El senador Jorge Querey, del Frente Guasu (FG), criticó la lentitud del Gobierno en acceder a la vacuna contra el COVID-19, así como la forma confidencial como está llevando a cabo las negociaciones con las farmacéuticas alegando incluso que el hecho genera sospechas de un “posible negociado”.
“Es una vergüenza que el viceministro Julio Rolón haya dicho que piden a Argentina o Brasil ceder algunas para nuestro país. El Ministerio de Salud y el Gobierno no se movieron para poder adquirir lo necesario para enfrentar esta situación. No hacer el trabajo correctamente me da la libertad de sospechar que todo puede ser un negociado. Empresas farmacéuticas locales están en negociaciones avanzadas para poder traer esas vacunas”, dijo en contacto con la radio 800 AM.
Querey afirmó que los mecanismos de negociación ya hubiesen iniciado antes como lo hicieron algunos países vecinos y no esperar la entrega de donaciones o algunas pequeñas dosis. “Los mecanismos se hubieran accionado antes y no estar esperando pequeñas dosis o algunas donaciones. Las vacunaciones se iniciaron en Corrientes, Chaco argentino, y creo que nosotros tuvimos la oportunidad de iniciar conversaciones mucho tiempo antes”, dijo el parlamentario.
“Estamos un poco rezagados”, dice Sequera
El doctor Guillermo Sequera, director de Vigilancia de la Salud, manifestó que el Paraguay está rezagado en la negociación y entrega de vacunas al justificar que se trata de un país pequeño, y realizó una comparación con Uruguay. Aseguró que al no tener historia de generar vacunas, se dificulta más la gestión para la adquisición. Incluso, propuso adelantar compras de vacunas ante farmacéuticas junto con dicho país.
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Senador repudia respaldo opositor a Prieto pese a hechos de corrupción constatados
El presidente del Congreso Nacional, el senador Basilio Núñez, lamentó la férrea defensa que sigue ejerciendo la oposición al destituido intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. El líder del movimiento Yo Creo fue apartado ayer del cargo mediante una amplia mayoría en la Cámara de Diputados, tras graves irregularidades confirmadas por una intervención.
“Los opositores que quieren ser gobierno defendieron hechos de corrupción que fueron verificados, constatados; en vez de llevar en alto la bandera de la transparencia. La ciudadanía con todo esto sacará sus conclusiones. Con esto se ve la incoherencia de estas personas“, sostuvo Núñez en una entrevista con el programa “La caja negra”, emitido por Unicanal.
Entre los principales hechos de corrupción que motivaron la destitución de Prieto figuran el uso de comisiones vecinales para saquear el dinero de la comuna, las cuales, según el interventor Ramón Ramírez, eran “simples fachadas”. Otro de los puntos guarda relación sobre el uso de los recursos canalizados mediante el Consejo Local de Salud, entre el 2019 y 2022, que alcanzaron más de G. 10.500 millones, que demuestran serios incumplimientos a las normativas vigentes.
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“Robos asquerosos"
Asimismo, el senador comentó que “un total de 50 denuncias tiene Miguel Prieto. Ojalá la Fiscalía General de Estado y el Poder Judicial no se presten a las chicanas. En su gestión hubo robos asquerosos con protección de un gran sector mediático“.
“La caída de Prieto ya era algo anunciado, él cometió varios tipos de corrupción, esto iba a llegar más temprano que tarde. Yo celebró porque no debemos olvidar que fue un intendente corrupto que robó durante la pandemia mediante la compra de víveres”, repudió Núñez.
En el informe final de la intervención, a cargo del economista Ramón Ramírez, se refiere que G. 6.000 millones se destinaron a obras y refacciones que fueron ejecutadas sin ningún tipo de control técnico ni administrativo, lo que impide determinar si esas inversiones realmente se realizaron como figuran en las facturas presentadas, o siquiera si se hicieron.
