El senador Orlando Penner pudo comunicarse con la ministra Claudia Centurión, titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), luego de exponer un reclamo en la última sesión de la Cámara Alta, y confirmó que las rotondas en las rutas nacionales 2, 7 y 9 serán verificadas inmediatamente. Debido a los accidentes viales que se registran en dichas zonas pidió instalar sonorizadores, más carteles y ensanchar los accesos.

“Ayer (por el jueves) recibí la llamada de la ministra interesada en saber sobre el problema. Empezamos a entendernos, le pedí encarecidamente para que intervenga. Ella me dijo que las obras nuevas han sido diseñadas acordes a normas internacionales de tránsito, la fiscalización ha sido correcta, que se recibieron en tiempo y forma las rutas con esas rotondas existentes. Me dijo que los diseños de las rotondas están bien hechos, pero que dará instrucciones inmediatas para que las mismas sean revisadas y ver qué falta“, sostuvo el legislador, este viernes, en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

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El parlamentario dijo que solicitó a la alta funcionaria de Estado celeridad en las verificaciones técnicas que se realizarán. “Le pedí, por favor, que una vez finalizado el estudio me haga saber la conclusión y lo que se hará para evitar más accidentes y muertes. Me quedé satisfecho”, puntualizó Penner tras su petición para la mejora de la seguridad vial en rutas nacionales.

“Yo viajé a varios países y eso me permite ver que estas rotondas son realmente una trampa mortal, no me importan las reglas internacionales cuando acá mueren gente, cada vez recibo más reclamos, entonces se debe hacer algo. Este pedido no es solo válido, sino urgente”, acotó el diputado por el departamento de Boquerón.

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El diputado colorado Carlos Núñez Salinas propuso ante la sexta Conferencia Mundial de Presidentes de Parlamento trabajar por un mundo sin discriminación, fomentando la paz, la justicia y el desarrollo sostenible. El legislador acudió a la asamblea de la Unión InterParlamentaria (UIP), que se realiza en Ginebra (Suiza), en su carácter de presidente del Parlamento Latinoamericano (Parlatino).

“Cada hora, más de 5 mujeres son asesinadas por razones de género. Esta realidad es inaceptable y no podemos quedarnos de brazos cruzados”, expuso el parlamentario paraguayo y propuso acciones concretas, incluyendo un pacto global contra la discriminación de mujeres y niñas, que incluya la revisión de leyes locales.

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También instó a garantizar educación igualitaria y acceso universal a la salud sexual y reproductiva para empoderar a las mujeres; fomentar el liderazgo político de las mujeres, asegurando que tengan voz y voto en la toma de decisiones; y erradicar la violencia de género desde sus raíces culturales y legales, promoviendo campañas de sensibilización y educación.

“Como dirigente de América Latina, estoy trabajando mano a mano con mis colegas en cada país para que estas acciones se cumplan y logremos la plenitud de las mujeres. Es hora de convertir nuestras palabras en acciones y hacer que este cambio sea una realidad”, concluyó Núñez, quien participa de la conferencia junto a Raúl Latorre, titular de la Cámara de Diputados.

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El presidente del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, manifestó que la Cámara de Senadores dará tratamiento de código al proyecto ejecutivo que plantea la reforma del transporte público metropolitano. Asimismo aseguró que la iniciativa será ampliamente consensuada mediante la realización de audiencias públicas.

“Esto es una prioridad del Congreso Nacional, el miércoles nosotros vamos a proponer que esto tenga tratamiento de código para que en 30 días tengamos una media sanción, estamos convencidos que la ciudadanía ya no puede esperar más", indicó a los medios de comunicación.

El tratamiento de código implica que las modificaciones deberán plantearse por escrito antes de su tratamiento en plenaria. El artículo 6 del reglamento interno de la Cámara Alta refiere que para su implementación se necesita de la aprobación de la mayoría.

El proyecto deberá ser distribuido inmediatamente de ser recibido en el Senado y los parlamentarios podrán presentar enmiendas por escrito dentro del plazo que el presidente del Senado determine en cada caso. Las comisiones a las cuales sean remitidas el proyecto tomarán cuenta de las enmiendas en sus fundamentos y acompañaran las mismas con sus dictámenes.

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En el estudio en particular por el plenario del Senado se votarán sin discusión los artículos no objetados y solo podrán ser discutidos los artículos para lo que se haya observado el procedimiento indicado precedentemente y aquellos aconsejados por la comisión dictaminante.

“Tuvimos una reunión bastante productiva con la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión, y el viceministro del Transporte, Emiliano Fernández, en donde el compromiso de los líderes y vicelíderes del Senado fue hacer una audiencia pública con los diferentes sectores, la sociedad civil organizada, empresarios, legisladores, los equipos técnicos de ambas instituciones”, dijo Núñez.

