El senador Fernando Silva Facetti, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), juró hoy como nuevo titular del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), mientras que la vicepresidencia de la institución es ocupada por el abogado Jorge Bogarín.
“Para mí es un honor en representación de los gremios de abogados ocupar tan alto cargo en el cual me voy a desempeñar con la mejor predisposición, represento a una voluntad popular del gremio y tengo el deber moral de hacer bien las cosas. Estamos para poder colaborar y construir juntos”, mencionó Bogarín.
Su nombre fue propuesto para el cargo por Silva Facetti, quien recién estará asumiendo la titularidad del órgano judicial el próximo 19 de diciembre.
“Nuestra ley exige que se tome un juramento, entonces lo que hice fue tomarle a ambos el juramento para que puedan de forma inmediata asumir”, dijo el extitular del JEM, el colorado Enrique Bacchetta.
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Composición del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados es un órgano constitucional independiente de los otros poderes del Estado, cuya función es juzgar el desempeño de los magistrados del Poder Judicial, agentes fiscales y defensores públicos y en caso de comprobar su mal desempeño, removerlos. Se encuentra integrado por ocho miembros, dos ministros de la Corte Suprema de Justicia, dos miembros del Consejo de la Magistratura, dos diputados y dos senadores.
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“El JEM sigue siendo necesario en la democracia”, afirma el diputado Aguilera tras reelección
- Por Juan Marcelo Pereira
- juan.pereira@nacionmedia.com
En una entrevista con el diario La Nación/Nación Media, el diputado colorado Alejandro Aguilera sostuvo que asumirá nuevamente la representación de la Cámara Baja ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) con la promesa de continuar manteniendo una línea de trabajo basada en la objetividad y el respeto al debido proceso.
El legislador también se posicionó en contra de las propuestas de eliminar la institución mediante una reforma constitucional, defendió la permanencia de los políticos en su estructura y rechazó las afirmaciones provenientes del sector opositor referente a un copamiento del oficialismo en el órgano extrapoder encargado de evaluar el desempeño de jueces, agentes fiscales y defensores públicos.
- ¿Cuál será su línea de acción al ser designado nuevamente como representante ante el JEM?
- Mi reelección como representante de la Cámara de Diputados ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados la asumo con un enorme sentido de responsabilidad. Mi línea de trabajo será exactamente la misma que he sostenido desde el primer día en que asumí como miembro, actuar con objetividad, respetando el debido proceso, la Constitución y las leyes, sin perseguir a nadie, pero tampoco tolerando la impunidad.
- ¿Qué opina de la actuación de los actuales operadores de Justicia, es decir de los fiscales, jueces, entre otros?
- El Jurado no está para presionar ni para proteger a magistrados o fiscales; está para controlar su desempeño cuando existen denuncias fundadas. Mi compromiso es analizar cada caso por sus méritos, con absoluta independencia de cualquier interés particular.
- ¿Qué siente cuando un fiscal o juez cae en actos de corrupción?
- Tenemos excelentes jueces y fiscales que honran su función y merecen el reconocimiento de la ciudadanía. Pero también es una realidad que existen casos de mal desempeño y corrupción que dañan profundamente la credibilidad del sistema de justicia. Cuando un operador de justicia traiciona la confianza pública, no solo afecta un expediente, sino que debilita el Estado de Derecho. En esos casos, el Jurado debe actuar con firmeza, siempre dentro del marco legal y respetando las garantías.
- ¿Qué opina sobre el planteamiento de eliminar el JEM mediante una reforma de la Constitución Nacional?
- Considero que toda institución es perfectible y siempre se pueden debatir mejoras. Sin embargo, un órgano encargado del control y la responsabilidad disciplinaria de magistrados sigue siendo necesario en cualquier democracia. Lo importante es fortalecer su funcionamiento, no eliminar los mecanismos de control.
- ¿Considera importante o vital que el Jurado siga siendo integrado por políticos como senadores y diputados?
- Esta es una decisión adoptada por el constituyente para garantizar una integración plural entre los distintos poderes e instituciones del Estado. Mientras ese sea el modelo constitucional vigente corresponde ejercer esa representación con responsabilidad, transparencia y apego absoluto a la ley.
- ¿Qué opina sobre las afirmaciones de los opositores quienes alegan que nuevamente se produjo un copamiento cartista en el JEM?
- Creo que forman parte del debate político. Los integrantes del Jurado fueron designados conforme a los procedimientos previstos en la Constitución y las leyes. La mejor respuesta a cualquier cuestionamiento será nuestro trabajo, decisiones fundadas, transparencia y un compromiso permanente con una justicia más independiente, eficiente y confiable para todos los paraguayos.
También hay que decir que la Cámara de Diputados es un cuerpo colegiado donde se toman las decisiones construyendo consensos o mayorías, en este caso no se pudo llegar a una acuerdo con la oposición presentando ellos candidatos puramente liberales y, en nuestro caso, dos integrantes de la bancada de Honor Colorado, que fue apoyada por las tres bancadas del Partido Colorado, o sea se dio una unidad total de la ANR (Asociación Nacional Republicana) para la elección de estas representaciones.
