El dirigente campesino Belarmino Balbuena, consultado sobre su lectura de los hechos tras la aprobación en ambas cámaras de la transferencia de US$ 25 millones para la asistencia a la agricultura familiar campesina, sostuvo primeramente que si bien es un proceso largo, también causó molestias a la ciudadanía por este reclamo antiguo.
Señaló que el Estado no debería dejar que se llegue a este estado de reclamo y que antes de llegar a esta situación deberían visitar las bases agrarias campesinas y propiciar la solución de los conflictos, paliar la sequía, proveer insumos y asistencia técnica para no tener que llegar a la instancia de movilización. “La agricultura es muy importante en un país no industrializado como Paraguay”, expresó en comunicación con Universo 970 AM.
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“El Estado tiene la obligación de atender al sector campesino. Cuando hay asistencia y herramientas, modifica la realidad del campesino. Balbuena sostuvo que la situación de la agricultura campesina no mecanizada pone en una desventaja al campesinado que no puede progresar en la producción agrícola en pequeña y mediana escala. “Un arado a mano toma 15 días y con un arado con tractor lleva 1 hora”, mencionó.
“Cuando un campesino utiliza una herramienta como un tractor, le sobra tiempo para que pueda criar gallinas, chancho y otras producciones. Le otorga facilidad para poder atender a sus familias y para la mayor producción de autoconsumo, tanto de las familias como para los excedentes”, dijo el dirigente campesino y añadió que el objeto es el cooperativismo.
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Créditos para la vivienda crecieron 25 % en el último año
Los créditos para la vivienda están teniendo una expansión vigorosa, teniendo en cuenta los datos contenidos en el Boletín de Bancos, dado a conocer por el Banco Central del Paraguay (BCP). La cartera total de préstamos en el sector creció 25 %, teniendo en cuenta las cifras a marzo de este año.
El sistema bancario suma con poco más de G. 10 billones, unos USD 1.574 millones, en el sector de la vivienda, mientras que, en el año pasado, al mismo mes, es decir, marzo, la suma ascendía a los G. 7,98 billones, lo que representa USD 1.254 millones al cambio actual. El crédito consignado para el ítem mencionado no se reduce a la construcción, sino que también abarca la compra de una determinada propiedad, además de reparaciones y ampliaciones.
Los bancos con más préstamos
En cuanto a cartera por banco, se puede observar que el de mayor volumen por lejos es Itaú, con G. 2,7 billones; le sigue el banco del Estado paraguayo, el Banco Nacional de Fomento (BNF), con G. 1,6 billones. Cierra el top de los tres de mayor importancia Atlas con G. 1,4 billones; posteriormente se encuentra Sudameris con G. 944.338 millones.
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Por otro lado, ueno bank también administra un caudal interesante, con G. 933.949 millones; seguido de Basa, que posee G. 818.051 millones destinados al concepto de vivienda. Continental, por su parte, tiene destinada la suma de G. 680.397 millones al ítem de las propiedades a habitar. Otras entidades con mejor caudal son GNB (G. 436.247 millones), Familiar (G. 155.594 millones), Interfisa (G. 91.768 millones), Solar (G. 87.429 millones), Bancop (G. 64.081 millones) y Zeta (G. 37.451 millones).
Promoción y popularidad
Desde un tiempo a esta parte, el “sueño de la casa propia” impulsó de manera importante los créditos para la vivienda. Con los programas de financiamiento impulsados desde el Gobierno, a través de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), las entidades pueden ofrecer planes más convenientes a sus clientes, con tasas y plazos más convenientes.
Además de lo mencionado, el sector privado, a través de la competencia en modelos de negocios de edificación, ya sea complejos habitacionales o departamentos, hizo que el precio al público sea más atractivo, facilitando la adquisición a través de financiamiento bancario.
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Gobierno entrega proyecto que plantea eliminar barreras de acceso a tierras rurales
El presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) Francisco Ruiz Díaz, anunció esta tarde que el Gobierno presentó el proyecto de ley que plantea la eliminación del pago del 3 % por trámites de titulación de tierras para las familias campesinas. La propuesta apunta a lograr alcanzar la entrega de 50.000 títulos de propiedad durante este periodo.
