El senador del Frente Guasu, Hugo Richer, mencionó que genera alta sospecha que el presidente del Instituto de Previsión Social (IPS) Andrés Gubetich haya adquirido un software “casi a escondidas”.
Agregó que esta sospecha se da más aún atendiendo a que a mediados del año pasado en el Congreso se había alertado sobre la falta de transparencia en dicha licitación.
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“Este caso ya vine desde mayo del año pasado cuando se llamó a esta misma licitación y en aquella ocasión el comité de evaluación había señalado que resultó beneficiado el único oferente”, mencionó el legislador.
En este sentido, recordó que en aquella primera licitación había un solo oferente que fue adjudicado y que había incluido dentro de la facturación la venta de insumos médicos con el objetivo de alcanzar el monto mínimo que se señalaba en la documentación requerida.
“Además los gremios de las empresas nucleadas que tienen que ver con la informática habían señalado una cuestión muy importante, que el monto supera el costo de las adquisiciones similares que se realizan en el país. Después de esto se llamó a silencio y sorpresivamente allá por el 22 de diciembre de nuevo se hace en estas condiciones”, recordó.
Igualmente señaló que habría que averiguar si lo que hicieron ahora, en primer lugar si corresponde a una época de crisis de pandemia, y en segundo lugar ver si evitaron los errores que fueron duramente criticados.
“La falta mínima de aprender de lo ocurrido, de informar, enterarnos después de que ocurra obviamente nos lleva a sospechar, y acá habría que ver si esas críticas realmente han sido superadas con esta nueva licitación”, sentenció.
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Bancada de Honor Colorado analizará interpelación al presidente del IPS
La bancada del movimiento Honor Colorado en la Cámara de Diputados analizará el lunes 16 de marzo el pedido de interpelación al titular del Instituto de Previsión Social (IPS), Jorge Brítez. La solicitud es impulsada por el sector de la oposición y la disidencia colorada.
“Siempre y cuando tenga la confianza del presidente de la República, Santiago Peña, nosotros depositamos la confianza también en el titular de IPS, pero sí va ser un tema a tratar en la próxima reunión (de bancada) del próximo lunes”, manifestó el diputado Miguel Ángel Del Puerto, en conversación con los medios de prensa.
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Del Puerto, quien ejerce el liderazgo de la bancada oficialista, acotó: "Por supuesto que existen fallas, existen falencias, hay que invertir más en la parte de la atención médica, fortalecer los hospitales, las unidades sanitarias en el interior del país, hay mucho por hacer, por eso queremos analizar en bancada cuáles son las respuestas o las decisiones que está tomando el presidente del IPS para mejorar las condiciones".
El pedido de interpelación que se tratará el martes 17 de marzo también va dirigido al gerente de Salud, Derlis León. “Queremos analizar serena y responsablemente en bancada, pero acá hay que entender también que influye mucho el tema político, hay sectores que insisten en la destitución, son posiciones políticas, es por eso que se debe analizar como un todo”, dijo.
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IPS exoneró millonarias multas a firma ligada a familiares de Abdo
Durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, la administración del IPS exoneró el pago de sumas millonarias a la empresa de su familia política. Los documentos sobre el cobro del Instituto de Previsión Social (IPS) a la empresa hotelera muestran una verdad irrefutable: la exoneración de multas e intereses millonarios por parte del ente, pese a litigios ganados. En la administración de Jorge Brítez la situación se revirtió y de G. 5.557 millones “arreglados” en la era Abdo se logró ingresar G. 9.391 millones a las arcas de la institución.
Los hechos son muy claros y hablan por sí solos, pese al redireccionamiento de cuestionamientos que se quiere hacer del sonado caso del Consorcio Hotelero Sudamericano SA, propiedad de la familia política del expresidente de la República Mario Abdo Benítez, que arrastraba multimillonarias deudas con el Instituto de Previsión Social (IPS) en concepto de aporte obrero patronal.
