El ministro Arnaldo Giuzzio, coordinador de la Comisión Especial de Supervisión de Compras COVID-19 (CESC), aseguró a la ciudadanía que “estamos prácticamente al día con las licitaciones en Salud”. Esto lo expresó al ser consultado acerca de las denuncias respecto a la falta de insumos básicos y de alta complejidad para minimizar efectos del coronavirus.
“Nuestro trabajo es verificar si toda la documentación de las licitaciones está correcta. No nos corresponde determinar si es procedente o no la compra de insumos”, atinó a decir Giuzzio, al tiempo de deslindar responsabilidades sobre la improcedencia de eventuales compras sobrefacturadas o fuera de las especificaciones técnicas que sucedieron al inicio de la pandemia.
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“No se rechazó prácticamente ninguna compra”
Giuzzio, al ser consultado acerca del orden de prioridades en las adquisiciones actuales, sostuvo que “hay insumos y equipos que tienen mayor prioridad a la hora de realizar las compras”. Sin embargo, ante al incremento paulatino, anunciado con anterioridad por el propio MSPyBS, el ministro Giuzzio dijo “han aumentado las compras. La demanda ha crecido por los contagios”.
“Desde que ingresamos, no se rechazó prácticamente ninguna compra. Si había algunos errores, se fueron corrigiendo en el proceso licitatorio”, manifestó respecto al trabajo que viene realizando la Comisión Especial de Supervisión de Compras COVID-19 (CESC). De esta manera el ministro Arnaldo Giuzzio destacó su labor y reiteró, lo que a su criterio, es un buen desempeño en cuanto a los procesos licitatorios.
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Corte debe destrabar chicanas de Giuzzio en caso de coima narco
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) debe destrabar el proceso penal que enfrenta el exministro abdista Arnaldo Giuzzio por cohecho pasivo agravado, por sus supuestos vínculos con el sindicado narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua, reportó el periodista de Nación Media, Aldo Insfrán, este martes al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM.
La defensa del extitular del Ministerio del Interior había recusado a los camaristas Andrea Vera y Arnulfo Arias, quienes deben decidir sobre la competencia de los jueces de sentencia Adriana Planás y Matías Garcete, que a su vez fueron recusados por el exfuncionario, quien ejerció varios cargos públicos en el gobierno de Mario Abdo Benítez.
La apelación contra la decisión que había confirmado a los jueces de sentencia Adriana Planás y Matías Garcete obstaculiza que se pueda llevar adelante el juicio oral y público en contra de Giuzzio. De acuerdo a las últimas informaciones, la Sala Penal está avanzando en el estudio de la recusación contra los integrantes del Tribunal de Apelación.
La Fiscalía solicitó al Tribunal de Sentencia especializado en delitos económicos, al inicio del juicio oral, que se incluyan como prueba los datos extraídos del celular del narcotraficante brasileño Lindomar Reges Furtado. El pedido fue realizado ante los magistrados Adriana Planás, Matías Garcete y Yolanda Morel.
La acusación contra Giuzzio fue presentada el 16 de agosto de 2023 por los fiscales anticorrupción Diego Arzamendia y Jorge Arce. Ambos sostienen que el exministro de Mario Abdo Benítez tenía pleno conocimiento de las intenciones del narco de contactar con el Estado paraguayo, específicamente con el Ministerio del Interior, para la provisión de servicios y equipamientos a la Policía Nacional.
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Intervención CDE: auditoría del sistema informático detectó preocupante falta de control
El economista Ramón Ramírez, interventor de la municipalidad de Ciudad del Este, realizó una evaluación de su gestión en general en estos 37 días que se lleva adelante la intervención. Brindó un adelanto de los principales hallazgos respecto a la administración del intendente Miguel Prieto.
Ramírez informó durante una entrevista con Radio Concierto, de la capital del Alto Paraná, que están ejecutando una auditoría al sistema informático del área de recaudaciones y los primeros reportes que están recibiendo son preocupantes. Indicó que no hay un sistema de auditoría al propio sistema que permita la trazabilidad en las ejecuciones de cobro.
