La Cámara de Senadores tratará este jueves el proyecto de ley que establece medidas de impulso a la inversión a través de obras públicas y programas productivos destinados a la agricultura familiar campesina, que fue modificado ayer por la Cámara de Diputados.
El pleno de la Cámara Baja excluyó al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) de la medida económica, quedando solo el recurso para el sector campesino. Además se estableció que el receptor y administrador de los US$ 25 millones sea el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
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El presidente de la Cámara Alta, el senador Óscar Salomón, anunció que se convocaría a una sesión extraordinaria en la jornada de este jueves para analizar la iniciativa en una segunda vuelta, ya que fue modificado por los diputados. El legislador agregó que el objetivo es definir este proyecto, teniendo en cuenta también la situación climática y la manifestación de este sector en Asunción.
Por su parte, el senador liberal José “Pakova” Ledesma solicitó un cuarto intermedio para el tratamiento en una extraordinaria de dos puntos, el primero el veto del Poder Ejecutivo sobre el proyecto que incorpora los gastos socioambientales de las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá – lado paraguayo, al Presupuesto General de la Nación (PGN).
Mientras que como segundo punto fue incluido el proyecto de ley que establece medidas de impulso a la inversión a través de obras públicas y programas productivos destinados a la agricultura familiar campesina, en el marco del plan de recuperación económica por los efectos causados por la pandemia COVID- 19.
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Titular de Diputados analizó con rectores proyecto de ley sobre racionalización de gastos
Durante una reunión con rectores de varias universidades del país, el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, analizó el proyecto de ley sobre racionalización del gasto público.
La propuesta legislativa busca establecer topes salariales y eliminar beneficios discrecionales en el sector público.
En el encuentro, los rectores valoraron el objetivo general del proyecto, aunque plantearon observaciones técnicas. Así también cuestionaron la inclusión de autoridades universitarias como cargos políticos electivos y fundamentaron sus discrepancias.
Sobre el punto, el rector de la Universidad Nacional de Concepción, Clarito Rojas Marín, sostuvo que rectores, vicerrectores y decanos cumplen funciones técnicas docentes.
“Los cargos de rectores, vicerrectores, decanos y vicedecanos son cargos técnicos docentes, no políticos, y no forman parte de la matriz salarial ni reciben esos beneficios”, aseveró.
Explicó que estos ya están siendo afectados por la aplicación de la ley de la Caja Fiscal, por lo que la nueva propuesta implicaría un impacto adicional e injustificado, conforme expresó.
Los rectores pidieron a Diputados que, en su rol de cámara revisora, analice el proyecto en profundidad e incluso evalúe la conformación de una mesa técnica para revisar punto por punto las inconsistencias.
La Cámara de Diputados se encuentra analizando el mencionado proyecto en un contexto de restricciones fiscales y en línea con el planteamiento del Poder Ejecutivo de aplicar políticas de austeridad, con el objetivo de optimizar el uso de los recursos del Estado y redireccionarlos hacia programas sociales prioritarios.
La iniciativa contempla, entre otros puntos, la eliminación de gastos considerados superfluos en los organismos y entidades del Estado, así como la prohibición de bonificaciones y beneficios adicionales para altas autoridades.
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Ejecución presupuestaria llega al 20 % en el primer trimestre y crece 1,5 % interanual
Los Organismos y Entidades del Estado (OEE), de la Administración Central, ejecutaron G. 16,1 billones al cierre del primer trimestre del 2026, equivalente al 20 % del presupuesto vigente de G. 81,3 billones.
El nivel de ejecución muestra un incremento interanual del 1,5 % frente a igual periodo del 2025, cuando se habían ejecutado G. 15,8 billones, según datos de la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Gasto social explica la expansión
El crecimiento estuvo traccionado principalmente por el Ministerio de Desarrollo Social (MDS), que registró una suba del 29 % en su ejecución. El aumento responde al mayor desembolso en pensiones para adultos mayores, impulsado por el ajuste del salario mínimo, el incremento de beneficiarios y la expansión del programa de alimentación escolar “Hambre Cero en Nuestras Escuelas”.
Concentración en el Poder Ejecutivo
Por estructura institucional, el Poder Ejecutivo concentró el 94 % de la ejecución total, equivalente a G. 15,1 billones. Esto refleja el peso de los ministerios con mayor asignación presupuestaria, orientada principalmente a servicios sociales, económicos y de seguridad.
El Ministerio de Economía y Finanzas encabezó la ejecución con una participación del 33 %, totalizando G. 5,3 billones. Estos recursos se destinaron principalmente al pago de jubilaciones y pensiones de la Caja Fiscal, transferencias a gobiernos subnacionales y servicio de la deuda pública con organismos multilaterales.
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Tesoro financia la mayor parte del gasto
El Tesoro Público fue el principal financiador, cubriendo el 71 % de la ejecución (G. 11,4 billones). En este marco, programas sociales como la Pensión Universal para Adultos Mayores y Tekoporã Mbarete fueron financiados íntegramente con recursos del Tesoro, con desembolsos de G. 761 mil millones y G. 138 mil millones, respectivamente.
La estructura del gasto muestra una fuerte concentración en gastos corrientes, que representaron el 83 % del total ejecutado. Estos recursos se destinaron principalmente a salarios en sectores como educación, salud, fuerzas públicas y seguridad social, además de medicamentos, intereses de deuda y programas sociales. Por su parte, los gastos de capital alcanzaron el 13 %, enfocados en inversión pública.
