El presidente de la República, Santiago Peña, se encuentra en Ciudad del Este, donde participó del encuentro de Ministerios Públicos del Mercosur (Mercado Común del Sur), y de la inauguración de las obras de construcción e interconexión de la nueva Subestación de Alto Paraná. El mandatario fue consultado por los medios sobre la posibilidad de que el Partido Colorado recupere la intendencia esteña, a lo que respondió que la ciudadanía debe tomar la decisión.

“Es una decisión del pueblo esteño, yo no voto en Ciudad del Este, yo tengo un deseo ferviente que a Ciudad del Este y al Alto Paraná le vaya bien, tengo un trabajo muy coordinado con el gobernador del Alto Paraná, César Landy Torres, que está haciendo un trabajo excelente, una figura muy importante dentro del Partido Colorado”, indicó el presidente.

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Así mismo, sostuvo que una elección es una oportunidad para que la ciudadanía pueda renovar la confianza hacia sus autoridades. “Es trabajar con él (César Torres) y entender finalmente que estas son oportunidades que tiene el electorado para renovar la confianza de sus autoridades y seguir adelante, nosotros tenemos que seguir haciendo el trabajo”, apuntó.

Por otra parte, se refirió al cambio en el Instituto de Previsión Social (IPS), la salida de Jorge Brítez y la designación de Isaías Fretes en la presidencia de la previsional.

“El nuevo presidente dio un mensaje muy claro ayer, él pidió todo el apoyo, yo le di todas las facultades y, por supuesto, llega con una amplia trayectoria, una formación militar así que creo que esto también va a ayudar en el trabajo, en la disciplina y lo más importante es darle respuesta a los asegurados en materia de salud”, expresó.

Ratificó su apoyo a Fretes, destacando la formación y trayectoria del mismo. “Esto forma parte de un proceso de mejora continua, venimos corriendo desde muy atrás, hay todavía muchas demandas que son insatisfechas y tenemos que seguir trabajando, y tenemos la esperanza que el profesor doctor Fretes va a tener todas las condiciones y el apoyo que necesita de todos nosotros”, sentenció.

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Este miércoles 22 de abril, se cumplirán dos años de la denuncia que realizó la Contraloría Ciudadana contra el exintendente destituido de Ciudad del Este, Miguel Prieto. Desde dicha agrupación señalan que a la fecha todo sigue prácticamente cajoneado en instancias del sistema judicial.

En una entrevista con el programa “Tarde de Perros”, que se emite por Universo 970 AM/Nación Media, Víctor Enriquez, asesor jurídico de la Contraloría Ciudadana de CDE, indicó que a pesar de que los propios funcionarios municipales saben que la Contraloría está sobre ellos con “una enorme lupa”, aún así continúan operando con esta empresa de maletín robando al municipio sumas millonarias.

“Mañana completamos dos años de impunidad. Yo soy abogado y vivo exclusivamente de la profesión, si una denuncia se hubiese quedado acá en Ciudad del Este, te aseguro que por lo menos hubiéramos visitado la carpeta fiscal una vez por semana. Somos más abogados trabajando en el equipo, estaríamos insistiendo contra esta impunidad”, explicó.

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Agregó que desde el momento que se llevó a la Unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía General, “recibió una feroz piedra encima y lo guardan”, acotó. Señaló que hasta ahora no fueron llamados si quiera a declarar en esta causa.

Según señaló, a la fecha existe como un total de 53 denuncias contra Prieto, de las cuales, la mitad las promovieron desde la Contraloría Ciudadana.

Recordó que en su momento, se armó incluso un festejo con torta incluida en el despacho de la intendencia municipal de Miguel Prieto, que fue por la denuncia de “un cuasi prostíbulo que de la noche a la mañana se convirtió en una empresa constructora que ganó varias licitaciones”, precisó.

Al respecto, señaló que de acuerdo a los datos recabados por el organismo ciudadano, hasta el momento sobrepasa los 25.000 millones de guaraníes de adjudicaciones que se hicieron a la firma constructora que en realidad es una empresa de maletín, integrada por los propios funcionarios afines a Miguel Prieto.

Explicó que el Ministerio Público hasta el momento no tomó los recaudos necesarios para impedir que continúe el festín de las adjudicaciones de licitaciones.

“Estos supuestos accionistas deberían estar todos presos. Siendo que varios de los integrantes de esta empresa son funcionarios de la municipalidad. Es decir, la municipalidad contrata a una empresa cuyos accionistas son funcionarios municipales”, explicó.

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El precandidato a la presidencia de la República, Arnoldo Wiens, salió a cuestionar a los senadores oficialistas por la situación en la que se encuentra Hernán Rivas, investigado por el uso de un supuesto título falso. “Pérdida de investidura pido hoy, aquí, a todos los senadores de la nación, si son coherentes con sus principios y sus valores”, dijo Wiens durante un encuentro político.