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Curso sobre prevención de activos organizado por el TSJE convocó a más de cien participantes
El presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Jorge Bogarín, participó de la apertura del curso sobre prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo para las organizaciones políticas.
La capacitación es organizada por el Instituto Técnico Superior de Formación en Política Electoral (IPEL), en coordinación con la Dirección de Fiscalización del Financiamiento Político de la Justicia Electoral.
Desde el TSJE se informó que el curso cuenta con más de 100 participantes y tiene por objetivo fortalecer las capacidades institucionales de los partidos y movimientos políticos del país mediante un programa integral en materia de prevención del lavado de activos (LA) y financiamiento del terrorismo (FT).
Recordemos que con miras a las elecciones municipales del 4 de octubre, el TSJE habilitó la plataforma SINAFIP-Candidatos para que los aspirantes a intendentes y concejales (titulares y suplentes) realicen sus declaraciones de ingresos y gastos de campaña, tal como prevé el artículo 64 inciso b de la Ley Número 7524/2025.
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Senado designa a sus representantes en el JEM y el Consejo de la Magistratura
En sesión ordinaria presidida por el senador Basilio Núñez, la Cámara de Senadores designó a sus representantes titulares y suplentes ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
Asimismo, nombró al senador Edgar López como miembro titular del Consejo de la Magistratura. Todas las designaciones se realizaron a través de votación electrónica.
Como primer punto del orden del día, a moción del senador Natalicio Chase, el pleno aprobó la designación de los senadores Pedro Díaz Verón y Mario Varela como miembros titulares del JEM, en representación de la Cámara Alta, conforme a las disposiciones de la Constitución Nacional y las respectivas legislaciones vigentes. Esta propuesta obtuvo la mayoría al momento de la votación.
Igualmente, el senador José Oviedo propuso la designación de la senadora Celeste Amarilla y del senador Rubén Velázquez para integrar el JEM; sin embargo, la propuesta no obtuvo los votos necesarios para su aprobación.
Miembros suplentes
En tanto, a moción del senador Juan Carlos Galaverna (h), fueron designados como miembros suplentes ante el JEM la senadora Hermelinda Alvarenga y los senadores Derlis Maidana y Carlos Núñez.
Conforme al artículo 3º de la Ley Nº 6814/2021, los miembros del Jurado durarán en sus funciones por un período de tres años, no pudiendo revocarse ni acortarse dicha designación en ningún caso, aunque podrán ser reelectos por un nuevo período.
A continuación, a moción de la senadora Hermelinda Alvarenga, el pleno designó al senador Edgar López como miembro titular ante el Consejo de la Magistratura. Asimismo, a propuesta del senador José Oviedo, fue designado como miembro suplente el senador Enrique Salyn Buzarquis.
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Bogarín destaca que 34 años de estabilidad consolidan vigencia del pacto constitucional
Por Lourdes Torres - Periodista - lourdes.torres@nacionmedia.com
Este sábado 20 de junio se conmemoran 34 años de la jura de la Constitución Nacional de 1992, un pacto fundamental que marcó el inicio de la era democrática e institucional moderna en Paraguay. A más de tres décadas, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) reivindica el valor del pacto democrático construido en 1992.
En una entrevista exclusiva para el Diario La Nación/Nación Media, el ministro del TSJE, Jorge Bogarín González, reflexionó sobre el legado democrático de la Carta Magna, la vigencia de sus principios, los desafíos actuales de las instituciones y la importancia de fortalecer la confianza ciudadana en el sistema electoral paraguayo. El magistrado recordó que este pacto democrático nació sobre las “ruinas del autoritarismo” tras un alto costo de “sangre, sudor y lágrimas” de ciudadanos que lucharon por la libertad.
- ¿Qué representa para Paraguay la jura de la Constitución Nacional del 20 de junio de 1992?
- Representa el pacto fundamental que marcó el inicio de una nueva etapa en nuestra vida institucional y democrática: el momento en que la voluntad popular, expresada a través de una Convención Nacional Constituyente, decidió construir un Estado social de derecho sobre las ruinas del autoritarismo. Cada 20 de junio, no solo conmemoramos un texto, sino un compromiso: el que el poder emana del pueblo y se ejerce con límites, control y responsabilidad. Mantener ese compromiso renovado es, precisamente, la misión que esta Justicia Electoral asume todos los días.
- ¿Cuáles considera que fueron los principales avances que introdujo la Constitución tras la transición democrática?
- Introdujo los pilares sobre los que hoy se sostiene nuestra institucionalidad: la separación efectiva y equilibrio de poderes, un catálogo de derechos y garantías, y la creación de una Justicia Electoral autónoma e independiente, ajena a las injerencias que en el pasado distorsionaron la voluntad ciudadana. Ese diseño no fue un punto de llegada, sino el cimiento sobre el cual cada elección libre, transparente y pacífica desde entonces ha ido fortaleciendo la cultura democrática del país.
- A más de tres décadas de su promulgación, ¿cuál cree que es el legado más importante de la Constitución de 1992?