Obras públicas concentran la inversión
En el componente de capital, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) explicó el 63 % de la ejecución, con G. 1,3 billones de un total de G. 2 billones. Entre los principales proyectos financiados se encuentran obras de la red vial pavimentada, como la ampliación y duplicación de las rutas PY02 y PY07 (G. 346 mil millones), además de tramos estratégicos en el sur y el Chaco.
Servicios esenciales absorben el 85 % del gasto
Del total ejecutado, G. 13,6 billones (85 %) se destinaron a servicios esenciales para la ciudadanía, canalizados a través de sectores como educación, salud, infraestructura y protección social. En este esquema, destacan los niveles de ejecución del Ministerio de Educación y Ciencias, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, el MOPC, el MDS y el Ministerio del Interior.
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“Entregar un título de propiedad a un campesino es integrarlo al sistema formal”, dice titular del Indert
El presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) Francisco Ruiz Díaz, habló sobre la importancia de la titulación de tierras en Paraguay.
“Entregar un título de propiedad a un campesino es integrarlo al sistema formal, económico, social y político”, señaló a la 1140AM.
Aseveró que la formalización de la tierra representa una herramienta clave para el acceso a derechos, financiamiento y desarrollo productivo en el sector rural.
“Junto con el presidente de la República pusimos en marcha un proyecto realmente transformador porque transforma vidas, comunidades, la sociedad y el país”, expresó.
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Afirmó que de esta manera el Gobierno cumple con lo estipulado en el Artículo 14 de la Constitución Nacional, que establece que el objetivo de la Reforma Agraria es la integración del campesinado al desarrollo económico y social de la Nación.
“Entonces, pusimos en marcha algo que le llamamos titulación masiva, aplicamos nuevos métodos, nuevas tecnologías. Y esencialmente estamos impulsando que todas esas propiedades que han sido adquiridas por el Estado -que tiene como propósito lograr que se desarrolle la agricultura familiar campesina, la economía rural- pasen a manos de sus verdaderos ocupantes”, puntualizó.
Dijo que sin el título de propiedad de nada sirve impulsar políticas públicas. “Porque el título de propiedad es un activo que le permite a él integrarse plenamente al sistema económico y formal”, enfatizó.
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Senado aprueba eliminar bonificaciones y destinar fondos a farmacéuticas
Tras un largo debate, el pleno de la Cámara de Senadores aprobó con modificaciones el proyecto de Ley “Que suprime durante el ejercicio fiscal 2026 el pago de bonificaciones, cualquiera sea su denominación, para los funcionarios públicos que ocupan cargos de conducción política”. Esta iniciativa había sido impulsada por el propio titular del Congreso, senador Basilio Núñez, acompañado por varios de sus colegas, ante los fuertes cuestionamientos que habían generado esos ingresos.
El pleno de la Cámara Alta llevó adelante el estudio del citado proyecto, dedicando un prolongado debate, con la firme intención de eliminar las bonificaciones a altos funcionarios. Tras el debate se aprobó en general y al momento del estudio de sus articulados se fueron planteando algunas modificaciones. Ahora el proyecto pasa a la Cámara de Diputados para su correspondiente estudio.
Esta propuesta, que apunta a reducir los privilegios dentro del Congreso, es en respuesta a los constantes cuestionamientos ciudadanos sobre los beneficios que perciben las autoridades. Finalmente se estableció que la eliminación de estos recursos se extiende a las máximas autoridades institucionales en el objeto de gastos bonificaciones.
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Asimismo, el pleno estableció en el proyecto de ley que el monto que sea descontado en dicho concepto; esos mismos recursos sean destinados al pago de deudas con las farmacéuticas. Si bien los legisladores mencionaron que es difícil cuantificar cuánto será el monto a redireccionar, mencionaron ante el pleno un estimado que rondaría los USD 1.200.000.
Máximas autoridades institucionales
Al respecto, el senador Natalicio Chase mencionó que se suprimirán estas bonificaciones, durante el ejercicio fiscal 2026, cualquiera sea su denominación, para los funcionarios públicos que ocupan cargos de conducción política; que serían, legisladores, presidente de la República, vicepresidente, ministros, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, fiscales, contralor, intendentes, gobernadores y directivos de entidades descentralizadas.
A su turno, el senador Dionisio Amarilla, como titular de la Comisión de Cuentas y Control, resaltó que aprobar este proyecto representa una clara señal de que están dispuestos a aplicar políticas de racionalización en el uso de los recursos, “buscando atender necesidades que demanda la población y quedamos cortos porque no previmos a todas las instituciones”, explicó.
“Esto significará un simbolismo de apostar a la racionalización que es necesaria y que estoy seguro que la gente sabrá valorar en su real dimención y que sabrá reconocer”, acotó Amarilla.
A su turno, el presidente del Congreso, Basilio Núñez comenzó señalando que todos los aumentos que se han otorgado en el Senado se han hecho de manera transparente, desmintiendo de esa forma portada de noticas que mencionaba supuestos encubrimientos.
No obstante, a raíz del planteamiento que sugió del propio Ministerio de Economía y Finanzas sobre la necesidad de una “economía de guerra”, es que personalmente y con el apoyo de varios de sus colegas han tomado la decisión de dejar sin efecto las bonificaciones que estaban previstas para el ejecicio fiscal 2026.
“Presentamos esta iniciativa legislativa, porque creemos que es un gesto del Congreso, así como las modificaciones que se plantean y espero el acompañamiento de la plenaria”, acotó.
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