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Entre las irregularidades detectadas durante la gestión de Prieto se encuentra una presunta malversación por G. 29.000 millones. El desfalco guarda relación con dinero que debía destinarse en obras y bienes de capital, pero habría sido desviado para cubrir gastos corrientes, transferencias y pago de deudas, según reveló el economista Ramírez.
Prieto contaba con una partida presupuestaria equivalente a G. 83.000 millones, que estaba asignada al financiamiento de gastos de capital. Ramírez también presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público, luego de detectar la presunta existencia de una caja paralela, cuyos recursos fueron recaudados por diferentes impuestos, sin embargo, no ingresaron finalmente a las arcas de la comuna. Señaló que existiría un daño patrimonial de unos G. 75 millones que no registraron entrada a Tesorería.
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Informe final de la Comisión Antilavado ya fue remitido a EE. UU., confirma senador
El presidente de la Comisión Antilavado, el senador Dionisio Amarilla, confirmó este jueves que su informe final ya fue remitido a los Estados Unidos. El pasado 14 de julio, la Comisión Bicameral de Investigación de Carácter Transitorio para la Investigación de Hechos Punibles de Lavado de Dinero y Otros Delitos Conexos, dio por culminada su actividad.
“Hubo una campaña mediática en contra de esta comisión. Nosotros hicimos un trabajo serio. El informe final ya fue trasladado a los Estados Unidos, estamos en condiciones de ir a defender, inclusive, si nos convocan en algún momento. Estamos muy tranquilos con el trabajo que se realizó”, sostuvo el legislador del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) a la 780 AM.
El documento había sido remitido previamente a la Cancillería, el pasado 25 de julio, para su remisión con sus conclusiones y recomendaciones al Departamento de Justicia de los Estados Unidos. “Ojalá que las autoridades de ese país convoquen al embajador paraguayo designado Gustavo Leite, quien fue relator de la comisión y conoce al dedillo los detalles de los datos tabulados, consolidados, y nadie puede negar la discrecionalidad con que se utilizaron los fondos aportados por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional a Paraguay”, comentó.
El senador había detallado anteriormente que mediante la labor de la Comisión Antilavado quedó evidenciado que USD 52 millones proveídos por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) y que USD 5 millones otorgados por el Gobierno paraguayo fueron dilapidados por las oenegés. El 71 % del millonario recurso fue para salarios.
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Los trabajos de la CBI, que fueron aprobados por el Congreso Nacional, también ya fueron entregados al Ministerio Público, a la Procuraduría General de la República, al Ministerio de Defensa Nacional y al Ministerio de Economía y Finanzas, tal como lo había anunciado Amarilla.
En total son nueve tomos que constan de 1.311 folios con sus respectivos anexos. Desde el tomo I hasta el VI se centra en el eje uno, “Lavado de activos ligado al financiamiento de político vía organizaciones sin fines de lucro; el VII se basa en el eje dos, “Lavado de activos provenientes del tráfico de armas”; el VIII analiza el “Lavado de activos provenientes de actividades ilícitas, blanqueadas e ingresadas al sistema financiero vía bancos y empresas”.
Por último, el tomo IV contiene el informe ejecutivo, conclusiones y recomendaciones. Los anexos entregados en pendrive contienen audios, videos, notas varias, convocatorias, documentos tabulados, presentaciones de convocados, informe final, entre otros.
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Salud advierte: padres que no vacunen a sus hijos podrían ser imputados
El director del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), Luis Cousirat, advirtió que los padres o tutores que se nieguen a vacunar a sus hijos podrían ser imputados por falta del deber de cuidado. La situación podría agravarse en caso de que el menor enferme o incluso fallezca como consecuencia de la falta de inmunización.
“Si llega a enfermarse el niño, se caratula como falta del deber de cuidado, y si llega a fallecer, podría cambiar la carátula, incluso”, explicó Cousirat en declaraciones a la 780 AM. La advertencia busca reforzar la importancia de cumplir con el esquema de vacunación obligatorio establecido por el Ministerio de Salud.
