• México. AFP.

Los mexicanos empezarán a elegir el próximo domingo a todos sus jueces, un ejercicio inédito en el mundo que el oficialismo de izquierda defiende como panacea contra la impunidad, pero que según sus críticos consolidará un régimen autoritario y abrirá una rendija a los criminales. La elección es fruto de una reforma impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), quien enfrentó el bloqueo judicial a ambiciosos proyectos, desde cambios constitucionales hasta grandes obras.

Su sucesora y copartidaria, la izquierdista Claudia Sheinbaum, argumenta que el voto popular ayudará a reducir los intolerables niveles de impunidad: 90% de casos sin sentencia. Pero para sus detractores, el verdadero objetivo es controlar el poder judicial y acabar con el único contrapeso al oficialismo, que domina el legislativo y la mayoría de gobernaciones.

“Hay quienes dicen que el pueblo no sabe. Pues están muy equivocados. El pueblo es muy inteligente y sabe por quién va a votar”, asegura la popular mandataria, quien rechaza que los mexicanos sean indiferentes a la elección.

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Sin embargo, se estima que solo la mitad de los electores sabe la fecha de los comicios y cuatro de cada 10 están seguros de participar, según encuestas de los diarios El Universal y El País.

En un contexto de franco debilitamiento de los partidos opositores, activistas llamaron a protestar el domingo contra esta primera etapa, en la que serán elegidos 2.600 jueces federales y magistrados de 19 de 32 estados. Los restantes 4.000 jueces locales serán votados en 2027.

La jornada no tiene antecedentes, pues si bien países como Estados Unidos o Bolivia contemplan la elección popular de algunos jueces, en ninguno se había empleado hasta ahora para designar a todos los magistrados.

Aunque en el papel el proceso es apartidista, expertos opinan que la Suprema Corte de Justicia -gran piedra en el zapato de López Obrador- podría quedar con una mayoría afín al gobierno.

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En un país golpeado por la corrupción y la violencia criminal, la elección aumenta el temor de que los jueces terminen sometidos al poder político y económico, o a las amenazas de narcotraficantes.

Una oenegé crítica de los comicios detectó a 19 candidatos señalados por vínculos con cárteles, corrupción y abuso sexual.

Incluso Silvia Delgado, una antigua abogada del legendario narcotraficante Joaquín “el Chapo” Guzmán, preso a perpetuidad en Estados Unidos, es candidata a jueza del estado de Chihuahua (norte).

La eventual victoria de personas cuestionadas solo podrá impugnarse tras la votación, en la que participan miles de aspirantes que fueron seleccionados por los tres poderes del Estado.

La elección también desafía la independencia de la justicia.

“Podría incrementar el riesgo de que los candidatos (...) busquen complacer a los votantes o a patrocinadores de campañas con el fin de incrementar sus posibilidades de reelección”, lo que comprometería la imparcialidad, advirtió en un informe Margaret Satterthwaite, relatora especial de Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y abogados.

Para Olimpia Rojas Luviano, abogada de 28 años, “la justicia no se vota” porque ante todo requiere funcionarios especializados y con experiencia. La sociedad mexicana “no está preparada para este ejercicio”, añade a la salida de un despacho judicial capitalino.

La impunidad y la desconfianza apuntalan el discurso de Sheinbaum, quien en su conferencia de prensa diaria exhibe a jueces que -según ella- favorecen a delincuentes y entorpecen la administración de justicia.

“En mis cuarenta y pico de años de litigante, jamás le he dado a un juez, mucho menos a un magistrado, ni un solo centavo para que dicten una sentencia a mi favor”, asevera Claudia Rojas, abogada civil con 48 años de carrera.

Expertos sostienen que la liberación de muchos sospechosos suele ser resultado de investigaciones deficientes de las fiscalías, entes autónomos que no fueron tocados por la reforma.

Otros factores que complican la elección han sido las restricciones para promocionar a los candidatos, que en su mayoría apelaron a las redes sociales, y la complejidad del sufragio.

En el caso de Ciudad de México los votantes deberán marcar nueve boletas (6 para jueces federales, 3 para locales). Solo los candidatos federales suman 3.414, debido a lo cual los resultados recién se conocerán a partir del 2 de junio. “Creo que hasta las propias personas que lo idearon ni siquiera saben cómo se hace”, afirma Rojas Luviano, quien pese a sus reparos acudirá a votar. “Salgan a votar y participen, porque no es solo criticar”, añade.

Venezuela elige este domingo a gobernadores y parlamentarios en unos comicios que vislumbran un triunfo aplastante del chavismo ante el llamado a la abstención de la oposición mayoritaria a 10 meses de la cuestionada reelección de Nicolás Maduro.

Poco más de 21 millones de electores están llamados a las urnas para elegir a 285 diputados a la Asamblea Nacional y 24 gobernaciones, incluida por primera vez la representación de un estado recién creado para el territorio Esequibo en disputa con Guyana.

La encuestadora Delphos proyectó una participación de 16 %, la mayoría militantes del chavismo. El proceso abrió a las 6:00 (10:00 GMT) y en la primera hora la mayoría de los centros de votación en el centro de Caracas estaban desiertos, apenas un puñado de electores en fila. La imagen dista de las concurridas presidenciales del 28 de julio pasado.

