Tras varias chicanas rechazadas en todas las instancias y nuevos intentos de seguir dilatando el inicio del juicio oral y público, este lunes el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, debe responder ante la Justicia por el supuesto mega negociado en la compra de kits de alimentos para familias vulnerables durante la pandemia del covid-19, en el caso conocido como “Tía Chela”. El perjuicio patrimonial sostenido por el Ministerio Público supera la millonaria suma de G. 2.130.036.016. La audiencia oral comenzará a las 08:00.

Además de Prieto —quien cuenta con otras dos acusaciones por negociados y centenares de denuncias en trámite—, deberán estar sentados en el banquillo de los acusados: Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la Unidad Operativa de Contrataciones; Sebastián Martínez Insfrán, director de Desarrollo Social; José Félix Cáceres Galeano, jefe de Desarrollo Comunitario.

La lista de acusados sigue con: Julián Benítez Gamarra, jefe de Almacenes; Francisco Arrúa Álvarez, director de Administración y Finanzas; Higinio Ramón Acuña, jefe de Adquisición y Suministros; Cirle Alcaraz Ramírez, encargado de Órdenes de Pago; Nelson Segovia Acevedo, tesorero; Fermín Ávalos Britos, propietario de Tía Chela SRL; y Emili Vanessa Florentín Páez, propietaria de la firma Vanemi SA.

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El Tribunal de Sentencia que tendrá a su cargo juzgar a Prieto y a los demás procesados está conformado por los jueces Ana Rodríguez, Karina Cáceres y Yolanda Morel. Por su parte, el fiscal del caso es Silvio Corbeta, quien tendrá que sostener la acusación. El representante del Ministerio Público cuenta con sobrados elementos probatorios para demostrar la gravísima responsabilidad de Prieto y de cada uno de los procesados en el presente caso.

En el juicio, la Fiscalía sostendrá la acusación en la cual se menciona que Prieto causó un perjuicio patrimonial de G. 2.130.036.016. Para el Ministerio Público, el exintendente encabezó un esquema de corrupción que se instaló en el municipio y estuvo conformado por funcionarios a su cargo, quienes habrían operado para el desvío de recursos municipales.

El 25 de marzo del año 2020, en plena pandemia, el intendente opositor Miguel Prieto anunciaba con bombos y platillos en sus redes sociales que estaba distribuyendo víveres a las comunidades carenciadas. Según explicó a la Contraloría General de la República, estos víveres los adquirió a través de una contratación de urgencia a la firma Tía Chela SRL. El inconveniente es que, según los papeles, este contrato con la empresa de víveres se concretó recién el 27 de marzo del 2020, pero Miguel Prieto ya estaba publicando los videos jactándose de la entrega el 25 de marzo; es decir, dos días antes.

Curiosamente, el 27 de marzo de 2020, el mismo día que la municipalidad firmaba el contrato con Tía Chela SRL, se producía la primera entrega de 15.000 kits de los 25.000 que debían proveerse, y se elaboraba la factura de crédito. Es decir, la licitación se encontraba apenas en proceso, pero dos días antes, Miguel Prieto ya estaba haciendo pública la entrega de alimentos, exhibiendo incluso canastas en sus videos.

El Ministerio Público llegó a la conclusión de que Miguel Prieto se aprovechó de su cargo de ordenador de gastos para hacer uso y abuso de los recursos, comprando kits de alimentos que, en realidad, no fueron proveídos por Tía Chela SRL.

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Prieto deberá enfrentar otro juicio oral por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, tras un perjuicio patrimonial estimado en más de 300 millones de guaraníes. Así lo resolvió en su momento el juez Penal de Garantías, Humberto Otazú, quien elevó a juicio oral y público el “Caso Tajy”.

Igualmente, el exjefe comunal de Ciudad del Este, Miguel Prieto, soporta un tercer caso penal junto a otras 10 personas por la presunta comisión del hecho punible de lesión de confianza, en una investigación vinculada al uso de fondos municipales destinados a obras en el Hospital Regional de la capital de Alto Paraná.

En el presente proceso penal, siete de los once imputados ya admitieron los hechos de corrupción cometidos por Prieto y otros, lo que robustece la teoría del Ministerio Público en la causa contra el exintendente de Ciudad del Este. El perjuicio patrimonial en este tercer proceso sería de G. 757 millones, en el marco de trabajos que no se realizaron correctamente en el Hospital Regional de Ciudad del Este entre diciembre de 2019 y agosto de 2022.

El ministro del Interior, Enrique Riera, aseguró que terminará su gestión con la eliminación del grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo y la localización de los tres secuestrados, Edelio Morínigo, Félix Urbieta, y Óscar Denis. El alto funcionario sostuvo que el ministerio lleva adelante una política de investigación y acciones contra el EPP.

“Hay (políticas), y hay mucha información que obviamente no se puede revelar, puedo decir que estuvimos cerca muchas veces, cosa que tampoco se puede contar, y yo tengo fe en que no solamente vamos a derrotar al EPP antes que termine mi gestión, sino que vamos a resolver el problema de los tres desaparecidos”, expuso en entrevista con la 650 AM.

Riera señaló que se cuenta con la localización de los integrantes del clan Villalba, que huyeron de Argentina en el 2024 tras perder el estatus de refugiados y se encuentran actualmente en Venezuela, pero que, por la situación en que se encuentra el país, se analizan los canales para que puedan ser traídos al Paraguay. De acuerdo con el ministro, de llegar a capturar a los integrantes de este grupo criminal, se obtendrá las informaciones necesarias para dar con el paradero de los tres secuestrados.