“Esto quiere decir que alguien puede tocar la cuenta de un contribuyente, por ejemplo, en la cuenta de Benigno puede poner pagado y luego puede modificar. No existe una ruta para saber quién modificó las cuestas. No sabemos las personas que no pagaron, pero que figuran como pagado, o viceversa; no existe la trazabilidad de este sistema”, comentó.
Ante esta grave situación, indicó que decidió realizar la auditoría informática del sistema, porque los primeros reportes han sido muy preocupantes y estarán presentando en el reporte, con las sugerencias de un plan de mejoramiento que debería ser aplicado cuanto antes.
Reducir las presunciones
Ramírez remarcó que al terminar su intervención su reporte no se va a centrar en presunciones, sino que se sustentará en hechos puntuales, documentaciones que esté fehacientemente comprobado y en esa línea se encuentra actualmente trabajando.
“Si bien, hay varias situaciones que se prestan a la presunción, pero la naturaleza de nuestro trabajo nos obliga a reducir todas esas presunciones”, enfatizó.
Asimismo, reconoció las dificultades que están sorteando, de tal modo que el servicio municipal no se vea afectado, pese a la notarias directrices para obstruir la intervención.
El interventor valoró que pese a las grandes trabas que están poniendo algunos funcionarios municipales para llevar adelante la gestión municipal; destacó que hay otros funcionarios que “se ha puesto verdaderamente la camiseta de la institución”, y está permitiendo cumplir con los servicios.
En cuanto a las recaudaciones, señaló que sí están con indicadores negativos en relación a los meses del año pasado. Aclaró que el mes de julio, siempre ha tenido la particularidad de ser los meses de menor recaudación en el histórico.
No obstante, instó a la ciudadanía a acercarse a realizar los pagos de sus tributos, de tal modo a que el municipio tenga el oxígeno necesario para cumplir con sus obligaciones.
“El ambiente de desconfianza en el municipio es tremendo. Nosotros a puertas cerradas, nos dicen que tratan de colaborar al máximo. Pero también nos dicen que, al salir por esa puerta, reciben fuertes presiones y fuertes observaciones”, comentó.
Indicó que la presión se da en todas las escalas o los niveles del funcionariado, desde el funcionario menor o modesto hasta los niveles superiores.
Uso de caja chica
El interventor aseguró que toda la información que está reportando está respaldada en hechos demostrables y documentaciones. Indicó que encontró 22 cajas chicas distribuidas en toda la administración, lo que involucraba a unos 150 millones de guaraníes, entre todas las asignaciones ya sea de G. 5 millones a G. 15 millones.
Explicó que, de acuerdo a su experiencia en otras instituciones, la distribución de las cajas chicas por direcciones, solo se debe dar si existe un control estricto. Ya que en la administración en general están concentradas en la dirección de administración y finanzas.
“Sorprende aquí la segmentación de esa figura, podría decir que en algunos podría ser necesarias, para una respuesta rápida. Pero eso hace que el uso sea de forma discrecional”, acotó.
Como interventor, señaló que ahora está en constante control bajo su director de finanzas que lleva adelante un diario monitoreo del área de tesorería y recaudaciones, sobre todo.
Licitaciones
El interventor Ramírez ratificó una vez más que en materia de las licitaciones y los procesos de contratación promovidos por el intendente Prieto, mantienen un patrón de “ganadores consuetudinarios”.
Entre los que puso como, por ejemplo, la firma de SERMAQ, de Fredy Guzmán Martínez Báez, socio de tragos de Miguel Prieto, quien, desde el inicio de la gestión del hoy jefe comunal cesado, tuvo en menos de tres años contratos por 13 mil millones de guaraníes.
“Sus esquemas de llamados son calcados, hacían obras con contratos abiertos, con montos mínimos y máximos, pero al final todos se hacían con el precio máximo. Son cuestiones que hacen que se presuman el direccionamiento en las Contrataciones Públicas”, explicó.
