Desde que tomó la causa, el Ministerio Público realizó una serie de diligencias con distintas instituciones locales (y extranjeras) para determinar que Horacio Cartes fue víctima de una vil y despiadada persecución política tras la denuncia del exministro del Interior Arnaldo Giuzzio. El juez Rodrigo Estigarribia debe estudiar si corresponde hacer lugar al pedido del Ministerio Público.

Durante los años que duró la investiga­ción, el Ministerio Público pudo recolectar 26 elementos de convicción que ratifican la inexisten­cia de los hechos punibles de lavado de dinero, contra­bando, enriquecimiento ilí­cito y evasión de impues­tos. Supuestos hechos que en 2022 fueron denuncia­dos de forma infundada y sin sustento por Arnaldo Giuzzio, exministro de Mario Abdo Benítez, contra el expresidente de la Repú­blica Horacio Cartes.

Uno de los elementos arri­mados a la carpeta fiscal fue el informe de la Direc­ción Nacional de Adua­nas sobre la existencia de sumarios administrativos llevados en contra de las empresas Tabesa, Palermo SA y Agrotabacalera SA. Ante este pedido la refe­rida institución contestó de forma categórica que las citadas empresas no cuen­tan con ninguna multa ni procesos de investigación en los últimos 10 años.

Del mismo modo, se dejó constancia que el Ministe­rio Público realizó varias reuniones con integrantes de la Seprelad, la Dirección Nacional de Aduanas, la Sub­secretaría de Estado de Tri­butación sobre los diferen­tes pedidos de informe que se solicitó sobre los denuncia­dos. Las citadas instituciones elevaron sus informes men­cionados que no se tenía nin­guna irregularidad sobre el expresidente Cartes así como las empresas mencionadas.

A los elementos citados, los fiscales Jorge Arce, Fran­cisco Cabrera, Fernando Meyer y Verónica Mayor pidieron archivar la denun­cia infundada que presentó en su momento el exministro del Interior.

En un informe de las auto­ridades del Brasil que está agregado a la carpeta fiscal y se produjo por el pedido de cooperación que soli­citó el Ministerio Publico de nuestro país a la Justicia del vecino país acerca de cau­sas donde se pudieron reali­zar incautaciones de cigarri­llos de origen paraguayo. El oficio del vecino país refiere que “se informa que no se han identificado a perso­nas o estructuras crimina­les paraguayas”, por lo que desnuda la mentira que pre­tendió instalar el exministro del Interior de la era Abdo.

En cuanto a las declaracio­nes juradas de Horacio Car­tes, la Contraloría General de la República remitió al Ministerio Público el estudio de correspondencia de bienes practicado al expresidente de la República, el 14 de noviem­bre de 2022. “Este informe refiere que existe correspon­dencia en las declaraciones juradas de asunción al cargo con el de baja del cargo del expresidente de la República”, describe el documento sobre este foco de investigación.

Giuzzio sostuvo que Cartes habría incurrido en enrique­cimiento ilícito, alegando que habría aumentado su patrimo­nio luego de haber concluido su primer año en el ejercicio del cargo de presidente de la República, su capital aumentó en más de G. 1.500.000.000 (mil quinientos millones), ade­más que, siendo mandatario, supuestamente realizó prés­tamos personales que aumen­taron 5 veces más de lo regis­trado inicialmente, y que dicho monto habría totalizado la can­tidad de G. 1.728.512.081.596. Todo esto quedó descartado con documentaciones.

El ministro del Interior, Enrique Riera, indicó que el Poder Ejecutivo acompaña el proyecto impulsado desde el Legislativo, que propone la creación del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y el Sistema de Alerta Mafe. Esta propuesta surgió en homenaje a la joven asesinada en Coronel Oviedo, María Fernanda Benítez.

“Nosotros apoyaremos el proyecto de ley, acá no importa quien sea el promotor, necesitamos ese instrumento y no podemos esperar un día más”, sostuvo el secretario de Estado, este martes, en una entrevista con el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Riera mencionó que a la espera del tratamiento del proyecto y su posterior sanción y promulgación, el Poder Ejecutivo mediante el decreto 1011, dispuso la entrada en vigencia inmediata de un mecanismo nacional de búsqueda y localización de personas desaparecidas.

“Este es un sistema a nivel internacional que rompe algunos paradigmas, por ejemplo, anteriormente, cuando se denunciaba la desaparición de una persona, particularmente de gente joven, las autoridades argumentaban a los denunciantes que retornen dentro de 24 a 48 horas”, indicó.