El director del PAI señaló que antes de llegar a instancias judiciales, se agotan mecanismos administrativos y sociales. “Primeramente, agotamos las instancias; interviene, muchas veces, la Codeni, ahí ya podemos resolver las dudas que existen y, si no ocurre, se pasa al siguiente nivel, que sería una denuncia fiscal”, precisó.
La vacunación infantil en Paraguay es gratuita y obligatoria para prevenir enfermedades como sarampión, poliomielitis, tos convulsa y otras patologías de alto riesgo. El incumplimiento no solo expone al niño a un peligro sanitario, sino que también puede acarrear consecuencias legales para los responsables.
Cousirat recordó que la inmunización es una medida de salud pública y una responsabilidad compartida que protege tanto al menor como a la comunidad. Las autoridades sanitarias instan a los padres a acercarse a los puestos de vacunación y cumplir con las dosis correspondientes para evitar sanciones y, sobre todo, salvaguardar la vida de los niños.
Brote de sarampión
El pasado lunes 4 de agosto, el Ministerio de Salud confirmó que se detectó el primer caso de sarampión en Paraguay después de una década. El afectado fue un niño de 5 años, quien recientemente tuvo contacto con una persona proveniente del exterior, con brote activo de la enfermedad.
Tras este primer caso, la Dirección General de Vigilancia de la Salud emitió una alerta epidemiológica ante el riesgo de dispersión de sarampión, luego de confirmarse casos relacionados con importación de la enfermedad. Instaron a la población a controlar las libretas de vacunación de los niños y niñas para que puedan completar el esquema vigente.
Datos claves
- Los padres que no vacunen a sus hijos pueden ser imputados por falta del deber de cuidado, y la carátula del caso podría agravarse si el menor enferma o fallece.
- Antes de llegar a la vía judicial, intervienen instancias como la Codeni para resolver dudas y buscar que se cumpla la vacunación.
- La vacunación infantil en Paraguay es gratuita y obligatoria, y su incumplimiento implica riesgos sanitarios y legales.
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Galaverna asume la presidencia de Conaderna
El senador Juan Carlos Galaverna asumió este lunes la presidencia de la Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales (Conaderna), tras la renuncia de la senadora liberal Noelia Cabrera, involucrada en un escándalo por sus sobrinos planilleros en el Senado. La instalación de la nueva mesa directiva se realizó en la Sala Paz del Chaco, con la presencia del presidente del Senado, Basilio Núñez.
El cambio se dio a través de la resolución firmada por el presidente del Congreso, Basilio Núñez, en la cual se modifica la resolución N° 15 de fecha 7 de julio del 2025, por la cual se integró la Conaderna para el periodo del 1 de julio del 2025 al 30 de junio del 2027.
“Con esta resolución queda designado el senador Juan Carlos Galaverna como presidente de Conaderna acompañado del colega senador Rojas, como miembro. Desde la presidencia vamos a estar acompañándole, también a los funcionarios, sabemos que va a realizar una función acorde al cargo”, indicó el presidente del Senado.
“Vamos a honrar el cargo, esta confianza que nos deposita todo el pleno del Senado, y estamos para trabajar. La primera medida que quiero anunciar, como presidente de esta comisión es que vamos a poner a disposición esa camioneta (que fue utilizada por la senadora Cabrera), vamos a poner a disposición de la presidencia del Senado, y también vamos a solicitar un corte administrativo”, expresó el senador Galaverna.
Explicó que, al darse el cambio, solicitará un corte administrativo para interiorizarse de cómo se encuentra la situación administrativa de la comisión. En cuanto a la camioneta utilizada por la senadora Cabrera, en el cargo de presidenta de la Conaderna, indicó que entregará a la presidencia del Senado, ya que no requiere de su uso. “Yo tengo mi vehículo particular, no necesito utilizar ese vehículo”, señaló.
El presupuesto manejado por la comisión es de G. 4.813 millones, de los cuales ya se ha ejecutado el 41 %, de acuerdo a las explicaciones del senador. “El 77 % va destinado a pagos de salarios de todos los funcionarios y el restante es para gastos operativos de la comisión”, apuntó.
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