El Poder Ejecutivo por decreto Nº 4.591 designó a Juan Rafael Caballero González como nuevo procurador general de la República (PGR), quien reemplazará a Sergio Coscia Nogués, quien renunció el pasado 24 de diciembre.
Caballero González ya ocupó varios cargos en el sector público. Se desempeñó como Subsecretario de Estado de Justicia en 1990-1996, dependiente en ese entonces del Ministerio de Justicia y Trabajo, además fue viceministro del Interior en 1996-1998. De profesión abogado, notario y escribano público, ahora ocupará el cargo de procurador general.
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Coscia renunció al cargo tras el escándalo con el acuerdo entre Petropar (Petróleos Paraguayos) y la empresa argentina Texos Oil, este convenio establecía el pago de unos US$ 7 millones a favor de la compañía.
Sin embargo, desde la Procuraduría General de la República (PGR) aseguraban que se llegó a un conveniente acuerdo con la firma, en el marco de la demanda que le había entablado a la petrolera estatal. Posteriormente, Coscia se desdijo y se dio cuenta de la imposibilidad de cumplir lo pactado, lo que generó dudas y cuestionamientos en su contra, lo que finalmente lo llevó a la renuncia.
También piden renuncia de Lichi
Con la renuncia de Coscia, algunos sectores políticos piden que también el presidente de Petropar, Denis Lichi, dé un paso al costado o sea destituido, atendiendo que también hizo parte de este convenio. En este sentido, la diputada Kattya González señaló que Lichi debe ser destituido del cargo por el mandatario Mario Abdo Benítez tras el polémico acuerdo “entreguista” entre la institución y la firma Texos Oil que pretendía cerrarse.
“Denis Lichi debe ser destituido de Petropar, una empresa lastimada por la secuencia de autoridades corruptas e impunes. El problema cultural de indecencias sucesivas de la petrolera debe terminar y eso significa que no puede seguir en manos de quienes justifican el latrocinio”, cuestionó la legisladora.
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Peña y Lovera convocan a exministros de Hacienda para debatir desafíos fiscales y perspectivas económicas
El presidente de la República, Santiago Peña, encabezó una reunión con el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Oscar Lovera y exministros de Hacienda, con el objetivo de analizar la situación actual de las finanzas públicas, intercambiar criterios sobre los principales desafíos fiscales y evaluar las perspectivas económicas del país para los próximos años.
A través de sus redes sociales, Peña calificó el encuentro como un “enriquecedor espacio de reflexión”, destacando que la conversación permitió combinar distintas experiencias en la conducción de la política económica. Germán Rojas, Benigno López , Manuel Ferreira, Miguel Gómez, César Barreto, Oscar Llamosas, Marco Elizeche y Juan José Galeano, fueron los exministros presentes en la reunión.
El mandatario señaló que su participación aportó una doble visión, tanto desde su experiencia como exministro de Hacienda como desde su rol actual al frente del Poder Ejecutivo, con el propósito de construir proyecciones económicas “sólidas y responsables”.
Durante la reunión, el ministro Oscar Lovera presentó un diagnóstico sobre la evolución de las cuentas fiscales, las medidas que viene impulsando el Gobierno y los principales retos que enfrenta la administración económica. Posteriormente, se desarrolló un intercambio abierto entre los participantes para analizar distintos escenarios y compartir recomendaciones.
Uno de los asistentes fue el exministro de Hacienda Manuel Ferreira, quien explicó a la 1080 AM que uno de los ejes centrales de la conversación fue la necesidad de transparentar las obligaciones acumuladas por el Estado con sus proveedores.
Según indicó, el gobierno presentó una estimación de USD 2.700 millones en deudas pendientes, principalmente con proveedores del sector salud, empresas farmacéuticas y constructoras de obras públicas. A su criterio, incorporar estos compromisos dentro de las cuentas fiscales permitirá reflejar con mayor precisión la situación financiera del Estado.
Ferreira sostuvo que ese sinceramiento tendría un impacto sobre la trayectoria fiscal prevista. De acuerdo con los datos expuestos durante la reunión, el déficit podría acercarse al 4 % del producto interno bruto (PIB) en 2027, superando la senda inicialmente proyectada al inicio de la actual administración.
El exministro consideró que reconocer estas obligaciones constituye un paso necesario para fortalecer la credibilidad de la política fiscal y facilitar el diálogo con organismos internacionales, entre ellos el Fondo Monetario Internacional (FMI), en torno a las medidas que el país deberá adoptar para preservar la sostenibilidad de las finanzas públicas.
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Núñez acusa a la oposición de imponer el “cuoteo político” para elegir al contralor
El presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, acusó a la oposición de imponer el “cuoteo político” para la conformación de la terna de candidatos a la Contraloría General de la República (CGR), que será remitida a la Cámara de Diputados para la elección. Agregó a la vez que requerirá a la plenaria del Senado que la integración de la lista de aspirantes sea tratada luego del 15 de agosto.
