Pobladores de la ciudad de Yhu, departamento de Caaguazú, violaron el decreto establecido por el gobierno de Mario Abdo Benítez, el cual establecía diversas prohibiciones como la realización de fiestas públicas en lo que respecta a todo el transcurso de las fiestas por fin de año, esta vez la sede del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), fue el escenario de una gran bailanta.
A través de las redes sociales de forma inmediata circularon varios videos en donde se puede observar a varias personas violentar en la madrugada del 1 de enero el predio de la institución acompañados de bebidas alcohólicas y con músicas ruidosas incumpliendo de esta manera el protocolo de aislamiento.
La situación fue denunciada ante la Comisaría 11 de la zona por una funcionaria del Indert Elena Ruiz Díaz viuda de Samudio, quien reside a unas cuadras del local. La mujer detalló que fue atacada por los irresponsables fiesteros con latitas de cerveza.
Al respecto el agente policial Carlos Domínguez, a través de una entrevista con Unicanal, manifestó que tras el operativo policial un total de 10 personas terminaron por abandonar el local público y que el hecho ya fue notificado a la Fiscalía.
Los inadaptados no fueron identificados, pero la titular del Indert, Gail Gina González Yaluff, repudió el hecho y que ningún funcionario de la institución participó del lamentable suceso de acuerdo a las primeras informaciones, pero que igualmente decidió establecer la apertura de un sumario.
Antecedentes
El pasado 18 de diciembre, el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, brindó una conferencia de prensa informando sobre las nuevas disposiciones que rigen desde Navidad hasta el 3 de enero del 2021. En la ocasión había insistido en que en las últimas semanas se alcanzó un hito histórico en cuanto a ocupación de camas.
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Indert impulsa plan piloto para agilizar titulación de tierras en Alto Paraná
El presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Francisco Ruiz Díaz, y la gerente general de la institución, Romina Velázquez, presentaron en el departamento de Alto Paraná un proyecto piloto para simplificar trámites de aprobación de comisiones vecinales de fomento para coadyuvar en la tarea de titulación.
Desde el ente agrario explicaron que la medida surge como un método innovador para la solución de conflictos sociales, fortaleciendo de esta manera la participación comunitaria en los procesos de regularización de tierras.
“Con este objetivo, la institución lanzó un proyecto piloto de democracia participativa en las colonias, alineado con la Constitución Nacional y el Estatuto Agrario. La iniciativa busca agilizar la titulación masiva de inmuebles rurales y disminuir los conflictos por su tenencia”, señala un comunicado institucional.
Simplificar los procesos de titulación
Es así que el economista Francisco Ruiz Díaz lideró el fin de semana una jornada de trabajo -en la comunidad Tavapy, en el departamento de Alto Paraná- que involucró a otros integrantes de su equipo técnico.
Durante el encuentro, se coordinaron las acciones para dar participación activa a los pobladores en las tareas del Barrido Predial Masivo (BPM).
Las autoridades aclararon que mediante la cooperación directa de las comisiones vecinales, la entidad estatal apunta a desburocratizar los procesos y acelerar la entrega de títulos de propiedad en las distintas colonias del país.
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Indert avanza con la titulación 1.300 lotes en Itakyry, tras 13 años de conflicto
El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), destrabó un largo conflicto por la tierra en la emblemática colonia Santa Lucía, en Itakyry, departamento de Alto Paraná, con la mediación del padre Pascual Kinoti.
El presidente del Indert, Francisco Ruiz Díaz, anunció que el Registro Unificado Nacional (RUN) dio vía libre a la inscripción de la emblemática colonia, permitiendo reactivar el proceso que apunta a la regularización y titulación de aproximadamente 1.300 lotes.
El avance representa un nuevo capítulo para cientos de familias que durante años aguardaron una solución definitiva a su situación de tenencia de la tierra.
Uno de los factores determinantes para alcanzar este resultado fue el trabajo de la Comisión de Mediación en Conflictos Campesinos, liderada por el padre Pascual Kinoti, que acompañó el proceso de diálogo y búsqueda de soluciones entre los diferentes sectores involucrados.