Después de un largo litigio por el cobro de la mencionada deuda y pese a los juicios ganados para cobro de capital, intereses y multas, por una resolución de fecha 6 de diciembre de 2018, el entonces Consejo de Administración perdonó estas obligaciones a la empresa de la familia de la esposa de Abdo Benítez. Con esta decisión, el monto a percibir por la previsional se redujo a G. 5.557 millones, con facilidades de pago en cómodas cuotas para la firma deudora que aprovechó sus privilegios al punto de incumplir hasta lo acordado. La situación mencionada cambió en el 2024 cuando la Dirección Jurídica de la previsional verificó el incumplimiento y exigió el pago correspondiente por medio de ejecución de cobro, logrando así el IPS cobrar en una primera instancia la suma de G. 7.500 millones y posteriormente la suma de G. 1.891 millones, sumando así un ingreso total de G. 9.391 millones a las arcas de la institución.
Se impulsó igualmente una causa penal por evasión, habiéndose verificado que se descontaba a los empleados, pero no se aportaba al IPS, privando así el Consorcio, familia política de Abdo Benítez, a sus trabajadores de las prestaciones médicas y del derecho a la jubilación, pese a los descuentos que les realizaban en concepto de seguridad social.
ACUERDOS
Así, surgió un primer acuerdo con la empresa Consorcio Hotelero en 2018 con el compromiso de cancelar la deuda a noviembre de ese año, pero esto iba atado a millonaria exoneración de G. 5.224 millones, es decir, casi el 50 % de la deuda, incluso de obligaciones que versaban al año 2003. Por si fuera poco, desde noviembre del 2018 hasta el inicio de la ejecución en febrero de 2024, el Consorcio Hotelero no cumplió con ningún punto del acuerdo homologado, pese a todos los beneficios. Con la actual administración se revirtió la concesión que le dieron en el gobierno anterior a la empresa de la familia política de Abdo Benítez y el IPS logró el cobro de G. 7.500 millones inicialmente y luego, en el primer semestre de 2025, se canceló el total adeudado a la fecha de pago, lo que llevó a que en menos de un año se cobre la suma de más de G. 9.391 millones a favor de los asegurados. Es importante remarcar que, si es que se aceptaba el acuerdo anterior del 2018, IPS iba a tener G. 1.900 millones menos en recursos y deja en evidencia a quienes intentaron sacrificar los derechos de los asegurados con regalías que constituyen un saqueo a la previsional.
HONORARIOS
Además del pago de millonarias multas e intereses, el Consorcio fue obligado a pagar las costas del juicio, decisión judicial utilizada como revancha mediática del abdismo y redireccionó el tema colocando en centro de escándalos al exdirector jurídico y su equipo. Los tiroteos mediáticos ignoran que el propio Consorcio realizó propuestas de pago, e incluso de dación en pago de inmuebles, que fueron rechazadas por no ser convenientes a los intereses del IPS. La empresa tuvo que asumir lo que correspondía, el pago del capital que adeudaban con intereses. En la misma propuesta presentada, solicitaron el pago del 5% (mínimo legal) a los abogados, todo ello abonado y pagado por el Consorcio. Si el propio Consorcio moroso planteó este pago, conforme a las costas que veía venir y considerando todo el regateo a la previsional para esquivar deudas históricas, ¿que presunción puede haber sobre su sorpresiva iniciativa de cubrir los gastos que conlleva cualquier juicio?
Los costos que recayeron en la parte perdidosa, ejecutados conforme a propuesta de la misma en el marco de la Ley, se convirtió en gigantesca campaña mediática con medias verdades. La prensa sangra por la herida de la empresa de la familia política de Abdo Benítez antes que defender el interés de los asegurados e IPS.
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Beatriz Denis rechaza propuesta de candidatura presidencial
Beatriz Denis, hija del secuestrado exvicepresidente de la República, Óscar Denis, rechazó la propuesta de postularse para las presidenciales del 2028. El planteamiento le fue realizado por el senador Dionisio Amarilla, líder del movimiento Diálogo Azul en el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).