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“Está vacío también por la hora”, dijo a la AFP Carla Romero, funcionaria pública de 52 años. “Es un proceso de participación ciudadana importante”, señaló por su parte Samadi Romero, estudiante universitaria de 32 años que votó por el hijo de Maduro para diputado y por otros dos candidatos del partido de gobierno, el PSUV.

Las urnas estarán abiertas hastas las 18:00 (22:00 GMT), aunque los centros deben permanecer operativos mientras haya votantes en fila.

La elección sigue a una ola de más de 70 arrestos, que incluyó al dirigente Juan Pablo Guanipa, un cercano aliado de la jefa de la oposición, María Corina Machado.

A todos los acusaron de pertenecer a una “red de terrorismo” para sabotear los comicios del domingo, que Machado tachó de “farsa” y llamó a no participar. Las denuncias del chavismo sobre planes conspirativos de la oposición con apoyo de Estados Unidos son cotidianas.

El gobierno restringió los pasos fronterizos terrestres y suspendió la conexión aérea con Colombia, que según el ministro del Interior, Diosdado Cabello, fue usada por supuestos “mercenarios” para atacar el proceso electoral. Más de 400.000 funcionarios de los cuerpos de seguridad fueron desplegados para la elección.

“Allá la ultraderecha que pretende amenazar al pueblo”, dijo Maduro el sábado en un acto oficial. “Este pueblo está seguro de su destino y lo va a demostrar” en la elección del domingo.

El chavismo tiene 253 de los 277 escaños de la Asamblea Nacional, luego que la oposición se marginara de las pasadas legislativas en 2020. También controla 19 de las 23 gobernaciones actuales. Machado llamó a dejar “todos los centros vacíos” como parte de su reclamo contra el resultado de las presidenciales que asegura Maduro se robó.

El Consejo Nacional Electoral (CNE), acusado de servir al presidente, proclamó vencedor a Maduro sin publicar el escrutinio detallado de la votación, como manda la ley. La autoridad alegó un jaqueo del sistema, que aseguró ahora fue blindado.

Las protestas tras la proclamación de Maduro dejaron 28 muertes y más de 2.400 arrestos. Una pequeña escisión de la oposición desconoció el llamado de Machado y participa este domingo. La encabeza el dos veces candidato presidencial Henrique Capriles, quien buscará un escaño en el Parlamento. “Hay que votar como un acto de resistencia”, sostuvo.

Para el Esequibo se elige al gobernador y ocho parlamentarios, que tendrán en principio un mandato simbólico, pues Guyana administra esta rica región de 160.000 km2.

El presidente guyanés, Irfaan Ali, denunció la elección como una “amenaza”, mientras la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que lleva un caso relacionado con el diferendo, pidió a Venezuela abstenerse de celebrar estos comicios. Están convocados a votar poco más de 21.000 electores en centros ubicados en el estado venezolano de Bolívar (sureste), fuera del territorio en disputa.

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“Merecemos recuperar nuestro Esequibo”, expresó Misael Zapara en El Dorado, uno de los pueblos que votará por las nuevas autoridades. Guyana pidió a la CIJ que ratifique las fronteras establecidas en un laudo de 1899, pero Venezuela apela al Acuerdo de Ginebra que firmó en 1966 antes de la independencia de Guyana del Reino Unido que anulaba ese fallo y sentaba las bases para una solución negociada.

Fuente: AFP

• Caracas, Venezuela. AFP.

El dirigente opositor venezolano Juan Pablo Guanipa fue detenido este viernes pasado tras ser vinculado a una supuesta conspiración contra la próxima elección de gobernadores y diputados al Parlamento. Guanipa, de 60 años, estaba en la clandestinidad desde julio y es un importante aliado de la líder opositora María Corina Machado.

El ministro del Interior, Diosdado Cabello, mostró imágenes en las que se ve a Guanipa esposado, con un chaleco antibalas y escoltado por policías encapuchados y vestidos de negro. “Es uno de los jefes de esta red terrorista”, dijo Cabello en una rueda de prensa con medios estatales. “Se le capturaron cuatro teléfonos, además de una laptop. Ahí está todo el plan”.

Se le imputaron los delitos de terrorismo, lavado de dinero e incitación a la violencia y el odio. “De aquí en adelante lo que le toca es rendir cuentas a la justicia”, zanjó Cabello.

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Guanipa salía de la clandestinidad para participar en manifestaciones de la oposición. Apareció por última vez en público con Machado en una protesta en Caracas el 9 de enero contra la investidura del presidente Nicolás Maduro para su cuestionado tercer mandato.

La oposición insiste que arrasó en las presidenciales y que Maduro se robó el resultado. Machado, de hecho, llamó a no participar en las elecciones del domingo como parte de este reclamo.

Un mensaje apareció poco después publicado en la cuenta de Guanipa en X: “Si están leyendo esto es porque he sido secuestrado por las fuerzas del régimen de Nicolás Maduro”.