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La resolución presidencial constituye un paso provisorio, operativo y necesario, cuya vigencia se ajustará oportunamente al marco legal que se apruebe. “Este decreto que será publicado en la fecha fija un sistema de búsqueda y alerta de detección temprana, donde se activan todos los mecanismos de la Fiscalía y del Poder Judicial que por el momento se da por convenio, pero cuando salga la ley será obligatorio. Se establece una unidad especial de búsqueda, un registro donde se sabrá quienes siguen desaparecidos”, sostuvo.

El decreto también establece que el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, el Ministerio de la Mujer, la Dirección de Migraciones y el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia acompañarán decididamente el proceso legislativo, proponiendo los ajustes que permitan dotar a la futura ley de la mayor precisión y eficacia posibles.

“Esto empezará a funcionar a partir de hoy. Una vez que salga la ley, este decreto será derogado o enriquecido y la ley sancionada en el Congreso y promulgada será reglamentada. Esto es una causa nacional”, puntualizó Riera.

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El Ejecutivo, a través del Decreto 1011, dispuso la entrada en vigencia inmediata de un mecanismo nacional de búsqueda y localización de personas desaparecidas. La resolución presidencial fue comunicada este domingo por el Ministerio del Interior.

En el documento se detalla que la medida ejecutiva es un paso “provisorio y operativo”, mientras se tramita el tratamiento legislativo del proyecto de ley respectivo. “Esta acción responde al carácter impostergable de una causa que exige la actuación coordinada del Estado, en resguardo de los derechos fundamentales. El decreto constituye un paso provisorio, operativo y necesario, cuya vigencia se ajustará oportunamente al marco legal que se apruebe, a fin de asegurar la coherencia normativa y funcional”.

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Asimismo, el decreto señala que “el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, el Ministerio de la Mujer, la Dirección de Migraciones y el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia acompañarán decididamente el proceso legislativo, proponiendo los ajustes que permitan dotar a la futura ley de la mayor precisión y eficacia posibles”.

La resolución presidencial señala que “ante la magnitud del desafío, este ministerio reafirma que no se trata de quién promueva las normas, sino de que estas se apliquen, se respeten y se cumplan. Esto debe constituirse en una política pública permanente, que trascienda gobiernos y perdure en el tiempo”.

Finalmente, el Ejecutivo exhorta a la ciudadanía a colaborar responsablemente en este esfuerzo, que es una causa nacional. Aún no se ha hecho pública la resolución presidencial ni se conoce su alcance.

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El Ministerio Público requirió la desesti­mación de la denuncia impulsada por el exministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, contra el expresidente Hora­cio Cartes, por supuesto lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, evasión de impuestos y contrabando. El requeri­miento fue realizado por los agentes fiscales Francisco Cabrera, Jorge Arce, Verónica Mayor y Fernando Meyer.

La denuncia fue formulada en enero de 2022 ante la Secreta­ría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Sepre­lad) y no ante el Ministerio Público, pese que esta última –y no la primera– tiene facul­tades de asumir la investiga­ción del caso.

El Ministerio Público con­formó equipos de trabajo con la Aduana, la Seprelad y la entonces SET (Subsecre­taría de Tributación) para las averiguaciones. Con los informes remitidos por estas instituciones, los fis­cales no detectaron ningún indicio de hecho punible. Por los hechos mencionados en la denuncia que motivó la apertura de la presente causa no existen elementos que permitan concluir en forma positiva sobre la exis­tencia del hecho y la partici­pación de los denunciados, señala el documento fiscal.

En el documento de desesti­mación fiscal, se indica que Giuzzio tomó conocimiento de estos hechos a través de publicaciones de medios de prensa anticartistas, entre los que figura la creación, en un solo día, de tres empresas de maletín en Panamá. Los fiscales no hallaron elemen­tos en este sentido. El tra­bajo fiscal también indica que no existen inconsis­tencias ni en el patrimo­nio ni en las declaraciones de bienes presentadas por el expresidente Cartes, tal como lo quiso hacer apare­cer Giuzzio.

Los fiscales tampoco hallaron elementos en la denuncia for­mulada sobre la existencia de investigaciones penales y civi­les contra Cartes –ni en Para­guay ni en el exterior–, sobre las supuestas actividades ilíci­tas de Tabacalera del Este SA.

La Seprelad fue instrumen­talizada durante el gobierno de Abdo Benítez para realizar terrorismo de Estado y persecu­ción política contra sus adver­sarios, una causa que no avanza debido a las múltiples chicanas.

