Tras el ataque que dejó dos policías y un civil fallecidos en Canindeyú, el ministro del Interior, Enrique Riera, afirmó que el Estado responderá con firmeza para identificar y capturar a los responsables. Señaló que las investigaciones avanzan bajo dos líneas principales, un posible accionar del EPP o de organizaciones del crimen organizado.

Durante una conferencia de prensa que brindó desde su despacho, lamentó la pérdida de dos suboficiales de la Policía Nacional y un civil, durante el ataque al puesto policial n.º 4 de la colonia Naranjito, distrito de Ybyrarobaná, departamento de Canindeyú. Señaló que la institución se encuentra de luto ante este terrible atentado. Además, aseguró que ya están brindando toda la contención necesaria a los familiares de los fallecidos.

Confirmó que pasado las 23:15 se registró este ataque cobarde y cruel contra esta subcomisaría un grupo de personas que contaban con mayor poder de fuego, sin necesidad de búsqueda de interés económico.

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“Esto fue un ataque al Estado paraguayo y será respondido con la misma fuerza y con todo el peso del Estado y de la ley, porque este hecho no quedará impune. Lastimosamente existen este tipo de incidentes, pero ya se encuentra en el lugar el comandante de la Policía Nacional, anoche hablé con el ministro de Defensa y se le informó de inmediato al presidente de la República que nos dio todo el respaldo y vamos detrás de ellos”, enfatizó.

Informó que se activó en el lugar un inmediato rastrillaje, con apoyo de las Fuerzas Militares junto a lo mejor que se tiene en la Policía Nacional; además de llevar adelante una inspección en el lugar del atentado con el equipo de Criminalística, forenses, para un análisis de los casquillos, tomando las declaraciones del sobreviviente herido y del que logró escapar para obtener todos los datos sobre lo sucedido.

“Todavía no queremos calificar quiénes fueron los responsables del ataque, por razones de investigaciones en curso y porque también tenemos que cerrar algunos elementos que se está investigando en el terreno. Las dos hipótesis que se está manejando como posibilidad es que uno podría ser miembros del grupo terrorista EPP (Ejército del Pueblo Paraguayo)”, remarcó.

Enfatizó que es una posibilidad no confirmada aún, aunque existe algunos elementos que señala a este grupo criminal, como uso de artefactos explosivos “molotov”, que ha sido un cobarde sistema para incendiar comisarías y una patrullera. La segunda cuestión que se analiza es que este grupo de atacantes llegaron a pie, ya que hasta este momento no se identificó ningún vehículo que haya transportado a estas personas.

Como terceros elementos que está siendo evaluado es que aparentemente estas personas estaban uniformadas. “No podemos hablar todavía si se trataba de uniformes camuflados. Por de pronto esperaremos a que se analicen los casquillos encontrados, las balas que fueron extraídos de los cuerpos de las víctimas, y con eso probablemente se tenga un panorama más claro”, indicó.

Mencionó igualmente, que la otra hipótesis que se maneja claro está dirigida hacia el crimen organizado; sabiendo que en el departamento de Canindeyú se han llevado a cabo fuertes golpes al crimen organizado y narcotráfico, teniendo en cuenta que recientemente cayó en la zona 9 toneladas de drogas, en un operativo conjunto y coordinado con la Prefectura Naval, las fuerzas de la Policía Nacional.

Indicó además que recientemente se llevaron a cabo intervenciones en campamentos, además de otros allanamientos que se realizaron a propiedades privadas, además de que se detuvieron a líderes que están instrumentados con el crimen organizado.

“Hace rato que estamos viniendo en una confrontación diaria y en este caso particular, lastimosamente nos tocó a nosotros. Es un mensaje que se ha dejado, y a lo mejor faltaría para saber si se trata de uno u otro grupo es el famoso panfleto que comunica algo. Pero atacar a una institución del Estado no va a quedar impune, vamos a responder con la misma fuerza y los pondremos a disposición de la Justicia y no vamos a descansar hasta que los agarremos”, remarcó.