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DNCP pide reporte a interventores sobre licitaciones en Asunción y Ciudad del Este
El titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), Agustín Encina, dijo que solicitó a los interventores de las municipalidades de Asunción y Ciudad del Este que informen los procesos licitatorios suspendidos, cancelados y en curso.
“Nosotros enviamos una nota a los interventores Ramón Ramírez y Carlos Pereira para que nos mencionen cuáles de los procesos iniciados por las intendencias en los últimos meses van a quedar suspendidos, cancelados y seguirán sus cursos”, comentó Encina, este miércoles, en una entrevista con el programa “Arriba hoy”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El alto funcionario se refirió sobre el uso de la figura de la excepción para las adjudicaciones licitatorias: “No hay un límite, pero se puede hacer únicamente si los intendentes lo justifican en forma. Como su nombre lo dice, es un proceso especial excepcional que solamente puede salirse de los procesos ordinarios cuando se justifica la emergencia por la cual se están realizando estos procesos”, comentó.
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De acuerdo a los primeros reportes de la intervención, la administración del intendente esteño Miguel Prieto se caracteriza por el uso excesivo de la citada figura, que permite saltar los procesos ordinarios cuando existe una justificación de urgencia o exclusividad técnica.
Este fue uno de los puntos que llamó la atención a la Contraloría General de la República para requerir la intervención de la municipalidad. “Si es que se produjo algún hecho punible o alguna situación que merezca una investigación penal, el contralor deberá enviar a la Fiscalía”, puntualizó Encina.
Durante una conferencia de prensa realizada el pasado lunes, Ramírez compartió la información de que el líder del movimiento Yo Creo firmó, entre el 27 de mayo y 18 de junio últimos, contratos por más de G. 30.200 millones, y pagó anticipos a las firmas adjudicadas por G. 4.100 millones.
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Corte debe evitar impunidad y destrabar proceso penal a Giuzzio
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia debe destrabar el proceso penal que enfrenta Arnaldo Giuzzio, exministro del Interior de Mario Abdo Benítez, quien debe ser juzgado por cohecho pasivo agravado (coima), por por sus vínculos con el sindicado narcotraficante Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua.
Los ministros de la máxima instancia judicial Carolina Llanes, Alberto Martínez Simón y Víctor Ríos deben resolver la recusación que presentó Giuzzio contra los camaristas Andrea Vera y Arnulfo Arias, quienes son los magistrados que deben decidir sobre la competencia de los jueces de sentencia Adriana Planás y Matías Garcete, que a su vez fueron recusados por el exministro del Interior y quien busca impunidad en el proceso por cohecho pasivo agravado.
Con las chicanas presentada por Giuzzio, el juicio oral y público no puede desarrollarse desde marzo de este año. El expediente está en manos del ministro de la Corte Víctor Ríos, quien deberá votar y destrabar el presente proceso penal.
INFORME CON SUPUESTO NARCO
La Fiscalía solicitó al tribunal de sentencia al inicio del juicio oral que se incluya como prueba los datos extraídos del celular del narcotraficante brasileño Lindomar Reges Furtado. El pedido fue realizado al tribunal de sentencia especializado en delitos económicos conformado por Adriana Planás, Matías Garcete y Yolanda Morel.
La acusación contra Giuzzio fue presentada el 16 de agosto de 2023 por los fiscales anticorrupción Diego Arzamendia y Jorge Arce. Ambos sostienen que el exministro de Mario Abdo Benítez tenía pleno conocimiento de las intenciones del narco de contactar con el Estado paraguayo, específicamente con el Ministerio del Interior, del cual era titular hasta febrero de 2022.
La Fiscalía construyó su hipótesis conforme a supuestas conversaciones vía WhatsApp que fueron anexadas a la documentación de la causa, concluyendo que dichas evidencias exponen que hubo más de un encuentro entre Giuzzio y Marqués de Padua.
Entre las pruebas presentadas por los agentes se menciona también que el exministro usó una camioneta del capo narco para vacacionar en Brasil entre diciembre de 2021 y enero de 2022.