El presidente del Congreso Nacional, Óscar “Cachito” Salomón, ya firmó el plan de gastos para el 2021, luego de que ambas cámaras hayan aprobado el proyecto para que el Poder Ejecutivo lo reciba y pueda darse la promulgación correspondiente.
El Presupuesto General de la Nación 2021 fue sancionado por la Cámara de Diputados con la versión del Senado. El monto llega a los US$ 13.000 millones, que serían unos G. 92,2 billones.
Algunas modificaciones se introdujeron de la versión oficial que envió el Ministerio de Hacienda, pero todos ellos cuentan con su aprobación. La propuesta original era por un monto de G. 85,8 billones, lo que significó un 0,7% menos del que está vigente en el 2020.
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Del total presupuestado, el 56,2% del total de los recursos planificados para el 2021 es destinado para la Administración Central, mientras que el 43,8% será direccionado para las entidades descentralizadas.
Desde Hacienda insisten con la racionalización de los gastos. Igualmente, el ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, considera que se podrá administrar y ajustar de manera de mitigar los impactos económicos.
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Entre los articulados se estipula el aumento para docentes dependientes del tercer trimestre del 2021 en las recaudaciones. Si estas mejoran un 10%, se dará el aumento del 8%, en tanto que si se llega al 15% en los ingresos tributarios, el aumento salarial será del 16%.
La deuda presupuestada llega a US$ 26,5 millones, que sería destinada al Ministerio de Agricultura y Ganadería y Salud Pública. Así, el déficit llega al 4%, mientras que la deuda financiada en el PGN llegará US$ 2.460,5 millones.
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Fusión de la Cancillería y Repatriados con sanción automática
El proyecto impulsado por el gobierno de Santiago Peña que plantea la fusión entre el Ministerio de Relaciones Exteriores (Cancillería) y la Secretaría de Desarrollo para Repatriados y Refugiados Connacionales (Sederrec) quedó sancionado en el Congreso Nacional a través del mecanismo de la sanción ficta o automática. La propuesta será remitida al Ejecutivo para su promulgación o veto.
La iniciativa tenía como plazo constitucional límite para su tratamiento en el Legislativo el 31 de mayo y debía ser analizada de vuelta por el Senado, luego de haber sufrido modificaciones por Diputados. Mediante la fusión de ambas instituciones estatales se apunta a optimizar gastos y centralizar la asistencia y protección consular, así como potenciar la capacidad operativa y eliminar la redundancia de funciones.
Con este proyecto, que forma parte del proceso de reorganización institucional, se impulsa dentro de la Cancillería la creación del Programa Especializado para Repatriados y Refugiados Connacionales, una dependencia que contará con autonomía financiera y administrativa para ejecutar sus funciones.
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Mediante esta propuesta, la Cancillería podrá promover programas de retorno voluntario, elaborar programas de registros de connacionales en el extranjero, coordinar asistencia para la reinserción laboral y social de quienes regresen al país, así como articular acciones con organismos internacionales, a través de sus embajadas y consulados. Igualmente, cuenta con atribuciones específicas para asistir a compatriotas víctimas de trata de personas, violencia o situaciones de riesgo en otros países.
También se contempla la transferencia total de los activos de la secretaría a la Cancillería como bienes muebles, bienes inmuebles, recursos financieros, documentación institucional y programas en ejecución.
Además, permite a la Cancillería asumir competencias más amplias como diseñar y fiscalizar políticas de repatriación, coordinar la asistencia de paraguayos retornados y negociar acuerdos internacionales vinculados a la migración y retorno. Otra facultad será llevar los registros de paraguayos residentes en el exterior, coordinar programas de reasentamiento, gestionar asistencia a connacionales en situación de vulnerabilidad y expedir certificados de repatriación para acceder a beneficios legales.
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Plantel de funcionarios
A la vez, estipula que todos los funcionarios permanentes de la Secretaría de Repatriados pasarán a integrar automáticamente el plantel de la Cancillería, garantizando la antigüedad, los derechos laborales adquiridos, los aportes jubilatorios y la continuidad administrativa de los cargos.
Sin embargo, no pasarán a formar parte del escalafón diplomático y consular, por lo que seguirán rigiéndose a la normativa aplicable a los funcionarios públicos de la administración central y no por el régimen especial de la carrera diplomática.
