Finalmente, el proyecto de resolución para convocar al titular de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap), Natalicio Chase, fue aplazado y derivado a las comisiones asesoras de la Cámara de Diputados ante la falta de un dictamen. La solicitud surge desde el sector de la oposición ante las denuncias masivas por la falta de agua potable en plena crisis sanitaria por el COVID-19 y en época de intenso calor, y que afecta a varios barrios de Asunción y del país.

El pedido de remitir a las comisiones para contar con una sugerencia de rechazo o a favor surgió desde el sector colorado; tras una hora de debate, se sometió a votación en donde primó una mayoría. La iniciativa de interpelar a Chase surgió de los legisladores Édgar Acosta, Salustiano Salinas, Kattya González, Enrique Mineur, Norma Camacho, Hugo Capurro, Jorge Brítez, Édgar Ortiz, Jorge Ávalos, Carlos Rejala, Carlos Portillo, Rocío Vallejo, Sebastián García, Sebastián Villarejo y “Tito” Ibarrola.

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En la exposición de motivos, los diputados argumentaron que “el coronavirus desnudó una incompetencia que se arrastra desde hace demasiado tiempo, sin que las autoridades de la Essap, en especial su presidente, hayan asumido un rol protagónico en una empresa de extrema sensibilidad y proyección social”.

Diputados prepararon un cuestionario

En total, los diputados opositores formularon un total de 19 preguntas que deberá contestar el funcionario de Estado en el caso de que finalmente se vuelva a tratar el pedido y se vote a favor del mismo. Los legisladores desean conocer por ejemplo las estrategias, planes, así como el tiempo en que la ciudadanía tendrá una provisión normal de agua potable, que a la vez detalle los conflictos por zonas y las soluciones a ser aplicadas en el corto, mediano y largo plazo por la Essap.

Sesión de la Cámara de Diputados. Foto: Christian Meza.

A esto también se suma la denuncia realizada por el diputado Rejala, quien dio a conocer a la opinión pública que Chase, siendo un funcionario de Estado, es accionista de la empresa Jónica SA, proveedora del Estado, tras ganar el pasado año una licitación realizada por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), encabezado por Arnoldo Wiens, por un valor de G. 8 mil millones.

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