“Vino a proponerme cargos a nivel nacional. Que se mencione mi nombre para un cargo tan importante y con responsabilidad tan grande como servir al país, lo recibo con mucho respeto y gratitud, pero, antes de pensar en cargos y propuestas políticas, mi compromiso sigue siendo el mismo: exigir justicia y no permitir que el dolor de las familias sea olvidado”, expresó Denis, este lunes, a la 1020 AM.
Añadió: “Soy hija de un paraguayo secuestrado y como muchas familias de este país, sigo esperando respuestas que el Estado aún no me dio y no me ha sabido dar. Hoy, sinceramente no estoy pensando en candidaturas, sino en algo más urgente, que el Estado paraguayo le devuelva a las familias lo que nunca debió perderse, la libertad y la justicia".
El también dirigente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Óscar Denis, fue secuestro por el grupo criminal Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) el 9 de setiembre del 2020 en el interior de su propiedad, la estancia Tranquerita, ubicada en la zona de Bella Vista Norte, departamento de Concepción.
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A la fecha (marzo de 2026), se han cumplido más de 5 años del suceso sin que se tengan pruebas de vida recientes ni se conozca su paradero exacto. El dirigente político fue secuestrado junto a su empleado, Adelio Mendoza, un joven indígena que fue liberado pocos días después del rapto.
Denis se desempeñó como vicepresidente de la República entre 2012 y 2013 durante el gobierno del liberal Federico Franco. Tuvo una extensa carrera como senador y gobernador del departamento de Concepción.
Para su liberación, los criminales exigieron a las hermanas Denis la entrega de víveres por valor de USD 2 millones a diversas comunidades y al Estado la liberación de sus líderes encarcelados, como Carmen Villalba, condición que el Gobierno terminó rechazando.
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Caso Braulio Vázquez: IPS apunta a negligencia médica
El consejero de Instituto de Previsión Social (IPS), Víctor Insfrán, opinó que en el caso Braulio Vázquez puede hablarse incluso de negligencia médica y operativa. Anunció que el martes que viene analizarán en el Consejo la auditoría de la Superintendencia de Salud que será comparada con una auditoría interna de la previsional.
“Estoy enterado que llegó el informe a la institución y se va a alzar ahora a Gobernanza, que para nosotros significa recibir todos los consejeros para su tratamiento el día martes que tenemos sesión”, expresó en declaraciones a la 1080 AM.
Dijo, asimismo, que de confirmarse irregularidades, se ordenará un sumario administrativo para determinar responsabilidades.
Si el Consejo tiene responsabilidad, los consejeros deberían renunciar, afirmó. “Me enteré de algunos puntos por la prensa, y nuestra posición es revisar puntualmente todos los informes y una vez que tengamos, tanto la auditoría interna y de la Superintendencia de Salud, nosotros vamos a tomar la decisión de disponer un sumario administrativo a fin de deslindar todas las responsabilidades”, acotó.
Añadió que luego, el caso será derivado a la instancia correspondiente de acuerdo a los alcances de la medida. “Si el Consejo tiene responsabilidad, no tiene otro camino que renunciar. En caso de que un paciente tenga código verde significa que no hay ningún apuro, que puede esperar. Pero una persona infartada, definitivamente, no puede”, subrayó el directivo.
En esos casos, debe entrar inmediatamente a un código rojo de atención prioritaria, manifestó. “El personal médico o de enfermería de urgencia que le recibió a este paciente, determinado con código verde, teniendo un infarto, definitivamente hay un error profesional garrafal”, apuntó.
La Superintendencia de Salud investigó durante un mes las causas que rodearon a la muerte de Braulio Vázquez el pasado 28 de enero en el Hospital Central del IPS. Los familiares denunciaron que gastaron casi G. 11 millones y que hubo retrasos en la cirugía para el cateterismo.
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