• México. AFP.

Los mexicanos empezarán a elegir el próximo domingo a todos sus jueces, un ejercicio inédito en el mundo que el oficialismo de izquierda defiende como panacea contra la impunidad, pero que según sus críticos consolidará un régimen autoritario y abrirá una rendija a los criminales. La elección es fruto de una reforma impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), quien enfrentó el bloqueo judicial a ambiciosos proyectos, desde cambios constitucionales hasta grandes obras.

Su sucesora y copartidaria, la izquierdista Claudia Sheinbaum, argumenta que el voto popular ayudará a reducir los intolerables niveles de impunidad: 90% de casos sin sentencia. Pero para sus detractores, el verdadero objetivo es controlar el poder judicial y acabar con el único contrapeso al oficialismo, que domina el legislativo y la mayoría de gobernaciones.

“Hay quienes dicen que el pueblo no sabe. Pues están muy equivocados. El pueblo es muy inteligente y sabe por quién va a votar”, asegura la popular mandataria, quien rechaza que los mexicanos sean indiferentes a la elección.

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Sin embargo, se estima que solo la mitad de los electores sabe la fecha de los comicios y cuatro de cada 10 están seguros de participar, según encuestas de los diarios El Universal y El País.

En un contexto de franco debilitamiento de los partidos opositores, activistas llamaron a protestar el domingo contra esta primera etapa, en la que serán elegidos 2.600 jueces federales y magistrados de 19 de 32 estados. Los restantes 4.000 jueces locales serán votados en 2027.

La jornada no tiene antecedentes, pues si bien países como Estados Unidos o Bolivia contemplan la elección popular de algunos jueces, en ninguno se había empleado hasta ahora para designar a todos los magistrados.

Aunque en el papel el proceso es apartidista, expertos opinan que la Suprema Corte de Justicia -gran piedra en el zapato de López Obrador- podría quedar con una mayoría afín al gobierno.

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En un país golpeado por la corrupción y la violencia criminal, la elección aumenta el temor de que los jueces terminen sometidos al poder político y económico, o a las amenazas de narcotraficantes.

Una oenegé crítica de los comicios detectó a 19 candidatos señalados por vínculos con cárteles, corrupción y abuso sexual.

Incluso Silvia Delgado, una antigua abogada del legendario narcotraficante Joaquín “el Chapo” Guzmán, preso a perpetuidad en Estados Unidos, es candidata a jueza del estado de Chihuahua (norte).

La eventual victoria de personas cuestionadas solo podrá impugnarse tras la votación, en la que participan miles de aspirantes que fueron seleccionados por los tres poderes del Estado.

La elección también desafía la independencia de la justicia.

“Podría incrementar el riesgo de que los candidatos (...) busquen complacer a los votantes o a patrocinadores de campañas con el fin de incrementar sus posibilidades de reelección”, lo que comprometería la imparcialidad, advirtió en un informe Margaret Satterthwaite, relatora especial de Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y abogados.

Para Olimpia Rojas Luviano, abogada de 28 años, “la justicia no se vota” porque ante todo requiere funcionarios especializados y con experiencia. La sociedad mexicana “no está preparada para este ejercicio”, añade a la salida de un despacho judicial capitalino.

La impunidad y la desconfianza apuntalan el discurso de Sheinbaum, quien en su conferencia de prensa diaria exhibe a jueces que -según ella- favorecen a delincuentes y entorpecen la administración de justicia.

“En mis cuarenta y pico de años de litigante, jamás le he dado a un juez, mucho menos a un magistrado, ni un solo centavo para que dicten una sentencia a mi favor”, asevera Claudia Rojas, abogada civil con 48 años de carrera.

Expertos sostienen que la liberación de muchos sospechosos suele ser resultado de investigaciones deficientes de las fiscalías, entes autónomos que no fueron tocados por la reforma.

Otros factores que complican la elección han sido las restricciones para promocionar a los candidatos, que en su mayoría apelaron a las redes sociales, y la complejidad del sufragio.

En el caso de Ciudad de México los votantes deberán marcar nueve boletas (6 para jueces federales, 3 para locales). Solo los candidatos federales suman 3.414, debido a lo cual los resultados recién se conocerán a partir del 2 de junio. “Creo que hasta las propias personas que lo idearon ni siquiera saben cómo se hace”, afirma Rojas Luviano, quien pese a sus reparos acudirá a votar. “Salgan a votar y participen, porque no es solo criticar”, añade.

