La Procuraduría General de la República (PGR) envió documentos a la Secretaría Anticorrupción (Senac) sobre la denuncia registrada en el Portal de Denuncias Anticorrupción con relación al juicio de Texos Oil con Petropar sobre indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad contractual.

Ante el pedido de la Senac sobre los informes a la denuncia de un posible negociado entre Petropar y la empresa Texos con el pago de una comisión de US$ 7 millones para finalizar la demanda con el Estado paraguayo, el procurador Juan Rafael Caballero tuvo que remitir todos los antecedentes del caso. Cuando el acuerdo salió a la luz, el exprocurador Sergio Coscia se vio obligado a renunciar al cargo.

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Se enviaron dictámenes jurídicos relacionados al caso, los acuerdos firmados del 2 de diciembre, los reclamos de Texos, la adjudicación de la licitación a la firma. También se añaden las resoluciones dictadas por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, por las que se homologa el acuerdo transaccional del 10 de diciembre; la resolución del 6 de enero que deja sin efecto el acuerdo, con el que se dispone la continuidad del juicio.

La demanda de la empresa argentina se dio en el 2011 por supuestos daños y perjuicios que sufrió en el 2009 y que ascienden a US$ 31.357.856, por lo que exigía una indemnización porque Petropar había revocado la adjudicación para proveer gasoil y su transporte en camiones desde el Río de la Plata hasta Asunción. La licitación fue cancelada porque la firma tenía un capital de solo 10.000 pesos argentinos y sin ninguna experiencia en la materia.

Fiscalía pidió informes

El Ministerio Público también solicitó el pasado 28 de diciembre un informe preliminar sobre las denuncias públicas con relación al caso Texos SRL. El pedido fue remitido a la Secretaría Nacional Anti­corrupción (Senac) para una coordi­nación interinstitucional en la investigación.

La Senac ha referido que se encuentran en análisis todos los antecedentes del caso, y que una vez concluya dicha eva­luación y de acuerdo a lo que resulte, si existen indicios de la comisión de un hecho punible, se remitirá la conclusión final a la Unidad Especializada de Delitos Económicos del Minis­terio Público.

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