El director de Financiamiento Político de la Justicia Electoral, Christian Ruiz Díaz, estima que todavía se tiene un ajustado plazo para cumplir con el calendario previsto para la adquisición de las máquinas de votación, proceso que en este momento está paralizado por una medida cautelar presentada por una empresa que no está en competencia. Caso contrario, la demora para este año obligaría a renegociar el presupuesto no ejecutado para este compra.

“Teniendo en cuenta lo último que sabemos, que es la suspensión decretada por una medida cautelar, con respecto a los plazos estamos justos, pero creo que vamos a llegar”, dijo el funcionario, este miércoles, en entrevista para el programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El proceso está trabado por una medida cautelar decretada por el Tribunal de Cuentas, segunda sala, a pedido de una empresa que protestó por un requisito de antigüedad en la provisión del servicio ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). Sin embargo, la firma estuvo ausente del trámite convocado por la Justicia Electoral.

El funcionario electoral, explicó que la Sala Penal es el órgano o la instancia competente para entender el grado de apelación, que es en el momento, ya que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) apeló la medida cautelar resuelta u ordenada por el Tribunal de Cuentas, entonces esto sube a la Sala Penal y es esta instancia la que debe resolver. Este incidente, debe ser resuelto en la brevedad, de acuerdo al director electoral.

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“Para nosotros tiene que ser lo antes posible, ahora mismo estamos trabados en la verificación documental, pasado esto tenemos que trabajar en la verificación técnica de las muestras que presentaron. Cada empresa presentó cinco máquinas y tenemos que hacer las pruebas técnicas de esas máquinas, eso nos va a llevar una semana, una semana y media”, indicó Ruiz Díaz.

Posteriormente, el informe elaborado tras esta etapa, debe ser remitido al Comité de Evaluación, que volverá a evaluar y establecer qué empresas pasan a la segunda etapa, que es la apertura del sobre económico, y “eso lleva otra vez su tiempo”. Luego queda la etapa de la adjudicación de la empresa seleccionada para proveer las máquinas.

“Tenemos la etapa de adjudicación, donde se pueden presentar otra vez protestas, tenemos la firma de contrato y, a partir de ahí, se da la orden para la producción de máquinas de votación. Entonces, para nosotros también estos plazos que estamos perdiendo son los que nos van a faltar al final. Si recibimos las máquinas en el país, para noviembre o diciembre, estamos bien”, sentenció.

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El senador Dionisio Amarilla se refirió a la nueva disputa interna que sacude al Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) tras la remoción de disidentes en cargos claves. El parlamentario apuntó directamente contra el presidente de los azules, Hugo Fleitas, a quien acusó de ser el responsable de la destrucción de la nucleación opositora.

“Hay que acelerar el proceso electoral y convocar a elecciones en el PLRA. Hay que hacerle entender al Tribunal Superior de Justicia Electoral que acelere el proceso de compras de las máquinas de votación y que nos autoricen a adelantar las elecciones. El PLRA debe ser el contrapeso para generar la alternancia en los gobiernos locales y nacional”, mencionó a la 1020 AM.

El requerimiento de Amarilla surgió tras tomar conocimiento sobre la destitución de la exsenadora Blanca Lila Mignarro como secretaria general del PLRA y de Rebeca Sosa como directora de Capacitaciones del Instituto José P. Guggiari. La decisión tomada por el directorio liderado por Fleitas es duramente criticada debido a que ambas dirigentes no poseen cuestionamientos a sus gestiones.

“Las cosas que se hacen en el PLRA ya no sorprenden. Hugo Fleitas es un desequilibrado y corrupto. Está destruyendo, enterrando al partido y prolongando las chances de nuestra amada nucleación política. Le cambiaron a ambas acusándolas de ser dionisistas, pero ninguna de ellas militan en mi movimiento. Son dirigentes de calibre respetado por sus militancias políticas“, remarcó.

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Mignarro fue reemplazada por el concejal departamental de Central, Derlis Larroza, mientras que el cargo de Sosa será ocupado por Regina Ríos. La destitución de ambas se concretó mediante una sesión del PLRA, desarrollada el miércoles 18 de junio, cuando también se presentó un proyecto de afiliación digital.

“Este señor Fleitas sigue generando crispaciones, molestias. La señora Blanca Lila había denunciado un mal uso de los recursos que rondaría los USD 1.000.000. Las finanzas del partido están alicaídas y bastante golpeadas, hizo un vito, carnaval, despilfarro y malversación. Por suerte este caso está en la Unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía y no creo que terminé muy bien esta novela“, indicó.

Amarilla siguió argumentando que “Fleitas realizó una alianza demoniaca para arreglar con algunos actores para continuar en el poder. Él puede vivir robando de las arcas del partido, pero cuando nosotros tomemos el poder pagará por la mala utilización de los recursos”.

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El director de Financiamiento Político de la Justicia Electoral, Christian Ruiz Díaz, explicó que la institución requiere de la recepción de las nuevas máquinas de votación hasta diciembre para poder cumplir con su calendario de capacitaciones y auditorías. Por lo que urge que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) defina la medida cautelar impuesta al proceso de licitación por una empresa que carece de la experiencia establecida como requisito.