Wiens olvidó que Rivas había sido propuesto para la presidencia del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) por el gobierno de Mario Abdo Benítez, del que formó parte como ministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

El nombre de Rivas fue propuesto durante la sesión del Jurado del 10 de julio del 2023 por el entonces representante del Poder Ejecutivo, Enrique Kronawetter.

“Poder cumplir con lo que se convino en una reunión institucional con la máxima instancia del Poder Judicial, dicho esto y en cumplimiento con el artículo 1 de nuestra ley, quiero proponer para la presidencia de este órgano colegiado del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados al senador nacional Hernán David Rivas, a efectos de que asuma sus funciones como presidente del órgano y que cumpla conforme a lo que pauta nuestra ley hasta el mes de febrero del 2024”, fue la argumentación de Kronawetter en esa sesión.

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Kronawetter llenó de elogios a Rivas, expresando el apoyo total del entonces Ejecutivo al legislador; sin embargo, Wiens desconoce el hecho hoy y cuestiona su llegada a la presidencia del Jurado.

“Entiendo que es una persona que ya tiene experiencia, por su paso por el Jurado y tengo la esperanza de que va cumplir con fidelidad y patriotismo con el cargo de presidente de Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, por eso mociono expresamente al senador nacional Hernán David Rivas”, mencionaba en su momento.

Rivas fue electo como presidente del órgano colegiado para finalizar el periodo del 2023 hasta febrero del 2024, en reemplazo de Óscar Paciello, quien había renunciado.

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Un total de 2.402 denuncias relacionadas con los pueblos originarios reportó la Oficina de Estadísticas de la Fiscalía al presentar un análisis de 2.443 causas ingresadas entre los años 2023, 2024 y 2025, en las que estarían involucradas víctimas indígenas de hechos punibles y, en otras, como presuntos autores. Esto en el marco del Día del Aborigen Americano, que se celebra cada 19 de abril.

El informe señala que el año 2023 cerró con 665 denuncias; en 2024 aumentaron a 767, y en 2025 se registró un incremento considerable, alcanzando 970 denuncias. En cuanto a los días de mayor frecuencia, los sábados, domingos y lunes concentran la mayor cantidad de denuncias, según el análisis del Observatorio del Ministerio Público.

En 1.245 denuncias aparece al menos un presunto autor perteneciente a una comunidad originaria, mientras que en 484 causas figuran dos o más, incluso con la participación de grupos de personas, según datos de la Oficina de Estadísticas de la Fiscalía. Los departamentos con mayor cantidad de denuncias en los últimos tres años son: Canindeyú (593), Caaguazú (410), Amambay (368), Concepción (179), Alto Paraná (135), Boquerón (126) y San Pedro (120).

Los 15 hechos punibles más frecuentes: violencia familiar, lesión, amenaza, homicidio doloso, abuso sexual en niños, lesión grave, hurto agravado, daño, hechos punibles contra la ley N.º 716/96 (delitos contra el medio ambiente), coacción, estupro, hurto, violación del deber de cuidado o educación, violación de domicilio.

El Ministerio Público puntualiza que los casos de abuso sexual en niños, el embarazo precoz en adolescentes, la violencia familiar y la influencia del crimen organizado son algunos de los hechos que más afectan a las comunidades de pueblos originarios. A esta situación se suman las migraciones hacia las ciudades, lo que genera discriminación y exclusión social. Al encontrarse fuera de sus comunidades, sin la guía y contención de sus líderes naturales y de la familia extendida, muchas personas pierden su identidad y autoestima étnica.

Ante hechos considerados de gravedad o faltas leves cometidos por miembros de estas comunidades, sus líderes analizan cada caso y solicitan que las sanciones se apliquen conforme a la legislación nacional o al derecho consuetudinario.

1- Comunicación inmediata: la Oficina de Denuncias Penales debe comunicar de forma inmediata el ingreso de la causa al agente fiscal competente y a la Dirección de Derechos Étnicos.

2- El agente fiscal debe solicitar la intervención de la Dirección de Derechos Étnicos, incluyendo la designación de un consultor técnico, y remitir todos los antecedentes del caso.

3- Un equipo de funcionarios de dicha Dirección debe constituirse en la comunidad para recabar más datos sobre el hecho denunciado. Asimismo, se debe informar al líder comunitario sobre los alcances de la investigación penal en curso, dejando constancia en acta. En la comunidad, el líder recomienda si corresponde aplicar la legislación nacional o el derecho consuetudinario, según cada caso.

Cuando existen víctimas que requieren evaluación, acompaña una profesional psicóloga. En casos de abuso sexual, coacción sexual o violencia familiar, la atención se realiza dentro de la comunidad, considerando que muchas víctimas no cuentan con recursos para trasladarse.

4- Finalizada la intervención, se elabora un dictamen jurídico-antropológico con recomendaciones al agente fiscal sobre el derecho aplicable, diligencias pendientes, medidas de protección indígena y posibles salidas del caso. Este documento incluye también la evaluación de la víctima.