El presidente Santiago Peña fue consultado acerca de la desestimación de la causa contra Horacio Cartes por varios cargos. “Nuestro parecer es el mismo que nosotros hemos dicho en los últimos siete años; desde el 2018, el presidente del partido fue víctima de una persecución tremenda en el anterior periodo. Muchas de estas causas que fueron inventadas y finalmente el tiempo ha puesto todo en su lugar, el tiempo ha sido juez inexorable, ninguna de estas acu­saciones ha podido ser demostrada y lo lógico es que se desestimen cada una de estas causas”, dijo ante la consulta periodística en la zona de Misiones. Agregó que “la utilización de las instituciones del Estado para perseguir a adversarios políticos le hace mucho daño a la República del Paraguay, así que estamos muy contentos de que finalmente el Ministerio Público haya actuado como corresponde”, concluyó.

El abogado de Horacio Cartes, Pedro Ovelar, también se refirió al pedido fiscal. “Esto es el corolario de una trama muy bien montada en su tiempo por el exgobierno de Mario Abdo Benítez y sus ministros, donde coordina­damente, desde diciembre de 2021 y enero de 2022, empieza una campaña de desprestigio, creación de denuncias falsas, tergiversaciones sobre la conducta empresarial de Cartes”, sostuvo en una entrevista con el programa “Arriba hoy”. “De manera falsa, tergiversada y exagerada, se realizaron calificaciones sobre la conducta de Horacio Cartes, sobre todo su entorno familiar y todas sus empresas, especialmente Tabesa. Esto fue para perseguir políticamente a Horacio Cartes, esto es lo que hoy se desestima. El Ministerio Público hoy trae muchísima luz en este tema particular”, dijo el abogado.

Gerente de Tabesa, José Ortiz, recordó que Abdo Benítez persiguió a Cartes solo para “sacarle de la cancha”.

Tras conocerse la desestima­ción de la Fiscalía en la causa contra Horacio Cartes, el gerente de Tabesa, José Ortiz, resaltó que la decisión fiscal –de no encontrar elementos que sustenten la denuncia– con­firma la “gran farsa” montada para una persecución política instruida desde el Ejecutivo durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.

“Esto es algo que sabíamos que iba a ocurrir porque desde el primer momento, sabíamos que todo lo que dijo el incom­petente de Arnaldo Giuzzio era una enorme estupidez”, dijo en entrevista con el canal GEN. Celebró la decisión y consideró que se confirma el uso político de las instituciones del Estado para dañar la imagen de Car­tes y de Tabesa, a la que defi­nió como “la mayor aportante al fisco del sector privado por años consecutivos”.

“Este Giuzzio incompetente, delincuente relacionado a nar­cotraficantes, se dio el tupé de denunciar a una empresa como Tabesa. Todo esto fue armado para sacar a Horacio Cartes de la cancha”, aseguró.

Recordó que las principales acusaciones de Giuzzio fue­ron desacreditadas punto por punto: la supuesta venta de cigarrillos a empresas vincu­ladas a la familia Cartes (que en realidad eran facturas por intereses de préstamos), y las supuestas firmas “de maletín” que la Fiscalía comprobó que realmente existen y tributan.

Los fiscales realizaron 26 diligencias (con Seprelad, SET, DNIT y Aduanas) y no hallaron indicios.

En la causa iniciada tras la denuncia de Arnaldo Giuzzio, en 2022, el Ministerio Público se enfocó en tres puntos princi­pales: a) Horacio Cartes habría creado, tres empresas de male­tín en Panamá; b) las DD. JJ. presentadas tendrían incon­sistencias patrimoniales; y c) la supuesta comercialización ilegal de cigarrillos de Taba­calera del Este SA (Tabesa), siendo Cartes un socio mayo­ritario. Según el exministro del Interior, estos serían indicios de hechos punibles aunque este nunca presentó pruebas.

La Fiscalía realizó 26 diligen­cias, incluyendo la citación de Giuzzio para una testimonial con el objetivo de ampliar su denuncia y arrimar documenta­ción; el denunciante no declaró y encima recusó a los fiscales. Pidieron informe al Congreso Nacional sobre la comparecen­cia de Giuzzio, pero su presenta­ción fue oral, no escrita.

También se convocó a una reu­nión (febrero de 2022) con la Seprelad, Aduanas y la Subse­cretaria Tributación (actual DNIT). Aduanas reportó que las empresas no registraban sumarios en los últimos 10 años. Tabesa sí remitió copia de fac­turas con sus clientes, plani­llas con número de despacho y de facturas (2017-2021), copias de los despachos, copias auten­ticadas de facturas de sus pro­veedores del exterior y los des­pachos de las importaciones (2017-2021). Sobre las declara­ciones de bienes, la Contralo­ría remitió estudio de corres­pondencia de bienes señalando que había plena equivalencia en lo declarado. Sobre el presunto contrabando de cigarrillos, se indagaron causas a la Unidad Especializada sobre incautacio­nes, no hallándose vínculos ni indicios ilícitos.