La denuncia de personal de blanco a causa de la falta de insumos y equipamientos en los hospitales obligó al Ministerio de Salud a salir al paso para informar sobre los fondos COVID-19, que son de la Ley de Emergencia. Unos US$ 514 millones estarían ya comprometidos en procesos licitatorios, según informaron.

La justificación que se dio desde el ministerio es que depende de la situación epidemiológica del país, respondiendo con racionalización de los recursos. Reconocen la ejecución lenta porque supuestamente el consumo de los medicamentos, reactivos e insumos depende del escenario sanitario.

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A la vez, alegan que los procesos y la distribución de estos recursos conllevan planificación; por lo que confiesan que no lo han ejecutado en su mayoría, pero que “todo este dinero está comprometido”, con que se irán saldando las cuentas una vez que se adjudiquen los llamados a licitaciones pendientes, se reciban las órdenes de compra y se entregue el bien licitado para implementarlo en el sistema público de salud.

Un porcentaje de estos recursos fue destinado a programas sociales como Pytyvõ y gratificaciones para el Hospital de Clínicas y el Instituto de Previsión Social (IPS), que serían US$ 55.376.257. Para las adquisiciones y adjudicaciones de los insumos se tienen unos US$ 87.762.401, lo que serían aquellas compras a través de organismos como Unicef, UNOPS y la Organización Panamericana de la Salud.

Mientras que unos US$ 129.411.821 responden a procesos de evaluación y convocatoria para licitaciones públicas. En estos estarían incluidos medicamentos, equipos biomédicos y de protección para el personal sanitario. También se tiene previsto la compra de la vacuna contra el COVID-19 y otros convenios que representan US$ 138.644.626. Un adelanto del 15% ya fue aplicado por la vacuna.

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La contratación de personales de blanco también forma parte de los ejes principales de la ejecución de los fondos, indican, teniendo en cuenta el aumento de la demanda en los servicios de terapia intensiva, atención polivalente y toma de muestras. Todos los funcionarios contratados también reciben gratificaciones extraordinarias por estas labores.

Por último, lo que también se tiene previsto es el mantenimiento de la cobertura sanitaria para el 2021, lo que exige unos US$ 32.669.565, estos recursos permitirán sostener los servicios médicos en lo que dure la pandemia.

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