La Comisión de Hacienda y Presupuesto culminó con el análisis del proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación (PGN) para el ejercicio fiscal del 2021. La comisión asesora, luego de varios días de estudio, emitió un dictamen a favor de su aprobación con algunas modificaciones.

El proyecto que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, con un monto total de G. 92.029.383.829.965, será estudiado por el pleno de la Cámara de Senadores el próximo miércoles 25 de noviembre. Dentro de este presupuesto, la comisión asesora decidió incluir varias modificaciones.

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Entre las reconsideraciones finales, los senadores decidieron eliminar el aumento de US$ 5.000.000 para la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) para la compra de radares. Esta decisión se dio debido a que la entidad necesita al menos US$ 30 millones para la compra de dichos equipos, monto que no encontró financiamiento.

Igualmente, se aprobó el monto global destinado para ONG; sin embargó, se realizará una reingeniería de la distribución de montos, de manera a beneficiar a aquellas organizaciones que trabajen con temas relacionados a diversas discapacidades.

Por otra parte, se estudió todo el articulado del documento, el cual fue aprobado casi en su totalidad en la versión emitida por la Comisión Bicameral Presupuesto, que es coincidente con la Cámara Baja.

Sin embargo, se dieron algunas excepciones durante el estudio de los 268 artículos, entre ellas al Nº 119, en el que aconsejan que el Ministerio de Hacienda informe de forma semestral al Congreso Nacional sobre los avances de la Ley de Administración Financiera del Estado.

En el artículo 254 sobre el uso de haberes jubilatorios del Instituto de Previsión Social (IPS) para inversiones, los senadores se mantuvieron firmes en que el dinero de los trabajadores debe mantenerse a salvo y no podrá ser usado como se propuso.

El último artículo que generó un importante debate fue el Nº 267 del proyecto Ejecutivo, que suspende temporalmente la aplicación de la Ley de Responsabilidad Fiscal, la cual topea el déficit al 1,5% del PIB, de manera a elevar este límite al 4%, el cual no fue respaldado por la presidenta de Comisión; sin embargo, contó con la aprobación de la mayoría de los miembros.

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