El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva dijo este miércoles que defenderá “la soberanía del pueblo brasileño” ante Estados Unidos, luego de que el gobierno de Donald Trump confirmara aranceles punitivos al país sudamericano y sancionara a un juez de su corte suprema.

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La Casa Blanca había reafirmado poco antes que aplicar tarifas del 50 % a productos brasileños, aunque con varias excepciones y con casi una semana de retraso respecto de la fecha original, el 1º de agosto.

Washington también anticipó este miércoles, casi en simultáneo, sanciones financieras a Alexandre de Moraes, juez de la corte suprema a cargo de un juicio por golpismo al expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022), aliado de Trump.

Lula prometió “defender (...) la soberanía del pueblo brasileño ante las medidas anunciadas por el presidente de los Estados Unidos” durante un acto oficial en Brasilia.

“Hoy es el día sagrado de la soberanía”, añadió el izquierdista.

Al anunciar su guerra comercial contra Brasil, Trump criticó una supuesta “caza de brujas” contra el Bolsonaro. El ultraderechista es juzgado por una presunta intentona golpista para impedir la asunción de Lula luego de que lo derrotara en las elecciones de 2022.

Estados Unidos tiene superávit comercial con la mayor economía sudamericana, a diferencia de lo que sucede con la mayoría de países que han sido objeto de los aranceles punitivos de Trump.

El canciller brasileño Mauro Vieira se reunió este miércoles en Washington con el secretario del Estado estadounidense, Marco Rubio, en el encuentro de más alto nivel entre ambos gobiernos hasta ahora.

Vieira le dijo a Rubio que Brasil “se reserva el derecho de responder” a las medidas de Trump, una “inaceptable injerencia en la soberanía nacional”, según declaró el canciller a la prensa.

La justicia brasileña “no se inclinará ante presiones externas”, manifestó al secretario de Estado, aunque el gobierno de Lula “está abierto” a seguir negociando por los aranceles.

El gobierno estadounidense informó este miércoles que aplicó a Moraes la llamada ley Magnitsky, un instrumento para sancionar financieramente a personas acusadas de violaciones a los derechos humanos en el mundo.

La corte suprema expresó su “solidaridad” al juez y afirmó en una nota que “no se desviará de su papel de cumplir la Constitución y las leyes” brasileñas.

“El juicio de delitos que implican un atentado grave a la democracia brasileña es de competencia exclusiva de la justicia del país”, sostuvo el máximo tribunal en un comunicado

• Fuente: AFP

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La Cámara de Senadores remitió este martes el informe proveniente de la Comisión Bicameral de Investigación de Hechos Punibles de Lavado de Activos, a la Contraloría General de la República y al Banco Central del Paraguay (BCP), para que puedan indagar respecto a los varios indicios de lavado de dinero detectados por el cuerpo bicameral del Congreso.

No obstante, desde la Cámara Alta señalan que aún falta remitir estos documentos que están desarrollados en varios tomos, al Ministerio de Economía y Finanzas; al Ministerio de Defensa Nacional y a la Procuraduría General de la República.

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Durante su proceso de investigación la CBI se basó en cuatro ejes principales, que son los vínculos sobre lavado de dinero, que a su vez estuvieron ligados eventualmente con el financiamiento político mediante los recursos recibidos por organizaciones sin fines de lucro. Igualmente se indagó el lavado de activos provenientes del tráfico de armas.

También contiene información relevante respecto al lavado de activos provenientes de actividades ilícitas, blanqueadas e ingresadas al sistema financiero vía bancos y empresa.

Este frondoso informe elaborado por miembros de la CBI que conforman legisladores de ambas cámaras, contiene además conclusiones y recomendaciones para varias instituciones del Estado.

A los documentos escritos se les adjuntó pendrives con audios, videos, notas varias, documentos, entre otros, que guardan relación a los casos investigados por la Comisión.

Ayer lunes, estos mismos documentos ya tuvieron entrada en el Ministerio Público y se aguarda que la Fiscalía general designe a los agentes fiscales que indagarán sobre el caso. Igualmente, se había enviado copias de los documentos a la Cancillería Nacional, para que a su vez remita vía diplomática al Departamento de Estado y de Justicia de los Estados Unidos.

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El ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano, recibió hoy en audiencia al nuevo encargado de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Paraguay, Robert Alter, designado recientemente por el gobierno del presidente Donald Trump.

