argumentaciones Fleitas había solicitado al tribunal enmendar las inobservancias de las normativas estatutarias, como los principios constitucionales individualizados en el presente escrito, y declarar su incompetencia para intervenir en la denuncia y que se inhiba de tomar cualquier actuación con relación al presidente del PLRA.

A la vez, Fleitas no descartó impulsar una denuncia penal contra los miembros del Tribunal de Conducta, en caso de persistir en el proceso de juzgamiento. “Si las cosas siguen su curso normal, el proceso de juzgamiento a Fleitas podría terminar para finales de julio”, comentó Sachero.

Las acusaciones contra Fleitas fueron impulsadas por dirigentes disidentes, principalmente por militantes del movimiento Nuevo Liberalismo, encabezado por los gobernadores Ricardo Estigarribia, de Central, y Javier Pereira Rieve, de Itapúa, con el fin de apartarlo de la presidencia del PLRA.

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Una denuncia por un supuesto faltante de G. 3.000 millones en el Instituto José P. Guggiari, dependiente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), fue presentada por la abogada Basilisa Vázquez, integrante del directorio liberal. El presidente de la agrupación, Hugo Fleitas, salió al paso de las acusaciones que señalan una supuesta malversación de los subsidio y aportes.

“Presentamos una denuncia penal a consecuencia de una auditoría. Hay un faltante de G. 3.000 millones en el Instituto José P. Guggiari, esto es dinero público“, comentó Vázquez, quien detalló que la denuncia se encuentra a cargo de la agente fiscal Nathalia Silva. “Los recursos son parte del subsidio y aporte que el Estado le transfiere, es plata pública”, sostuvo en sus redes sociales oficiales.

Ante la acusación, Fleitas dijo que su gestión al frente de la nucleación se encuentra documentada y que los gastos están justificados. “Esto es una falacia. La rendición de cuentas es pública y las documentaciones están. El 100 % de los gastos que hizo el PLRA está justificado”, indicó a la 1020 AM, este viernes.

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Señaló que las denuncias a su gestión se deben a la línea de “oposición firme” que aplica en el PLRA. “Esto no le gusta a ese pequeño grupo, estos ataques son totalmente infundados, no hay absolutamente nada que reclamar en la rendición de cuentas presentadas con la doctora Alba Talavera (vicepresidenta primera)”, puntualizó.

Fleitas añadió que pese a las acusaciones seguirá firme en el cargo de presidente del PLRA. “Se cumplirán dos años de la sustitución de Efraín Alegre. Yo también fui vicepresidente electo del PLRA, nadie me regaló el cargo. Por más de que seamos cuestionados de manera infundada, mi renuncia no está absolutamente dentro de las posibilidades y esto nos da la fuerza suficiente para seguir“, refirió.

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El presidente del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, oficializó este miércoles la convocatoria a ambas cámaras legislativas para la reunión en conjunto, a fin de que el presidente de la República, Santiago Peña, brinde su segundo informe de gestión.

La convocatoria es realizada mediante la Resolución 3.167 y fue confirmada para el martes 1 de julio a las 20:00. La idea de presentar nuevamente el informe en horario de la noche, rompiendo el tradicional horario mañanero, surgió con el objetivo de garantizar una mayor difusión y que la población pueda seguir desde sus hogares sobre la situación actual del país y los planes encarados por el Gobierno.

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La propuesta había sido planteada por el propio jefe de Estado. Los mandatarios acuden cada 1 de julio ante los sena­dores y diputados para dar cumplimiento al precepto constitucional, establecido en el artículo 238. Normal­mente el informe de gestión al Poder Legislativo se rea­liza durante las primeras horas de la mañana.

El citado articulado sos­tiene que uno de los debe­res y atribuciones del pre­sidente de la República “es dar cuenta al Congreso, al inicio de cada período anual de sesiones, de las gestio­nes realizadas por el Poder Ejecutivo, así como inform­ar de la situación general de la República y de los pla­nes para el futuro”.

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Desde que tomó la causa, el Ministerio Público realizó una serie de diligencias con distintas instituciones locales (y extranjeras) para determinar que Horacio Cartes fue víctima de una vil y despiadada persecución política tras la denuncia del exministro del Interior Arnaldo Giuzzio. El juez Rodrigo Estigarribia debe estudiar si corresponde hacer lugar al pedido del Ministerio Público.

Durante los años que duró la investiga­ción, el Ministerio Público pudo recolectar 26 elementos de convicción que ratifican la inexisten­cia de los hechos punibles de lavado de dinero, contra­bando, enriquecimiento ilí­cito y evasión de impues­tos. Supuestos hechos que en 2022 fueron denuncia­dos de forma infundada y sin sustento por Arnaldo Giuzzio, exministro de Mario Abdo Benítez, contra el expresidente de la Repú­blica Horacio Cartes.

Uno de los elementos arri­mados a la carpeta fiscal fue el informe de la Direc­ción Nacional de Adua­nas sobre la existencia de sumarios administrativos llevados en contra de las empresas Tabesa, Palermo SA y Agrotabacalera SA. Ante este pedido la refe­rida institución contestó de forma categórica que las citadas empresas no cuen­tan con ninguna multa ni procesos de investigación en los últimos 10 años.

Del mismo modo, se dejó constancia que el Ministe­rio Público realizó varias reuniones con integrantes de la Seprelad, la Dirección Nacional de Aduanas, la Sub­secretaría de Estado de Tri­butación sobre los diferen­tes pedidos de informe que se solicitó sobre los denuncia­dos. Las citadas instituciones elevaron sus informes men­cionados que no se tenía nin­guna irregularidad sobre el expresidente Cartes así como las empresas mencionadas.

A los elementos citados, los fiscales Jorge Arce, Fran­cisco Cabrera, Fernando Meyer y Verónica Mayor pidieron archivar la denun­cia infundada que presentó en su momento el exministro del Interior.

En un informe de las auto­ridades del Brasil que está agregado a la carpeta fiscal y se produjo por el pedido de cooperación que soli­citó el Ministerio Publico de nuestro país a la Justicia del vecino país acerca de cau­sas donde se pudieron reali­zar incautaciones de cigarri­llos de origen paraguayo. El oficio del vecino país refiere que “se informa que no se han identificado a perso­nas o estructuras crimina­les paraguayas”, por lo que desnuda la mentira que pre­tendió instalar el exministro del Interior de la era Abdo.

En cuanto a las declaracio­nes juradas de Horacio Car­tes, la Contraloría General de la República remitió al Ministerio Público el estudio de correspondencia de bienes practicado al expresidente de la República, el 14 de noviem­bre de 2022. “Este informe refiere que existe correspon­dencia en las declaraciones juradas de asunción al cargo con el de baja del cargo del expresidente de la República”, describe el documento sobre este foco de investigación.

Giuzzio sostuvo que Cartes habría incurrido en enrique­cimiento ilícito, alegando que habría aumentado su patrimo­nio luego de haber concluido su primer año en el ejercicio del cargo de presidente de la República, su capital aumentó en más de G. 1.500.000.000 (mil quinientos millones), ade­más que, siendo mandatario, supuestamente realizó prés­tamos personales que aumen­taron 5 veces más de lo regis­trado inicialmente, y que dicho monto habría totalizado la can­tidad de G. 1.728.512.081.596. Todo esto quedó descartado con documentaciones.