El planteamiento de crear la mesa de renuncia tiene como principal objetivo impulsar un juicio político contra la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez. Foto: Gentileza.
No prosperó intento de complot de la oposición contra fiscala general
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El proyecto de resolución para conformar la mesa receptora de denuncias ciudadanas, principalmente contra la Fiscalía General del Estado (FGE), no prosperó en la Comisión Permanente, atendiendo que no se lograron los votos necesarios para la convocatoria a la Cámara de Diputados para tratar la iniciativa de un sector de la oposición.
El planteamiento de crear la mesa de renuncia tiene como principal objetivo impulsar un juicio político contra la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez. La idea surgió luego de que haya sido decretada la prisión preventiva del presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Efraín Alegre.
Durante la exposición de motivos, al diputada Kattya González, una de las principales propulsoras de este proyecto, excusó que no se trata de Efraín Alegre, sino de las “injusticias” en el Ministerio Público. Según la parlamentaria, el Legislativo tiene la atribución constitucional de “poner un freno” a otras instituciones que tienen un mal desempeño.
“Esta mesa que nosotros pretendemos tratar y abordar es un ejercicio legítimo de una función constitucional que le compete al Poder Legislativo, un poder del Estado que tiene la obligación de actuar de freno, de contrapeso y de recíproco control”, decía la legisladora.
Sin embargo, este argumento fue refutado por varios de los diputados y senadores que conforman la Comisión Permanente, quienes aseguran que instalar una mesa de recepción de denuncias es anticonstitucional y violatorio del orden jurídico, puesto que existen los canales correspondientes para realizar cualquier denuncia en contra de acciones de mal desempeño de fiscales y jueces, que es el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
“Un apriete judicial y fiscal”
En este sentido, el diputado Miguel Ángel del Puerto refirió que la Constitución Nacional, en su artículo 195, establece que los organismos o comisiones que pueden ser establecidos o formados por el Poder Legislativo son las comisiones bicamerales de investigación, y que el pedido de la oposición no se ajusta a estas disposiciones.
“La colega (Kattya González) estaba hablando de un apriete judicial y fiscal, y considero que la creación de una comisión de este tipo justamente apunta a pensar que se pueda realizar ese tipo de apriete. Nosotros bregamos aún por la independencia judicial”, sentenció el diputado.
Por su parte, el senador Sergio Godoy expresó que ya existe un canal constitucional para las denuncias contra el actuar desviado, injusto, ilegal, ilegítimo de fiscales y jueces que también es integrado por legisladores, que es el JEM.
“Es mucho más peligroso crear esta comisión dándonos a nosotros (los legisladores) la posibilidad de canalizar ciertos reclamos, cuando esos canales ya están, y si nuestro representante en el Jurado no funciona, tenemos los mecanismos para cambiarlos”, puntualizó el senador.
Ande: asistente virtual Luz atendió primeras denuncias y consultas a través del WhatsApp
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Desde ayer está habilitada la linea de WhatsApp atendida por la asistente virtual Luz de la Administración Nacional de Electricidad (Ande), con la cual se busca brindar atención de forma rápida y sencilla a los usuarios.
En el transcurso de este viernes, comenzaron a recepcionar las primeras denuncias y consultas.
Según el ingeniero Hugo Rolón, gerente de la Ande, el servicio está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La atención será orientada por la asistente virtual a la que denominaron “Luz”, sistema que busca ayudar a los clientes y usuarios a gestionar sus reclamos, consultas y solicitudes.
El número oficial de WhatsApp de la administración es (0962) 160-160. “Se trata de un canal de comunicación más, de manera a que sea más ágil y eficiente. El sistema de mensajería de WhatsApp es uno de medios más aceptado que está a mano de casi toda la población”, manifestó Rolón, en entrevista con “Cuenta Final” de canal GEN y Universo 970/Nación Media.
Afirmó que la asistente se suma al sistema convencional que son las llamadas, la web, la aplicación y que próximamente se podrá enlazar con las demás redes sociales. “Estas plataformas tienen motores de inteligencia artificial y que requieren de un tiempo para crear la base de dato del cliente, por lo que deberá proporcionar algunos datos”, señaló.
