El presidente del Congreso Nacional, Óscar “Cachito” Salomón, ya firmó el plan de gastos para el 2021, luego de que ambas cámaras hayan aprobado el proyecto para que el Poder Ejecutivo lo reciba y pueda darse la promulgación correspondiente.
El Presupuesto General de la Nación 2021 fue sancionado por la Cámara de Diputados con la versión del Senado. El monto llega a los US$ 13.000 millones, que serían unos G. 92,2 billones.
Algunas modificaciones se introdujeron de la versión oficial que envió el Ministerio de Hacienda, pero todos ellos cuentan con su aprobación. La propuesta original era por un monto de G. 85,8 billones, lo que significó un 0,7% menos del que está vigente en el 2020.
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Del total presupuestado, el 56,2% del total de los recursos planificados para el 2021 es destinado para la Administración Central, mientras que el 43,8% será direccionado para las entidades descentralizadas.
Desde Hacienda insisten con la racionalización de los gastos. Igualmente, el ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, considera que se podrá administrar y ajustar de manera de mitigar los impactos económicos.
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Entre los articulados se estipula el aumento para docentes dependientes del tercer trimestre del 2021 en las recaudaciones. Si estas mejoran un 10%, se dará el aumento del 8%, en tanto que si se llega al 15% en los ingresos tributarios, el aumento salarial será del 16%.
La deuda presupuestada llega a US$ 26,5 millones, que sería destinada al Ministerio de Agricultura y Ganadería y Salud Pública. Así, el déficit llega al 4%, mientras que la deuda financiada en el PGN llegará US$ 2.460,5 millones.
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El presidente del Congreso urge aplicar ley contra la violencia en el deporte
“Parece que estamos esperando que sucedan hechos luctuosos”, afirmó el titular del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, este lunes al urgir la aplicación de la normativa 7269 de Prevención, Control y Erradicación de la Violencia en el Deporte, promulgada por el Ejecutivo en junio del 2024, ante los disturbios que ayer obligaron a suspender el partido entre Olimpia y Cerro Porteño en el estadio Defensores del Chaco.
“Esta ley que está en vigencia fue muy bien trabajada junto con la Asociación Paraguaya de Fútbol, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, así como la Secretaría Nacional del Deporte”, dijo el senador al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
“Esta ley es de prevención, si no actuamos y no nos consideramos todos culpables, se tendrán hechos que lamentar. Los dirigentes ya no tienen que dar entradas de favor a hinchadas organizadas violentas. Se tiene que controlar a quienes se les adjudican las entradas, implementar las tecnologías como se hace en varios países como, por ejemplo, los datos biométricos“, dijo Núñez.
La ley plantea una serie de sanciones para los deportistas, aficionados y organizadores que promuevan o permitan los hechos de agresividad en sus eventos. Entre las conductas de violencia se encuentran establecidas no solo la física, sino también los cánticos o la portación de carteles con mensajes ofensivos en el estadio e incluso en las inmediaciones de la sede del evento. También se castiga a quienes financien a los grupos organizados (barrabravas).
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La normativa también establece la creación del Registro Nacional de Eventos Deportivos (Renades). “La policía misma ya debería estar cargando los datos sobre el registro para discriminar a los hinchas violentos”, comentó. Con relación a las sanciones, independientemente a un castigo penal para hechos concretos de agresión o destrozos, se establecen multas para los infractores.
También se establece la prohibición de acceso a los aficionados, o de la organización en el caso de los clubes. Sin embargo, la ley no estipula entre los castigos la posibilidad de pérdida de la categoría o descenso.
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MEF defiende ante el Congreso la disciplina fiscal frente a propuestas de elevar el tope
El ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera, acudió este martes ante la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado, presidida por Silvio “Beto” Ovelar. Lo hizo con el fin de exponer los planes de acción que impulsará su cartera en este segundo tiempo del mandato del presidente Santiago Peña, para saldar las millonarias deudas acumuladas con las proveedoras del Estado.
“La ley de responsabilidad fiscal lo que ha permitido en este proceso es dar credibilidad a las finanzas públicas y eso se traduce en resultados que son visibles, como los (dos) grados de inversión. Acá lo que tenemos que ser es responsables en administrar y gestionar las deudas que tenemos”, dijo a los medios de comunicación.
Las afirmaciones de Lovera surgieron al ser consultado sobre el proyecto de ley impulsado desde Diputados, el cual plantea elevar el déficit fiscal del 1, 5 % al 2,5 % del Producto Interno Bruto (PIB). “No es una iniciativa del Ejecutivo, no fuimos consultados y evidentemente no acompañamos ese proyecto“, sentenció.
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El proyecto para flexibilizar el déficit fiscal según la exposición de motivos responde a una desaceleración en los ingresos tributarios, evidenciada en el primer trimestre del año, lo que ha reducido el margen financiero del gobierno. Se detalla que será “transitorio, acotado y necesario” para evitar la acumulación de pasivos y sostener la actividad económica.
“Lo que hacemos ahora es discutir con los sectores afectados, el pasado sábado nos reunimos con las vialeras y esta semana nos reuniremos con las farmacéuticas, se está agotando todas las herramientas posibles para poder llegar a acuerdos de pagos, que nos permitan no afectar de manera significativa la expectativa de resultados que tenemos en el corto y mediano plazo”, comentó Lovera.
El alto funcionario de Estado acotó: “Estamos trabajando en un plan de pagos para este año, en base al flujo que esperamos de los ingresos, tuvimos un incremento en el mes de marzo y tenemos una perspectiva positiva para este mes“.