Los funcionarios contratados de dicha secretaría que quedará extinta mantendrán la vigencia de sus contratos bajo las condiciones establecidas hasta su vencimiento. En caso de promulgarse el proyecto de ley quedará erradicado el cargo de secretario ejecutivo de la Secretaría de Repatriados.
Incentivos para el retorno de connacionales
Por otra parte, la propuesta mantiene los incentivos destinado a fomentar el retorno de connacionales que hayan residido en el exterior durante al menos dos años consecutivos. El proyecto detalla que quienes cumplan con este requisito podrán ingresar al país, por única vez y libres de tributos.
Con relación al menaje de hogar, se establece hasta un valor equivalente a 850 jornales mínimo diarios, para herramientas y maquinarias de trabajo se estipula hasta un valor de 3.000 jornales mínimos diarios mientras que para los vehículos utilitarios se establece hasta 1.700 jornales mínimos diarios, siempre que tenga al menos 3 años de uso.
El proyecto de ley estipula que estos bienes no podrán ser vendidos, transferidos, ni cedidos durante un periodo de 3 años y en caso de incumplimiento, deberán abonar los impuestos correspondientes y podrán aplicarse sanciones por defraudación fiscal.
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El senador Basilio Núñez augura la victoria oficialista en más de 200 distritos
El presidente del Congreso Nacional, Basilio Núñez, afirmó que el movimiento Honor Colorado, liderado por Horacio Cartes, irá consolidado en las internas partidarias de este domingo 7 de junio. El parlamentario dijo que el oficialismo logrará la representación colorada en más 200 localidades, entre ellas la capital del país, destacando el potencial político del aspirante a intendente Camilo Pérez.
“Honor Colorado es un muy movimiento consolidado, con más de 15 años de presencia dentro de la política paraguaya. En las internas partidarias, más de 200 municipalidades serán representadas por Honor Colorado, para luego representar a la Asociación Nacional Republicana en las elecciones generales municipales del 4 de octubre”, comentó este miércoles a los medios de comunicación.
Núñez acotó: “Las elecciones serán un plebiscito para ver quiénes quieren estar con Honor Colorado y la disidencia, es ahí donde la ciudadanía opinará si está de acuerdo o no con este modelo”.
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Las afirmaciones de Núñez surgieron ante la campaña lanzada desde el sector de la oposición, la disidencia colorada y medios de comunicación que fungen como aliados, consistente en que el movimiento recibirá supuestamente el “voto castigo” en ciudades como Asunción.
“Estoy seguro que Camilo podrá aglutinar la confianza de la ciudadanía asuncena en unas elecciones transparentes. Camilo es el temor de la oposición porque su figura tiene piso, pero no techo“, refirió.
Núñez también instó a la unidad colorada una vez finalizadas las contiendas internas con el fin de enfrentar unidos a la oposición en la puja por las 263 intendencias en las elecciones municipales generales del 4 de octubre. “Después de las elecciones se tiene que dar el diálogo y el abrazo republicano”, dijo.
El legislador señaló que su colega Arnaldo Samaniego quien pujará contra Pérez en representación de la disidencia cuenta con dos obstáculos que terminarán favoreciendo al oficialismo, su nomina de precandidatos para la concejalía y el respaldo del exmandatario y líder del movimiento Colorado Añetete, Mario Abdo Benítez, a quien calificó como un “ancla” que hundirá sus aspiraciones de reelección en la jefatura comunal capitalina. “Marito en donde esté te lleva los votos hacia abajo, es un ancla, solo hay que mirar las encuestas”, sentenció.
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Salario mínimo: IPC no captura el peso de los alimentos
Mientras avanza el análisis del aumento salarial que regirá desde julio, economistas advierten que el IPC utilizado para calcular el ajuste no captura el peso que tienen los alimentos en el presupuesto de las familias de menores ingresos.
A pocas semanas de definirse el reajuste del salario mínimo que entrará en vigencia desde julio, el debate ya no gira solamente en torno al porcentaje de aumento, sino también sobre si el mecanismo utilizado para calcularlo refleja realmente el costo de vida de los trabajadores paraguayos.