Por otra parte, el ministro Riera reconoció que el desafío para los dos años que resta de este Gobierno, será invertir en mejorar las infraestructuras. Resaltó que si bien, cuando arrancó el proceso de transformación y mejoramiento de la Policía Nacional, lo que se priorizó fue la movilidad y comunicación, por eso las primeras inversiones fue la adquisición de 600 patrulleras nuevas y 2800 radios, 1500 motocicletas, se triplicó el número de Lince, además de la compra de chalecos antibalas.

“Nuestra deuda con la Policía Nacional y la ciudadanía es fortalecer nuestra infraestructura, hay 1200 comisarías, subcomisarías y puestos policiales. Este fue un puesto policial de menor rango, de los más chicos. Hay un esfuerzo y desafío para invertir en infraestructura en los próximos dos años. Además, al incorporar 15 mil policías más se complica más, ya que no se puede construir una comisaría como la que estaba, sino que se debe hacer mucho más grande”, acotó.

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“La justicia a veces llega tarde, pero siempre llega más lejos“, dijo Pedro Ovelar, abogado del exmandatario y presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes, por su viaje a Estados Unidos para participar en la final de la Copa Mundial de Fútbol de 2026, ayer domingo en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey.

“Esta es una reivindicación de la justicia, hay una sensación muy agradable de que todo se haya puesto en su lugar, después de tanta persecución, de tanta mentiras y manipulaciones que la hemos vivido tan en carne propia durante tanto tiempo y tanta sensación de impotencia“, refirió Ovelar, este lunes, al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Cartes fue víctima de un esquema de persecución política y económica desde el 2018 mediante la instrumentalización de instituciones estatales como la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.

“Hubo una serie de acciones que se originaron desde Paraguay. Realmente se siente muy bien poder ir terminando esta nefasta parte de la historia paraguaya. Después del asesinato del exvicepresidente de la República, Luis María Argaña, donde lo destruyeron físicamente y ocasionaron un daño terrible a su familia y a toda la democracia paraguaya, yo creo que la persecución a Cartes fue, en la era democrática, uno de los intentos de magnicidio en vida que se ha dado contra el expresidente”, dijo Ovelar.

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La maniobra obligó a Cartes a impulsar el 31 de julio del 2023 una denuncia penal por persecución política ante el Ministerio Público que generó que Abdo junto con sus exministros Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Daniel Alberto Farías (extinto), Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene sean imputados por los supuestos delitos de revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.

La operación política, incluso motivo para que Estados Unidos, en el marco del gobierno de Joe Biden, aplicará sanciones financieras y restricciones de visa a Cartes, medidas que terminaron siendo erradicadas por completo. “Acá hubo un grado de afectación hacia Horacio Cartes, su familia y detrás de toda esta angustia también a familias paraguayas a perder su fuente de trabajo. Esto fue celebrado por sus adversarios como si fuese que estaban haciendo algo bueno”, dijo Ovelar.

El abogado acotó: “No hay que olvidar por qué lo hacían. Fue desarrollado por ellos al sentir una impotencia política, buscaron la aniquilación personal y la muerte civil de una persona, así como la destrucción de todas sus empresas. No es en vano que hoy Cartes tenga el reconocimiento ciudadano a través de los votos que se manifiestan en cada elecciones, que se da porque al paraguayo le molesta la injusticia y no tolera que algo sea manipulado”.

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La justicia de Brasil sospecha que la unidad de transporte de la empresa Guaireña circulaba con exceso de velocidad al momento de registrarse el accidente en el que fallecieron cuatro personas. La Policía Civil ya ordenó una pericia accidentológica para verificar la veracidad de las declaraciones de los conductores quienes ya fueron imputados.

El colectivo transportaba a niños y padres de la Academia de Danzas Bethania de Independencia, departamento de Guairá, tras participar de una competencia de danza en Gramado y Canela.

El delegado de la Policía Civil de Santa Catarina, João Luis Mioto, indicó que uno de los choferes fue interrogado en el lugar del siniestro y tuvo la oportunidad de dar su versión. “El que manejaba al momento del accidente dijo que el vehículo sufrió una falla mecánica y que el freno no funcionó, pero eso será esclarecido con la pericia solicitada a la policía científica”, explicó el jefe policial a los medios de comunicación.