Detalló que mantenerse dicha perspectiva positiva, se tendrá la posibilidad de pagar montos superiores a los inicialmente acordados que eran de 40 millones de dólares mensuales provenientes del Presupuesto General.
A inicios de marzo, las deudas con el sector de las farmacéuticas superaban los USD 700 millones, mientras que con las constructoras el monto era de USD 360 millones. “Estamos viendo la forma de ir cancelando las deudas de tal manera a no realizar una carga inmediata de ese requerimiento en este ejercicio fiscal 2026 (elevar tope). Vamos a seguir revisando que gastos en el sector público podemos o debemos priorizar“, manifestó.
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Ejecución presupuestaria llega al 20 % en el primer trimestre y crece 1,5 % interanual
Los Organismos y Entidades del Estado (OEE), de la Administración Central, ejecutaron G. 16,1 billones al cierre del primer trimestre del 2026, equivalente al 20 % del presupuesto vigente de G. 81,3 billones.
El nivel de ejecución muestra un incremento interanual del 1,5 % frente a igual periodo del 2025, cuando se habían ejecutado G. 15,8 billones, según datos de la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Gasto social explica la expansión
El crecimiento estuvo traccionado principalmente por el Ministerio de Desarrollo Social (MDS), que registró una suba del 29 % en su ejecución. El aumento responde al mayor desembolso en pensiones para adultos mayores, impulsado por el ajuste del salario mínimo, el incremento de beneficiarios y la expansión del programa de alimentación escolar “Hambre Cero en Nuestras Escuelas”.
Concentración en el Poder Ejecutivo
Por estructura institucional, el Poder Ejecutivo concentró el 94 % de la ejecución total, equivalente a G. 15,1 billones. Esto refleja el peso de los ministerios con mayor asignación presupuestaria, orientada principalmente a servicios sociales, económicos y de seguridad.
El Ministerio de Economía y Finanzas encabezó la ejecución con una participación del 33 %, totalizando G. 5,3 billones. Estos recursos se destinaron principalmente al pago de jubilaciones y pensiones de la Caja Fiscal, transferencias a gobiernos subnacionales y servicio de la deuda pública con organismos multilaterales.
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Tesoro financia la mayor parte del gasto
El Tesoro Público fue el principal financiador, cubriendo el 71 % de la ejecución (G. 11,4 billones). En este marco, programas sociales como la Pensión Universal para Adultos Mayores y Tekoporã Mbarete fueron financiados íntegramente con recursos del Tesoro, con desembolsos de G. 761 mil millones y G. 138 mil millones, respectivamente.
La estructura del gasto muestra una fuerte concentración en gastos corrientes, que representaron el 83 % del total ejecutado. Estos recursos se destinaron principalmente a salarios en sectores como educación, salud, fuerzas públicas y seguridad social, además de medicamentos, intereses de deuda y programas sociales. Por su parte, los gastos de capital alcanzaron el 13 %, enfocados en inversión pública.
Obras públicas concentran la inversión
En el componente de capital, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) explicó el 63 % de la ejecución, con G. 1,3 billones de un total de G. 2 billones. Entre los principales proyectos financiados se encuentran obras de la red vial pavimentada, como la ampliación y duplicación de las rutas PY02 y PY07 (G. 346 mil millones), además de tramos estratégicos en el sur y el Chaco.
Servicios esenciales absorben el 85 % del gasto
Del total ejecutado, G. 13,6 billones (85 %) se destinaron a servicios esenciales para la ciudadanía, canalizados a través de sectores como educación, salud, infraestructura y protección social. En este esquema, destacan los niveles de ejecución del Ministerio de Educación y Ciencias, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, el MOPC, el MDS y el Ministerio del Interior.
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EE. UU. busca garantizar lucha contra el crimen organizado tras promulgación de SOFA
El encargado de Negocios de los Estados Unidos, Robert Alter, acudió este lunes al Congreso Nacional con el fin de solicitar una mayor cooperación en materia legislativa en la lucha contra el crimen organizado transnacional y el terrorismo para consolidar la seguridad hemisférica.
“Con Paraguay compartimos valores democráticos e intereses nacionales; se está fortaleciendo y llevando a cabo entre los dos países todo un horizonte de alianza estratégica en materia de seguridad y oportunidades económicas para los dos pueblos”, comentó a los medios de comunicación.
Las afirmaciones de Alter surgen tras mantener un encuentro con el senador opositor Eduardo Nakayama, con quien dialogó en torno a los beneficios que otorgará a Paraguay el acuerdo de Estatuto de las Fuerzas (SOFA).
“Conversamos sobre la importancia del acuerdo y el marco jurídico que nos da para fortalecer la colaboración en seguridad entre los dos países. Acá la intención es hacer más y mejor. Tenemos una excelente colaboración entre las fuerzas de seguridad de ambos países y el acuerdo SOFA nos da un marco jurídico para facilitar la llegada de las capacitaciones, ejercicios conjuntos para que las fuerzas de ambos países tengan niveles de profesionalismo fuertes y efectivo”, refirió.
El acuerdo fue promulgado el pasado 11 de marzo por el presidente de la República, Santiago Peña. “La intención es fortalecer a ambos países para defender sus soberanías. El acuerdo habla de inmunidades, no impunidades, existe una gran diferencia entre las dos cosas”, refirió Alter.
Por su parte, Nakayama detalló que “hablamos sobre la seguridad hemisférica y uno de los principales flagelos que tenemos como América Latina es el crimen organizado y el terrorismo. Hablamos también sobre la ciberseguridad, ya que existen ataques constantes, avanzados y difíciles de evitar que requieren de mejores capacidades. El convenio SOFA permitirá tener una mayor flexibilidad y movilidad a la hora de responder a las amenazas que se tienen”.