“Hace 15 días, el Tribunal de Cuentas hizo lugar a una medida cautelar solicitada por una empresa que había presentado una protesta contra la adenda número 3 al pliego de bases y condiciones, en donde nosotros establecimos como criterio una experiencia de 10 años para aquellas empresas que sean fabricantes de máquinas de votación”, explicó el funcionario electoral, este viernes, en entrevista a la 1020 AM.

La empresa protestó ese requisito argumentando que era excesivo, solicitando que se baje a 5 años. Esta protesta fue rechazada por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), alegando que la empresa no es fabricante, sino proveedor de software, por lo que no existía agravio.

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“La empresa presentó una reconsideración y, antes de resolver la DNCP, antes de agotar las instancias internas, ya recurrieron al Tribunal de Cuentas y les otorgó la medida cautelar que suspende el proceso de licitación. En esa etapa estamos actualmente, la DNCP apeló esta resolución con la cual se otorga la medida cautelar. La apelación atiende la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia”, indicó.

Ruiz Díaz sostuvo que esta situación ya se vuelve muy preocupante debido al tiempo que se está perdiendo para el calendario previsto. También compromete en la parte presupuestaria, teniendo en cuenta que la empresa adjudicada debe cumplir con la entrega de 5.000 máquinas para que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) realice la transferencia de los pagos.

“La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia es la que tiene que resolver, no manejo los plazos, pero son plazos importantes. Si estábamos preocupados, esa preocupación se agudizó, teniendo en cuenta que esta etapa, esto que nos está pasando ahora, no estaba dentro de lo presupuestado por llamar de cierta manera”, manifestó.

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El abogado Pedro Ove­lar, representante legal del expresidente de la República Horacio Car­tes, sostuvo que la desesti­mación fiscal de la denuncia impulsada en el año 2022 por el exministro abdista Arnaldo Giuzzio contra su cliente refuerza la denun­cia de que, en el gobierno de Mario Abdo Benítez, las ins­tituciones fueron instrumen­talizadas para la persecu­ción política y el terrorismo de Estado hacia sus adversa­rios electorales.

“Este es un elemento que sirve para la continuidad de la causa y que pasa a engro­sar los elementos probato­rios en contra de los acusa­dos de persecución política contra Cartes. Todos los ele­mentos probatorios y el aná­lisis realizados por la Fisca­lía pasarán a formar parte de ese proceso judicial”, sostuvo Ovelar, este jueves, en una entrevista con el programa “Así son las cosas”, del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El abogado hizo referencia al requerimiento de desestima­ción de la falsa denuncia impul­sada por Giuzzio contra Cartes por supuesto lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, eva­sión de impuestos y contra­bando, tras desarrollarse casi una treintena de diligencias de investigación, que no encon­traron sustento para los argu­mentos lanzados por el exmi­nistro en una exposición ante una sesión sin cuórum en el Congreso, en febrero de 2022, en que debía aclarar sobre un tiroteo ocurrido en un con­cierto en San Bernardino.

“Sería contradictorio que el Ministerio Público tome posiciones dispares en uno y otro caso, esto es congruente entre lo que acusó en marzo de este año y lo que deses­timó en este mes de junio”, comentó Ovelar, en referen­cia a la causa por filtración de datos confidenciales de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bie­nes (Seprelad) contra Abdo y sus exfuncionarios.

Giuzzio había alegado que la denuncia contra Cartes la había realizado en carác­ter personal, aunque con el aval del presidente Mario Abdo Benítez. Llamativa­mente, la acusación se pro­dujo en medio de las recientes elecciones internas colora­das del 18 de diciembre del 2022. En ese entonces, Car­tes y Abdo Benítez pujaban por la titularidad de la Aso­ciación Nacional Republi­cana (ANR) y contaban con sus respectivos precandi­datos para la presidencia de la República, Santiago Peña (Honor Colorado) y Arnoldo Wiens (Fuerza Republicana).

El 31 de julio de 2023, Car­tes había denunciado que fue víctima de una perse­cución política orquestada desde el gobierno de Mario Abdo Benítez, mediante la instrumentalización de la Seprelad. En la causa fue­ron acusados los exfuncio­narios abdistas Carlos Arre­gui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Mauricio Espí­nola, Carmen Pereira, Daniel Alberto Farías, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene, quienes deberán enfrentar un juicio oral y público.

Mientras que en el Congreso aún sigue pendiente de trata­miento el desafuero de Abdo Benítez, en su calidad de senador vitalicio, así como de su exsecretario privado Mau­ricio Espínola, actual dipu­tado. Pese a que el exmanda­tario alegó públicamente que se sometería a la Justicia, fue blindado por sus aliados de la oposición.

Sin embargo, la causa judicial no avanza ante el bombardeo de chicanas impulsadas por los representantes legales de Mario Abdo Benítez y sus excolaboradores con la finali­dad de paralizar y entorpecer la acción de la Justicia, y bus­car mecanismos que traben el mayor tiempo posible el rol de los actores de Justicia.

“Realmente es vergonzoso la forma en que se abusa del derecho y de los mecanis­mos procesales, así termina­ron casos sin analizarse, sin llegar al fondo de la cuestión como se pretende en este caso para que prescriba la causa, aunque aún estamos lejos de eso. Se debe poner un límite a esta inconducta procesal”, refirió Ovelar.