La diputada Rocío Vallejo cuestionó este jueves al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, por el caso Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), y al jefe de Gabinete Civil de la Presidencia, Juan Ernesto Villamayor, quien será interpelado por la Cámara de Diputados.
“En todas las cuestiones importantes, el que habla es Villamayor, que sabe hablar con su soberbia acostumbrada y dice lo que él piensa. Nunca sabemos lo que piensa Marito”, cuestionó la legisladora en comunicación con Universo 970 AM.
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Sostuvo que hay muchas contradicciones en las declaraciones del jefe de Gabinete de la Presidencia sobre el caso PDVSA, que implicaba una “comisión” de US$ 26 millones para un abogado. Destacó que durante la interpelación, Villamayor deberá aclarar varias dudas existentes.
Vallejo lamentó también que no se haya logrado la interpelación al presidente de Petropar, Denis Lichi, implicado en el caso Texos Oil y el arreglo extrajudicial por US$ 7 millones, que le costó el cargo al exprocurador general de la República Sergio Coscia.
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“Realmente es inexplicable, encima con votos de la oposición y fue un golpe muy duro para la oposición, en el sentido de que justamente en un momento donde la oposición debe mostrarse sólida si es que quiere algún tipo de cambio”, agregó la diputada de la oposición.
La Cámara de Diputados aprobó la interpelación al jefe de Gabinete de la Presidencia, Juan Ernesto Villamayor, por el acuerdo secreto fallido en el caso Petróleos de Venezuela SA (PDVSA). El pedido para interrogar al presidente de Petropar, Denis Lichi, no prosperó en la Comisión Permanente del Congreso Nacional.
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Tía Chela: Miguel Prieto a juicio oral por corrupción con kits de alimentos que ocasionó millonario perjuicio a la comuna de CDE
Tras varias chicanas rechazadas en todas las instancias y nuevos intentos de seguir dilatando el inicio del juicio oral y público, este lunes el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, debe responder ante la Justicia por el supuesto mega negociado en la compra de kits de alimentos para familias vulnerables durante la pandemia del covid-19, en el caso conocido como “Tía Chela”. El perjuicio patrimonial sostenido por el Ministerio Público supera la millonaria suma de G. 2.130.036.016. La audiencia oral comenzará a las 08:00.
Además de Prieto —quien cuenta con otras dos acusaciones por negociados y centenares de denuncias en trámite—, deberán estar sentados en el banquillo de los acusados: Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la Unidad Operativa de Contrataciones; Sebastián Martínez Insfrán, director de Desarrollo Social; José Félix Cáceres Galeano, jefe de Desarrollo Comunitario.
La lista de acusados sigue con: Julián Benítez Gamarra, jefe de Almacenes; Francisco Arrúa Álvarez, director de Administración y Finanzas; Higinio Ramón Acuña, jefe de Adquisición y Suministros; Cirle Alcaraz Ramírez, encargado de Órdenes de Pago; Nelson Segovia Acevedo, tesorero; Fermín Ávalos Britos, propietario de Tía Chela SRL; y Emili Vanessa Florentín Páez, propietaria de la firma Vanemi SA.
El Tribunal de Sentencia que tendrá a su cargo juzgar a Prieto y a los demás procesados está conformado por los jueces Ana Rodríguez, Karina Cáceres y Yolanda Morel. Por su parte, el fiscal del caso es Silvio Corbeta, quien tendrá que sostener la acusación. El representante del Ministerio Público cuenta con sobrados elementos probatorios para demostrar la gravísima responsabilidad de Prieto y de cada uno de los procesados en el presente caso.
En el juicio, la Fiscalía sostendrá la acusación en la cual se menciona que Prieto causó un perjuicio patrimonial de G. 2.130.036.016. Para el Ministerio Público, el exintendente encabezó un esquema de corrupción que se instaló en el municipio y estuvo conformado por funcionarios a su cargo, quienes habrían operado para el desvío de recursos municipales.
Esquema delictivo
El 25 de marzo del año 2020, en plena pandemia, el intendente opositor Miguel Prieto anunciaba con bombos y platillos en sus redes sociales que estaba distribuyendo víveres a las comunidades carenciadas. Según explicó a la Contraloría General de la República, estos víveres los adquirió a través de una contratación de urgencia a la firma Tía Chela SRL. El inconveniente es que, según los papeles, este contrato con la empresa de víveres se concretó recién el 27 de marzo del 2020, pero Miguel Prieto ya estaba publicando los videos jactándose de la entrega el 25 de marzo; es decir, dos días antes.
