El senador Fernando Silva Facetti, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), juró hoy como nuevo titular del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), mientras que la vicepresidencia de la institución es ocupada por el abogado Jorge Bogarín.
“Para mí es un honor en representación de los gremios de abogados ocupar tan alto cargo en el cual me voy a desempeñar con la mejor predisposición, represento a una voluntad popular del gremio y tengo el deber moral de hacer bien las cosas. Estamos para poder colaborar y construir juntos”, mencionó Bogarín.
Su nombre fue propuesto para el cargo por Silva Facetti, quien recién estará asumiendo la titularidad del órgano judicial el próximo 19 de diciembre.
“Nuestra ley exige que se tome un juramento, entonces lo que hice fue tomarle a ambos el juramento para que puedan de forma inmediata asumir”, dijo el extitular del JEM, el colorado Enrique Bacchetta.
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Composición del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados es un órgano constitucional independiente de los otros poderes del Estado, cuya función es juzgar el desempeño de los magistrados del Poder Judicial, agentes fiscales y defensores públicos y en caso de comprobar su mal desempeño, removerlos. Se encuentra integrado por ocho miembros, dos ministros de la Corte Suprema de Justicia, dos miembros del Consejo de la Magistratura, dos diputados y dos senadores.
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Bajo la lupa del JEM: acusan a la jueza Cameron por otorgar medidas cautelares irregulares
La jueza Mafalda María Cameron Luque fue acusada ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) por presunto mal desempeño de sus funciones.
La acusación se relaciona con supuestas irregularidades en la firma y ejecución de medidas cautelares dictadas en el marco de un litigio societario entre las empresas Cargo Line y Cimportex, cuyos representantes legales son los empresarios Juan José Zapag y María Arlette Zapag.
Los acusadores solicitaron al JEM el enjuiciamiento y la suspensión en sus funciones.
La acusación se fundamenta en el artículo 14, incisos b y g, de la Ley N.º 6814/21, que contempla el incumplimiento grave de obligaciones legales y constitucionales, así como la manifiesta parcialidad o ignorancia del derecho.
Según el escrito, la magistrada Cameron Luque concedió una medida cautelar que excedía lo solicitado por la parte actora Blas y Nora Zapag, socios de las firmas mencionadas más arriba, sin la debida fundamentación y con vulneraciones de las normas civiles y procesales relativas a la administración de sociedades, la designación de autoridades y la intervención judicial.
Entre los cuestionamientos figura la rapidez con la que se tramitó la medida cautelar. De acuerdo con la acusación, transcurrieron apenas 26 minutos y 41 segundos entre la presentación de la demanda, registrada a las 8:49:01, y la emisión del Auto Interlocutorio N.º 1.392, a las 9:15:42. También se señala que los mandamientos y oficios para ejecutar las medidas fueron firmados a las 9:35, pese a que, según los acusadores, todavía no se había completado la contracautela ofrecida para respaldarlas.
Otro de los puntos cuestionados es el procedimiento realizado en la sede de Cargo Line, donde, según la acusación, habría participado un abogado ajeno al expediente judicial civil, identificado como Fernando Marecos quien fue imputado luego por la Fiscalía por coacción y usurpación de funciones públicas atendiendo a que se tomó atribuciones que no tenia facultad para hacerlo y a su vez coaccionó a un alto funcionario de la mencionada empresa.
Asimismo, los denunciantes objetan que los libros contables y societarios secuestrados fueron entregados en custodia judicial al propio demandante Blas y Nora Zapag, en lugar de quedar bajo responsabilidad del interventor designado por la jueza Cameron.
También la acusación sostiene que la jueza acusada por mal desempeño habría otorgado a una de las partes la calidad de “Directora Titular” sin que ello fuera solicitado en la demanda y en contradicción con los estatutos.
Además, cuestiona que la magistrada declarara inaplicable el régimen legal de sustitución de síndicos previsto en el artículo 1.121 del Código Civil, atribuyendo a esa decisión una invasión de competencias de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
Asimismo, la acusación sostiene que las medidas adoptadas por la jueza Cameron Luque habrían sido desproporcionadas e incluido allanamientos y secuestros de documentos en domicilios particulares de terceros, sin garantías suficientes.
Ante estos hechos, los denunciantes solicitaron al JEM que inicie el enjuiciamiento de la magistrada y, considerando los indicios de presunto mal desempeño de sus funciones, requiera a la Corte Suprema de Justicia su suspensión mientras dure la investigación.
Ahora, los integrantes del JEM deberán estudiar la acusación presentada contra la jueza Cameron Luque y definir si corresponde enjuiciar y solicitar a la máxima instancia judicial la suspensión de sus funciones de la magistrada acusada.