En nuevo modus operandi, maleantes que circulaban en un automóvil de color oscuro chocaron a un motociclista para robarle su biciclo y otros objetos de valor en San Lorenzo, pero antes lo golpearon brutalmente. Se trata de segundo caso en el mismo día, el primer caso fue de otro trabajador y se recuperaron ambas motos.

Según el reporte policial, el hecho se registró durante la madrugada de hoy, cuando un hombre que circulaba sobre la avenida San Pedro, fue embestido por un automóvil y cayó al suelo. De este descendieron dos personas, una con una escopeta y otra con un arma corta en mano para encañonarlo.

Pese a que la víctima, que sería vendedor de asaditos, ya estaba tendido en el suelo luego del fuerte golpe, estos maleantes lo golpearon y hasta le pisaron la cabeza conta el concreto para llevarse su celular así como también su mochila en la que llevaba la recaudación de la venta del día. Por último, uno de ellos tomó la moto y luego huyeron del sitio.

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Con mucho temor el trabajador decidió permanecer tirado en el piso, ya que desde el auto uno de los maleantes seguía apuntándole con el arma. Cuando por fin se fueron, decidió levantarse para pedir ayuda a un guardia que se encontraba en una estación de servicios de la zona.

“No se trató del primer caso, antes de robarle la moto a este hombre utilizaron el mismo sistema para robar otra moto, pero esta fue abandonada unas cuadras después. Así también, fue recuperada la moto del asaditero en zona de Avelino Martínez”, detalló el comisario Ángel Benítez, en entrevista con C9N.

Agregó que ambas motos contaban con rastreador satelital y que se logró ubicar los biciclos con ayuda de esta tecnología. “Es muy importante el sistema de GPS y la rapidez con que realizaron sus denuncias. Ambos realizaron sus denuncias y logramos recuperar las dos motos. Ahora queremos ubicar a estos delincuentes con imágenes de cámaras de seguridad”, sentenció.

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El diputado colorado César Cerini, quien preside la Comisión de Cuentas y Control de la Cámara Baja, lamentó que sus colegas de la oposición no quedaran a escuchar la exposición del equipo auditor de la Contraloría General de la República, que realizó la auditoría en los municipios de Asunción y Ciudad del Este y han detectado graves irregularidades.

En conversación con La Nación/Nación Media, el legislador señaló que sus colegas miembros de la mesa de asesora no se quedaron en la reunión para escuchar el informe del equipo auditor; ya que al observar que no se presentó el contralor Camilo Benítez ellos se retiraron con el argumento de que solo se trata de una persecución política contra Miguel Prieto.

“Es una pena que no se quedaran, porque ellos deberían haberse quedado para que pudieran tener una opinión real sobre el caso. Porque qué podría decir yo, si no tengo conocimiento real del trabajo que ellos hicieron. Voy a salir a decir cualquier cosa, y repetir lo que se dice por distintos medios; pero solo cuando se tiene la información precisa y de la fuente se puede salir a emitir una opinión responsable al respecto”, cuestionó Cerini.

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Mencionó que luego de escuchar al equipo auditor que con documentos señalaron cuáles eran las irregularidades encontradas. Indicó que el trabajo que la CGR realizó es una auditoría donde se emitió un dictamen que dice que el intendente Miguel Prieto no ha entregado los documentos respaldatorios y ya queda a instancia del Ministerio Público saber si hubo o no malversación de fondos.

El diputado Cerini señaló que los representantes de la Contraloría informaron sobre la auditoría realizada en la municipalidad de Ciudad del Este en el periodo 2019-2022.

Indicó que durante el trabajo de auditoría se le requirió al municipio los documentos respaldatorios sobre el uso de sus recursos y que en un plazo de 10 meses no brindaron los documentos por la totalidad del monto; ya que solo pasaron el 10 % del monto total 83.000 millones de guaraníes, producto de la recaudación de impuesto, que luego al hacer un cruzamiento con el programa Marangatú verificaron que los documentos no correspondían o eran falsos.

“Entonces estamos hablando de una situación crítica y justamente es motivo de investigación que se le pasó a la Fiscalía. Esto fue solo del muestreo que ellos hicieron de esos 83 mil millones, vieron estas anormalidades y en 10 meses no presentaron documentos. Entonces, acá realmente los que pueden hablar son los documentos”, acotó.