Para el titular del Indert, la experiencia demuestra que los conflictos de larga data pueden ser encauzados cuando existe voluntad institucional para escuchar a las partes y construir soluciones.
“Destrabar estos procesos significa devolver esperanza a las familias y avanzar hacia algo fundamental: que la tierra tenga seguridad jurídica y pueda convertirse realmente en patrimonio para sus ocupantes”, afirmó el economista Francisco Ruiz Díaz.
Las familias asentadas en Santa Lucía son oriundas de Ñacunday, Alto Paraná, y Marina Cué, Canindeyú. Fueron trasladadas hasta esta colonia durante la administración del entonces presidente del Indert, Justo Cárdenas.
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IPS apunta a cobrar USD 70 millones que adeuda Salud: “La situación está propicia”
Tras mantener ayer un encuentro con el presidente en ejercicio, Pedro Alliana, el titular del Instituto de Previsión Social, Derlis León, manifestó que existe un panorama propicio para que la institución inicie el cobro de USD 70 millones al Ministerio de Salud Pública por los gastos acumulados por la atención médica y los servicios sanitarios brindados a personas no aseguradas durante la pandemia del covid-19.
“Según los informes que tengo recabados, la deuda asciende a un poco más de USD 70 millones, pero, como somos dos instituciones que trabajan en conjunto, quedó para el diálogo también la posibilidad de una compensación que lo hacemos casi a diario en el sentido de la cooperación en servicios o medicamentos. Ahora la situación está propicia para que avancemos al mecanismo de compensación”, refirió León, este miércoles, al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Proyecto de ley de emergencia
A la vez, se refirió sobre el pedido realizado a la Cámara de Diputados referente a postergar el proyecto que declara la emergencia en IPS, teniendo en cuenta que el contexto de urgencia varió desde el momento en que fue planteado desde el Congreso Nacional. Incluso se analiza la posibilidad de requerir al Ejecutivo el veto de llegarse a sancionar.
“El escenario es un poco más alentador que hace 3 meses. Tanto la versión del Senado como Diputados coincidían en algún instrumento para ayudarnos a afrontar nuestros requerimientos en recursos humanos, porque eso también fue y es una crisis para la institución, donde nuestros especialistas terminaron migrando al Ministerio de Salud por una diferencia salarial”, manifestó.
León acotó que “ambas versiones sugerían que seamos ágiles para contratar más médicos y también, de alguna manera, reponer velozmente las renuncias, solamente en lo que va de los últimos 8 meses han renunciado más de 150 enfermeros, más de 80 médicos, principalmente por la precariedad salarial que está planteada también dentro de nuestra situación actual. Antes de que inicie esta propuesta para ayudar al IPS, nosotros no teníamos la posibilidad de contratar a los 500 médicos, que ya estamos contratando en las últimas dos semanas para seguir cumpliendo la ley de reducción de carga horaria”.
No obstante, refirió que quedará pendiente contratar enfermeros u otros personales extranjeros de alta capacitación. Así mismo, comentó que el escenario también es diferente en cuanto a la adquisición de medicamentos e insumos.
La iniciativa de emergencia plantea la búsqueda de mecanismos abreviados para las compras públicas. “Hemos accedido a más de G. 800 mil millones y llegaremos a G. 1 billón en el presupuesto del 2027 para la emisión de órdenes de compras y poder abastecernos y eso arrancó hace 4 semanas atrás aproximadamente. Ya la ciudadanía irá sintiendo que el IPS está abastecido, ayer martes tuvimos una llegada importante de medicamentos”, puntualizó.
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Con relación a las alternativas que manejan para el pago de las deudas vencidas de la previsional, León refirió que una de ellas consistiría en acceder a un crédito bancario a una tasa del 9 % colocando las reservas técnicas de la institución de garantía.