Manifestó que una vez que se ingresen los datos ya se tendrá una base de datos de clientes, que luego hará más rápido el sistema una vez que se contacte. Entre ayer jueves y hoy viernes, la asistente ya ayudó a los primeros usuarios, quienes realizaron denuncias y también consultas.
Cambian a jefes de Investigaciones tras denuncias por secuestro y extorsión
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Ciudad del Este. Agencia Regional
Las dos denuncias últimas sobre el actuar del personal del Departamento de Investigaciones de la Policía de Alto Paraná, derivaron en el cambio de los jefes de la citada unidad. El comisario principal José Delgado y el comisario Hugo Sosa, asumieron hoy como jefe y subjefe, respectivamente de la repartición policial, siendo apartados del cargo los comisarios Javier Maldonado y Francisco Talavera.
El comisario general inspector Marcelino Espinoza, director del Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional, fue el que realizo el traspaso de los cargos y reconoció que los cambios obedecen a los hechos punibles denunciados.
“Para que no se pueda truncar una investigación, el jefe y el subjefe fueron apartados quedando en reemplazo dos profesionales capaces de llevar adelante en forma conjunta la investigación con la Fiscalía”, refirió.
Asimismo, sostuvo que “el comando institucional ha creído conveniente apartarlos al jefe y al subjefe, a raíz de las denuncias ya divulgadas, de las cuales una de ellas ya tomó cuerpo, ya que en estos momentos hay cinco agentes declarando en el Ministerio para deslindar responsabilidades”.
Se refería a los cinco policías con detención preventiva e imputados por la fiscal Zunilda Ocampos, por privación de libertad y extorsión agravada. Fueron denunciados por haber retenido por cuatro horas a dos adultos y una menor para ser extorsionados con el pago de dinero a cambio de la libertad. Se habría pagado 30 mil dólares para que dejen libre a los raptados.
El comisario Espinoza informó que Asuntos Internos de la Policía Nacional envió personal a Alto Paraná para trabajar en forma coordinada con el Ministerio Público para que, de comprobarse los hechos investigados, sean apartados de la fila policial.
La otra causa está a cargo del fiscal Alcides Giménez y tiene que ver también con secuestro y extorsión. En este caso, el agente fiscal refirió que aún no tiene identificado a los supuestos responsables y una vez avanzadas las diligencias podrá llegar a los supuestos responsables.
El nuevo jefe de Investigación, estuvo en Canindeyú y ya pasó por otras dependencias como Homicidios y Crimen Organizado.
Hospital distrital de Santa Rita. Familiares reclamaron por excesiva tardanza en atención a mujer gestante con muerte fetal. El MSP investiga al hospital por otro reciente caso. Foto: Gentileza
Siguen los reclamos por atención en el Hospital de Santa Rita
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Ciudad del Este. Agencia Regional.
El Hospital Distrital de Santa Rita está en la mira. El Ministerio de Salud Pública lleva adelante un sumario a cuatro funcionarios del citado hospital, ante denuncia de supuestamente haberse negado atención a una mujer gestante, Yésica Aguilera, cuyo hijo nació en otro hospital y falleció en cuidados intensivos.
En ese contexto, surgió otro reclamo: mucha tardanza para que una mujer de 40 años, de 37 semanas de gestación, con muerte fetal, sea sometida a cesárea. La misma ya estaba con 24 horas de muerte de su hijo y su familia no entendía por qué tardaba tanto la cirugía para sacar al feto, poniendo en riesgo a la madre.
El esposo de la mujer declaró su preocupación al sitio Santa Rita News. La mujer se presentó ayer al hospital después de haberse dado cuenta de que no sentía movimiento en su vientre.
A las 19:00 se procedió a la intervención quirúrgica de la mujer y el feto le fue entregado a la familia. Esto fue confirmado a La Nación/Nación Media, por el doctor Federico Schrodel, director de la región sanitaria.
Manifestó que se debieron hacer estudios a la mujer para confirmar la muerte fetal y una vez constatada, “se procedió a preparar a la paciente para el procedimiento a seguir, no se trata de llegar y ya se le practica la cesárea, está en riesgo la madre”.
Mencionó que acudió ayer hasta el hospital y el personal de salud a cargo explicó a los familiares lo sucedido y sobre los pasos seguidos, quedando conformes los mismos.