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Buscan facilitar inscripción automática en RCP
‘‘Estamos en proceso de coordinar los trabajos con Identificaciones”, indicó el ministro Jorge Bogarín.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Jorge Bogarín, recibió al jefe del Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional, Alcides Duarte, a quien consultó sobre la aplicación de la Ley número 7443/24 de Inscripción Automática en el Registro Cívico Permanente (RCP).
Se busca consignar los datos del domicilio del ciudadano al momento de la solicitud de expedición de cédula de identidad y consecuentemente que la Justicia Electoral pueda asignar el local de votación correspondiente.
Durante la reunión, ambas autoridades analizaron parámetros y alternativas que permitan optimizar los procesos requeridos por ley.
Esto, considerando que la actualización de datos al RCP, es exclusiva responsabilidad de los ciudadanos durante la campaña que realiza la Justicia Electoral de marzo a diciembre.
‘‘Estamos en proceso de coordinar los trabajos con el Departamento de Identificaciones, como todos sabemos hay una ley que inscribe de forma automática y obligatoria a todas las personas que cumplen 18 años al padrón. La Justicia Electoral está trabajando en forma coordinada con la Policía Nacional a través del Departamento de Identificaciones para dar mayor seguridad’’, expresó el ministro Bogarín
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JEM enjuicia y pide al pleno de la Corte suspender a juez por presunta coima
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), inició de oficio el enjuiciamiento contra el juez en lo Civil y Comercial de Santa Rosa del Aguaray, Nelson Mercado, y solicitó a la Corte Suprema de Justicia su inmediata suspensión en funciones. Según chats filtrados, el magistrado habría solicitado USD 30.000 en concepto de coima, en presunta complicidad con la abogada Ilsa Paredes.
El órgano juzgador tomó conocimiento del caso tras publicaciones periodísticas que revelaron conversaciones entre Mercado y Paredes, en las que presuntamente negociaban el cobro de dinero a cambio de favores en varias causas. Los mensajes fueron obtenidos mediante una extracción de datos del teléfono de la abogada, quien actualmente está acusada por una estafa de USD 1.600.000 cuyas víctimas son colonos menonitas del departamento de San Pedro.
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En una de las conversaciones, la abogada le habría respondido al juez que ya le entregaron un cheque de USD 15.000, mientras que en otros chats mencionaba que el cliente “a toda costa quiere hacerte la entrega”. Mercado habría respondido: “Dale, voy, ¿no hay cámara o qué, por ahí?”.
El ministro de la Corte y miembro del JEM, Manuel Ramírez Candia, calificó el caso como “muy grave” y señaló que los elementos son suficientes para sostener una sospecha razonable sobre la existencia del hecho punible de cohecho pasivo agravado. Por ello, propuso abrir el enjuiciamiento por la causal de supuesta comisión de hechos punibles.
Cabe destacar que la remoción definitiva del juez Civil queda suspendida hasta que exista una sentencia firme en el fuero penal. Actualmente, según lo expuesto ante el JEM, ni siquiera existe una imputación formal contra el magistrado por parte de la Fiscalía, una omisión considerada grave, por lo que el Ministerio Público debe iniciar la investigación penal correspondiente. El presunto contubernio cobró relevancia debido a que Mercado tenía a su cargo la regulación de honorarios de Paredes en el marco de un juicio sucesorio; sin embargo, en los chats donde se pactaban los montos no se hacía referencia a un expediente específico.
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El JEM evaluará si enjuicia y suspende a juez salpicado en un presunto esquema de coima
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) evaluará este jueves si enjuicia y suspende en sus funciones al juez en lo Civil y Comercial de Santa Rosa del Aguaray (San Pedro), Nelson Mercado. El magistrado fue denunciado por presuntamente solicitar 30.000 dólares en el marco de una causa penal por una megaestafa de 1,6 millones de dólares en perjuicio de productores y colonos menonitas del departamento de San Pedro.
Este dato salió a la luz tras la extracción de datos del teléfono celular de una de las acusadas, la abogada Ilsa Paredes (quien también enfrenta un proceso penal por estafa). Los mensajes revelados evidenciarían maniobras coordinadas con el juez Mercado para obtener beneficios indebidos en varios procesos judiciales, lo que compromete seriamente al magistrado en un esquema de presunta coima.
El órgano juzgador tomó conocimiento del caso a través de publicaciones periodísticas difundidas por medios de comunicación. Ahora, los integrantes del pleno —Alicia Pucheta, los ministros de la Corte César Garay y Manuel Ramírez Candía, los senadores Mario Varela y Pedro Díaz Verón, los diputados Diego Candia y Alejandro Aguilera, y el doctor Enrique Berni— deberán decidir si el enjuiciamiento se realizará con o sin suspensión del juez Nelson Mercado
En caso de que se pida la suspensión del juez, será el pleno de la Corte el que tendrá que hacer efectiva la suspensión del juez de la zona de Santa Rosa del Aguaray.