El senador Stephan Rasmussen lamentó este martes que la mayoría de los sectores políticos busque o tenga intención de hacer negocios antes que buscar el bienestar social. Destacó que el Gobierno da una imagen de que sus principales referentes toleran hechos de corrupción haciendo referencia al caso PDVSA (Petróleos de Venezuela SA).

“Definitivamente (la corrupción) es el cáncer que tenemos como sociedad en la clase política. La gran mayoría de los políticos está para hacer negocios y cubrir sus intereses personales, sectoriales, económicos y mantenerse en el poder”, cuestionó el legislador de Patria Querida ante los medios de prensa.

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Mencionó que a la gran parte de la clase política no le interesa cómo se encuentra el país y la sociedad, especialmente las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, porque la mayoría prioriza intereses personales.

Rasmussen sostuvo también que los que ocupan altos cargos, como el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, a quienes se reportan todos los ministros y jefes de gabinetes, hacen la vista gorda y que da un mensaje muy fuerte de que la corrupción se tolera.

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“No importan los hechos ni la corrupción de fondo, sino que terminan siendo más importantes las formas. Eso da un mensaje muy fuerte a la ciudadanía y de impunidad para los que están en políticas y entran por intereses personales. Realmente es muy grave y muestra una decadencia de las instituciones”, agregó el senador.

Tras la publicación de la investigación del diario estadounidense The Washington Post sobre la “captura de activos” por parte del gobierno interino de Juan Guaidó que involucra al jefe del Gabinete Civil de Paraguay, Juan Ernesto Villamayor, las repercusiones no se hicieron esperar. Varios referentes políticos salieron al paso de este nuevo hecho que involucra al Gobierno.

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El periódico estadounidense Washington Post publicó este 2 de enero pasado el artículo titulado “Los esfuerzos de la oposición venezolana para capturar los activos extranjeros del gobierno son objeto de escrutinio”, firmado por los periodistas Anthony Faiola y Ana Vanessa Herrero, que menciona a Juan Ernesto Villamayor, jefe de gabinete de Mario Abdo Benítez, en negociaciones con representantes del líder opositor venezolano Juan Guaidó por la deuda de Paraguay con Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), por la provisión de combustibles a Petropar en el 2008 y el 2009.

Según dos borradores del contrato no ejecutado obtenidos por The Post, el acuerdo que en noviembre del 2019 trataron Villamayor, en su despacho en el Palacio de Gobierno, con Javier Troconis, un exejecutivo petrolero designado por Guaidó como Comisionado Presidencial para Gestión y Recuperación de Activos, y con el abogado argentino Sebastián Vidal, se habría perdonado la mitad de la deuda de US$ 269 millones (Venezuela calcula la cifra en 290 millones de dólares). Además se menciona una comisión del 20 por ciento del acuerdo o más de US$ 26 millones a favor de Vidal.

Desde el 5 de enero del 2019 el diputado Juan Guaidó preside la Asamblea Nacional de Venezuela y desde el 23 de enero del 2019 fue proclamado como presidente encargado de Venezuela, en una crisis institucional que se arrastra desde el 2016 en torno a la legitimidad del gobierno de Nicolás Maduro, cuya presidencia comenzó en el 2013. El gobierno de Abdo Benítez reconoció a Guaidó como mandatario interino de Venezuela y recibió al líder opositor en marzo del 2019.

El senador Stephan Rasmussen sostuvo que la atención del Gobierno o del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) a las enfermedades “catastróficas” es una cuestión de voluntad política, teniendo en cuenta que desde hace nueve años ya existe una ley vigente, pero no se pone en práctica.

El legislador se refiere a la ley que creó el Fondo Nacional de Recursos Solidarios para la Salud (Fonaress), que establece que las binacionales, Itaipú y Yacyretá, pueden fondear los costos de las enfermedades raras, como por ejemplo, la Atrofia Muscular Espinal (AME), enfermedad que padece la niña Bianca.

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Rasmussen mencionó además que la financiación y la ejecución de estos fondos fueron uno de los temas abordados con el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, convocado por los senadores para conversar sobre el caso de la pequeña.

“Ojalá, como yo le dije al ministro, esta sea una oportunidad para fondear Fonaress y atienda todas estas enfermedades catastróficas, que cubra también al IPS, que se van a liberar muchísimos fondos para atender las otras patologías más comunes y menos costosas”, manifestó.

Agregó que: “El fondo para estos casos es algo que nosotros venimos reclamando desde hace tiempo, no es solo de ahora, sino que es una ley ya desde el 2011, la ley del Fonaress; justamente para este tipo de enfermedades, el AME, el cáncer y otras enfermedades que son muy complejas de altísimo costo”.

Sin embargo, desde la administración de las hidroeléctricas argumentan que no pueden ser obligadas por ley, ya que son binacionales.

“Este fondo está financiado por el impuesto selectivo al consumo y también por las binacionales. Nosotros hicimos muchos reclamos y pedidos de informes para que se activen estos fondos y nunca se financió”, indicó el legislador.

Respecto a la reunión que mantuvieron con el ministro, desde la Comisión de Salud de la Cámara Alta, el senador mencionó que Mazzoleni solo habló de los puntos que ya son de público conocimiento, refiriéndose al compromiso del Gobierno para seguir con el tratamiento de Bianca.

“Expuso todo lo que ya es de público conocimiento, que el Ejecutivo se comprometió a completar los fondos que faltan, es lo que se dijo el fin de semana”, puntualizó.

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El senador Stephan Rasmussen explicó acerca del proyecto de ley sobre gobernanza del Instituto de Previsión Social (IPS); argumentó que es un plan que busca modificar el sistema de elección de sus autoridades. En este sentido, el legislador indicó que el objetivo es despolitizar a la previsional.

Dijo además que se trata de un proyecto que se viene trabajando desde hace meses con varios sectores, como los obreros, jubilados, pensionados e incluso médicos.

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“Lo que se busca es cambiar la gobernanza del IPS y sobre todo cómo se elige a los consejeros. La idea es sacar el poder unipersonal que tiene el presidente de la República de turno, porque básicamente el IPS es gobernado por el Poder Ejecutivo y el Estado es el que menos aporta”, indicó.

Rasmussen dijo también que esta iniciativa permitirá que los jubilados, trabajadores y empleadores puedan elegir a sus consejeros en votación de forma directa, desde el sistema electoral del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).

“Lo que busca este proyecto de ley es que los trabajadores, los empleadores, jubilados y los pensionados puedan elegir directamente a sus consejeros a través de votaciones abiertas. El padrón sería de los trabajadores activos y empleadores activos, de los jubilados y pensionados por separados”, explicó.

Además, la ley establece la creación de dos direcciones ejecutivas en las que sus titulares ingresarán a través de concursos públicos y no por designación del presidente de turno.

“El otro cambio es que queremos profesionalizar y despolitizar IPS, que haya un director ejecutivo de jubilaciones y pensiones, y un director ejecutivo de salud y que sean electos por concurso público de oposición de mérito y no simplemente por cercanía política”, sentenció.

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