El encuentro tuvo lugar este martes en la sede de la Cancillería Nacional, en Asunción. Durante la reunión, ambas autoridades abordaron diversos temas de la agenda bilateral, según lo reportado por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

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La ocasión permitió repasar aspectos clave de la relación entre Paraguay y Estados Unidos, con miras a seguir fortaleciendo los vínculos de amistad y colaboración entre ambos países.

Desde la Embajada de los Estados Unidos destacaron a través de sus redes sociales que ambas autoridades diplomáticas tuvieron la oportunidad de estrechar los lazos y fortalecer la cooperación entre EE. UU. y Paraguay. En la ocasión, destacaron los valores compartidos y las prioridades conjuntas en materia de seguridad, ciberseguridad y desarrollo económico. 

Es importante recordar que Alter comenzó su misión en Paraguay como ministro consejero, asumiendo las funciones de Encargado de Negocios interino en la Embajada de EE. UU. en Asunción desde este mes de julio. Lidera con orgullo la promoción de los intereses de Estados Unidos en Paraguay, al cual considera un socio estratégico de EE. UU. en la región, con una tradición de estrecha cooperación y amistad con los Estados Unidos.

Este nuevo diplomático en Paraguay, previamente se desempeñó como director de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley en la Embajada en San José, Costa Rica. Anteriormente fue subdirector de política y director interino de la Oficina de Planificación y Coordinación de Políticas en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado en Washington, D.C.

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El comandante del Batallón de Inteligencia Militar, coronel Carlos Casco, habló acerca de los últimos operativos y trabajos de inteligencia que se están llevando adelante en la lucha contra el grupo criminal autodenominado EPP (Ejército del Pueblo Paraguayo).

Para lograr resultados positivos como los obtenidos en el último operativo Cobrarius, en Canindeyú, donde fue abatido Rubén Darío López Fernández, alias Loro, y donde se tiene la sospecha de que Magna Meza quedó herida, se trabaja con fuentes de información técnica y fuentes humanas.

“Son en las fuentes humanas donde logramos el éxito. Llegamos sin tener la ayuda, en todos los casos fue así. Esa es la forma de trabajar en inteligencia. Saber quiénes son las personas que brindarán el acceso a las estructuras. En todos los casos donde tuvimos operaciones exitosas fueron motivados por el pago de recompensa”, manifestó en a la 1020 AM.

Resaltó que se inició el trámite con todas las documentaciones, aclarando que cuentan con un sistema de gestión de información llamado Arandu, que tiene trazabilidad porque todas las informaciones van documentadas y todas las fuentes tienen un código numérico específico, permitiendo contar con un historial de datos recibidos hasta el último día antes de realizar la operación.

“Hay muchas personas que ya recibieron su recompensa, por ejemplo, la operación Zeus, que fue fruto de una fuente humana muy importante que nos proporcionó un dato muy importante, en esa ocasión, una sola persona recibió 1.000 millones de guaraníes”, precisó.

“Fueron varios datos los que nos fueron brindando, y que tratamos de comprobar con otras fuentes de la zona. No es que nos jugamos el todo por el todo, porque no queremos caer en mentiras peligrando la vida de nuestros personales. Incluso la persona que es fuente humana es sometida a pruebas de polígrafos para corroborar la información”, indicó.

Mencionó estos datos porque muchas veces hay gente que por miedo o creyendo que no serán recompensados, no brindan informaciones. Sin embargo, prefieren dar a conocer esto para que se sepa que se está cumpliendo.

A partir de la divulgación del pago de recompensa, mayor número se animó a brindar información. “Este dinero lo administra directamente el Ministerio del Interior, que cuenta con un fondo exclusivo para estos casos. Hay una ley que no estaba reglamentada y hace poco el ministerio logró reglamentar”, mencionó.

Agregó que todos estos operativos se preparan en una mesa de trabajo conjunto con el Departamento Antisecuestro y el Batallón de Inteligencia Militar, donde se evalúa el perfil de cada uno y con base en los datos se van estableciendo los montos de recompensa.

“Esto pasa a criterio del ministro del Interior, el ministro de Defensa Nacional y finalmente es el presidente de la República el que brinda la autorización. Entonces, las veces que tenemos una información puntual, nosotros primero consultamos si vamos a tener apoyo para pagar, y una vez que se tenga el ok se continúa con el proceso”, acotó.