“En periodos anteriores donde siempre la mayoría tuvieron los partidos de la oposición, las ternas para la Contraloría lo hicieron ellos y tuvieron contralores de su sector cuyas gestiones no fueron buenas por denuncias de corrupción, algunos se fueron presos por enriquecimiento ilícito, lesión de confianza”, refirió Núñez a los medios de comunicación.
El parlamentario acotó: “¿Por qué los opositores no plantean nomás ya directamente modificar la ley que rige a la Contraloría y vayamos directamente al cuoteo? Con esto ellos dicen sí al cuoteo político y no a la idoneidad y la preparación técnica“.
Las afirmaciones de Núñez surgieron ante la decisión del directorio del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), en solicitar a los candidatos a contralor que se encuentren identificados con la centenaria agrupación y otros partidos de oposición a retirar sus postulaciones. Semanas atrás, el parlamentario había detallado cronológicamente los casos de excontralores de extracción opositora que terminaron ante la Justicia. Citó por ejemplo al liberal Daniel Fretes Ventre, quien ocupó el cargo durante los años 1995 al 2000.
Fretes Ventre enfrentó a la Justicia tras comprobarse la creación de un esquema financiero destinado al blanqueo de capitales. En 2006, un tribunal lo condenó a 12 años de cárcel y a una multa millonaria tras tipificar sus actos como lavado de dinero y asociación criminal, bajo la premisa de haber organizado una maquinaria estructurada para el lavado de activos. No obstante, años más tarde, la causa dio un giro definitivo cuando la Corte Suprema de Justicia revocó el fallo y lo absolvió.
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También había mencionado el caso de Óscar Rubén Velázquez Gadea, quien contaba con la adhesión de legisladores liberales y del Partido Unión Nacional de Ciudadanos Éticos (Unace). La gestión de Velázquez Gadea colapsó institucional y judicialmente tras revelarse graves irregularidades administrativas en el manejo de planillas y salarios públicos. Fue procesado y hallado culpable por el delito de lesión de confianza en el marco del caso conocido como “la secretaria vip”. El proceso culminó formalmente en 2021, cuando la Corte Suprema de Justicia ratificó la sentencia que lo condenó a 4 años de pena privativa de libertad.
Núñez también recordó el caso de José Enrique García Ávalos, quien gozaba del respaldo de los congresistas pertenecientes al tercer espacio. El mismo debió responder penalmente por su actuación en el polémico caso Ivesur, enfrentando cargos por producción de documentos no auténticos e instigación a subordinado, además de ser investigado en paralelo por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
En 2023 recibió una condena judicial de primera instancia, la cual fue ratificada y confirmada por la Corte Suprema de Justicia en 2024, cerrando de este modo su ciclo institucional con un fallo condenatorio firme. Con relación a la propuesta que realizará al pleno del Senado para que la conformación de la terna se realice luego del 15 de agosto, Núñez afirmó que “yo voy a pedir a los colegas que nos tomemos el tiempo y pasar la primera quincena de agosto, es una potestad que tiene la presidencia”, puntualizó.
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Milei decreta prohibición de entrada a extranjeros que expresen odio hacia Argentina
El presidente argentino, Javier Milei, modificó por decreto la Ley de Migraciones para prohibir el ingreso o expulsar a extranjeros que expresen mensajes de odio al país, una medida que aún debe revisar el Congreso y que abre las puertas a la discrecionalidad, según expertos.
La nueva normativa publicada hacia la medianoche del miércoles prevé la expulsión y la cancelación de residencia para los extranjeros que incurran en esas conductas.
El Congreso debe avalar la validez del decreto que está vigente en tanto avance el trámite legislativo.
“El decreto no es claro y tampoco hay certezas de qué tan aplicable es”, dijo a la AFP Lucía Galoppo, abogada del equipo de trabajo internacional del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Según el decreto presidencial, las medidas se aplicarán a quienes hayan “dirigido mensajes de odio en forma oral o escrita, o incitado a la violencia contra el pueblo argentino en su conjunto, o contra algún ciudadano argentino, motivado en la nacionalidad de este último”.
“Haber realizado o participado en actos de ultraje de símbolos patrios nacionales; o haber incitado a cometer cualquiera de los actos previstos por el presente inciso”, agrega.
Sin embargo “no especifica qué es un discurso de odio, cómo se van a detectar, con qué criterio y cómo van a determinar quiénes son los emisores de esos discursos” para aplicar las sanciones, señaló Galoppo.
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“Todo eso lo vuelve difícil de aplicar y discrecional porque deja demasiados huecos que el Estado podría completar con criterios arbitrarios”, agregó.