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Del mismo modo, se recolectaron varios testimonios de los pasajeros, quienes manifestaron su preocupación por el extraño balanceo del bus y aseguraron que este circulaba a alta velocidad.

Los choferes Fermín Espínola y Óscar Peralta fueron imputados por homicidio culposo y lesiones corporales en el tránsito. El resultado de la pericia será clave para definir el futuro de ambos, pues, de confirmarse las sospechas, tendrán que responder ante la justicia brasileña.

El accidente de tránsito ocurrió en la madrugada del miércoles 15 de julio en San Miguel de Boa Vista, Santa Catarina, donde se produjo un vuelco a la altura de una curva. El percance dejó como saldo cuatro personas fallecidas: tres adultas y una niña de 8 años. Además, algunos pasajeros sufrieron la amputación de extremidades, entre ellas, piernas y brazos. El resto de la delegación ya se encuentra en el país.

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La niña de dos años, con iniciales MBR, ya está con su madre en la ciudad de Resistencia, Argentina, donde el padre fue detenido ayer viernes por la gendarmería del vecino país, e imputado en Paraguay por los hechos punibles de desacato de orden judicial, frustración de la persecución penal y violación del deber de cuidado.

Tras activarse los protocolos nacionales e internacionales de búsqueda, la niña fue hallada a salvo.

Los padres de la niña tenían en Chile un régimen de convivencia compartida. El papá se negaba a que la madre visitara Paraguay hasta que ella consiguió un permiso, pero debía regresar el 5 de enero y no lo hizo. Allí se inició un juicio de restitución internacional, que continuó en nuestro país con nuevas reglas.

La niña chilena de dos años, de madre paraguaya, pero de padre chileno, se encuentra con su mamá en Resistencia, Argentina, desde donde regresará a Paraguay para reanudar el proceso judicial que quedó en pausa.

A partir de ahora, el proceso debe continuar tanto en Paraguay como en Chile.

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Los antecedentes señalan que la madre llegó a fin de año del 2025 a Paraguay con su hija, mediante un permiso judicial obtenido en Chile, por el cual debía regresar a ese país el 5 de enero. Como no lo hizo, alegando motivos de salud (según ella misma admite), entonces Chile inició un juicio de restitución internacional, que en la legislación chilena se llama secuestro internacional.

El Juzgado de Primera Instancia de la Niñez y Adolescencia de Chile solicita a la justicia paraguaya que dé trámite a esa restitución internacional. La madre decidió litigar desde aquí y, en ese marco, también se inició un juicio en Paraguay, a los efectos de responder al pedido de la justicia chilena.

En ese contexto, el padre vino a Paraguay, donde se dispuso un relacionamiento provisorio mientras dure este juicio. En medio de ese proceso, el padre también incumplió ese régimen de convivencia dispuesto por la justicia paraguaya, al no restituir a la niña el miércoles 8 de julio a las 5 de la tarde.

“El juicio inicia con el pedido de restitución del padre. Comienza por el requerimiento que hace el padre a la justicia chilena para dar cumplimiento a la resolución de la justicia de Chile; otro trámite procesal era que la madre fuera hasta allá a apelar la resolución, pero ella vino a litigar acá”, explicó el fiscal a las 650 AM.

El juicio de restitución internacional promovido por Chile quedó en suspenso a partir de que el padre huyó con la niña. No obstante, una vez que se reanude, la jueza de primera instancia de la niñez de la Capital debe decir: sí o no a la entrega de la niña bajo la figura de la restitución internacional solicitada por Chile.

Sin embargo, en Paraguay el padre fue imputado por desacato de una orden judicial y violación del deber del cuidado. El Juzgado ordenó la prisión preventiva del procesado.

Entretanto, la jueza de la Niñez y la Adolescencia de Paraguay, Natalia Ortellado, decidió entregar a su madre a la niña de dos años hasta tanto culmine el juicio que se está tramitando en dicho juzgado.

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