El senador Sixto Pereira, quien habría operado para despojar de sus tierras a la Agroganadera Forestal Arroyo Pozuelo, ubicada en la ciudad de Salto del Guairá, departamento de Canindeyú, insiste en identificar tierras mal adjudicadas. Durante el lanzamiento de la Coordinadora Luqueña por la Vivienda Digna, abogó por un catastro nacional.

“Hay que hacer en nuestro país la gran mensura judicial o el catastro nacional para identificar las tierras mal adjudicadas; así demostrar que ellos tienen la tierra en su poder, que son los invasores y contaminantes y los que tienen mal al país”, decía durante su intervención contra quienes sostienen pertenecen a un sector económico beneficiado en la época de la dictadura.

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Así es que invitó a “una unidad y un gran frente de lucha democrática en defensa y recuperación de las tierras públicas mal adjudicadas, por la vivienda digna, agricultura campesina, alimento, educación y salud pública”, añadió el legislador del Frente Guasu, sobre quien existe un pedido de pérdida de investidura. “Por ley debe hacerse un trabajo interinstitucional para tratar las tierras malhabidas”, dijo.

Reiteró las malas adjudicaciones que se dieron de forma desproporcional, según sostiene. Incluso los considera invasores de tierras en reservas ecológicas, indígenas y campesinos; esto atendiendo la denuncia que se hizo pública contra el senador de Patria Querida Fidel Zavala, por parte del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) por ser presuntamente dueño de forma irregular de 115 hectáreas del Parque Nacional de Ybycuí.

Operador o mediador

Unos audios del programa “La caja negra” involucraron al senador Sixto Pereira en un supuesto operativo para despojar de sus tierras a la Agroganadera Forestal Arroyo Pozuelo, ubicada en la ciudad de Salto del Guairá. Un grupo de legisladores pretende la pérdida de investidura del parlamentario en cuestión.

También se habría presentado un título falso para expulsar a la empresa de sus tierras y ofreció US$ 2 millones para desistir de toda acción judicial a cambio de quedarse con unas 500 hectáreas del inmueble en disputa.

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