Con el arranque del invierno, el Circuito Comercial de Encarnación experimenta uno de sus picos de actividad más relevantes del año.

La caída de temperaturas dispara la demanda de indumentaria de abrigo y convierte al turismo de compras en el principal motor económico de la zona, especialmente con la llegada de visitantes desde Argentina y Brasil.

En el centro de este repunte se encuentra una estructura comercial consolidada, liderada por una comunidad de más de 1.500 empresarios libaneses, muchos de ellos establecidos en la región desde hace más de dos décadas.

Su presencia no solo dinamiza el consumo, sino que genera empleo directo para cientos de trabajadores paraguayos en una cadena de valor que opera bajo un modelo familiar, pero con fuerte dependencia de mano de obra local.

Los locales del circuito —muchos de ellos operando bajo esquemas familiares— emplean entre 80 y 100 personas cada uno, lo que convierte al sector en uno de los polos de mayor generación de empleo privado en la región.

La alta rotación de mercadería, los precios competitivos y el volumen de visitantes permiten mantener márgenes saludables incluso en contextos de presión económica regional.

Además de su peso económico, el circuito representa un caso exitoso de integración intercultural. Aunque las empresas tienen raíces libanesas, la operación diaria está liderada por paraguayos, generando un ecosistema laboral mixto que fortalece la cohesión social y eleva los niveles de productividad.

La combinación de ubicación fronteriza, capital extranjero, empleo local y flujo turístico constante, posiciona al Circuito Comercial de Encarnación como un activo económico clave para el sur del país.

Su capacidad de absorción laboral, su dinamismo estacional y su conexión natural con los mercados regionales lo convierten en un modelo replicable dentro de estrategias de desarrollo territorial.

A través de una minuta firmada este miércoles por los concejales encarnacenos, se hizo formal la denuncia acerca de escaneos de retina de varios ciudadanos por parte de desconocidos que ofrecen dinero a cambio. Hasta el momento se desconoce cuál sería el objetivo con este actuar.

En conferencia de prensa, el concejal Andrés Morel mencionó que desde la Junta Municipal se encuentran interiorizándose respecto a las circunstancias en que se habrían dado un importante número de escaneos de retina en la vía pública por parte de desconocidos que ofrecían entre 50.000 y 100.000 guaraníes.

Precisó que estas actividades se habrían llevado a cabo en zonas con una alta población vulnerable, como lo son los barrios San Antonio y San Pedro, donde inclusive por la gran afluencia de personas los montos de dinero disminuyeron. Explicó que las personas que están detrás de esta actividad aprovechan la necesidad de estos ciudadanos.

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“La verdad es que no sabemos cuál es la intención detrás de este escaneo. De acá a unos años las personas que entregaron esos datos pueden verse perjudicadas con un fraude informático y va a estar ligada sin saber; esa es la presunción que tenemos y lo que nos preocupa”, dijo el concejal.

Aseguró que cuentan con algunos indicios que ya fueron entregados a las autoridades, pero que esperan que la ciudadanía ya no caiga en esta entrega de información, aclarando nuevamente que no existe en el país una empresa que esté habilitada para recabar esta información tan personal.

“Lo que solicitamos es que se investigue, ya que desde que tomamos conocimiento e hicimos pública la información para advertir a los encarnacenos, estas personas desaparecieron, por lo que aún no tenemos su identidad”, sostuvo Morel.

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• Buenos Aires, Argentina. AFP.

El presidente argentino, Javier Milei, amplió por decreto ayer martes las facultades de la policía para arrestos, requisas, uso de armas del servicio y vigilancia digital sin orden judicial, antes de una manifestación en apoyo a la expresidenta Cristina Kirchner, condenada por defraudación. El decreto publicado en el boletín oficial entra en vigor un día antes de una manifestación en Buenos Aires en solidaridad con la líder opositora Kirchner, quien cumple en su domicilio una condena de seis años de prisión a partir de este martes.

Con las nuevas atribuciones, la Policía Federal podrá mantener bajo arresto a una persona sin orden judicial por un máximo de diez horas para su identificación en casos de que exista presunción de delito, según el texto firmado por el presidente ultraliberal. También podrá requisar a personas en la vía pública, así como sus efectos personales y vehículos, sin permiso de un juez.

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Además, “el personal con estado policial podrá esgrimir ostensiblemente sus armas para asegurar la defensa oportuna de las personas o derechos de terceros o los propios”, dice el decreto. También autoriza a la policía a vigilar sin autorización judicial “espacios públicos digitales, tales como redes sociales abiertas, sitios web públicos y otras fuentes abiertas”.

“Vamos a aprender de Estados Unidos, vamos a aprender de Israel”, dijo Milei en la presentación de esta reforma. Para la oenegé Coordinadora contra la Represión Policial (Correpi), implica la “destrucción de las libertades democráticas, derechos y garantías históricas del pueblo argentino”.

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El decreto “faculta a la Policía Federal a recabar información y asegurar pruebas, con el fin de que luego sean presentadas al Ministerio Público o a los jueces (...) O sea, en lugar de investigar hechos o personas a pedido del poder judicial, es la policía la que decide qué elementos reunir, respecto de qué hecho, para luego dar inicio a una causa judicial”, sostuvo Correpi en un comunicado.

Para ello podrán acceder a bases de datos públicas y privadas, así como elaborar sus propias bases de información. “Basta que armen un control rutinario de la circulación para poder requisar a su gusto personas, pertenencias y vehículos”, advirtió. A la protesta del miércoles adhirieron las tres centrales sindicales, partidos de izquierda, organizaciones de derechos humanos, sociales y estudiantiles con delegaciones desde varios puntos del país.

Los integrantes de la Comisión de Legislación del Senado, junto con representantes de la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia y la Defensoría Pública, analizaron los proyectos que plantean el aumento de penas para los adolescentes que cometan crímenes.

“Tuvimos la visita de representantes de estas instituciones quienes dieron su parecer. Ellos nos comentaron que debido a los convenios internacionales que tiene el Paraguay y lo que se recomienda desde el punto de vista penal es que nos ajustemos a lo máximo que se tiene en la región”, dijo el senador Eduardo Nakayama, miembro de la comisión asesora.

El artículo 207 del Código de la Niñez y la Adolescencia establece que la pena para un adolescente ante un hecho calificado como crimen no es mayor a 8 años. Mientras que el Código Penal establece que un menor no puede ser imputado por un hecho punible hasta que no tenga 14 años de edad.

“Tomando el sistema Interamericano de Derechos Humanos, así como las legislaciones de Costa Rica y Chile, la expectativa de pena máxima es de 10 años, entonces se elevará de 8 a 10 años, eso es lo que se consensuó y creo que se aprobará”, dijo a la 1140 AM.

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Actualmente existen otros 3 proyectos de ley en el Congreso Nacional que apuntan a castigar con dureza los crímenes cometidos por adolescentes. Uno de ellos fue presentado por el senador Javier Zacarías, que propone elevar la pena carcelaria para los menores de edad de 8 a 15 años.

Mientras que el segundo proyecto pendiente de tratamiento en la Cámara Alta fue presentado por José Oviedo, que plantea aumentar las penas de 8 a 20 años. La última iniciativa fue presentada por el diputado Rubén Rubin, que propone elevar la pena máxima por homicidio a cadena perpetua y que los adolescentes de 15 años sean juzgados como adultos.

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