A través de una conferencia de prensa en Mburuvicha Róga, el titular del ente agrario destacó como día histórico la firma del documento por parte del presidente de la República, Santiago Peña, el cual fue entregado en propias manos al titular del Congreso nacional y senador Basilio Núñez, quien estuvo acompañado por el titular de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre.
Mencionó que por parte del Poder Ejecutivo, además del Indert, estuvo el ministro de Agricultura y Ganadería, Carlos Giménez, al igual que algunos líderes campesinos.
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Ruiz Díaz explicó que lo que se busca con esta iniciativa es impulsar el acceso a los títulos de propiedad en favor de las familias rurales, que por muchos años fue considerado como “la tranca” en el aspecto jurídico, que impedía que el campesinado pudiera acceder a su título de propiedad.
Señaló que en la regulación vigente se le exige al campesino pagar primeramente ese monto, antes de acceder al título, que en algunos casos llegaba a ser sumas importantes.
Propuestas
Mencionó que cuando comenzaron a realizar el levantamiento de datos a través del sistema de Barrido Predial Masivo, notaron que muchos campesinos no podían acceder a ese título de propiedad porque la ley exigía que primeramente debía pagar montos muy elevados.
“Este proyecto de ley toma medidas, en primer lugar entregar el título de propiedad al campesino, en lugar que haga el pago previo de 8 o 9 millones de guaraníes, y ahora se establece que ese pago lo realice a los 12 meses después de recibir el título de propiedad, dándoles tiempo que puedan acceder a algún tipo de préstamo, invertir en su finca y al obtener mejores rendimientos comenzar a pagar”, explicó Ruiz Díaz.
Otro de los aspectos que plantea el proyecto de ley, es alargar los plazos de financiación. Indicó que actualmente rige 10 años de plazo para los hombres y la modificación plantea extender a 20 años de plazo. Mientras que en el caso de las mujeres campesinas, la ley actual contempla 15 años de plazo, y se propone extender ahora a 30 años de financiación.
“Esto teniendo en cuenta que la Constitución habla de que se tiene que dar facilidades a las mujeres campesinas para acceder a su título de propiedad. Entonces estamos cumpliendo con el artículo 115 de la Constitución Nacional y del Estatuto Agrario”, remarcó.
Revolución del sector agrario
A su turno, el ministro de Agricultura, Carlos Giménez remarcó que la firma de este proyecto de ley por parte del jefe de Estado marca una fecha histórica para lo que es la revolución del sector agrario del Paraguay.
“Esta legislación será una herramienta fundamental para el desarrollo del sector agrario. Es imporntante destacar que esto se logró gracias al diálogo que hemos mantenido con el campesino que trabaja su tierra sea propietario de la misma. A la vez le permita acceder a créditos bancarios y de esa forma salir adelante”, expresó el ministro.
Agregó que este es un componente muy necesario para el desarrollo que viene pregonando desde el Gobierno, con asistencia técnia y la orientación para una agricultura que necesita el país. Indicó que se logra solamente buscando aspectos que forman parte del “cuello de botella” para el desarrollo.
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Tren de Cercanías: obras podrían iniciar en un año
La ministra de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Claudia Centurión, presentó ante la Comisión Bicameral de Reordenamiento de la Estructura del Estado del Senado los avances del proyecto del Tren de Cercanías, junto con el cronograma previsto para su ejecución.
Durante la reunión, encabezada por el senador Arnaldo Samaniego, la titular del MOPC explicó que el proyecto se encuentra en una etapa clave desde el punto de vista técnico. Detalló que los equipos de la empresa emiratí Etihad Rail ya se encuentran en Paraguay y que la ingeniería del proyecto está en marcha, con un plazo estimado de finalización de cinco meses.
En cuanto al cronograma, señaló que el gobierno prevé iniciar el proceso de licitación de las obras hacia finales de este año. Si se cumplen los plazos establecidos, las primeras movilizaciones para trabajos preliminares podrían comenzar en aproximadamente un año.