Curiosamente, el 27 de marzo de 2020, el mismo día que la municipalidad firmaba el contrato con Tía Chela SRL, se producía la primera entrega de 15.000 kits de los 25.000 que debían proveerse, y se elaboraba la factura de crédito. Es decir, la licitación se encontraba apenas en proceso, pero dos días antes, Miguel Prieto ya estaba haciendo pública la entrega de alimentos, exhibiendo incluso canastas en sus videos.
El Ministerio Público llegó a la conclusión de que Miguel Prieto se aprovechó de su cargo de ordenador de gastos para hacer uso y abuso de los recursos, comprando kits de alimentos que, en realidad, no fueron proveídos por Tía Chela SRL.
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Otros casos de Prieto
Prieto deberá enfrentar otro juicio oral por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, tras un perjuicio patrimonial estimado en más de 300 millones de guaraníes. Así lo resolvió en su momento el juez Penal de Garantías, Humberto Otazú, quien elevó a juicio oral y público el “Caso Tajy”.
Igualmente, el exjefe comunal de Ciudad del Este, Miguel Prieto, soporta un tercer caso penal junto a otras 10 personas por la presunta comisión del hecho punible de lesión de confianza, en una investigación vinculada al uso de fondos municipales destinados a obras en el Hospital Regional de la capital de Alto Paraná.
En el presente proceso penal, siete de los once imputados ya admitieron los hechos de corrupción cometidos por Prieto y otros, lo que robustece la teoría del Ministerio Público en la causa contra el exintendente de Ciudad del Este. El perjuicio patrimonial en este tercer proceso sería de G. 757 millones, en el marco de trabajos que no se realizaron correctamente en el Hospital Regional de Ciudad del Este entre diciembre de 2019 y agosto de 2022.
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MOPC: la interpelación suena a politizar, refiere diputado
El líder de la bancada de Honor Colorado, el diputado Miguel del Puerto, sostuvo que no está de acuerdo con la interpelación impulsada en Diputados para la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Claudia Centurión, por el trágico accidente en la zona de Pedrozo, Ypacaraí. El parlamentario indicó que una interpelación tiene más tinte político.
“Una interpelación creo que no hace falta, convocarle a la ministra o con una conferencia de prensa y por los medios de prensa poder aclarar a la ciudadanía lo que está realizando el Ministerio de Obras creo que ya es suficiente. La interpelación más suena a politizar lo sucedido”, dijo el legislador a los medios de comunicación.
Mientras tanto, sostuvo que personalmente le gustaría escuchar a la ministra de Obras, y los planes para dar una solución a esta problemática. “Ayer hubo una conferencia de prensa del viceministro de Obras, me gustaría también escuchar los argumentos de la propia ministra de Obras en cuanto a las soluciones que se van a dar a la zona porque lastimosamente se sigue perdiendo vidas a pesar de las modificaciones en la zona de la franja vial y la gente espera alguna respuesta de dicha institución”, apuntó.
Consultado si corresponde en este caso convocar a la ministra a la mesa directiva, afirmó que sí, pero que independientemente a una convocatoria, ya sea en la mesa directiva o una interpelación, el sector parlamentario también debe poner sobre la mesa el debate sobre las acciones que se deben realizar para dar una solución.
“Con interpelación, sin interpelación, con invitación, nosotros tenemos que sentarnos a debatir y buscar una solución, hablando o no hablando con la ministra. Desde el Poder Legislativo nosotros vamos a ver cómo acelerar el proceso de solución de la zona”, manifestó el diputado.
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Accidente en Pedrozo: Bachi Núñez tilda de oportunista pedido de interpelación
Durante la sesión de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, los legisladores abordaron sobre el trágico accidente de tránsito en la zona de Pedrozo, este último fin de semana pasado, en el cual fallecieron miembros de toda una familia, dos de ellos funcionarios del Senado. El sector de la oposición impulsa un pedido de interpelación contra la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Claudia Centurión.
