Los ministros Arnoldo Wiens, de Obras Públicas, y Óscar Llamosas, de Hacienda, presentaron un informe sobre las obras complementarias del Puente de la Integración de Presidente Franco ante los miembros de la comisión de Hacienda; también lo hicieron ayer ante la mesa directiva. El proyecto cuenta con dictamen de aprobación.
De esta forma, explicaron que no solo son obras complementarias las que se incluirían. También están previstas algunas obras como un corredor de 30 kilómetros que llegaría hasta la ciudad de Hernandarias, así como puestos aduaneros en la cabecera de un puente internacional.
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Del monto propuesto, US$ 173.317.641 serán destinados para obras civiles; US$ 2.700.020 para gestión socioambiental y US$ 35.982.339 para administración del proyecto. También aquellas inversiones viales dentro del eje de reactivación económica mediante obras públicas, que contemplan un crédito por US$ 212 millones.
Por su parte, Llamosas aseguró que la deuda es beneficiosa en cuanto a tasas de interés y plazos de pago, porque se desembolsará en plazos de cinco años hasta el 2025. En tanto, el plazo de pago será de 18 años.
Al principio, el pedido incluía algunas de las obras complementarias del puente financiadas por la Itaipú Binacional por un valor de US$ 34 millones; sin embargo, fue redireccionado al puerto de Carmelo Peralta, por lo que ahora se requiere el mentado crédito.
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Deuda con farmacéuticas ronda los USD 775 millones, según representantes del sector
La deuda global del Estado con proveedores del sector salud, que incluye medicamentos, insumos hospitalarios y servicios médicos, asciende a cerca de USD 1.000 millones, según representantes de la industria farmacéutica, en medio de negociaciones con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para definir mecanismos de pago que eviten la interrupción del suministro.
El viceministro de Administración Financiera del MEF, Óscar Lovera, mantuvo una reunión con representantes del sector farmacéutico y la Comisión de Salud del Senado, en la que se analizaron alternativas financieras para saldar los compromisos pendientes, que rondan los USD 775 millones solo en medicamentos. De acuerdo con Rocío Figueroa, de la Cámara de Representantes e Importadores de Productos Farmacéuticos, Tocador, Domisanitarios y Afines (Cripfa), el objetivo es encontrar una salida que garantice el abastecimiento y brinde previsibilidad a las empresas.
Durante el encuentro, las farmacéuticas plantearon distintas opciones de pago, mientras que el MEF expuso que actualmente se encuentra trabajando en la implementación de un esquema de factoraje como posible herramienta para canalizar los pagos. “Estamos desarrollando un instrumento que sea válido para ambas partes”, señaló Lovera tras la reunión.
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El viceministro explicó que el diseño del mecanismo aún está en proceso, ya que se debe evaluar el “apetito” del sistema financiero antes de definir los montos y condiciones de operación. En ese sentido, indicó que también se trabaja en un plan de priorización del pago de deudas, donde el sector salud figura entre los más sensibles.
Hasta el momento, el MEF no emitió una comunicación oficial sobre el esquema definitivo de cancelación de las obligaciones, mientras continúan las conversaciones con los distintos actores involucrados.
Desde el sector advierten que la definición de un mecanismo de pago es clave para evitar el riesgo de desabastecimiento, en un contexto donde la sostenibilidad financiera de los proveedores depende del cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado.
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El MOPC plantea factoraje para saldar deudas con vialeras
El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) anunció la implementación de un esquema financiero basado en factoraje y emisión de letras del Tesoro con garantía soberana, con el objetivo de regularizar deudas con empresas constructoras y asegurar la continuidad de las obras públicas sin generar nuevos retrasos.
La ministra Claudia Centurión explicó que la estrategia contempla la cesión de certificados de obra a entidades financieras, lo que permitirá a las empresas cobrar de forma anticipada sin presionar directamente el presupuesto vigente. “Es un mecanismo diferente, diseñado para dar previsibilidad a los pagos y sostener el ritmo de ejecución”, afirmó.
El esquema prevé la emisión por USD 150 millones, respaldados por garantía soberana a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), como parte de una solución estructural para evitar la acumulación de pasivos con el sector vial. Según detalló, el instrumento cubrirá capital y se espera interés por parte de entidades bancarias locales en su colocación.
Centurión señaló además que el borrador del instrumento ya fue remitido al sector privado para recibir observaciones y ajustes antes de su implementación.
En paralelo, la ministra añadió que el Gobierno evalúa un proyecto de ley que permita al MEF emitir bonos para honrar cerca de USD 80 millones en intereses acumulados de administraciones anteriores.