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Venezuela elige este domingo a gobernadores y parlamentarios en unos comicios que vislumbran un triunfo aplastante del chavismo ante el llamado a la abstención de la oposición mayoritaria a 10 meses de la cuestionada reelección de Nicolás Maduro.

Poco más de 21 millones de electores están llamados a las urnas para elegir a 285 diputados a la Asamblea Nacional y 24 gobernaciones, incluida por primera vez la representación de un estado recién creado para el territorio Esequibo en disputa con Guyana.

La encuestadora Delphos proyectó una participación de 16 %, la mayoría militantes del chavismo. El proceso abrió a las 6:00 (10:00 GMT) y en la primera hora la mayoría de los centros de votación en el centro de Caracas estaban desiertos, apenas un puñado de electores en fila. La imagen dista de las concurridas presidenciales del 28 de julio pasado.

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“Está vacío también por la hora”, dijo a la AFP Carla Romero, funcionaria pública de 52 años. “Es un proceso de participación ciudadana importante”, señaló por su parte Samadi Romero, estudiante universitaria de 32 años que votó por el hijo de Maduro para diputado y por otros dos candidatos del partido de gobierno, el PSUV.

Las urnas estarán abiertas hastas las 18:00 (22:00 GMT), aunque los centros deben permanecer operativos mientras haya votantes en fila.

La elección sigue a una ola de más de 70 arrestos, que incluyó al dirigente Juan Pablo Guanipa, un cercano aliado de la jefa de la oposición, María Corina Machado.

A todos los acusaron de pertenecer a una “red de terrorismo” para sabotear los comicios del domingo, que Machado tachó de “farsa” y llamó a no participar. Las denuncias del chavismo sobre planes conspirativos de la oposición con apoyo de Estados Unidos son cotidianas.

El gobierno restringió los pasos fronterizos terrestres y suspendió la conexión aérea con Colombia, que según el ministro del Interior, Diosdado Cabello, fue usada por supuestos “mercenarios” para atacar el proceso electoral. Más de 400.000 funcionarios de los cuerpos de seguridad fueron desplegados para la elección.

“Allá la ultraderecha que pretende amenazar al pueblo”, dijo Maduro el sábado en un acto oficial. “Este pueblo está seguro de su destino y lo va a demostrar” en la elección del domingo.

El chavismo tiene 253 de los 277 escaños de la Asamblea Nacional, luego que la oposición se marginara de las pasadas legislativas en 2020. También controla 19 de las 23 gobernaciones actuales. Machado llamó a dejar “todos los centros vacíos” como parte de su reclamo contra el resultado de las presidenciales que asegura Maduro se robó.

El Consejo Nacional Electoral (CNE), acusado de servir al presidente, proclamó vencedor a Maduro sin publicar el escrutinio detallado de la votación, como manda la ley. La autoridad alegó un jaqueo del sistema, que aseguró ahora fue blindado.

Las protestas tras la proclamación de Maduro dejaron 28 muertes y más de 2.400 arrestos. Una pequeña escisión de la oposición desconoció el llamado de Machado y participa este domingo. La encabeza el dos veces candidato presidencial Henrique Capriles, quien buscará un escaño en el Parlamento. “Hay que votar como un acto de resistencia”, sostuvo.

Para el Esequibo se elige al gobernador y ocho parlamentarios, que tendrán en principio un mandato simbólico, pues Guyana administra esta rica región de 160.000 km2.

El presidente guyanés, Irfaan Ali, denunció la elección como una “amenaza”, mientras la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que lleva un caso relacionado con el diferendo, pidió a Venezuela abstenerse de celebrar estos comicios. Están convocados a votar poco más de 21.000 electores en centros ubicados en el estado venezolano de Bolívar (sureste), fuera del territorio en disputa.

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“Merecemos recuperar nuestro Esequibo”, expresó Misael Zapara en El Dorado, uno de los pueblos que votará por las nuevas autoridades. Guyana pidió a la CIJ que ratifique las fronteras establecidas en un laudo de 1899, pero Venezuela apela al Acuerdo de Ginebra que firmó en 1966 antes de la independencia de Guyana del Reino Unido que anulaba ese fallo y sentaba las bases para una solución negociada.

Fuente: AFP