Ante esta propuesta, el presidente del Senado, Basilio Núñez, cuestionó a sus colegas por plantear la interpelación de la ministra, sin embargo, no existe una propuesta de abordaje general sobre la situación de emergencia vial en todo el país.
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“Acá en esta Cámara se aprobó la Ley de Emergencia en Seguridad Vial y fui uno de los que alertó que en Paraguay tenemos 4 fallecidos por día, duele sobremanera porque en este caso son funcionarios del Congreso, pero yo no voy a ser un cuervo que va a cabalgar sobre la muerte de compatriotas y más de compañeros de trabajo y ser oportunista de pedir ahora una interpelación. Adelanto mi postura en contra”, apuntó.
El titular legislativo refirió que se requiere de un abordaje más complejo y extenso, a nivel nacional, como el mayor control de las condiciones de vehículos, el control de conductores en estado de ebriedad, e incluso, analizar la aplicación del seguro para terceros ante el aumento considerable de accidentes de tránsito y víctimas de las mismas que afectan a miles de familias paraguayas.
“Estamos en una emergencia de seguridad vial, y en la Cámara de Diputados fue una propuesta del sector del Partido Colorado, que buscar una solución definitiva. Quiero decirle a los colegas, que ahora se enteraron, que probablemente fue un correligionario de ellos quien instaló un semáforo en esa zona, quienes se movilizaron para tener un semáforo en esa zona, no van a pedir la destitución del intendente de ahí porque es correligionario”, señaló.
Obras en zona fatal
El avance de las obras en la zona fatal escapa a la responsabilidad del MOPC, pues los trabajos están en un 47%, pero las pretensiones de dos propietarios en la zona de desafectación no permiten avanzar, ya que se oponen a ceder. Es por eso que se tuvo que judicializar, vía Procuraduría.
Una de las tierras era de Mocipar, que perdió la propiedad y hoy el que aparece como dueño, vía usucapión es Maxi Campana.
La otra propiedad en litigio pertenece a Carlos Ayala, incluso aparecen en el medio algunos concejales locales que operan en favor de los propietarios, lo que dificulta acordar para avanzar con los trabajos.
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Peña revela que Abdo condicionó la unidad colorada para frenar su candidatura presidencial
El jefe de Estado, Santiago Peña, reveló que el exmandatario y líder del movimiento Colorado Añetete, Mario Abdo Benítez, condicionó la unidad colorada a que desista de sus aspiraciones presidenciales en las elecciones generales del 2023, pretendiendo que se limite a pugnar por un cargo distrital.
“El planteamiento dentro de la operación Cicatriz y luego Concordia era en capital, que yo sea candidato a intendente en Asunción, ese fue el planteamiento formal y concreto por parte del expresidente Mario Abdo, a lo cual yo me negué”, refirió el mandatario a la 780 AM.
Detalló que, finalizadas las elecciones municipales del 2021, nuevamente surgió la propuesta por parte del abdismo de construir una candidatura de consenso bajo la operación de la Concordia colorada, lanzada entre 2019 y 2020 que consistió en el aglutinamiento de los principales movimientos internos de la centenaria agrupación.
“Hubo nuevamente un planteamiento, un intento, nunca fue tan formal de tratar de construir una candidatura en común dentro de la figura de la Concordia, pero había una sola condición: cualquier candidato, menos Santiago Peña. La negociación la llevaba a cabo José Alberto Alderete”, refirió.
Peña señaló que el intento de Abdo Benítez para sacarlo de la carrera presidencial tuvo como objetivo las pretensiones electoralistas de su entonces vicepresidente de la República y líder del movimiento Fuerza Republicana, Hugo Velázquez. “En ese entonces, Velázquez ya había lanzado, previo a las elecciones municipales, su candidatura y bajo ninguna circunstancia estaba en condiciones en ese momento de bajar su candidatura”, comentó.
Agregó que la unidad partidaria, de acuerdo al condicionamiento de Abdo Benítez, solo se podría dar “sobre la base de una candidatura de Hugo Velázquez para la presidencia y Pedro Alliana para la vicepresidencia de la República. En un momento de idas y venidas de algunos rumores, Alliana salió y dijo que él bajo ninguna circunstancia sería candidato a vicepresidente si no es por una chapa de Honor Colorado”.