Los parlamentarios paraguayos en el Mercosur, Blanca Lila Mignarro, Ricardo Canese y Manuel Morínigo, proponen una declaración ante el Parlasur para plantear que los gobiernos argentino y paraguayo inicien la reconstrucción de 60 km de la ferrovía del ferrocarril Carlos Antonio López, hoy Fepasa.
El pedido responde al artículo XVII del Tratado de Yacyretá, donde se establece la obligación de realizar relocalizaciones, y todo procedimiento que pueda subsanar algún perjuicio causado por la entidad, por lo piden a la vez una indemnización por daños y perjuicios. Esto luego de que fue inundada por el embalse de Yacyretá, entre las ciudades de Artigas y Encarnación (Itapúa).
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Teniendo en cuenta que en 1994 se había dado la anegación en la citada zona, de esa forma impidieron la exportación e importación de productos del Paraguay, por esa vía donde hay una amplia zona productiva.
La reconstrucción de la ferrovía en un lugar alternativo a las zonas inundadas, ya estaba incorporada en la Resolución 141/83 del Consejo de Administración. Así hacen hincapié, en que en la práctica nunca fueron ejecutadas las obras.
Mientras que en su parte declarativa, en el artículo 1°, se señala que el Parlamento del Mercosur insta, vía el Consejo Mercado Común, a que los gobiernos paraguayo y argentino tomen las medidas pertinentes para la referida reinstalación de las vías. Por ende estipula que Yacyretá estime los daños y perjuicios causados al Paraguay por la inhabilitación de un tramo importante del citado ferrocarril, de tal modo a resarcirlo.
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Italia y Francia piden cláusulas especiales en acuerdo UE-Mercosur
- París, Francia. AFP.
Francia e Italia hicieron un llamado para “un mejor equilibrio” del acuerdo UE-Mercosur con el fin de proteger a los agricultores europeos, incluso adoptando “cláusulas específicas”, según anunciaron en un comunicado conjunto. En los últimos meses, Francia ha multiplicado las iniciativas europeas para intentar bloquear la adopción del tratado comercial entre la Unión Europea y los países del Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay), el cual genera una fuerte oposición del sector agrícola francés.
El texto prevé que la UE pueda exportar más vehículos, maquinaria o licores, entre otros. A cambio, facilitaría la entrada de carne, azúcar, arroz, miel o soja sudamericana. Benjamin Haddad, ministro francés delegado para Europa, habló esta semana en Roma con su homólogo italiano Tommaso Foti para “discutir posibles mejoras al acuerdo Mercosur”, según el comunicado conjunto.
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“Los ministros Haddad y Foti comparten la necesidad de proteger mejor a nuestros agricultores y nuestras normas sanitarias, incluso mediante la adopción de cláusulas específicas”, afirma el texto. “Aunque contiene beneficios, el acuerdo UE-Mercosur no protege lo suficiente a los agricultores europeos contra los riesgos de perturbaciones del mercado y no asegura de manera sostenible la soberanía alimentaria del continente”, agrega.
El presidente francés, Emmanuel Macron, había asegurado el 6 de junio que estaba dispuesto a firmar un acuerdo con el Mercosur para finales de 2025, pero bajo ciertas condiciones, con motivo de la visita del presidente brasileño a Francia. Por su parte, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, insistió en la necesidad de dicho acuerdo pese a la oposición del sector agrícola europeo.
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Lula recalcó que ahora corresponde al “negociador de Macron en la Unión Europea” hacer una propuesta de cambios en el acuerdo, como planteó el presidente francés. Macron propone incluir un protocolo que integre la posibilidad de activar una “cláusula de salvaguardia”, si las importaciones a la UE de productos del Mercosur acaban “desregulando el mercado” en varios sectores.
Esto es lo que temen especialmente los agricultores europeos, ante la llegada prevista en el acuerdo de hasta 99.000 toneladas de carne bovina y 180.000 toneladas para las aves de corral con menores aranceles, entre otras. Otra de sus propuestas es incluir “cláusulas espejo” para que los productos agrícolas del Mercosur exportados a la UE cumplan las mismas normas de producción que los europeos, consideradas menos competitivas.
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Paraguay recibió más de USD 640 millones del Focem en dos décadas
A dos décadas de su puesta en marcha, el Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur (Focem) se consolida como el principal instrumento solidario de financiamiento regional.
Paraguay, con un aporte anual de apenas USD 1 millón, ha sido el mayor beneficiario: recibió más de USD 640 millones en fondos no reembolsables para el desarrollo de infraestructura, inclusión social y conectividad. La carta de creación se firmó un 19 de junio de 2005 en Asunción.
Así lo destacaron Didier Olmedo, embajador y representante permanente de Paraguay ante el Mercosur; diplomático de carrera quien ejercía el rol de Director del Ministerio de Hacienda en el momento de la firma; Laura Núñez, coordinadora ejecutiva de la Unidad de Comunicación e Información del Mercosur (UCIM); y Daniela Peppe, comunicadora de la UCIM, durante una entrevista en el programa Tribuna de Paraguay TV.
Olmedo señaló que hoy se calcula un promedio de retorno de USD 48.000.000 anuales, que en 10 años permitió obras por un promedio de USD 480.000.000, con un aporte de USD 1 millón anuales, siendo Paraguay el que menos aporta por las asimetrías ante los demás socios. Brasil y Argentina, son los socios con mayor aporte.