La mujer reside en el barrio Santa Inés de Santa Rita y se realizó siete controles prenatales, antes de llegar al día de ayer en que le confirmaron que el niño había fallecido, cuando estaba a punto de nacer.
El Hospital de Santa Rita está siendo investigado por el Ministerio de Salud Pública que inició sumario a cuatro funcionarios, entre médicos y enfermería. La causa es la no atención a una mujer gestante, también de 37 semanas, porque la misma es asegurada del IPS. Ocurrió el jueves 29 de mayo. Fue al hospital de María Auxiliadora, Itapúa, el niño nació y pasó a la Unidad de Terapia Intensiva, donde falleció.
Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este, en la lucha por desenmascarar a Prieto
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Juan Marcelo Pereira
juan.pereira@nacionmedia.com
“Miguel Prieto es un corrupto,en su administración como intendente existen delitos que son dolosos y de asociación criminal“, afirmó Magdalena Montiel, miembro de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este (CCDCE), en una entrevista con el diario La Nación/Nación Media.
De las 49 denuncias por corrupción que pesan sobre el líder del movimiento Yo Creo, la organización no gubernamental impulsó un total de 15 acusaciones ante el Ministerio Público con la finalidad de resguardar el dinero de los contribuyentes esteños.
“Nosotros somos conscientes de la importancia del trabajo que hacemos al desenmascarar a Miguel Prieto, caso contrario seguiría siendo un ídolo. Su administración carece totalmente de transparencia, no asume las irregularidades y falencias”, dijo Montiel.
Detalló que la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este tuvo su origen en el 2001 y su reactivación se concretó en el 2018, con la solicitud de intervención a la gestión de la exjefa comunal Sandra McLeod.
Integrantes de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este. Foto: Gentileza
Montiel, quien se desempeña como secretaria de la organización contralora, comentó que se encuentra conformada por unos 50 integrantes, pero 15 se mantienen activos en la actualidad.
Señaló que la organización que destapó los supuestos casos de corrupción del dirigente opositor cuenta con profesionales de diversas áreas como abogados, periodistas, contadores, arquitectos, economistas, entre otros.
“Las 15 denuncias presentadas ante el Ministerio contra Prieto fueron formuladas mediante las documentaciones que obtuvimos con la norma 5282/2014 de libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental. Otras mediante documentaciones proveídas por los ciudadanos o funcionarios de la comuna”, explicó Montiel a Nación Media.
Las transferencias económicas para la realización de ollas populares sirvieron como esquemas para el supuesto desvío del dinero de los contribuyentes esteños. Foto: Gentileza
Principales denuncias
Causa 6734/2021: el caso judicial conocido como “Tajy Servicios Generales” guarda relación con la compra de insumos para la panadería municipal durante la pandemia del covid-19. La Fiscalía sospecha que en la comuna se montó un esquema criminal, creado para supuestamente desviar recursos a través de licitaciones públicas, cuyas contrataciones estarían direccionadas a empresas afines.
En la causa se detectó un perjuicio económico de G. 306.188.500. Esto derivó en la imputado Miguel prieto y otras 11 personas, entre ellos, el actual presidente de la Junta Municipal, Sebastián Martínez Insfrán.
Causa 2390/2022: el caso judicial guarda relación con la violación de la Ley 5513/15 del Impuesto Inmobiliario, se denuncian que la suma de G. 11.042.908.068, correspondiente al 60 % de cobros del impuesto inmobiliario no fueron invertidos en gastos de capital en el año 2021.
Causa 8758/2022: el caso judicial guarda relación con la sobrefacturación en la construcción de obras en la zona del asentamiento Mariscal Francisco Solano López. Se ocasionó un año patrimonial equivalente a G. 566.934.560, aproximadamente.
Las obras viales sobrefacturadas también figuran en el listado de supuestos hechos de corrupción atribuidos a Miguel Prieto. Foto: Gentileza
Causa 11508/2023: el caso judicial guarda relación con la transferencia realizada a la Asociación de Pescadores de Ciudad del Este, sin rendición de cuentas por valor de G. 150.000.000.
Causa 10690/2023: el caso judicial guarda relación con el otorgamiento de contratos exclusivos para su aliado político y aportante de campaña, Elvio Mareco Barrientos, quien de vendedor de frazadas se convirtió en uno de lo más beneficiados por Prieto. Su empresa MB Constructora fue premiada con la suma de G. 14.571.879.167 para la construcción de aulas, empedrados, puentes.