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Centurión destacó los beneficios del sistema ferroviario, especialmente por tratarse de un tren 100 % eléctrico. “La externalidad es positiva, no solo para el usuario, sino para el entorno en general”, afirmó, al referirse al impacto ambiental y urbano del proyecto.
Beneficios
En ese sentido, indicó que el Tren de Cercanías permitirá reducir la contaminación y el ruido, además de contribuir a disminuir los accidentes de tránsito, al ofrecer una alternativa de transporte más segura y ordenada.
Otro de los puntos resaltados fue la mejora en los tiempos de traslado. La ministra explicó que el sistema contará con horarios programados, lo que permitirá mayor previsibilidad para los usuarios y un cambio importante frente a las condiciones actuales del transporte público.
El proyecto del Tren de Cercanías es una de las principales apuestas del Gobierno en materia de infraestructura y movilidad urbana, con el objetivo de mejorar la conectividad en el área metropolitana y modernizar el sistema de transporte.
Con este avance, el MOPC busca encaminar una obra que apunta a tener impacto tanto en la calidad de vida de los usuarios como en la eficiencia del transporte en el país.
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Caja fiscal: docentes en paro aguardan sanción de la versión del Senado
Héctor Ortiz, representante de la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay-Sindicato Nacional (OTEP-SN), dijo que este martes nuevamente los docentes llegarán hasta Asunción con la finalidad de seguir el tratamiento del proyecto de reforma de la Caja Fiscal en la Cámara de Diputados, aguardando por la sanción de la versión del Senado.
Detalló que el punto de encuentro será la plaza Uruguaya para luego dirigirse hasta la plaza de Armas, localizada frente al Congreso Nacional. “Estaremos vigilantes, avanzamos un poco con el aporte patronal”, indicó Ortiz al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Señaló que la convocatoria es para las 8:00 y que el sector aguarda que los diputados sancionen las modificaciones aprobadas el pasado 11 de marzo por la Cámara de Senadores. Los diputados habían dado media sanción al proyecto del Ejecutivo, también con importantes ajustes, el pasado 5 de febrero.
“El punto de concentración también será en las cabeceras departamentales, en mi caso estaré en la ciudad de Caaguazú y esperamos reunir cerca de 3.000 a 5.000 docentes, mientras que otros irán a Asunción”, refirió.
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Proyecto aprobado por el Senado
Entre las principales modificaciones planteadas de consenso se encuentra el aumento obrero que pasó del 16 %, como se encuentra en la ley actual, al 19 % para los sectores deficitarios, que incluyen a docentes, policías, militares y magistrados, mientras que para sectores superavitarios se mantendrá el 16 %.
Además, establece un aporte estatal del 10 %, el cual será de implementación inmediata, que a diferencia de lo planteado en la media sanción de Diputados, establecía un aporte estatal escalonado entre el 1 % al 5 % como máximo. En tanto, que con la ley vigente ni si quiera está contemplado el aporte estatal.
En lo que respecta a la edad para acceder a la jubilación ordinaria, la versión sancionada por el Senado establece que para el Magisterio Nacional, que son docentes universitarios, magistrados judiciales, el trabajador deberá contar con al menos 25 años de aporte y 53 años de edad cumplidos para acceder a una tasa de sustitución del 78 %.
Este porcentaje podrá incrementarse de forma gradual hasta alcanzar el 90 %, en la medida en que el trabajador continúe prestando servicios. Mientras que el aportante podrá acceder a una jubilación extraordinaria conforme a lo dispuesto, en caso de enfermedad o incapacidad. En estos casos el trabajador podrá acceder al beneficio con un mínimo de 10 años de aporte y con una tasa de sustitución del 40 %.
En el caso de las fuerzas públicas (policías y militares) se aprobó la edad mínima de 55 años para la jubilación ordinaria, frente a los 57 años que había aprobado la Cámara de Diputados. También se flexibilizó la tasa de sustitución de haberes del 75 % al 90 % con la modificación planteada por el Senado.