Actualmente, el ajuste se determina en función de la inflación acumulada entre junio de 2025 y mayo de 2026, medida a través del Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el Banco Central del Paraguay (BCP).
Sin embargo, para el economista Rodrigo Ibarrola, investigador asociado del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (CADEP), ese indicador presenta una limitación importante cuando se lo utiliza para definir salarios.
“Si se aplica únicamente la inflación observada, el ajuste sería muy exiguo”, sostiene. Punto en el que recuerda que el IPC es un indicador agregado que mide el comportamiento promedio de precios de cientos de bienes y servicios.
El problema con esto es que no necesariamente representa el patrón de consumo de los trabajadores que perciben el salario mínimo, explica el especialista.
Según indicó, una familia típica destina más de la mitad de sus ingresos a la compra de alimentos, mientras que dentro de la estructura del IPC este rubro tiene una ponderación cercana al 25 %.
“El ajuste por IPC siempre será insuficiente. El trabajador siente mucho más el aumento de los alimentos porque es ahí donde concentra gran parte de sus gastos”, remarcó Rodrigo.
Esta diferencia ayuda a explicar por qué muchas familias perciben una pérdida de poder adquisitivo incluso en períodos de inflación moderada. Mientras el índice refleja el comportamiento promedio de toda la economía, los hogares de menores ingresos enfrentan una realidad distinta, marcada por el peso que tienen los alimentos dentro de su presupuesto mensual.
El economista hizo hincapié en que el propio Banco Central ha señalado en varias ocasiones que el IPC fue diseñado como una herramienta de política monetaria, y no como un instrumento específico para la política salarial.
En este contexto, señaló que existen indicios de que el Gobierno estaría evaluando un incremento superior al porcentaje que arroja estrictamente el IPC, ante el estancamiento del salario real observado en los últimos años.
No obstante, advirtió que aún falta información clave para determinar si el eventual reajuste será suficiente para recuperar capacidad de compra. “Hoy no contamos con una canasta específica que refleje el consumo típico de un trabajador asalariado. Lo único que sabemos es que ajustar exclusivamente por IPC resulta insuficiente”, concluyó.
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Peña emite decreto para priorizar gastos en salud, educación, seguridad y programas sociales
El presidente de la República, Santiago Peña, emitió un decreto para ordenar los gastos del Estado y priorizar hacia ciertos sectores, específicamente salud, educación, seguridad y programas sociales. Se trata de una medida para fortalecer la sostenibilidad financiera del Estado.
Se trata del Decreto n.° 6120, “por el cual se establecen medidas adicionales de optimización, priorización y gestión eficiente del gasto público en el marco del Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2026”. El texto fue impulsado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y se enmarca en los principios de eficiencia, responsabilidad y transparencia establecidos en la Ley de Administración Financiera del Estado y en la Ley de Responsabilidad Fiscal, teniendo en cuenta el actual contexto económico y la necesidad de garantizar una gestión prudente de las finanzas públicas.
El decreto establece criterios orientados a evitar la expansión de gastos no prioritarios y la generación de obligaciones sin respaldo financiero efectivo. Entre las principales disposiciones se destaca la priorización del gasto en salud, educación, seguridad y programas sociales, garantizando la continuidad de los servicios esenciales para la población; como también la utilización prioritaria de Recursos Institucionales (Fuente 30) antes de recurrir a Recursos del Tesoro (Fuente 10), buscando una gestión más sostenible y eficiente de las finanzas públicas.
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Regularización de deudas
Además, el documento contempla la presentación de planes institucionales de regularización de obligaciones pendientes con proveedores y contratistas, a fin de ordenar y transparentar los compromisos financieros del Estado (deudas); y establece restricciones y medidas de racionalización sobre gastos operativos, adquisiciones de bienes no esenciales, equipamientos de oficina, catering y nuevas inversiones no prioritarias.
También se establecen determinadas migraciones de cuotas del Plan Financiero requieran autorización previa del MEF, reforzando así los mecanismos de control y seguimiento de la ejecución presupuestaria.
Las arcas del Estado fueron golpeadas por la caída del dólar en los primeros meses del año y actualmente se está trabajando intensamente en honrar las deudas con sectores importantes, como son el de las farmacéuticas y las firmas de construcción vial.