Pagos y disciplina fiscal
La titular del MOPC indicó que entre enero y marzo se canceló una parte de los compromisos pendientes, lo que permitió reducir la deuda con las empresas viales.
También indicó que el presupuesto contempla un piso de USD 460 millones para el sector, con prioridad en el cumplimiento de obligaciones y la prevención de nuevos atrasos, según lo conversado con el ministro de Economía.
“Estamos enfocados en gastar lo que se tiene. El objetivo es mantener el nivel de inversión, pero sin volver a acumular deuda”, remarcó.
Financiamiento y cartera de proyectos
La ministra destacó que cerca del 70 % de los proyectos de infraestructura se ejecutan con financiamiento externo o esquemas de inversión mixta.
Entre las principales iniciativas mencionó la Alianza Público-Privada (APP) de la ruta PY01, así como adjudicaciones recientes en la ruta PY10 por alrededor de USD 120 millones, con respaldo de BID Invest.
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Gobierno y constructoras buscan salida a deuda del sector vial
El Gobierno inició una mesa de trabajo con el sector de la construcción para destrabar las obligaciones pendientes con empresas viales, en un contexto marcado por fuertes reclamos de los gremios por atrasos en los pagos.
La reunión contó con la participación del jefe del Gabinete Civil, Javier Giménez; el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos; la titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Claudia Centurión; y representantes de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa) y la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción (Capaco).
Según informaron tras el encuentro, se está trabajando en una solución de corto plazo “viable, sostenible y eficiente”, que permita atender las deudas acumuladas y dar previsibilidad a las obras en ejecución, considerando el impacto directo en empleo y actividad económica.
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El acercamiento se da luego de que Cavialpa, Capaco y la Cámara Paraguaya de Consultores advirtieran sobre una situación “grave e insostenible”, señalando que los retrasos en los pagos han llevado a varias empresas a una situación de quiebra técnica.
De acuerdo con los gremios, la deuda acumulada del sector , incluidos intereses, ronda los USD 360 millones, mientras que el presupuesto vigente resulta insuficiente frente a los compromisos asumidos, lo que genera un déficit significativo en la planificación de infraestructura.
Las organizaciones también alertaron sobre el riesgo de un “default interno”, al considerar que el incumplimiento de pagos debilita la seguridad jurídica, afecta la cadena de pagos y compromete la ejecución de proyectos estratégicos para el desarrollo del país.
En este escenario, autoridades buscan ordenar las finanzas públicas y establecer prioridades, con el objetivo de sostener la inversión en infraestructura sin agravar el equilibrio fiscal.
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Rechazan alzar los impuestos para pagar deudas pendientes
El titular de Diputados, Raúl Latorre, respaldó el posicionamiento del mandatario Santiago Peña en rechazar el planteamiento de elevar impuestos con el objetivo de obtener mayores recursos económicos para pagar las deudas contraídas por el Estado con las vialeras y farmacéuticas.
“La solución no puede ser aumentar impuestos, cargarle otra vez al ciudadano, a las familias paraguayas para sostener esta situación. Yo, por lo menos, no voy a acompañar ni voy a permitir que desde la Cámara de Diputados se plantee un aumento impositivo. La pregunta acá es cuál es la solución, cómo hacemos que estas empresas que emplean a la gente, que hacen circular el dinero, reciban sus pagos, porque estamos hablando de servicios prestados”, indicó a los medios de comunicación durante un recorrido en el barrio Jara, de la ciudad de Asunción, con el aspirante a intendente del movimiento Honor Colorado, Camilo Pérez.
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Actualmente, los atrasos en los pagos por las obras públicas equivalen a un total de USD 360 millones, mientras que las deudas con las farmacéuticas superan los USD 700 millones.
“Creo que las deudas con ambos sectores llegaron a un punto insostenible, debemos dar una solución a esto.
Con todo respeto, yo estoy convencido de la importancia del grado de inversión que posiciona al país y le da un clima de negocios más atractivo, pero ¿de qué nos sirve si tenemos deudas millonarias?”, puntualizó.
El legislador acotó: “Están siendo ahogados varios sectores del empresariado que finalmente son los que dan empleos y hacen circular el dinero. Hay que revisar y establecer las prioridades, está muy lindo el grado de inversión y que Paraguay incremente su coyuntura con respecto al clima de negocios, pero es impracticable, insustentable que las empresas paraguayas sigan así”.
El pasado jueves, Peña aseguró a ambos sectores que las deudas del Estado serán canceladas dentro de un corto plazo, rechazando a la vez la propuesta de elevar el déficit fiscal como una alternativa para la regularización de los pagos.
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