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El interventor asignado en la Munici­palidad de Ciudad del Este terminó confirmando documentalmente lo que ya sabía todo el pueblo y que ya fuera anticipado en un informe previo de la Contraloría General de la República (CGR). La administración de Miguel Prieto consolidó una estructura para desviar fondos públicos a tra­vés de licitaciones y comisiones vecinales utili­zadas como simples intermediarias para cobro de jugosos cheques.

Para muchos, principalmente por el blindaje mediático con el que goza el cuestionado inten­dente esteño, resultó una sorpresa, un balde de agua fría la información detallada y documen­tada que brindó el interventor para graficar el modus operandi de una rosca dedicada a violen­tar leyes mediante un sistema cuidadosamente planificado para embolsillarse recursos del Estado y de los contribuyentes del municipio de Ciudad del Este. Sin embargo, para ciudadanos organizados que tienen la lupa puesta en la ges­tión de Prieto como una parte muy pequeña de la prensa simplemente esperaron estas conclu­siones y que las mismas realmente sirvan para que la Justicia caiga con todo el peso de la ley sobre quienes bastardearon la comuna.

Contundente. Las evidencias colectadas demuestran que la administración de Prieto operó un esquema que, burlando normativas, se enfocó en el despojo del dinero público. Pagos adelantados por la totalidad de la adjudicación de obras que todavía no tenían actas de recep­ción, firmas creadas sin mayores infraestructu­ras para acopiar contratos directos y mediante comisiones vecinales por parte de parientes de la exnovia del intendente de nombre Vanessa Florentín, muy conocida como Vanemi, la misma que está procesada por estar involu­crada en la facilitación de facturas en compras simuladas de mercaderías como es el caso Tía Chela, forman parte del rosario de maniobras en la ejecución de recursos.

La esencia y el fin de la institución se prosti­tuyeron. Organizaciones de vecinos, espe­ranzados en contribuir con las labores de la municipalidad, fueron usadas como simples intermediarios para endosar cheques para la tajada del mismo grupo cerrado, parientes de la exnovia de Prieto y algunos amigos opera­dores de su campaña. Mientras el jefe comu­nal intenta justificar con errores administra­tivos estos procesos simulados, amañados, privaron a la institución de contratos en con­diciones más competitivas, principalmente en calidad y precios.

Fuertes indicios de pedidos de coimas para obras adjudicadas con precios que están por las nubes, jugosos anticipos y ofertas que adivina­ron para ajustar presupuestos a los disponibles por la municipalidad. Pero estas amañadas eje­cuciones no solo se reducen al favoritismo del bolsillo de los amigos y la ex con sus parientes, sino que sacrificaban intereses ciudadanos ya que, contratos que apuraron por vía de la excep­ción basados en urgencia impostergable en la mayoría de los casos no fueron al ritmo de los contratos y mientras fortalecen el negocio de los amigos, los vecinos esperan por obras que empresas sin capacidad financiera ni estructu­ral no pueden honrar como corresponde.

El informe preliminar graficó y describió de manera clara el modus operandi de la maquinaria para delinquir, tal como calificó el interventor. No puede ocultarse el sol con un dedo, los sucesos en Ciudad del Este que no son aislados, subestiman a las institucio­nes de control y de justicia como si estuvieran exentos del cumplimiento de la ley.

Planillerismo, nepotismo, reparto indiscri­minado de contratos, despilfarro en la eje­cución de gastos, empresas de maletín sin la mínima infraestructura adjudicadas con grandes obras imposibles para sus capaci­dades, construcciones atrasadas, no pueden catalogarse como simples errores. Por casos como estos, varios políticos conocieron la cárcel. ¿Por qué en el caso de Prieto tendrían que minimizarse hechos que atentan contra el bien público?

La ciudadanía esteña merece un administra­dor municipal eficiente, piadoso del bolsillo de la gente y abocado al cuidado del patri­monio de su ciudad. Evidentemente, Miguel Prieto defraudó esa confianza y hoy su pre­sencia es más perjudicial que beneficiosa para la institución.

Pero, además, ningún servidor público sos­pechoso y que carga sobre sus espaldas fuer­tes indicios de corrupción en su gestión debe estar a cargo de la administración del dinero público. Prieto, como otros con dudoso des­empeño, tiene la obligación de afrontar la Justicia, rendir cuentas de sus actos. Atorni­llarse al cargo en medio de una desconfianza generalizada no es saludable para ninguna institución.

Corresponde que la Justicia actúe y los que tienen cuentas pendientes asuman las res­ponsabilidades de sus actos.