La medida generó rechazo en sectores opositores. Leonel Chiarella, presidente de la Unión Cívica Radical (UCR, centro), dijo en X que “el DNU del presidente es inconstitucional” y consideró que el Congreso “debe rechazarlo expresamente”.
El diputado Agustín Rossi, de bloque peronista (centroizquierda), dijo que “excusándose en la campaña antiargentina, Javier Milei avanza en su política contra los migrantes” y afirmó en X que el decreto “replica la lógica antiinmigración de (el presidente estadounidense Donald) Trump”.
Cambio de época
Argentina ha sido históricamente un país abierto a la inmigración que ha asegurado igualdad de derechos en salud, educación y vivienda para sus residentes, así como derechos civiles que están garantizados por la Constitución.
“Da un poco de miedo, espero que esto no avance”, dice a la AFP sobre el decreto Felipe, un colombiano de 43 años que vive en Buenos Aires desde 2009. “Adoro a Argentina por todo lo que me ha dado y me sigue dando”, añade.
El presidente derechista, que buscará la reelección en las presidenciales de 2027, resolvió la medida luego de denunciar días atrás la existencia de una supuesta “campaña antiargentina”, de la que no aportó pruebas.
Milei dijo que está financiada por los gobiernos de Brasil y México y el Partido Demócrata estadounidense, en aparente referencia a críticas que se viralizaron en redes sociales al margen del Mundial de fútbol.
“Milei trata de capitalizarlo en su favor en un momento en donde las perspectivas económicas no son buenas para la mayoría de la población”, explicó a la AFP el politólogo e investigador de la Universidad de San Martín Iván Schuliaquer.
“Lo particular que tiene la derecha en Argentina es que no es nacionalista para nada. Milei se ha mostrado muy en contra de agendas nacionales, por ejemplo tratando que quitar todo límite a la compra de tierras por parte de extranjeros y también priorizando sus viajes a Estados Unidos y a Israel más que al propio interior de Argentina”, dijo.
El decreto aclara que “en ningún caso” castigos como la expulsión del país pueden aplicarse para “aquellas expresiones de disenso ideológico o de crítica política, académica o ciudadana, que constituyan un legítimo ejercicio de los derechos consagrados constitucionalmente”.
Argentina atraviesa una crisis diplomática con Brasil, luego de que Milei participara en un mitin político opositor en Sao Paulo, en el cual se refirió al presidente Luiz Inácio Lula da Silva como “ladrón” y “presidiario”.
Milei suele incluir insultos y expresiones peyorativas en sus discursos. A la prensa la llama “ensobrada” (corrupta) y a sus opositores políticos los ha calificado de “mandriles”, “inmundos” o “parásitos mentales”.
“Resulta contradictorio que el gobierno que dice que la libertad de expresión debería ser absoluta y así justifica por ejemplo los ataques vía redes sociales con insultos y amenazas, diga en este caso que hay que limitar la libertad de expresión”, dijo Schuliaquer.
- Fuente: AFP
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Alliana aclara que la opinión de Leite sobre la chapa presidencial fue “a título personal”
El vicepresidente Pedro Alliana, y candidato a presidente de la República, por el movimiento Honor Colorado, salió al paso de las declaraciones del senador Gustavo Leite, quien había afirmado que es imposible pedir que “todos estemos de acuerdo con cómo será la dupla presidencial (ya que) somos un partido democrático”.
El legislador aseguró hoy miércoles que la dupla presidencial de Honor Colorado para el 2028 “es Pedro Alliana - Juan Carlos Baruja, punto”.“
Al respecto, el presidente en ejercicio puso énfasis al afirmar que en la Asociación Nacional Republicana (ANR) la disciplina se marca con respeto a las personas y el rol que le han asignado es designar y anunciar un vicepresidente.
“La opinión del senador Gustavo Leite sobre postulación a la Vicepresidencia no representa en absoluto mi postura. Soy fiel al compromiso asumido de ser responsable del anuncio del candidato a vicepresidente al final de las elecciones municipales y mientras sea candidato ese plazo se va a cumplir”, escribió en sus redes sociales.
Alliana siguió con su posteo afirmado que un candidato de Honor Colorado es fiel a su palabra y no duda en el cumplimiento de sus compromisos.
El presidente de la República en ejercicio se ratificó en su postura de definir a su dupla presidencial luego de las elecciones municipales del próximo 4 de octubre. Sin embargo, reiteró que, si debe tomar una decisión en este momento, prefiere al ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), Juan Carlos Baruja, para el precandidato a la vicepresidencia rumbo al 2028.
“Si es por mí, si yo hoy tengo que tomar una decisión, yo me juego por Juan Carlos, pero hay cuestiones que todavía tenemos que llevar adelante”, indicó Alliana, este miércoles, al programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media. No obstante, aseguró que, a pesar de esta preferencia personal, aún falta un proceso interno en el movimiento Honor Colorado para definir a su compañero de fórmula.
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