“No tengo certeza de qué me irá a pasar a mí en las próximas horas, días y semanas. Pero de lo que sí estoy seguro, es que ganaremos la larga lucha en contra de la dictadura”, agregó en el texto.

Machado también reaccionó en la red social: “Esto es TERRORISMO DE ESTADO puro y duro”, escribió. “Guanipa es un hombre VALIENTE e ÍNTEGRO. Es mi compañero y mi hermano”.

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Cabello informó además que hasta el momento van 70 detenidos en una operación contra un supuesto sabotaje de las elecciones del domingo, en las que se eligen a 24 gobernadores y 285 legisladores.

En el anuncio de la detención de Guanipa, informó de otros 11 capturados. También mencionó la detención de un ecuatoriano, un argentino, un serbio, un alemán y “unos” paquistaníes.

Indicó que el supuesto plan consistía en colocar explosivos en hospitales, estaciones de metro, de policía e instalaciones eléctricas. Aseguró que las autoridades incautaron armas, detonadores y dinero en efectivo. Señaló que el financiamiento proviene del narcotráfico colombiano.

El gobierno venezolano denuncia planes desestabilizadores y complots contra Maduro casi a diario.

El lunes, Cabello anunció la suspensión de los vuelos con Colombia al menos hasta el lunes. Dijo en ese momento que “mercenarios” buscaron usar esa conexión para entrar a Venezuela.

También fueron restringidos los accesos fronterizos terrestres por las elecciones. Unos 400.000 efectivos de las fuerzas del orden estarán desplegados para la seguridad de la jornada electoral.

Guanipa integró el Parlamento electo en 2015, controlado por la oposición. Fue su vicepresidente en 2020, cuando Juan Guaidó presidía la cámara y era reconocido como presidente interino de Venezuela por Estados Unidos, Colombia y otros países.

Este abogado fue además electo gobernador del estado petrolero de Zulia en 2017, pero no asumió el puesto por su negativa a juramentarse ante la Asamblea Constituyente que entonces regía con poderes absolutos y asumió funciones legislativas. “Hoy estoy injustamente preso, pero nunca derrotado”, escribió en su mensaje. “Solo les queda el miedo”, indicó. “Se escudan en la brutalidad y la crueldad para mantenerse en el poder”.

La licitación pública internacional para la compra de 28.000 máquinas de votación podría culminar a mediados del mes de julio con la adjudicación a una de las tres empresas oferentes, según estimaciones del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) sobre el proceso licitatorio. El pasado jueves se procedió a la apertura de sobres, con la entrega de artefactos de muestra.

Las empresas que presentaron ofertas son: el Consorcio Paraguay Democrático, integrado por Selex (Marco Domaniczky), Excelsis (Daniel Sauca) y SmartMatic (Andrés Rombola); el Consorcio Comitia MSA, conformado por la firma paraguaya Comitia y la argentina MSA; y Miru Systems, de procedencia coreana.

El director de recursos financieros del TSJE, Christian Ruiz Díaz, explicó para La Nación/Nación Media cuáles son los procesos que se realizarán a partir de ahora. La modalidad de presentación es en doble sobre, con la presentación general del oferente y con la oferta económica. En el primer sobre se presentan todos los documentos referentes a la constitución de la empresa y otros requerimientos que exige el pliego de bases y condiciones. El segundo sobre se abrirá solo de los oferentes que superen la etapa técnica.

“A partir de ahora se va a comenzar a trabajar en la verificación cualitativa, del sobre uno, eso significa que se van a verificar uno a uno los documentos que presentaron, y si es que falta algún documento de carácter subsanable, se le va a requerir a las empresas que completen esos documentos”, indicó Ruiz Díaz. Esta revisión se realizará por el plazo de 15 días.

Así también, fueron presentadas cinco máquinas como muestra por cada empresa ofertante, que quedaron en manos de Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la Justicia Electoral, porque serán evaluadas en la etapa de verificación técnica, lo que tendrá una duración de una semana.

“Esa prueba de funcionalidad se realiza en un equipo por día. Nos tomamos todo un día para hacer las pruebas de funcionalidad en las que son controladas, por ejemplo, la batería, que dure 12 horas, mediciones de gramajes del papel que presentan con ayuda del INTN (Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología), pruebas de votación, prueba de escrutinio, verificación de la pantalla, mecanismos de seguridad de las máquinas”, explicó.

Una vez que se haya concluido esa verificación documental, y la verificación técnica de los equipos, si las empresas cumplen con el pliego de bases y condiciones, se remite un informe al comité evaluador, que definirá cuáles de las tres empresas pasan a la siguiente etapa.

“Luego se abre el sobre 2, que contiene la oferta económica. El sobre de la empresa que fue descalificada permanece lacrada ya no se abre”, detalló el director electoral.

Posteriormente, el comité evaluador vuelve a analizar el sobre 2, y emite una recomendación al TSJE de cuál es la mejor tecnología en todos los aspectos, y por resolución del TSJE se debe adjudicar, y “si es que no hay protestas, un mes y medio, como mínimo”, de acuerdo a las explicaciones del alto funcionario electoral.