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“Las Villalba que están en Venezuela saben dónde están, Venezuela está en un problema difícil y hay que buscar otros canales para traerlas, tres veces las encontramos, el segundo grupo que está en la selva sabe, y esa nueva generación que le secuestró a Almir también sabe, y creemos que sí se los puede detener”, afirmó Riera.

Así también, aseguró que la Policía se encuentra en constante monitoreamiento de los miembros del EPP y que el principal objetivo es la captura de los mismos. “Tenemos suficientes elementos para controlar su movimiento hace un tiempo. Yo tengo como objetivo eso, y les prometí a las familias de los secuestrados”, sentenció.

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La planta alcoholera de Petropar ubicada en Mauricio José Troche, alcanzó 197.023 toneladas de caña de azúcar procesadas en el marco de la zafra 2026, que se inició en mayo. En total, la producción de alcohol llegó a 10.397.914 litros durante los primeros 82 días de operación, consolidando a la actividad como un componente importante para la economía de la zona.

Durante una verificación realizada a mediados de agosto, la estatal informó sobre el avance de la campaña, que comenzó de manera anticipada en comparación con años anteriores. Al cumplirse el primer mes de actividad, la molienda ya había alcanzado 60.000 toneladas de caña, con un rendimiento promedio de 55 litros de alcohol por cada tonelada procesada.

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Para el total de la zafra, Petropar estableció inicialmente una meta de procesamiento de unas 520.000 toneladas de materia prima. El volumen acumulado hasta mediados de agosto representa cerca del 38 % de ese objetivo, mientras continúa el procesamiento en la planta.

La producción involucra a unos 2.000 cañicultores registrados como proveedores. Según las proyecciones de Petropar, la actividad podría generar un movimiento económico superior a G 98.000 millones, con impacto principalmente en los departamentos de Guairá, Caaguazú y Caazapá.

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El efecto de la zafra también alcanza a otros sectores relacionados con la cadena productiva, como el transporte, la cosecha, la contratación de trabajadores temporales, el comercio y los servicios. En ese sentido, Petropar estima que más de 40.000 familias se benefician indirectamente del movimiento generado por la actividad.

La campaña se desarrolla luego del acuerdo alcanzado en marzo entre Petropar y los productores, donde ambas partes llegaron a un acuerdo comercial, asimismo, acordaron que la institución brindaría asistencia técnica e insumos agrícolas. Mientras continúa la molienda, la empresa mantiene un seguimiento periódico de las operaciones y del rendimiento de la planta.

El ministro del Interior, Enrique Riera, considera que seguir la ruta del dinero es actualmente uno de los mayores desafíos y principal frente de batalla del Estado paraguayo ante el crimen organizado. Señaló que esta lucha no representa únicamente una amenaza vinculada al narcotráfico y la violencia, sino también al funcionamiento de las instituciones.

En una entrevista con La Nación/Nación Media, el ministro señaló que el lavado de dinero y la capacidad de estas estructuras de infiltrarse en instituciones, así como comprar voluntades, o financiar campañas, son la mayor amenaza para la democracia.

Riera hizo esta puntualización al hacer una balance de los tres años de gestión gubernativa en materia de lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado; señalando que para combatir este problema, el Estado también se tuvo que “organizar” y unir fuerzas para enfrentarles con todo el peso de la ley.

“Creo que el tema más complicado es seguir la ruta del dinero, que es lavada mediante empresas pseudo legales donde hay abogados, escribanos, funcionarios corruptos, periodistas, jueces, fiscales que sumados al uso de kriptomonedas hacen este trabajo muy complicado”, expresó.

Añadió que cuando el dinero del crimen organizado no se encuentra, los criminales lo utilizan para permear el sector público y privado comprando jueces, fiscales, abogados, escribanos, policías, militares, periodistas y demás. “Eso les permite financiar campañas y así los electos, responden al “sponsor” y no a los electores protegiéndolos del alcance la la ley. Es hoy por hoy la mayor amenaza de nuestra democracia", remarcó.

Ante esta situación, destacó la suma del poder público (fuerzas militares y la Policía Nacional), con tropas combinadas en los grandes operaciones en perfecta coordinación con la Fiscalía y el Poder Judicial. También destacó la colaboración de los aliados internacionales en los diferentes mecanismos de cooperación (comando bipartito, tripartito, Interpol, Coaliciones y todos los países del mundo), intercambiando inteligencia, tecnología y estrategia conjunta.

El ministro Riera destacó, finalmente, la implementación del Plan Sumar como una estrategia integral frente al microtráfico, que combina la acción de la fuerza pública, el tratamiento de las adicciones desde Salud Pública y la prevención entre los jóvenes desde Educación. Señaló que la segunda etapa apunta a llevar estas acciones directamente a los barrios.

Indicó que esta lucha particularmente contra el microtráfico se está abordando a nivel nacional, trabajando de forma coordinada en el marco de la política de Estado, repartiendo tareas en los problemas de aplicación de la ley mediante toda la fuerza pública coordinada entendido como un tema de Seguridad (la oferta) y el tratamiento de los adictos (la demanda).

“Mediante el Ministerio de Salud Pública, se aborda este tema como un problema de Sanidad Pública con especialistas en adicciones y, finalmente, la prevención para los más jóvenes mediante acciones concretas lideradas por el Ministerio de Educación. Esta es una política de estado. Y los resultados son muy esperanzadores porque en esta segunda etapa estamos bajando a los barrios con el Plan Sumar en Tu Barrio 2.0″, concluyó.

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