El Focem fue formalmente activado el 19 de junio de 2005, durante la XXVIII Reunión del Consejo del Mercado Común (CMC) en Asunción. Desde entonces, ha financiado más de 20 proyectos en Paraguay, entre ellos:
- Costanera Norte y Viaducto Botánico en Asunción
- Ruta 500KV Itaipú – Villa Hayes y subestaciones clave
- Pavimentación de rutas en Guairá, San Pedro y Concepción
- Construcción de 1.088 viviendas sociales en varias ciudades
- Acceso a agua potable y saneamiento básico en comunidades vulnerables
- Desarrollo turístico en las Misiones Jesuíticas y Alto Paraná
Hasta la fecha, los estados partes del Mercosur han presentado más de 60 proyectos por un valor total de USD 1.610 millones, de los cuales el Focem ha financiado USD 1.043 millones. Paraguay ha sido el país más favorecido, recibiendo más del 60% de los fondos ejecutados.
“El Focem es una herramienta concreta de integración y equidad regional. Paraguay ha sabido aprovecharla con visión estratégica”, sentenció Olmedo.
El rostro humano del Mercosur
Uno de los aspectos más destacados fue el rostro humano que la comunicación le ha dado al Mercosur y a las obras del Focem. Gracias a una estrategia comunicacional centrada en las personas y en las comunidades se ha logrado visibilizar cómo estas inversiones transforman vidas, comunidades y territorios.
En este sentido, se subrayó el rol de Laura Núñez, paraguaya, funcionaria de carrera del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Su liderazgo ha sido clave para acercar el Mercosur a la ciudadanía, mostrando que la integración regional también se construye con historias humanas.
Por su parte, Daniela Peppe, quién también forma parte de la UCIM desde el 2024 ratificó la estrategia y las campañas que vienen implementado desde la UCIM para lograr de generar una mayor cercanía del Mercosur con la ciudadanía, destacando que la campaña Mercosur en Acción pone énfasis en historias reales de personas y comunidades beneficiadas
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Confían en que fallo judicial a favor de la EBY desalentará acciones similares
La Entidad Binacional Yacyretá (EBY) obtuvo una sentencia favorable en un juicio civil por daños y perjuicios que representaba una amenaza financiera significativa para la institución. Así lo confirmó Eduardo González, asesor jurídico de la entidad, quien detalló que la demanda ascendía a G. 9.047 millones (unos USD 1,2 millones al tipo de cambio actual) y fue desestimada por caducidad procesal.
“Pudimos concluir un juicio más en contra de la entidad y, por otro lado, como otro resultado positivo, evitamos realizar cualquier pago por situaciones en las que no hay el por qué para plantear acciones de este tipo y esto desalienta a que se planteen juicios similares”, expresó ante la 650 AM.
La demanda fue presentada en 2022 y fue consecuencia de un ingreso clandestino de personas a zonas restringidas en el área de la represa, quienes intentaban realizar una pesca furtiva. A pesar de las advertencias del personal de seguridad, los intrusos no se retiraron y hubo una supuesta represión, lo cual derivó en esta acción legal contra la entidad, según explicó González.
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El equipo jurídico de Yacyretá respondió la demanda en tiempo y forma, sostuvo el abogado, y finalmente el caso fue cerrado sin que la EBY deba pagar suma alguna, debido a la falta de impulso procesal por parte de los demandantes. González remarcó que la actual administración asumió la conducción de la entidad en un momento económico complejo, y que desde entonces se han logrado importantes avances tanto en el ordenamiento interno como en la defensa legal.
“En apenas dos meses del año pasado, con una reestructuración del área jurídica, logramos sentencias favorables por un valor cercano a los USD 114 millones en los ámbitos civil y laboral, y este año creo que vamos a tener un resultado muy positivo también. Tenemos un norte bien determinado, que es la defensa de los intereses de una de las empresas más importantes del país”, detalló.
Finalmente, afirmó que gracias a una política de racionalización financiera, la expectativa positiva en torno al cumplimiento del acuerdo por parte de Argentina y una firme defensa institucional, Yacyretá podrá salir del “momento complicado” en el que todavía permanece. “Somos una empresa estratégica para el país”, concluyó.
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Yacyretá evita un millonario pago
La Entidad Binacional Yacyretá (EBY) logró frenar una demanda que pretendía un desembolso de más de G. 9.000 millones, tras la declaración de caducidad del caso por parte del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del vigésimo turno de Asunción. La medida beneficia directamente a la institución, que ya no deberá enfrentar el pago reclamado por los demandantes.
La acción judicial fue iniciada en abril de 2022 por José Luis Duarte Machuca y Mario Alberto Duarte, quienes exigían una indemnización por supuestos daños y perjuicios. Según alegaron, fueron agredidos por personal de seguridad de la EBY mientras pescaban en el río Paraná.
La representación legal de Yacyretá, a cargo de los abogados Alfredo González y Marcelo Codas Fontanilla –bajo la coordinación del Dr. Silvino Benítez y del jefe de Asesoría Jurídica, Dr. Eduardo González–, solicitó en junio de ese mismo año la intervención en el proceso y presentó la contestación a la demanda.
Durante el desarrollo del juicio, la EBY impugnó la admisión de pruebas presentadas por los demandantes, argumentando que fueron ofrecidas fuera de plazo. El Tribunal de Apelación dio la razón a la defensa y revocó la resolución que admitía dichas pruebas, devolviendo el expediente al juzgado de origen. Sin embargo, los actores no cumplieron con el procedimiento requerido para la notificación formal del “cúmplase”, lo que derivó en la declaración de caducidad del proceso el pasado 5 de mayo de 2025.