Causa 11064/2023: el caso guarda relación con el uso indiscriminado de transferencia de capital a subcomisiones vecinales para la construcción de diferentes obras por valor de G. 61.316.065.667, eludiendo la ley de Contrataciones Públicas.
Según la denuncia presentada ante el Ministerio Público, bajo la gestión de Prieto se montó un esquema delictivo manejado junto con funcionarios municipales de su entorno para supuestamente favorecer a las empresas amigas.
Elvio Mareco Barrientos, conocido operador político del intendente Miguel Prieto, quien resultó favorecido con millonarias licitaciones por la municipalidad de Ciudad del Este. Foto: Gentileza
Causa 6272/2024: el caso judicial guarda relación con el otorgamiento de millonarias adjudicaciones a una firma constructora de dudosos antecedentes. Hasta el año 2021, la firma aparecía como un club nocturno y un año después ya estaba recibiendo contratos para la refacción de escuelas y obras viales.
Se trata de SCDE Sociedad Anónima, empresa mimada por Prieto, que de club nocturno paso a ser una constructora. Anteriormente llevaba como nombre Golden Rouge.
La firma tiene adjudicados G. 18.990.207.863 y su actividad principal declarada es la construcción de carreteras y vías férreas, puentes y túneles. Como actividades secundarias declararon la construcción de edificios, otras instalaciones de construcción, comercio al por mayor de materiales de construcción. Llamativamente, dejaron entre las actividades secundarias una en particular: “actividades vinculadas al servicio de bebidas”.
En las facturas presentadas por SCDE aparece el mismo número que el local nocturno Golden Rouge Night Club utilizaba para recibir reservas. En las facturas la firma sigue declarando que se dedica también a la venta de bebidas alcohólicas. Foto: Gentileza
Causa 12926/2024: la causa judicial guarda relación con la contratación de la firma Geocad Consultoría, Topografía y Ambiental, de Jorge Daniel Quintana López, para encargarse de la mensura de la exfinca 66.De acuerdo a la denuncia, Prieto abonó sumas siderales de dinero, al solo efecto de desviar recursos financieros de la municipalidad.
Detalla que se causó un daño patrimonial equivalente a G. 2.673.000.000. El dirigente de la oposición fue denunciado por lesión de confianza y asociación criminal
Causa 8523/2024: el caso judicial guarda relación con las transferencias a subcomisiones ficticias con el objetivo de desviar fondos municipales destinados a la financiación de ollas populares. El caso también involucra a su aliado político, el concejal Sebastián Martínez. La denuncia es por asociación criminal, lesión de confianza y producción de documentos no auténticos.
En total fueron transferidos G. 306.800.000, aproximadamente. Estas subcomisiones estaban conformadas por miembros de un mismo grupo familiar y habrían presentado facturas y documentos adulterados para justificar el uso del dinero.
Causa 7081/2025: la causa judicial guarda relación con hechos de nepotismo atribuidos al intendente Miguel Prieto. El líder de Yo Creo había admitido en una entrevista televisiva la contratación directa de cuatro familiares en puestos estratégicos de su administración, sin concurso.
En la nómina de los familiares de Prieto que ingresaron a la comuna esteña figuran: Martín Vallejo Ferreira, auxiliar en la Dirección Planta Asfáltica; Carlos Raúl Vallejo Balbuena, herrero en Obras Municipales; Maribel Alonso Vallejos, jefa de Impuesto Inmobiliario; Sergio David Prieto Figueredo, fiscal de obras particulares.
De esta causa también surgió la denuncia sobre hechos de nepotismo atribuidos 6 concejales que fungen como aliados políticos de Prieto. Los ediles acusados son Sebastián Martínez, Víctor Torales, Valeria Romero Escobar, Alison Anisimoff, María Esther Portillo y Pedro Acuña. Las autoridades señaladas tienen a sus familiares trabajando en la Municipalidad de Ciudad del Este con salarios que varían entre G. 3.000.000 y G. 12.000.000.
Miguel Prieto y seis concejales que fungen como sus aliados políticos fueron denunciados por nepotismo. Foto: Gentileza