- Su legado más importante es haber demostrado que la democracia paraguaya puede sostenerse en el tiempo cuando las instituciones cumplen su rol. Treinta y cuatro años de continuidad institucional, de alternancia pacífica y de elecciones reconocidas tanto interna como internacionalmente, son la prueba de que ese pacto constitucional funciona. El desafío de cada generación de funcionarios públicos, y particularmente de quienes integramos la Justicia Electoral, es honrar ese legado fortaleciéndolo, no dándolo por garantizado.
- ¿La democracia paraguaya atraviesa uno de sus momentos más sólidos o todavía tiene deudas pendientes?
- Atraviesa un momento de solidez institucional, especialmente en materia electoral, pero la solidez democrática no es un estado permanente sino un ejercicio constante. Las deudas pendientes —por ejemplo, la lucha contra la corrupción—, no deben leerse como fracasos, sino como la agenda de trabajo que toda democracia madura se exige a sí misma. Reconocerlas con honestidad es, en sí misma, un acto de fortalecimiento institucional.
- ¿La Constitución sigue respondiendo a las necesidades del Paraguay actual?
- Sí, y de manera particularmente vigorosa en lo que respecta a la arquitectura democrática y electoral. El texto constitucional dotó al país de instituciones con suficiente autonomía para adaptarse a los desafíos de cada época, incluyendo la modernización tecnológica de los procesos electorales que hoy llevamos adelante. La vigencia de la Constitución se mide en su capacidad de seguir garantizando elecciones libres y confiables, y en eso sigue demostrando solidez.
- ¿Considera que los derechos y garantías consagrados en la Constitución se cumplen plenamente hoy?
- El ejercicio pleno de los derechos políticos y electorales es, hoy, una realidad consolidada en Paraguay, y constituye uno de los activos más valiosos de nuestra democracia. Persisten brechas en otros ámbitos de derechos económicos y sociales, y cerrarlas es tarea de todas las instituciones del Estado. Desde la Justicia Electoral, nuestro aporte concreto al fortalecimiento del Estado de derecho es garantizar que el derecho político más esencial —elegir y ser elegido— se ejerza sin ningún tipo de restricciones.
- ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta actualmente la Justicia para garantizar el respeto a la Constitución?
- El desafío central es sostener y profundizar la confianza ciudadana en las instituciones de justicia, lo cual exige transparencia, celeridad y modernización constante de los procesos. En el ámbito específico de la Justicia Electoral, ese desafío se traduce en blindar cada etapa del proceso —desde el padrón hasta el escrutinio— con protocolos de seguridad verificables, de modo que ningún actor político ni ciudadano tenga motivos legítimos para dudar de los resultados.
- ¿Cómo evalúa la independencia de los poderes del Estado en el marco constitucional vigente?
- El diseño constitucional de independencia de poderes es sólido y ha resistido pruebas de tensión institucional a lo largo de estos años. La tarea permanente —y en esto la Justicia Electoral tiene experiencia concreta que aportar— es traducir esa independencia formal en autonomía real frente a cualquier presión, mediante procesos técnicos, protocolos claros y rendición de cuentas constante ante la ciudadanía.
- ¿Cree que Paraguay necesita una reforma constitucional o la prioridad pasa por cumplir mejor la Constitución actual?
- La prioridad inmediata, y la más eficaz para fortalecer el Estado de derecho, es el cumplimiento cabal del texto vigente. La experiencia de la Justicia Electoral lo demuestra: gran parte de los avances logrados en materia de transparencia electoral no requirieron reforma constitucional, sino voluntad institucional y mejora continua de procesos dentro del marco existente. Una eventual reforma debe ser fruto de consenso amplio y nunca un atajo frente a la falta de cumplimiento.
- ¿Qué aspectos podrían debatirse en una eventual reforma constitucional?
- Cualquier discusión de esta naturaleza debe darse con amplitud democrática, evitando que se convierta en instrumento de coyuntura, y siempre con el objetivo de fortalecer —nunca debilitar— la institucionalidad construida desde 1992.
- Si tuviera que resumir en una frase la importancia de la Constitución de 1992 para las nuevas generaciones, ¿qué les diría?
- Que la Constitución de 1992 les pertenece tanto a ellas como a quienes la juramos hace más de tres décadas, y que su fortaleza dependerá siempre de que cada generación la defienda, la practique y luche en forma permanente por su estricto cumplimiento.
Finalmente, quiero manifestar que la Constitución de 1992 no es un simple texto jurídico, sino el reflejo de un anhelo colectivo de libertad y justicia para construir un Paraguay basado en el respeto a la ley y las instituciones. Lejos de ser un regalo de la historia, la democracia paraguaya conllevó el sacrificio, dolor y vidas de compatriotas, lo que hoy impone a la sociedad la enorme responsabilidad de defenderla día a día a través del diálogo y el respeto a las diferencias.
Ante este legado, la mejor manera de honrar el sacrificio histórico es trabajar incansablemente por la plena vigencia del Estado de Derecho. En este escenario, el Tribunal Superior de Justicia Electoral reafirma su compromiso de custodiar la voluntad popular, garantizando elecciones libres, transparentes y confiables como la máxima expresión de la libertad ciudadana.
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