“La versión del proyecto de Senadores consistía en aumentar el tope de depósito en la banca, pero el escenario también es diferente en este momento. Me reuní con el equipo administrativo y solicité el estudio de una alternativa o plan B, el cual ya surgió. La reserva técnica es de G. 300 mil millones, el cual se puede utilizar como garantía para un préstamo a la misma tasa, es un ejercicio habitual y avanzaremos hacia este lado”, detalló.
Encuentro con Alliana
Por otra parte, León calificó de positiva la reunión que mantuvo con Alliana, a quien planteó una serie de iniciativas para zanjar los conflictos que subsisten en la previsional. “Fue la presentación de un análisis de la percepción de la gestión y sugerencia para fortalecer las áreas más débiles. Como es sabido, en IPS nuestra dificultad mayor es el stock de los medicamentos y el acceso a los servicios, entonces fue un momento de diálogo. La instrucción del presidente Santiago Peña y del vicepresidente Pedro Alliana es que redoblemos los esfuerzos para estas dos áreas”, refirió.
El médico agregó que “ambos piden especial atención en el abastecimiento de medicamentos y el acceso a nuestros servicios de salud, fue muy buena la reunión y nos fuimos planteándole muchas estrategias para buscar resultados en el menor tiempo posible”.
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Nueva Ruralidad: expertos debatirán los desafíos de la tierra y el campo paraguayo
Con el objetivo de analizar el proceso de titulación de tierras y plantear un modelo de desarrollo integral para el campo paraguayo, la Fundación ISSOS y la Universidad de la Integración de las Américas (UNIDA) organizan para este miércoles 23 de septiembre una conferencia magistral sobre la “Nueva Ruralidad” con la participación del presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Francisco Ruiz Díaz, y el especialista en políticas de tierras y derecho rural, Hugo Vera Ojeda
Bajo el lema: “Formalización de las tierras y nueva ruralidad: una mirada histórica y los desafíos del campo paraguayo”, abren un espacio de análisis en el que proponen abordar la problemática de la tierra desde dos perspectivas complementarias: los antecedentes históricos y jurídicos de la formalización, y los desafíos actuales vinculados con la transformación del espacio rural paraguayo.
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La actividad arrancará a las 18:00, en el Salón Auditorio de la UNIDA, en Asunción, y será de acceso libre, con cupos limitados. Se entregará certificado de participación.
Primer debate
De acuerdo al programa se prevé que en la primera exposición, Hugo Vera Ojeda desarrolle todos los antecedentes remotos y recientes del proceso de formalización de las tierras, identificando algunos de los principales obstáculos históricos que han condicionado el acceso a la propiedad formal.
Explicaron que su exposición pondrá especial énfasis en la importancia teórica y jurídica de la formalización, considerando los beneficios que genera la seguridad sobre la propiedad de la tierra y su incidencia en el desarrollo económico y social.
Nueva Ruralidad
El titular del Indert, Francisco Ruiz Díaz, tendrá la oportunidad de abordar el concepto de “Nueva Ruralidad”, un enfoque que plantea repensar el desarrollo rural paraguayo a partir de una visión más integral. Esta política de Gobierno busca combinar la titulación y regularización de tierras con medidas orientadas al desarrollo productivo, el acceso al financiamiento, el fortalecimiento institucional y la generación de mercados.
Al respecto, Ruiz Díaz señaló que el concepto de Nueva Ruralidad plantea desafíos que trascienden la simple tenencia de la tierra. Entre sus principales ejes se encuentran el arraigo de las nuevas generaciones, el acceso de jóvenes y mujeres a la tierra, la incorporación de tecnología, la generación de oportunidades económicas y la integración de los productores a cadenas de valor.
“Es uno de los desafíos centrales, consiste en generar condiciones para que los jóvenes puedan desarrollar sus proyectos de vida en el ámbito rural, evitando que la migración hacia las ciudades o el exterior sea la única alternativa. La formalización de la propiedad puede facilitar el acceso al crédito y contribuir a transformar la tierra en una base para la producción, el empleo y la generación de ingresos”, acotó.
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